A lo largo del siglo XVIII fueron en aumento las tensiones entre la Monarquía de los Borbones y las denominadas provincias exentas (las provincias de Álava y de Guipúzcoa, el Señorío de Vizcaya y el Reino de Navarra, que fueron los únicos territorios de España que, a diferencia de los de la Corona de Aragón que perdieron sus leyes e instituciones, los mantuvieron al no haberse rebelado contra Felipe V durante la Guerra de sucesión española)^[1]​^[2]​ porque sus privilegios chocaban con el modelo de Estado centralizado y absolutista que estaba construyendo la nueva dinastía tras los Decretos de Nueva Planta (1707-1716). En la defensa de la foralidad destacó el jesuita guipuzcoano Manuel Larramendi que habló de la existencia de la «nación vascongada» como la «primitiva pobladora de España» y llegó a imaginar la posibilidad de crear un Estado vasco, que incluiría también a las provincias francesas y que por esta razón llevaría por nombre Provincias Unidas del Pirineo, «al modo holandés»,^[3]​ por lo que el nacionalismo vasco lo considerará más de un siglo después como un precursor ideológico de Sabino Arana.^[4]​

En 1780 el alavés Landázuri habla de «país bascongado» (entendiendo "país" como "región") y en 1801, el investigador alemán Humboldt recorre la región y la reconoce expresamente como «nación vasca»:

Oculto entre montañas habita las dos laderas de los Pirineos occidentales un pueblo, que ha conservado por una serie de largos siglos su primitiva lengua y, en gran parte también, su antiguo régimen y costumbres...Aún en tiempos más modernos, desgarrado en dos pedazos muy desiguales y subordinado a naciones muy poderosas no han renunciado los vascos, empero, de ningún modo a su manera de ser. Los vascos han conservado siempre la peculiaridad de su carácter nacional, y ante todo el antiguo espíritu de libertad e independencia, que ya ensalzaban los escritores griegos y romanos.

Durante la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), el senador vascofrancés Dominique Joseph Garat le planteó a Napoleón la constitución de un Estado vasco satélite del Imperio francés que estaría integrado por las provincias vascas españolas y francesas y que llevaría por nombre Nueva Fenicia (al creer Garat que la lengua y la cultura vascas derivaban de los fenicios). Napoleón no le hizo ningún caso aunque sustrajo a Vizcaya (que englobaba también a Álava y Guipúzcoa) y a Navarra del gobierno de su hermano José I Bonaparte.^[5]​ En la propuesta de Garat los territorios de ambos lados de los Pirineos se agruparían en dos departamentos, Nueva Tiro y Nueva Sidón, y la bandera y escudo del Estado vasco serían los del reino de Navarra, que Garat consideraba que eran los de las naves de Tiro.^[6]​

Sin embargo, los vascos y navarros en masa le declararon la guerra a los franceses, como reconocerían en el siglo siglo XX autores nacionalistas como Arturo Campión o Bernardo Estornés Lasa, si bien este último trató de presentar la guerra como un conflicto a tres bandas en el que los vascos simplemente se habrían aliado a los españoles por interés mutuo, lo cual para Jesús Laínz Fernández constituye una falsificación de la historia.^[7]​

De hecho, en agosto de 1808, en medio de una crisis sin precedentes de la monarquía española, cuando los mecanismos del Estado habían dejado de funcionar, en lugar de aprovechar la coyuntura para declarar su independencia,^[8]​ la Junta de Gobierno de Vizcaya manifestó su patriotismo español y dirigió una proclama «a los demás españoles» en la que afirmaba:

Españoles: somos hermanos, un mismo espíritu nos anima a todos, arden nuestros corazones como los vuestros en deseo de venganza, y con dificultad contienen nuestra prudencia y patriotismo hasta mejor ocasión nuestros indómitos brazos [...] Aragoneses, Valencianos, Andaluces, Gallegos, Leoneses, Castellanos [...] todos nombres preciosos y de dulce recuerdo para España, olvidad por un momento estos mismos nombres de eterna memoria, y no os llaméis sino Españoles.^[9]​

Según el clérigo liberal Francisco Martínez Marina, la Constitución de 1812 aprobada por las Cortes de Cádiz «se inspiraba en el espíritu de las antiguas leyes y fueros españoles»,^[10]​ pero no contemplaba privilegios especiales para las provincias vascongadas, por lo que se entendía que quedaban abolidos como las demás instituciones del Antiguo Régimen.^[11]​ Sin embargo, según el autor de la segunda mitad del siglo XIX José María Angulo y Hormaza, la Constitución fue bien acogida en las Provincias Vascongadas, creyéndola igual al espíritu del fuero, pero después perdió la simpatías de la mayoría, se acentuaron las reservas de las Juntas respecto a ella y comenzó a ser el símbolo del liberalismo español.^[12]​ De hecho, durante el Trienio^[13]​ hubo sectores sociales vascos y navarros que se negaron a jurarla y se sumaron a las filas realistas, aunque no esgrimieron la causa foral como argumento para sumarse a la «contrarrevolución». Lo mismo sucederá cuando, tras la muerte de Fernando VII en 1833, estalle la primera guerra carlista, durante la cual el País Vasco y Navarra constituirán su principal teatro de operaciones. Habrá una minoría de vascos y de navarros que luchen del lado liberal «isabelino», fundamentalmente los habitantes de las ciudades ―singularmente Bilbao y San Sebastián―, y una mayoría, los sectores rurales, del lado absolutista «carlista», sin que de nuevo la cuestión foral aparezca entre los motivos de su levantamiento.^[14]​^[15]​

Durante la primera guerra carlista (1833-1840) los partidarios de don Carlos en Vascongadas y Navarra no plantearon ninguna disputa regional con el resto de España. De hecho, al aparecer en el territorio el vascofrancés Augustin Chaho, «uno de los primeros que citaron al País Vasco como una nación oprimida por España y luchando por su independencia»,^[16]​ los carlistas ordenaron su expulsión a Francia mediante Real Orden del 8 de abril de 1835, tras haber sido instado cuatro días antes por otra Real Orden a que manifestase por escrito y en pliego cerrado sus circunstancias personales y el objeto de su venida.^[17]​ Según Martín Ugalde, los que rodeaban a don Carlos fueron quienes lo sacaron de Navarra, inquietos de sus ideas.^[18]​ De acuerdo con José Antonio Vaca de Osma, en cambio, fue el propio general Zumalacárregui quien expulsó a Chaho con cajas destempladas.^[19]​

Fue en la última etapa de la guerra cuando los carlistas sumaron a su causa ―sintetizada en el lema «Dios, Patria, Rey»― la defensa de los fueros vascos y navarros sobre todo después de que el gobierno liberal progresista de Madrid, tras la aprobación de la Constitución española de 1837 (que como la de 1812 tampoco contemplaba los fueros), hubiera suprimido las Diputaciones forales por decreto de 19 de septiembre de 1837.^[20]​ Por su parte los liberales del Partido Moderado, opuesto al Partido Progresista, apoyaron la alternativa de «Paz y Fueros» de José Antonio Muñagorri que proponía quitarle a los carlistas la bandera de los fueros y poner fin así a la guerra.^[21]​^[22]​

La idea de «Paz y Fueros» estuvo detrás del llamado «abrazo de Vergara» que en agosto de 1839 se dieron el general Baldomero Espartero, jefe de las fuerzas «isabelinas», y el general carlista Rafael Maroto, y que puso fin a la guerra civil en el País Vasco y en Navarra.^[23]​ En el artículo 1º del Convenio de Vergara acordado por los dos generales, se decía que «el Capitán general D. Baldomero Espartero, recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta, de comprometerse formalmente á proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros» vascos y navarros.^[23]​ Dos años antes, en la «proclama de Hernani» de 19 de mayo de 1837, Espartero ya había garantizado a los vascos el disfrute de sus fueros: «Yo os aseguro que estos fueros que habéis temido perder, os serán conservados, y que jamás se ha pensado despojaros de ellos».^[24]​

Dos meses después del «abrazo de Vergara» las Cortes aprobaban la llamada Ley de Confirmación de Fueros de 25 de octubre de 1839 que efectivamente reconocía los fueros vascos y navarros, pero añadiendo la acotación «sin perjuicio de la unidad jurisdiccional de la Monarquía», lo que dará lugar a una gran controversia. Como ha señalado Luis Castells la ley «se prestaba a equívocos» porque «admitía diversas lecturas». «Los partidarios del statu quo tanto en los medios vascos como gubernamentales pusieron el acento en la parte que hablaba de que se confirman los Fueros, mientras que sus oponentes replicaban que quedaba por desarrollar la parte del texto que hablaba de la modificación indispensable de los Fueros, conforme al principio de unidad constitucional».^[25]​

En Navarra se llegó rápidamente a un acuerdo para la aplicación de la ley ―el llamado «arreglo foral»― entre la Diputación y el Gobierno central, que se convirtió en la ley de modificación de los Fueros de Navarra de 16 de agosto de 1841. «Esta mal llamada ley paccionada supuso la desaparición de casi todo su antiguo régimen foral y de las instituciones del Viejo Reino, convertido en provincia; pero, al mismo tiempo, permitió el surgimiento de una nueva foralidad, que se sustentaba en el reforzamiento de la Diputación provincial (luego rebautizada como foral) y el Convenio Económico con el Estado, muy beneficioso para Navarra. Dicha ley (vigente hasta la Ley de Amejoramiento del Fuero de 1982) le otorgó una gran estabilidad institucional, de modo que no cabe hablar de un problema navarro en el siglo XIX».^[26]​

