La campaña del Catatumbo ha sido un período continuo de violencia entre grupos armados al margen de la ley desde enero de 2018; en el 2016 tuvo lugar un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano (bajo la presidencia de Juan Manuel Santos) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) como un intento de poner fin al conflicto colombiano. La existencia de la campaña se anunció oficialmente en agosto de 2019 después de una investigación de Human Rights Watch (HRW). Los medios colombianos informaron que la campaña ha afectado directamente a unos 145.000 civiles,^[5]​ mientras que HRW estima esta cifra en 300.000.^[6]​

Los ataques fueron perpetrados por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC que no abandonaron las armas tras el acuerdo de paz, se reportaron el secuestro de civiles, más de 20 personas heridas, unas 20.000 desplazadas y más de 100 personas asesinadas. Con la situación humanitaria calificada como «alarmante». Según un informe del gobierno, entre las víctimas se encuentran el líder comunitario local Carmelo Guerrero y siete personas firmantes del acuerdo de paz,^[7]​así como el secuestro de otras tres personas que participaban en las conversaciones de paz. Las fuerzas gubernamentales lograron rescatar a decenas de civiles y evacuarlos de las zonas afectadas.^[8]​^[4]​

Las autoridades desplegaron más de 5.000 soldados del ejército nacional en toda la región, y se prepararon para enviar 10 toneladas de alimentos y kits de higiene a las personas desplazadas en las comunidades de Ocaña y Tibú. También se efectuó el rescate y la evacuación de decenas de personas y animales en helicópteros.^[9]​

Al 20 de enero, más de 20.000 civiles fueron desplazados, de las cuales 11.000 huyeron a través de la frontera hacia Venezuela.^[4]​

Ese mismo día el presidente de Colombia Gustavo Petro declaró el estado de emergencia en toda la región del Catatumbo.^[10]​

• El 17 de enero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió las conversaciones de paz en curso con el grupo armado como resultado de los ataques, así como también ha exigido que el ELN cese todos los ataques y permita a las autoridades entrar a la región y prestar ayuda humanitaria a los afectados.^[9]​^[11]​^[4]​
• El 18 de enero, la alcaldía de Ocaña habilitó el estadio de la ciudad para recibir a los desplazados y pidió al gobierno nacional declarar el estado de excepción para atender el conflicto, hecho que ocurrió efectivamente el día 20, con una declaración del estado de emergencia económica y el estado de conmoción interna que otorga al poder ejecutivo capacidades extraordinarias para restablecer el orden público en la región.^[12]​^[13]​
• El 20 de enero, la Gobernación del Departamento del Cesar envió ayuda humanitaria a las localidades de González y Río de Oro, colindantes con la región del Catatumbo, anticipándose a la llegada de desplazados.^[14]​^[15]​
• El 20 de enero, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, declaró que más de 11.000 desplazados habían llegado a la ciudad desde el inicio del conflicto y solicitó más ayuda al gobierno nacional.^[16]​ El 19 de enero, el Estadio General Santander de Cúcuta fue adaptado para recibir a los desplazados.^[17]​
• El 20 de enero, funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga anunciaron que evaluarían establecer campamentos temporales para posibles desplazados. Las autoridades también dijeron que enviarían ayuda humanitaria a la región del Catatumbo.^[18]​

• Venezuela  Venezuela: el 19 de enero, el Ministerio del Interior de Venezuela declaró que había asistido a 812 refugiados en el municipio fronterizo de Jesús María Semprún, Estado Zulia.^[19]​