En cambio en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya no se llegó a alcanzar ningún acuerdo sobre el «arreglo foral»,^[27]​ por lo que su situación legal fue bastante peculiar: las Juntas y Diputaciones forales siguieron existiendo ―incrementando sus competencias sobre los municipios―, así como la exención de quintas y de impuestos (en estos dos aspectos «las provincias forales fueron más exentas que nunca», ha advertido José Luis de la Granja).^[26]​

Un Real Decreto de 4 de julio de 1844 introdujo algunas modificaciones importantes (se puso fin a la justicia propia, las aduanas fueron trasladadas a la costa y a la frontera, se suprimió el «pase foral», etc.),^[26]​ pero, como ha indicado Luis Castells, «dejó subsistente una parte sustancial del entramado que venía caracterizando al régimen foral de las provincias vascas. Permanecieron sus instituciones propias (Juntas Generales, Diputaciones), con notables competencias, siguió sin contribuirse a la Hacienda Pública y sin enviar hombres al servicio de armas; es decir, el País Vasco mantuvo un alto grado de autonomía y un techo competencial muy elevado. [...] .^[28]​

A los liberales moderados vascos partidarios de mantener la situación a medio camino entre el régimen foral y la Constitución se les llamó «fueristas» ―su divisa era precisamente «Fueros y Constitución»―. Ellos fueron los que llevaron a cabo la táctica dilatoria para impedir que se aprobara una ley similar a la de Navarra de 1841, postergando así indefinidamente el «arreglo foral» y «esgrimiendo el argumento carlista como chantaje (el peligro de una nueva guerra carlista)».^[29]​

También fueron los fueristas los que acentuaron el particularismo vasco inventando la «tradición vasca», a la que dotaron de los símbolos y mitos que después pasarían al nacionalismo vasco, como el himno Gernikako Arbola, creado en 1853, o el mito de Aitor, patriarca del linaje vasco, una creación del vascofrancés Joseph Augustin Chaho (1843).^{[nota 1]}​ Al mismo tiempo se desarrolló un fuerismo literario con obras «que recreaban un pasado vasco mítico y heroico» ―y cuyo objetivo era, como se dijo entonces, «inflamar la imaginación de los pueblos»―, entre las que destacaron Tradiciones vasco-cántabras (1866) de Juan Venancio Araquistáin y Amaya o los vascos en el siglo VIII (1877; 1879) de Francisco Navarro Villoslada ―esta última, una «novela histórica que se ha de convertir en uno de los textos de mayor eficacia en la formación de la conciencia nacionalista»―.^[34]​

Por otro lado, marcó un hito en la formación de una «conciencia prenacional» vasca que en un debate parlamentario en el Senado en 1864 el fuerista Pedro de Egaña utilizara el término «nacionalidad» para referirse a la «organización especial» de las Vascongadas, aunque sin poner en duda a la «nación española», «un claro ejemplo de la existencia de un doble patriotismo, a la vez vasco y español» entre los fueristas, ha apuntado José Luis de la Granja.^[35]​

En 1864 la Diputación de Navarra invitó a las diputaciones de las tres Provincias Vascongadas a participar en un proyecto mancomunado al que denomina "Laurac bat" (cuatro provincias unidas en una sola), en recuerdo de la unidad de los cuatro territorios de la Vasconia peninsular.^{[cita requerida]}

Durante el Sexenio Democrático (1868-1874) surgió una corriente neocatólica del fuerismo, con el lema «Dios y fueros» (Jaungoikoa eta Foruac) por oposición al de «Fueros y Constitución» de los fueristas liberales.^[36]​ En 1869 el fuerista integrista Arístides de Artiñano hizo un llamamiento para que el «pueblo vascongado» se sublevara en favor del pretendiente Carlos VII, como la única forma de hacer frente a la «Revolución» que, según él, pretendía arrebatarle sus fueros y su religión, al introducir la libertad de cultos. «La religión se halla inoculada en el corazón de todo vascongado, está íntimamente ligada con sus tradiciones, con sus usos y costumbres, con su historia, ha sido, es y será la primera y más esencial de sus libertades, el símbolo de sus glorias, su esperanza y su consuelo en la otra vida», escribió en el opúsculo Jaungoicoa eta foruac ['Dios y fueros']: la causa vascongada ante la revolución española ^[37]​ Efectivamente, los fueristas neocatólicos se integraron en el carlismo, que en 1872 desencadenará la que será conocida como tercera guerra carlista (segunda en la región vasco-navarra).^[38]​ Sin embargo, según el autor del siglo XIX Angulo y Hormaza los fueros no fueron la causa de que en las Provincias Vascongadas y Navarra triunfase el alzamiento carlista por segunda vez en 1872, sino los «desórdenes» y el «anticlericalismo» del Sexenio Democrático. De acuerdo con Angulo y Hormaza, el deseo de conservar los fueros habría sido incluso un impedimento para ir a la guerra, hasta el punto que, al producirse el levantamiento, en una reunión de Zumárraga los representantes forales vascongados llegaron a exclamar: «¡Salvemos la Religión aunque perezcan los Fueros!».^[39]​

Derrotados los carlistas y asegurado el trono de Alfonso XII, el presidente del gobierno y artífice de la Restauración borbónica Antonio Cánovas del Castillo se planteó resolver por fin el problema de la reintegración de las provincias vascas a la «legalidad común» de la monarquía constitucional, que estaba pendiente desde la Ley de Confirmación de Fueros de 1839.^[25]​ ^[40]​^[41]​ Con ese fin Cánovas convocó en abril de 1876 a los comisionados de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya «para oírles sobre el inmediato cumplimiento del artículo 2 de la ley de 25 de octubre [de 1839]», pero no se llegó a ningún acuerdo,^[42]​^[43]​ por lo que promovió la aprobación por las Cortes de la Ley de 21 de julio de 1876 (Gaceta de Madrid, 25 de julio de 1876) que las autoridades vascas llamaron ley «abolitoria» del régimen foral y que se resistieron a aplicar.^[40]​^[44]​ La ley no suprimía el régimen foral —las Juntas y las Diputaciones se mantenían—, sino que «se limitaba a suprimir las dos exenciones de que habían gozado hasta entonces Álava, Guipúzcoa y Vizcaya por ser incompatibles con dicho principio [de unidad constitucional]», aunque «las Cortes concedían plenos poderes al Gobierno de Cánovas para la ejecución de dicha ley».^[45]​

Como ha señalado Luis Castells, «la conmoción fue terrible en el País Vasco, donde se extendió la opinión de que con esa ley quedaba suprimido el régimen foral», aunque en la misma no se eliminaban ni las Juntas Generales ni las Diputaciones forales. De hecho fueron estas instituciones las que encabezaron el movimiento de resistencia a la aplicación de la ley «supresora de los fueros, buenos usos y costumbres del País Vascongado», como declararon conjuntamente las tres diputaciones. Por su parte las Juntas Generales respectivas también consideraron que la ley era «derogatoria de sus Fueros, instituciones y libertades».^[47]​ En realidad, según Castells, «la voluntad de Cánovas no era suprimir el régimen foral en su totalidad; quería, sí, aplicar la unidad constitucional en el sentido ya comentado (fiscalidad, servicio de armas), reforzar la unidad política, pero dejando subsistente el régimen administrativo. Como manifestó en diversas ocasiones, su idea era implantar en las provincias vascas el modelo navarro que surgió en 1841, suprimiendo lo que entendía que eran privilegios desfasados...».^[48]​ De hecho Cánovas había elogiado los fueros vascos años antes en el prólogo que escribió para el libro Los vascongados de Miguel Rodríguez Ferrer.^[49]​

El gobierno exigió el cumplimiento de la ley, es decir, que se empezara a contribuir con dinero y con hombres, pero las instituciones forales manifestaron públicamente que no iban a «cooperar directa ni indirectamente a la ejecución de dicha ley» porque suponía «la pérdida de nuestras libertades sin las que no es posible concebir la existencia del País».^[50]​ Se inició entonces un constante forcejeo entre el gobierno y las autoridades forales que duraría dos años y durante ese tiempo las posturas transigentes de los vascos dispuestos a negociar con el gobierno, para encontrar el «el modo de conciliar los derechos de la provincia con los intereses generales de la nación», fueron ganando peso en Guipúzcoa y en Álava, mientras que en Vizcaya, con su Diputado General Fidel Sagarmínaga al frente, continuaban predominando los intransigentes opuestos a cualquier «arreglo foral». La respuesta del gobierno fue sustituir en mayo de 1877 la Diputación foral de Vizcaya por una Diputación provincial como las existentes en el resto de España. Por su parte las Diputaciones de Guipúzcoa y Álava se mostraron dispuestas a negociar, pero como continuaron insistiendo en no reconocer la ley de 1876 el gobierno también las disolvió seis meses después, sustituyéndolas asimismo por diputaciones provinciales ordinarias.^[51]​ «Ahora sí que podía hablarse de la abolición foral, aunque su legado continuará presente en el País Vasco», ha comentado Luis Castells.^[52]​

Cánovas negoció entonces con los representantes de las tres diputaciones provinciales, dominadas ahora por los transigentes,^[49]​ llegando a un acuerdo que quedó plasmado en el real decreto de 28 de febrero de 1878 que estableció la entrada de las tres provincias vascongadas en el «concierto económico de la nación». Según el decreto las diputaciones recaudarían los impuestos y entregarían una parte de ellos ―el «cupo»― al Estado ―esta misma solución se había aplicado en Navarra un año antes, mediante un procedimiento diferente―.^[40]​^[53]​^[54]​^[49]​ Según Luis Castells, el «concierto económico» implicó «que persistiera la especificidad administrativa de las provincias vascas, si bien asentada sobre otra base». «Fue casi unánime el criterio de los beneficios que generó al País Vasco, empezando porque ya desde este primer momento "están aquellas provincias muchísimo menos recargadas de impuestos que las demás", tal como reconocía el propio Cánovas», añade Castells.^[55]​ De hecho en las elecciones generales de España de 1879 vencieron los transigentes y «desde entonces las provincias vascas se integraron en la Monarquía de la Restauración, ya sin los Fueros pero con los Conciertos, que suponían una importante autonomía económica y administrativa, pero no una autonomía política».^[49]​

El acuerdo alcanzado con los «transigentes» fue rechazado por los fueristas «intransigentes» que no se conformaron con los conciertos económicos. Así surgieron la Asociación Euskara de Navarra, fundada en Pamplona en 1877 y cuya figura más destacada era Arturo Campión, de la que también formó parte Serafin Olave,^{[nota 2]}​ y la Sociedad Euskalerria de Bilbao, fundada en 1880 con Fidel Sagarmínaga como presidente. Los euskaros navarros propugnaron la formación de un bloque fuerista vasco-navarro por encima de la división entre carlistas y liberales, y adoptaron como lema Dios y Fueros, el mismo que el de los euskalerriacos bilbaínos, que como los euskaros también defendían la unión vasco-navarra.^[56]​

En este contexto Pedro de Soraluce-Zubizarreta diseñó en 1881 una bandera de Euskal-Erria (sic), roja por Navarra y blanca por las tres Provincias Bascongadas que desfila en París en ese año en un homenaje a Víctor Hugo. La enseña venía acompañada de una estrella dorada en cada ángulo, un escudo con los de las cuatro provincias coronado por la corona real, en cada cuartel una cabeza de rey moro para recordar el lauburu y la divisa Laurac-bat sobre una cinta con los colores de España, en recuerdo de la hermandad vasco-navarra.^[57]​^[58]​

Sabino Arana Goiri, junto a su hermano Luis Arana, es considerado el padre del nacionalismo vasco. Procede de una acaudalada familia profundamente católica y de orientación carlista, lo que le obliga a exiliarse de su ciudad durante la contienda carlista junto con su familia, al ser Bilbao un bastión liberal. A los 17 años, su hermano Luis lo convenció de "convertirse" del carlismo al nacionalismo bizkaitarra —un hecho ocurrido el Domingo de Resurrección, que desde 1932 el PNV lo conmemora como el Aberri Eguna o Día de la Patria Vasca.^[59]​^{[nota 3]}​

En 1892 Sabino Arana publicó el libro Bizkaya por su independencia, que hoy día se considera el acta de nacimiento del nacionalismo vasco. Su doctrina política se concretó en junio del año siguiente en el discurso de Larrazábal, en el que explicó que el objetivo político de su libro era despertar la conciencia nacional de los vizcaínos, pues consideraba que España no era su patria, sino Vizcaya, y adoptó el lema Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra (JEL, 'Dios y Ley Vieja'), síntesis de su programa nacionalista. Ese mismo año de 1893 comenzó a publicar el periódico Bizkaitarra en el que se declaró «antiliberal» y «antiespañol» —por esto último, sobre lo que sustentaba ideas muy radicales, pasó medio año en la cárcel y el periódico fue suspendido—.^[59]​^{[nota 4]}​

La propuesta nacionalista vasca de Sabino Arana se basaba en las siguientes ideas:^[60]​

• Una concepción «orgánico-historicista» (o «esencialista») de la nación vasca —las naciones existen desde siempre con independencia de la voluntad de sus habitantes— cuyo «ser» propio son la religión católica y la raza vasca —identificada por los apellidos y no por el lugar de nacimiento, de ahí que exigiese tener los cuatro primeros apellidos vascos para ser miembro del primer batzoki, aunque el PNV más adelante los redujo a uno— y no el euskera —en lo que se diferenciaba notablemente del nacionalismo catalán, cuyo rasgo identitario más importante era la lengua—. «Si nos dieran a elegir entre una Bizcaya poblada de maketos que sólo hablasen el euskera y una Bizcaya poblada de bizcaínos que sólo hablasen el castellano, escogeríamos sin dubitar esta segunda porque es preferible la sustancia bizcaína con accidentes exóticos que pueden eliminarse y sustituirse por los naturales, a una sustancia exótica con propiedades bizcaínas que nunca podrían cambiarla», escribió Sabina Arana en su opúsculo de 1894 Errores Catalanistas.

• El integrismo católico y el providencialismo que le llevaron a rechazar el liberalismo, pues este «nos aparta de nuestro último fin, que es Dios», y en consecuencia a reclamar la independencia de la España liberal, y alcanzar así la salvación religiosa del pueblo vasco. «Bizkaya, dependiente de España, no puede dirigirse a Dios, no puede ser católica en la práctica», afirmó, y por eso proclamó que su grito de independencia «SÓLO POR DIOS HA RESONADO».^{[nota 5]}​

• La nación vasca entendida como antagónica de la nación española —son «razas» distintas— pues según Arana habrían sido enemigas desde la antigüedad. Vizcaya, como Guipúzcoa, Álava y Navarra, habrían luchado siempre por su independencia frente a España, cosa que consiguieron cuando los reyes «españoles» no tuvieron más remedio que concederles sus fueros. Desde entonces, según Arana, los cuatro territorios fueron independientes de España y entre sí, hasta que en 1839 los fueros fueron subordinados a la Constitución española, pues según Arana, a diferencia de los fueristas, fueros vascos y Constitución española eran incompatibles. «El año 39 cayó Bizcaya definitivamente bajo el poder de España. Nuestra patria Bizkaya, de nación independiente que era, con poder y derecho propios, pasó a ser en esa fecha una provincia española, una parte de la nación más degradada y abyecta de Europa», escribió Arana en 1894.

• El pueblo vasco —definido racialmente, no lingüística ni culturalmente— habría ido «degenerando» en un dilatado proceso que culminaba en el siglo XIX con la desaparición de los Fueros. En ese proceso los inmigrantes españoles que habían llegado —«invadido», según Arana— al País Vasco a trabajar en sus minas y en sus fábricas —los maquetos— eran los culpables de todos los males: de la desaparición de la sociedad tradicional —con la industrialización, de ahí el anticapitalismo inicial de Arana y su idealización del mundo rural: «Fuese pobre Bizcaya y no tuviera más que campos y ganados, y seríamos entonces patriotas y felices»— y de su cultura basada en la religión católica —con la llegada de ideas modernas antirreligiosas, como «la impiedad, todo género de inmoralidad, la blasfemia, el crimen, el libre pensamiento, la incredulidad, el socialismo, el anarquismo...»— y del retroceso de la lengua vasca.^[64]​
• La única forma de acabar con la «degeneración» de la raza vasca era que «recuperase» su independencia de España, volviendo a la situación anterior a 1839. Lo fundamental, según Arana, era reclamar la derogación de la ley de 1839, no la de 1876. Una vez conseguida la independencia se constituiría una Confederación de Estados vascos con los antiguos territorios forales de ambas vertientes de los Pirineos —Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra, de la parte sur; Benabarra, Lapurdi y Zuberoa, de la parte norte—. Esta Confederación, que denominó Euskadi, se basaría en la «unidad de raza, en lo posible» y en la «unidad católica», por lo que en ella sólo tendrían cabida los vascos de raza y los católicos confesionales, quedando excluidos no sólo los inmigrantes maquetos sino también los vascos de ideología liberal, republicana o socialista.^{[nota 6]}​

En 1894, Sabino Arana fundó el Euskeldun Batzokija, el primer batzoki, un centro nacionalista y católico integrista muy cerrado, pues sólo contó con un centenar de socios por las rígidas condiciones de ingreso, y que fue clausurado por el gobierno. Este fue el embrión del Partido Nacionalista Vasco (Eusko Alderdi JELtzalea, EAJ-PNV), fundado en la clandestinidad el 31 de julio de 1895 —festividad de san Ignacio de Loyola, a quien admiraba Arana. Se eligió a Sabino Arana como presidente; cargo que ostentó hasta su dimisión por motivos de salud en 1903. Dos años después Arana adoptaba el neologismo Euskadi —país de los euzkos o vascos de raza—, pues no le gustaba el nombre tradicional de Euskalerria —pueblo que habla euskera—.^[59]​^{[nota 7]}​

En 1898 el EAJ-PNV era todavía un grupo político que apenas tenía afiliados y cuya implantación se reducía a Bilbao, y ni siquiera tenía un periódico propio tras la desaparición en 1897 de Baserritarra por problemas económicos. Además su capacidad de influencia se veía limitada por la ola de la exaltación nacionalista española provocada por la guerra hispano-estadounidense —durante una manifestación la casa de Arana en Bilbao fue apedreada; el PNV junto con el PSOE habían sido los dos únicos partidos vascos que se habían opuesto a la guerra—. Pero tras el «Desastre del 98» su situación cambió completamente al ingresar en él un grupo de los euskalerriacos que le proporcionaron «cuadros políticos, el semanario Euskalduna y recursos económicos, pues estos fueristas eran burgueses vinculados a la industria y al comercio, en especial su dirigente Ramón de la Sota», y que, frente al independentismo de Arana, defendían la autonomía para el País Vasco, acercándose así a los planteamientos del nacionalismo catalán, que también estaba dando sus primeros pasos.^{[nota 8]}​ De hecho, el apoyo de los euskalerriacos fue decisivo para que Arana fuera elegido en septiembre de 1898 diputado provincial de Vizcaya por Bilbao. A partir de esa fecha Arana moderó sus planteamientos más radicales, anticapitalistas y antiespañoles, e incluso en el último año de su vida renunció a la independencia de Euskadi y propugnó «una autonomía lo más radical posible dentro de la unidad del estado español», una evolución españolista muy discutida por sus correligionarios después de su muerte —el día 25 de noviembre de 1903— con tan solo 38 años de edad.^[69]​^{[nota 9]}​

En 1918 el nacionalismo vasco vivió el momento de mayor apogeo de la Restauración. Había triunfado en las elecciones generales de ese año que le proporcionaron la hegemonía política en Vizcaya, el feudo fundamental del PNV que desde 1916 había pasado a llamarse Comunión Nacionalista Vasca, sustituyendo a los partidos monárquicos del turno que la habían ostentada hasta entonces. Una de las razones fundamentales de este éxito fue la «vía autonomista» emprendida, y su alianza con la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, que les llevó a apoyar la campaña autonomista catalana de 1918-1919 y a reclamar también la «autonomía integral» para el País Vasco. Así, las tres diputaciones vascongadas, por iniciativa de la de Vizcaya, demandaron la «reintegración foral», o en su defecto, una amplia autonomía basada en los antiguos fueros, propuesta que fue presentada en las Cortes el 8 de noviembre por los diputados nacionalistas vascos, pero que fue rechazada.^[71]​^[72]​

Por otro lado, ese mismo año los siete diputados nacionalistas vascos enviaron un saludo al presidente norteamericano Woodrow Wilson —que defendía la aplicación del principio de las nacionalidades en la reordenación del mapa europeo tras el fin de la Gran Guerra— «al cumplirse el 79 aniversario de la anulación por el gobierno español de la independencia del pueblo vasco» (en referencia a la Ley de Confirmación de Fueros de 1839).^[73]​ El 15 de diciembre de 1918 se reunió en el Ayuntamiento de Bilbao la Asamblea de los Ayuntamientos de Vizcaya pero ésta acabó en un grave altercado entre dinásticos y socialistas por un lado y nacionalistas vascos por otro. Una manifestación nacionalista vasca recorrió después las calles de Bilbao, siendo asaltado el diario maurista El Pueblo Vasco. La respuesta del gobierno del conde de Romanones fue destituir al alcalde nacionalista de Bilbao Mario Arana.^[72]​

A partir de 1920 se produjo el retroceso electoral de la Comunión Nacionalista Vasca, debido sobre todo a que las partidos monárquicos del turno, liberales y conservadores, se coaligaron en un frente antinacionalista llamado Liga de Acción Monárquica, fundada en enero de 1919,^[72]​ que ganó las elecciones de 1920 y 1923, reduciendo la representación parlamentaria de la Comunión Nacionalista a un único diputado por Pamplona —y eso gracias a su alianza con las carlistas—. Además, los nacionalistas vascos perdieron la mayoría en la Diputación de Vizcaya en 1919 y la alcaldía de Bilbao en 1920. Este fracaso provocó la salida de la Comunión en 1921 de un grupo importante de militantes encabezados por Eli Gallastegui (Gudari) y que tenía en la revista Aberri su órgano de expresión. Los aberrianos eran contrarios a la «vía autonomista» y defendían la independencia y la vuelta a la pureza doctrinal aranista. Para ello fundaron un nuevo PNV.^[74]​ En agosto de 1923 formarían junto con Acción Catalana, un partido nacionalista catalán escindido de la Lliga Regionalista, y con grupos nacionalistas gallegos la alianza denominada Galeusca, defensora de un nacionalismo radical.^[75]​

La Dictadura de Primo de Rivera adoptó con el nacionalismo vasco la misma política represiva que aplicó al nacionalismo catalán, especialmente al sector más radical aberriano que había recuperado la denominación Partido Nacionalista Vasco (PNV). Solo una semana después de su formación el Directorio militar cerró Aberri, el diario oficioso del PNV, y ordenó a la guardia civil que clausurara los batzokis y demás centros y sociedades del partido, que quedó ilegalizado de facto. En cambio la Comunión Nacionalista Vasca (CNV) fue relativamente tolerada. En 1924 su organización de Guipúzcoa rechazó el «separatismo» y suspendió voluntariamente su actividad política, mientras que «el sindicato SOV aceptó participar en los Comités Paritarios de la Dictadura, y se alió con otros sindicatos para derrotar a la UGT».^[76]​ Tanto el PNV como la CNV se centraron a partir de entonces en el fomento de las actividades religiosas (romerías), de tiempo libre (excursionismo), culturales (danza, teatro, música, fomento del euskera) o deportivas (fútbol y ciclismo).^[77]​

Sin embargo, el sector aberriano no descartó, al igual que Estat Català de Francesc Macià, la vía insurreccional. En noviembre de 1924 doce miembros de esta tendencia se reunieron en Ordizia con el activista irlandés Ambrosse Martin, pero todos fueron detenidos, lo mismo que le sucedió al líder de los aberrianos Elías Gallastegui cuando el 3 de mayo de 1925 encabezó un acto de afirmación nacionalista, aunque finalmente consiguió huir al País Vasco francés, donde a finales de año fundó un Comité Pro-Independencia Vasca, que publicó el periódico Lenago Il ('Primero morir'), autotitulado Órgano oficial del Ejército de Voluntarios Vascos. Al igual que los nacionalistas catalanes de Estat Català los aberrianos también presentaron el «caso vasco» ante los organismos internacionales y participaron en el Pacto de la Libre Alianza promovido por Macià. Se llegó a planificar una operación que consistía en el desembarco en Bilbao de 300 combatientes armados (gudaris) que llevarían a cabo un levantamiento como el de Dublín de 1916. No obstante, los gudaris no participaron en el complot de Prats de Molló. Gallastegui, como Macià, realizó un viaje por América Latina y Estados Unidos recorriendo los centros vascos. En México fundó la revista Patria Vasca, en Argentina lanzó el periódico Nación Vasca y en Nueva York volvió a editar Aberri.^[78]​

En noviembre de 1930, en plena Dictablanda del general Berenguer que había sucedido a la Dictadura de Primo de Rivera, se produjo la reunificación de las dos tendencias en que se había escindido a partir de 1920 el nacionalismo vasco. Comunitaristas y aberrianos se integraron en el Partido Nacionalista Vasco y desapareció la antigua denominación de la Comunión Nacionalista Vasca. El reencuentro fue posible porque en la Asamblea de Vergara los dos sectores ratificaron la doctrina inicial de Sabino Arana, ignorando su evolución españolista. Sin embargo, el sector reformista de la Comunión, que propugnaba la renovación ideológica y política del nacionalismo vasco, decidió fundar su propio partido con el nombre de Acción Nacionalista Vasca (ANV), cuyo ideario hizo público en el «Manifiesto de San Andrés». A partir de ese momento el nacionalismo vasco contó con dos organizaciones: una mayoritaria, conservadora, confesional y de derechas, el PNV; y otra minoritaria, liberal, aconfesional y de izquierdas, ANV. Como ha señalado José Luis de la Granja, «ANV representó una novedad en el campo del nacionalismo vasco por no ser aranista, ni confesional y por su concepción unitaria de Euzkadi, su apertura a los inmigrantes y su alianza con las izquierdas en 1931 y 1936».^[79]​

Al contrario de ANV el PNV no se unió al bloque republicano-socialista surgido del «Pacto de San Sebastián» y concurrió con sus propias listas en las elecciones municipales de España de 1931, cuyo resultado adverso para las candidaturas monárquicas en las principales ciudades provocó la salida de España del rey Alfonso XIII y la proclamación de la República. En las elecciones a Cortes Constituyentes el PNV se presentó dentro de la Coalición católico-fuerista, junto con los carlistas de la Comunión Tradicionalista (aunque en Álava no llegaron a un acuerdo y se presentaron por separado) y otras fuerzas católicas. Consiguió seis diputados que se integraron en el grupo parlamentario de la Minoría Vasco-Navarra. Por su parte ANV no obtuvo ningún diputado y pasó a ser un partido extraparlamentario, aunque disponía de concejales y de diputados provinciales en Vizcaya y en Guipúzcoa.^[80]​

Días antes de que se celebraran las elecciones a Cortes Constituyentes se inició el proceso para conseguir un Estatuto de Autonomía para el País Vasco y Navarra, casi al mismo tiempo que lo hacía Cataluña. Ya a principios de mayo los alcaldes del Partido Nacionalista Vasco habían encargado a la Sociedad de Estudios Vascos (SEV) la redacción de un anteproyecto de Estatuto General del Estado Vasco (o Euskadi), que incluiría Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, pero el resultado, que fue un intento de síntesis entre el foralismo tradicional y la estructura de los modernos estados federales, no contentó a nadie. Mes y medio después, una asamblea de los ayuntamientos vasconavarros reunidos en Estella el 14 de junio aprobaron un Estatuto más conservador y nacionalista que el de la SEV y que se basaba en el restablecimiento de los fueros vascos abolidos, según ellos, por la ley de 1839, junto con la Ley Paccionada de 1841.^[81]​

El llamado Estatuto de Estella fue presentado el 22 de septiembre de 1931 a las Cortes Constituyentes por una delegación de alcaldes pero no fue tomado en consideración porque el proyecto se situaba claramente al margen de la Constitución que se estaba debatiendo, entre otras cosas, por su concepción federalista y por la declaración de confesionalidad del «Estado vasco», que se reservaba la competencias sobre materias religiosas y que podría negociar por ello un Concordato particular con la Santa Sede, para evitar la aplicación en Euskadi (el País Vasco más Navarra) de la legislación laica de la República, convirtiendo así al País Vasco en «un Gibraltar del Vaticano», en expresión del socialista vasco Indalecio Prieto, además de que no reconocía derechos políticos plenos a los inmigrantes españoles con menos de diez años de residencia en Euskadi.^[82]​^[83]​

Tras el rechazo del Estatuto de Estella, las Cortes Constituyentes encargaron en diciembre de 1931 a las Comisiones Gestoras de las Diputaciones —que habían sido designadas por los gobernadores civiles respectivos para sustituir a los equipos monárquicos, y donde los republicanos y socialistas tenían mayoría— para que elaboraran un nuevo proyecto de Estatuto, que al final fue consensuado con el PNV, que se había distanciado de la carlista Comunión Tradicionalista. Una Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Pamplona en junio de 1932 aprobó el proyecto, pero los carlistas lo rechazaron, por lo que al tener la mayoría en Navarra, dejaron fuera del ámbito de la futura «región autónoma» a este territorio.^[84]​^[85]​

La exclusión de Navarra obligó a una nueva redacción del proyecto y a un nuevo retraso, que también fue debido a que el gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña no situó al Estatuto vasco entre sus prioridades ya que los republicanos de izquierda y los socialistas se oponían al nacionalismo vasco, como lo demostraron los enfrentamientos callejeros entre jóvenes nacionalistas y socialistas. El proyecto del que sería conocido como Estatuto de las Gestoras fue refrendado por los delegados de los ayuntamientos vascos reunidos en Vitoria el 6 de agosto de 1933, siendo sometido a referéndum el 5 de noviembre.^[85]​ Pero el resultado del referéndum, celebrado en plena campaña de las elecciones a Cortes, supuso un nuevo obstáculo para la consecución de la autonomía porque en Álava, a diferencia de Vizcaya y de Guipúzcoa, el proyecto de Estatuto no logró la aprobación de la mayoría del censo, debido a la fuerte implantación que tenía allí el carlismo, que hizo campaña en contra. A pesar de todo el Estatuto de las Gestoras fue presentado a las nuevas Cortes de mayoría de centro-derecha en diciembre de 1933.^[84]​

El nuevo presidente del gobierno salido de las elecciones de noviembre, el republicano radical Alejandro Lerroux, ofreció el apoyo al Estatuto a cambio de la colaboración de los diputados del PNV, pero la CEDA, el aliado principal de Lerroux, se opuso a esta iniciativa y el proceso quedó bloqueado,^[86]​ utilizando como argumento no haber alcanzado la mayoría absoluta en Álava.^[85]​ Solo con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 las Cortes comenzaron a discutir el proyecto.^[87]​

En efecto, en las elecciones de febrero de 1936, el PNV se había negado a presentarse en coalición con la CEDA y el resto de las derechas —la «unión de los católicos» propuesta por la jerarquía eclesiástica—, debido a la oposición de estas a la autonomía vasca y a la de cualquier «región española». El rechazo había provocado duros ataques contra el PNV por parte de la prensa conservadora y tradicionalista, que llegó a poner en cuestión su catolicismo; los partidos del bloque contrarrevolucionario lo incluyeron entre «los enemigos de la Cruz y de la Patria». Tampoco aceptó formar parte del Frente Nacional Vasco por la independencia, propuesto por el semanario Jagi-Jagi al PNV y a Acción Nacionalista Vasca (ANV); este último partido se incorporó a la candidatura del Frente Popular, cuyo lema en el País Vasco fue: «Amnistía, Estatuto, ni un desahucio más». Así, el PNV se presentó en solitario con el eslogan: «¡Por la civilización cristiana, por la libertad de la patria [vasca] y por la justicia social!».^[88]​

A diferencia de la polarización que se produjo en el resto de España, el centro político representado por el PNV no se hundió en las elecciones, sino que mantuvo los buenos resultados de las de 1933. De este modo, siguió siendo la fuerza mayoritaria en el País Vasco con nueve diputados, frente a los siete del Frente Popular y uno, por Álava, del bloque de derechas encabezado por la carlista Comunión Tradicionalista, que, en cambio, copó los siete escaños que correspondían a Navarra. Así pues, de las elecciones de febrero de 1936 surgió un «triángulo político» formado por el PNV de José Antonio Aguirre, mayoritario en la provincia de Vizcaya y en Guipúzcoa; el Frente Popular, encabezado por el socialista Indalecio Prieto, mayoritario en Bilbao; y la Comunión Tradicionalista, encabezada por José Luis Oriol, mayoritaria en Álava, y que había anunciado que organizaría un levantamiento armado si perdía las elecciones.^[89]​

Tras la formación del Gobierno de Manuel Azaña, respaldado por el Frente Popular, Prieto y Aguirre acordaron reanudar el debate parlamentario del proyecto de estatuto, que había quedado paralizado durante el «Bienio Conservador», y resolver al mismo tiempo la cuestión de Álava, que había sido utilizada por las derechas para obstaculizar su tramitación en las Cortes. La Comisión de Estatutos, presidida por Prieto, propuso un proyecto con pocos artículos, que el PNV aceptó.^[90]​ En julio de 1936 estaba previsto que pasara al pleno de la Cámara, pero el día 18 se produjo la sublevación militar que daría inicio a la guerra civil.^[87]​

El PNV no se sumó al golpe de Estado de julio de 1936 y se mantuvo fiel a la República, a pesar de no formar parte del Frente Popular y de ser un partido confesional católico. Esto se lo recordaron los obispos de Vitoria y de Pamplona, que, en una pastoral del 6 de agosto, declararon ilícita (Non licet) la unión de los nacionalistas vascos con los republicanos y los socialistas.^[91]​ Aunque figuras influyentes como Luis Arana habían defendido declararse neutrales en una «guerra entre españoles», el comité ejecutivo del PNV (Bizkai Buru Batzar) se había alineado con las fuerzas republicanas publicando en el diario afín Euskadi el 19 de julio, al día siguiente de la sublevación militar, un comunicado que decía lo siguiente:^[92]​

Ante los acontecimientos que se desarrollan en el Estado Español, y que tan directa y dolorosa repercusión pudiera alcanzar sobre Euskadi y sus destinos, el Partido Nacionalista declara -salvando todo aquello a que le obliga su ideología que hoy ratifica solemnemente- que planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la República y la Monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer del bando de la ciudadanía y la República, en consonancia con el régimen que fue privativo con nuestro pueblo en sus siglos de libertad.

Tras la entrada de las tropas sublevadas en San Sebastián el 13 de septiembre —el golpe había triunfado tanto en Álava como en Navarra el 19 de julio—,^{[nota 10]}​ el PNV entró a formar parte del Gobierno del Frente Popular, a cambio de la inmediata promulgación del Estatuto. Así, el peneuvista Manuel de Irujo fue nombrado ministro sin cartera del Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero, y las Cortes aprobaron el proyecto el 1 de octubre.^[91]​

El Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 tomó como referencia el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 y delimitó las competencias de la «región autónoma», formada por las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya —aunque, de hecho, solo estuvo vigente en Vizcaya y en la mitad occidental de Guipúzcoa; pues, en octubre de 1936, el resto del territorio vasco formaba parte de la zona sublevada—, y las que correspondían al Estado, respetándose el régimen de concierto económico para la Hacienda autónoma. La «región autónoma» contaría también con un Gobierno y un Parlamento propios.^[93]​ Respecto del «Estatuto de las Gestoras» plebiscitado en noviembre de 1933, era mucho más corto —constaba de catorce artículos— y presentaba dos omisiones importantes: ni se hacía referencia a la futura integración de Navarra ni a la reintegración foral.^[93]​

Ante la imposibilidad de celebrar elecciones al Parlamento vasco, se estableció en una disposición transitoria del Estatuto que el primer presidente del Gobierno vasco sería nombrado por los concejales de los ayuntamientos no ocupados por los franquistas. Así fue como el 7 de octubre, en la Casa de Juntas de Guernica, resultó elegido lendakari por unanimidad José Antonio Aguirre, el líder del PNV. Aguirre formó inmediatamente un Gobierno en el que los nacionalistas vascos ocuparon las principales consejerías —cuatro para el PNV y una para ANV—. En realidad, fue un Gobierno presidencialista, ya que Aguirre concentró muchos poderes, al ser al mismo tiempo lehendakari y consejero de Defensa, en un momento en que la prioridad era la guerra.^[94]​^{[nota 11]}​

La moderación del Gobierno vasco quedó patente en el programa político que hizo público y que reflejaba la hegemonía nacionalista vasca. Se hacía hincapié en el respeto a la libertad religiosa y en la garantía de la seguridad del clero, lo que no estaba sucediendo en absoluto en el resto de la zona republicana. Para el mantenimiento del orden público, se creaba la policía foral (Ertzaña), los presos quedaban sometidos a la jurisdicción ordinaria y se protegía la pequeña y mediana propiedad. Además, se establecía la cooficialidad del euskera y el fomento de las «características nacionales del pueblo vasco». Por otro lado, se creó el Euzko Gudarostea (Ejército vasco), bajo el control directo de Aguirre y del PNV, que no se unificó con el resto de milicias de partidos y de sindicatos. En consecuencia, la situación política y social del País Vasco republicano fue completamente diferente a la del resto de la zona republicana, ya que allí se respetó a la Iglesia católica; no hubo revolución social, ni «checas» ni tribunales actuando al margen de la ley; y existió, además, un pluralismo político mucho mayor. Por eso se habló del «oasis vasco».^[95]​

En el momento en que Aguirre fue nombrado lehendakari, el frente se había estabilizado y así permaneció hasta marzo de 1937, cuando las tropas franquistas reanudaron su ofensiva.^{[nota 12]}​. En esos seis meses, el Gobierno de Aguirre construyó una administración propia que absorbió casi todas las competencias del Estado —y también de las diputaciones forales y de los municipios—, gracias al aislamiento del País Vasco de la zona principal que había permanecido fiel a la República, pero también debido al deseo del PNV de crear un Estado vasco. Así, como ha destacado el historiador José Luis de la Granja, «de octubre de 1936 a junio de 1937, el Gobierno de Aguirre transformó lo que era un Estatuto de mínimos en una autonomía de máximos y convirtió a Euskadi, que nació entonces por primera vez en la historia como entidad jurídico-política, en un pequeño Estado semi-independiente con todos sus atributos».^[96]​^{[nota 13]}​

El 19 de junio de 1937, las tropas franquistas tomaban Bilbao. Cuatro días más tarde, el Generalísimo Franco derogaba los conciertos económicos de Vizcaya y de Guipúzcoa como castigo por no haberse sumado a la sublevación (serían declaradas «provincias traidoras»), mientras confirmaba el de Álava y el Convenio de Navarra. A finales de junio caían los últimos reductos vascos que todavía resistían el avance franquista, finalizando la guerra en suelo vasco el primer día de julio. Los batallones del PNV abandonaron la lucha y se rindieron en Santoña en agosto, mientras que los milicianos vascos socialistas y anarquistas continuaron combatiendo en Santander y en Asturias hasta su caída en octubre de 1937.^[97]​^[98]​

El lehendakari Aguirre cumplió la palabra dada al presidente de la República Manuel Azaña al aprobarse el Estatuto de que lucharía hasta el final y se trasladó a Cataluña, junto con otros dirigentes nacionalistas vascos. Otros se instalaron en Francia para ayudar a los miles de refugiados vascos que se encontraban allí, contando con la colaboración de la Liga Internacional de Amigos de los Vascos fundada por personalidades de la política y la cultura francesas. Cuando las tropas franquistas ocuparon Cataluña Aguirre pasó a Francia el 5 de febrero de 1939 en compañía del presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys. También cruzaron la frontera el presidente de la República Manuel Azaña y el presidente del Gobierno español Juan Negrín (aunque este último regresaría a la zona Centro que todavía permanecía bajo la autoridad de la República). Aguirre, junto con otros miles de vascos (nacionalistas y no nacionalistas), inició «un prolongado exilio, sin saber que nunca volvería a pisar su tierra», ha señalado José Luis de la Granja.^[99]​

En Navarra y en Álava, donde el golpe triunfó sin apenas resistencia gracias sobre todo a que los militares sublevados pudieron contar con el apoyo de los requetés carlistas, cientos de republicanos, de socialistas, de anarquistas y de nacionalistas vascos fueron detenidos ―incluidos algunos sacerdotes simpatizantes del nacionalismo vasco; otros muchos fueron destituidos de sus parroquias por orden del obispo―, y los funcionarios municipales y los maestros de las mismas tendencias perdieron sus empleos.^[100]​ En Álava ciento setenta personas fueron ejecutadas, la mitad de ellas sin ser juzgadas por ningún tribunal.^[101]​^[102]​ Una de las víctimas fue el presidente de la Diputación, el nacionalista vasco Teodoro Olarte Aizpuru, que fue asesinado tras ser torturado «salvajemente», según Julián Casanova, en el edificio del Gobierno Civil.^[103]​ En Navarra el número de víctimas fue muy superior: en toda la guerra fue de 3280, cerca del 90 % entre julio y diciembre de 1936.^[104]​^[105]​^{[nota 14]}​ Un ejemplo de la represión que ejercieron los sublevados sobre los nacionalistas vascos (y los argumentos que utilizaron para justificarla) fue el bando que promulgó en Estella el 25 de septiembre de 1936 (finalizada la campaña de Guipúzcoa) el comandante militar de la localidad Ricardo Sanz de Iturria:

Hago saber: salvo honrosísimas excepciones en que elementos nacionalistas se han alistado voluntariamente, en general el Partido Nacionalista ha observado con indiferencia ante los gravísimos momentos por los que atraviesa España; [...] Estella está minado por el separatismo, fomentado e importado por ciertos hijos de la misma que todos conocen, por lo que no hace falta mencionarlos. Por ellos se ha vertido en Guipúzcoa y en otras partes mucha sangre española, de la cual no poca sangre estellesa. Por lo que hago saber lo siguiente:
En el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de la publicación de este Bando, todos los elementos nacionalistas entregarán en la Comandancia Militar todos los objetos o prendas (incluso de vestir) de carácter separatista, los libros, los periódicos, mapas y retratos, de aquel que se llamó Sabino Arana, así como bustos o figuras de éste y otros cabecillas separatistas. Asimismo se entregarán por quien los posea los libros y objetos de toda índole de la finada escuela vasca; la documentación, objetos, insignias y fondos de las sociedades nacionalistas y, en una palabra, todo lo perteneciente a esas sociedades o con ellas relacionadas. En ciertas regiones de las provincias vascongadas y en nuestra querida Navarra se usan el chistu y los correspondientes instrumentos para sus bailes. En las Vascongadas muy bien que sigan con sus patriarcales costumbres; en Estella eso es planta exótica desconocida e importada por los que todos sabemos. Se acabó el "gora euzkadi", estamos en tiempos de VIVA ESPAÑA, por consiguiente, quien los posea entregará todos esos instrumentos en el mismo plazo. Asimismo, se prohíbe la palabra "Agur", importada por los separatistas en el lugar del "Adiós", genuinamente español. [...] ¡VIVA NAVARRA! ¡VIVA ESPAÑA!.

En Guipúzcoa, donde como en Vizcaya el golpe fracasó, el 23 de julio tropas carlistas navarras tomaron los pueblos de Cegama y Segura, al sur de la provincia, donde se dedicaron a saquear las sedes de los partidos republicanos y sobre todo los batzokis del PNV. A los nacionalistas vascos que encontraron los detuvieron y maltrataron y a muchos de ellos los asesinaron (o les impusieron multas arbitrarias). La represión se generalizó cuando en septiembre los sublevados se apoderaron de casi toda la provincia —el 3 de septiembre tomaban Irún, quedando aislada de Francia (y de la España republicana a través de ella) y diez días después San Sebastián—.^[106]​ Las detenciones empezaron inmediatamente y hubo «sacas» y «paseos» llevados a cabo por requetés y falangistas. Se estima que el número de víctimas mortales pudo acercarse a las mil personas, entre ellas trece curas nacionalistas vascos^[107]​ asesinados a instancias de los carlistas.^[108]​ El obispo de Vitoria Mateo Múgica protestó porque los ejecutados «no desplegaron actividades políticas partidistas y, desde luego, no combatieron en forma alguna al ejército blanco».^[109]​

En enero de 1937 el gobernador militar de Guipúzcoa le escribió al vicario general de Vitoria exigiendo un «castigo ejemplar» a los curas nacionalistas vascos. En la carta añadió una lista de ciento ochenta y nueve curas a los que clasificaba entre «exaltados, nacionalistas y simpatizantes». Finalmente veinticuatro curas fueron expulsados de la provincia, treinta y uno exiliados de España, trece trasladados y cuarenta y cuatro encarcelados.^[110]​ Meses antes, cuando se difundió en Guipúzcoa la falsa noticia de que los sublevados habían tomado Madrid, muchas personas fueron detenidas ―entre ellas varios curas a los que humillaron quitándoles las sotanas― por no haber mostrado suficiente fervor patriótico.^[111]​

La ofensiva sobre Vizcaya comenzó el 31 de marzo de 1937 y el 27 de abril tenía lugar el «horrendo crimen» ―en palabras del canónigo Alberto Onaindía― del Bombardeo de Guernica. Dos días antes la radio del bando sublevado había emitido la siguiente amenaza: «Franco se dispone a propinar un fuerte golpe contra el que es inútil cualquier resistencia. ¡Vascos! Rendíos ahora y se os perdonará la vida».^[112]​ El episodio fue de tal magnitud que el Cuartel General de Franco negó la autoría y atribuyó la destrucción de Guernica a los «rojos».^[113]​ El 19 de junio cayó Bilbao y unos días antes en Amorebieta, el superior del monasterio de los Carmelitas, el padre León Urtiaga, fue fusilado, acusándolo de nacionalista vasco, por haber intentado frenar la violencia contra los civiles ―aunque los sublevados dijeron que lo habían matado los «rojo-separatistas»―. En Bilbao y su área metropolitana hubo cientos de fusilamientos ―una investigación exhaustiva ha establecido que el número de víctimas de la represión franquista en Vizcaya fue de 1788 personas―^[114]​^[115]​ y fueron miles los encarcelados acusados de ser nacionalistas vascos, muchos de los cuales fueron enviados a batallones de trabajos forzados.^[116]​ La represión también se dirigió contra la lengua vasca y se prohibió su uso público incluidas las misas, los actos religiosos o la enseñanza del catecismo ―los curas fueron amenazados con fuertes multas―.^[117]​ El nuevo alcalde de Bilbao, el falangista José María de Areilza, que participó activamente en la represión, declaró el 8 de julio:^[118]​^[119]​

Ha caído vencida, aniquilada para siempre esa horrible pesadilla siniestra y atroz, que se llamaba Euskadi… Para siempre has caído tú [ Aguirre ], rastacueros del nacionalismo vasco, mezquino, rencoroso, torcido y ruin que jugaste a personaje durante los once meses de crimen y robo en que te encaramaste al poder, mientras los pobres gudaris cazados a lazo como cuadrúpedos en las aldeas se dejaban la piel en las montañas de Vizcaya.[…]
Vizcaya es otra vez un trozo de España por pura y simple conquista militar. Nos habéis salvado vosotros, Ejército de España. Nos habéis salvado por conquista, por la fuerza, a tiros y a cañonazos.

Ante la inminente caída de Bilbao más de 200 000 personas huyeron hacia el oeste por tierra y por mar en dirección a Santander, siendo ametralladas y bombardeadas por los aviones de la Legión Cóndor. El 26 de agosto las tropas sublevadas, apoyadas por la Legión Cóndor y el Corpo Truppe Volontarie (CTV), tomaron la ciudad, atestada de refugiados procedentes de Vizcaya.^[120]​ Ese mismo día los oficiales al mando del Euzko Gudarostea alcanzaban un pacto, el pacto de Santoña, con los mandos italianos del CTV según el cual las tropas vascas serían evacuadas por mar a Francia. Pero el Generalísimo Franco no aceptó el acuerdo y ordenó que los oficiales y dirigentes vascos fueran desembarcados de los dos buques ingleses que los habían recogido. Después de varios días resistiéndose, los italianos los entregaron el 4 de septiembre. Inmediatamente se pusieron en marcha los consejos de guerra sumarísimos que dictaron centenares de sentencias de muerte. Toda la cúpula militar del ejército vasco fue ejecutada (los coroneles Gurmersindo Azcárate Gómez y Daniel Irézabal Goti; el comandante Ernesto de la Fuente Torres y el capitán Antonio Bolaños Rodríguez; y el médico José Luis Arenillas, director general de Sanidad de Euzkadi).^[121]​

Entre los apresados se encontraban los ochentaiún capellanes del ejército vasco. Tres de ellos fueron condenados a muerte, pero sus penas fueron conmutadas. Los demás fueron sentenciados a penas de entre seis y treinta años de prisión. Algunos, como el padre pasionista Victoriano Gondra Muruaga (aita Patxi), fueron encarcelados en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña.^[122]​ El 15 de octubre se producía un «acto de venganza y escarmiento», según Javier Rodrigo, sobre los «enemigos de España». Fueron sacados de la cárcel y fusilados dos dirigentes del PNV, dos miembros del ejército de gudaris, dos comunistas, dos socialistas, dos sindicalistas nacionalistas, dos anarquistas y dos republicanos.^[123]​ A principios de noviembre de los 22 000 prisioneros vascos la mitad habían sido puestos en libertad, pero aún quedaban 5600 en las cárceles y 5400 habían sido obligados a integrarse en batallones de trabajadores.^[120]​ El político Juan de Ajuriaguerra, principal artífice del Pacto de Santoña, fue condenado a muerte aunque finalmente la pena capital fue conmutada por la de treinta años de prisión.^[107]​

El nacionalismo español, esencialista y excluyente, fue un elemento central del régimen franquista. Como han señalado José Luis de la Granja, Justo Beramendi y Pere Anguera, «la unicidad nacional de España se afirma con tal rotundidad en el conjunto de "leyes fundamentales" de la Dictadura que ni siquiera se alude por implicación negativa a la existencia de otras fidelidades nacionales u otras etnicidades dentro del país».^[124]​ Durante la guerra civil española el Generalísimo Franco ya dejó claro cuál era su propósito. En declaraciones al Jornal do Brasil, en enero de 1938, dijo:^[125]​

España se organiza en un amplio concepto totalitario, por medio de instituciones nacionales que aseguran su totalidad, su unidad y continuidad. El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio de la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española.

En consecuencia, «los nacionalismos alternativos sufrieron el mismo trato que las organizaciones democráticas o las obreras. Puesto que pretendían romper la unidad de la nación española formaban parte de la "anti-España" y, por tanto, eran prohibidos y perseguidos, al igual que aquellas manifestaciones lingüísticas y culturales que les pudieran servir de caldo de cultivo», han señalado De la Granja, Beramendi y Anguera.^[126]​^{[nota 15]}​ En la Ley de Prensa de 1938, vigente hasta 1966, que instauró la censura previa, se sancionó todo escrito que: «...directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles». Una Orden Ministerial de 16 de mayo de 1940 estableció lo siguiente:

...por exigencias del respeto que debemos a lo que entrañablemente es nuestro, como el idioma, precisa desarraigar vicios de lenguaje que trascendiendo del ámbito parcialmente incoercible de la vida privada, permiten en la vida pública la presencia de modas con apariencia de vasallaje o subordinación colonial. Es deber del poder público, en la medida en que ello es posible, reprimir estos usos, que contribuyen a enturbiar la conciencia española, desviándola de la pura línea nacional, introduciendo en las costumbres de nuestro pueblo elementos exóticos que importa eliminar...

Sin embargo, a pesar de la dura persecución que sufrieron, los «nacionalismos alternativos» no desaparecieron y consiguieron sobrevivir aunque muy disminuidos, especialmente el catalán y el vasco, y en menor medida el gallego y el valenciano. «Y no sólo eso, sino que la ofensiva españolista del franquismo tuvo, a medio y largo plazo, el doble efecto general de radicalizar ideológicamente los nacionalismos subestatales y de propiciar su desarrollo donde antes no había habido o habían sido sólo incipientes», han señalado De la Granja, Beramendi y Anguera.^[127]​

La invasión alemana de Francia en mayo de 1940 obligó al lehendakari José Antonio Aguirre a esconderse durante más de un año en Bélgica y después en Berlín, hasta que consiguió un pasaporte que le permitió abandonar Alemania y embarcar para América a donde arribó en el verano de 1941 —de esta forma evitó correr la mima suerte que el president de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys, detenido por la Gestapo y entregado a las autoridades franquistas; tras ser sometido a un consejo de guerra sumarísimo fue fusilado el 15 de octubre de 1940—. Mientras tanto Manuel de Irujo, refugiado en Londres, fue quien asumió el liderazgo del nacionalismo vasco, y el 11 de julio de 1940 creó el Consejo Nacional de Euzkadi (CNE), que adoptó un programa claramente independentista, rechazando el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 aprobado por las Cortes republicanas y desarrollando una política al margen de la legalidad republicana —una actuación muy similar a la del Consell Nacional de Catalunya, refundado en Londres por Carles Pi i Sunyer—. Irujo buscó el apoyo del general de Gaulle, exiliado en la capital británica como él, a la República Vasca que proyectaba y que se instauraría cuando acabara al guerra con la victoria de los aliados. Así el 17 de mayo de 1941 el CNE y el Consejo de la Francia Libre firmaron un acuerdo por el que una unidad de soldados y oficiales vascos se incorporaría a las Fuerzas de la Francia Libre, aunque finalmente las presiones británicas obligaron a De Gaulle a disolverla en mayo de 1942.^[128]​^[129]​

El gobierno británico no sólo no apoyó el proyecto de República Vasca de Irujo, porque ponía en riesgo su política de «apaciguamiento» respecto a Franco, sino que puso en marcha una campaña de difamación contra él insinuando que su proyecto independentista contaba con el respaldo de Hitler y filtrando a la prensa el borrador de constitución de la futura república vasca (que llevaba por título Anteproyecto para una Constitución de la República vasca) que levantó una gran indignación entre el exilio republicano e incluso entre algunos nacionalistas y consejeros vascos. En cuanto José Antonio Aguirre reapareció —consiguió llegar a Argentina a finales de 1941— retomó la dirección del nacionalismo vasco y desautorizó el proyecto de República vasca de Irujo, aunque mantuvo como condición para la participación del PNV en cualquier organismo de la oposición antifranquista el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Euskadi.^[130]​^[131]​ Así cuando el 20 de noviembre de 1943 se fundó en México la Junta Española de Liberación (JEL) el PNV no participó porque no se reconoció ese derecho. Tampoco la Acción Nacionalista Vasca.^[132]​

Sin embargo, tras volver a desempeñar sus funciones de presidente del Gobierno vasco, cuya sede se ubicó en Nueva York hasta 1945, Aguirre no se apartó completamente del proyecto independentista de Irujo al también considerar superados la Constitución española de 1931 y el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 y defender la formación de una Confederación de Repúblicas Ibéricas cuando acabara la guerra mundial y fuera derribada la dictadura franquista, para lo que impulsó la alianza con los nacionalistas catalanes y gallegos en una nueva versión de la Galeuzca. También buscó el apoyo del gobierno de Estados Unidos al que ofreció la colaboración de los Servicios vascos de información y espionaje en Europa y América —sus agentes trabajaron para el FBI y para la Office of Strategic Services, antecedente de la CIA, incluso después de finalizada la guerra mundial, como en el caso de Jesús Galíndez asesinado por el dictador dominicano Trujillo— y organizó el batallón Gernika que combatió junto a las tropas aliadas en Burdeos en abril de 1945. Pero Aguirre no consiguió que los republicanos y socialistas vascos se desvincularan de sus respectivos partidos «españoles» para incorporarse al Bloque Nacional Vasco —en lo que se encontró con la oposición frontal del socialista Indalecio Prieto—.^[133]​

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial Aguirre cambió de estrategia y pasó a defender la República y el Estatuto vasco de 1936, por lo que un miembro del PNV, concretamente Manuel de Irujo, participó como ministro en el gobierno republicano en el exilio constituido en México en agosto de 1945 bajo la presidencia de José Giral. Poco después Aguirre recompuso el Gobierno de Euskadi, con las mismas fuerzas políticas de diez años antes, del que dependía un Consejo Delegado en el interior encargado de organizar la resistencia vasca a la dictadura franquista. Uno de sus mayores logros fue la convocatoria de una huelga general para el 1 de mayo de 1947, que tuvo un amplio seguimiento, especialmente entre los obreros de las fábricas de la ría de Bilbao, y provocó una fuerte represión con numerosos despidos y detenciones. Según José Luis de la Granja, «se trató de la mayor movilización social antifranquista en España desde el final de la Guerra Civil».^[134]​

La estrategia de Aguirre y del conjunto de las fuerzas antifranquistas fracasó desde el momento en que Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron no intervenir en España y la dictadura franquista sobrevivió. En los años siguientes las dos únicas actuaciones importantes del Gobierno vasco, del que tras estallar la «Guerra Fría» se había expulsado al consejero comunista, fueron la convocatoria de una nueva huelga general en abril de 1951 —«canto de cisne de la oposición procedente de la Guerra Civil en Euskadi», según José Luis de la Granja— y la celebración en 1956 en París del Congreso Mundial Vasco. En el mismo, como ha señalado De la Granja, «Aguirre rindió cuentas de sus veinte años de gestión gubernamental, y se analizó la situación política, socioeconómica y cultural de Euskadi y de los miles de vascos desterrados», que en su mayoría vivían en Francia, México, Argentina y Venezuela, donde habían fundado varias cabeceras de prensa. También se habló de la labor de Radio Euskadi, la voz de la resistencia, que emitía desde el País Vasco francés y más tarde desde Venezuela. Cuatro años después, en marzo de 1960, moría en París el lehendakari Aguirre, siendo sustituido por Jesús María Leizaola, quien «mantuvo el Gobierno de coalición en París con los mismos partidos (PNV, PSOE, Izquierda Republicana y ANV), pero su labor política decayó hasta reducirse a un papel testimonial y simbólico, durante los años sesenta y setenta, cuando el principal protagonismo de la resistencia vasca fue asumido por nuevas organizaciones nacidas en el interior de Euskadi», ha señalado De la Granja.^[134]​

En la década de 1960 se produjo el renacimiento del nacionalismo vasco gracias, como en el caso del nacionalismo catalán, a la actividad de las nuevas generaciones surgidas después de la guerra civil. Fundamentalmente se trataba de jóvenes universitarios, que rechazaban el supuesto conformismo y la pasividad de sus mayores —concretamente del PNV y del Gobierno Vasco en el exilio—. Así, en competencia con el PNV, apareció un nuevo partido nacionalista llamado Euskadi Ta Askatasuna (ETA, 'Patria Vasca y Libertad'), fundado en julio de 1959. Su origen se sitúa en 1952 cuando varios estudiantes crearon en Bilbao el grupo Ekin ('Hacer') que cuatro años después se integraron en EGI, la organización juvenil del PNV, pero que desilusionados acabaron fundando su propia organización, ETA, que inicialmente asumió los principios sabinianos, excepto el integrismo religioso y la idea de la «raza vasca», sustituida por la de etnia, pero enlazando con el sector más radical e independentista que habían representado antes de la guerra los aberrianos y su sucesor el grupo Jagi-Jagi, ambos liderados por Eli Gallastegui.^[135]​

En su primera asamblea celebrada en 1962 en el País Vasco francés ETA se definió como «Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional» y en la quinta, celebrada en 1967, como «Movimiento Socialista Vasco de Liberación Nacional». En esta evolución fue clave la obra del lingüista Federico Krutwig Vasconia. Estudio dialéctico de una nacionalidad, publicada en 1963, en la que, bajo el influjo de los movimientos que estaban surgiendo en Asia y en África para lograr la independencia de sus pueblos de la dominación colonial (y de las guerrillas latinoamericanas en su lucha contra el «imperialismo norteamericano«), concibió a Euskadi, cuya identidad nacional la basaba en la lengua propia y no en la «raza» como había defendido Sabino Arana,^{[nota 16]}​ como una «colonia» de España y propuso la estrategia de la «guerra revolucionaria», siguiendo los ejemplos de Argelia, Cuba y Vietnam, tesis que fueron adoptadas por ETA en su III Asamblea (1964). Fue así como ETA acabó optando por la «lucha armada» para poner fin a la «opresión del pueblo vasco» por parte de España por medio de la dictadura franquista (lo que explica que no desapareciese cuando cayó esta).^[135]​

Sigue siendo objeto de discusión si la primera víctima mortal de ETA fue una niña de veintidós meses que murió en junio de 1960 como consecuencia del estallido de una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara en San Sebastián (atentado que unas fuentes atribuyen a ETA y otras al DRIL, que fue la organización que lo reivindicó).^{[nota 17]}​ En lo que sí coinciden es en que al año siguiente ETA intentó sin éxito hacer descarrilar un tren en el que viajaban excombatientes franquistas de la guerra civil y que en 1965 perpetró el primer atraco para proveerse de fondos. Tres años después, el 7 de junio de 1968, cometía su primer asesinato, el del guardia civil José Pardines, cuando en un control de tráfico rutinario cerca de Villabona (Guipúzcoa) detuvo un coche en el que viajaban dos miembros de ETA, Iñaki Sarasketa y Txabi Etxebarrieta, y estos le dispararon para escapar. Fueron perseguidos y Etxebarrieta cayó abatido por agentes de la Guardia Civil cerca de Tolosa, convirtiéndose así en el protomártir de ETA, mientras que Sarasketa fue detenido, sometido a un consejo de guerra y condenado a muerte, aunque la pena capital fue conmutada por cadena perpetua.^[145]​^[146]​ El 2 de agosto de 1968, ETA cometía en Irún el primer asesinato premeditado, como «represalia» por la muerte de Etxebarrieta, en la persona del comisario de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa, acusado de torturador, Melitón Manzanas. A partir de entonces, las «acciones armadas», como las calificaba ETA —otro muerto en 1968, uno en 1969, un secuestrado en 1970— se convertirían en un grave problema político y de orden público para el franquismo, que respondería al desafío con una represión general e indiscriminada en el País Vasco de enorme dureza.^[147]​^[146]​ A lo largo de 1969 fueron detenidas 1953 personas, de las cuales 890 denunciaron haber sido maltratadas, 510 torturadas, 93 juzgadas por el Tribunal de Orden Público y 53 en consejos de guerra.^[148]​^[149]​ A finales de año estaban en prisión unas dos mil personas, entre ellas algunos sacerdotes, acusadas de mantener alguna relación con ETA.^[150]​^[146]​

El 18 de septiembre de 1970 el nacionalista vasco Joseba Elósegui se prendió fuego cuando el general Franco estaba presidiendo el campeonato mundial de pelota en un frontón de San Sebastían y saltó desde las gradas gritando Gora Euskadi askatuta ('Viva Euskadi libre'). Se lo llevaron con graves quemaduras mientras Franco continuó viendo el partido. Pero Elósegui consiguió su objetivo pues el hecho tuvo repercusión a nivel internacional. En su diario había escrito tres semanas antes: «No pretendo eliminar a Franco. Sólo quiero que sienta a poder ser en su propia carne aquel fuego que destruyó Guernika» (Elósegui había estado al mando de una unidad militar que se encontraba allí cuando se produjo el bombardeo de Guernica en abril de 1937).^[151]​

Dos meses y medio después comenzaba el que sería conocido como el «juicio de Burgos». Ante el recrudecimiento de la conflictividad social y política, especialmente en el País Vasco y Navarra, el gobierno franquista, encabezado por su vicepresidente el almirante Carrero Blanco (el Generalísimo Franco aunaba la Jefatura del Estado con la Presidencia del Gobierno), había decidido que un tribunal militar juzgara conjuntamente a dieciséis personas acusadas de militar en ETA (entre ellas dos sacerdotes) como medida ejemplarizante y como «un escarmiento a ETA por el atentando contra Manzanas», según José Luis de la Granja.^[146]​^[148]​ «Paradójicamente, en 1970 ETA atravesaba por un momento crítico y había sufrido la escisión de ETA VI Asamblea, que se declaró marxista-leninista y se fusionaría después con la Liga Comunista Revolucionaria», añade De la Granja.^[152]​

Sin embargo, el efecto que se logró fue exactamente el contrario del que pretendía el régimen franquista, ya que el anuncio del juicio sumarísimo que finalmente se celebraría en diciembre en Burgos levantó una ola de solidaridad en el País Vasco y en Navarra que fue un revulsivo clave para que el nacionalismo vasco recuperara su implantación social y también para ETA al que «el franquismo le proporcionó un balón de oxígeno y contribuyó a su crecimiento», afirma De la Granja. Como respuesta el gobierno decretó el estado de excepción por seis meses y organizó una gran concentración en la Plaza de Oriente de Madrid en apoyo del general Franco.^[153]​ Por su parte ETA secuestró al cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl, dejándolo en libertad el 25 de diciembre. Al día siguiente el tribunal dictó la sentencia, condenando a nueve de los acusados a la pena de muerte y al resto a larguísimas penas de prisión.^[154]​ Los acusados al terminar sus declaraciones habían cantando el himno al soldado vasco (Eusko Gudariak) y enfrentado al tribunal.^[146]​

El «juicio de Burgos» suscitó también una campaña internacional de solidaridad con el pueblo vasco y a favor del restablecimiento de las libertades democráticas en España. Los obispos de San Sebastián y de Bilbao publicaron una pastoral conjunta criticando la pena de muerte y que se juzgara a los acusados por la jurisdicción militar, a la que se sumó un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Española a favor de la clemencia y las garantías procesales. Al final, en vista del eco despertado y de las numerosas peticiones de clemencia llegadas de todas partes, incluido el Vaticano, el general Franco conmutó el 30 de diciembre las nueve penas de muerte que había dictado el tribunal militar.^[155]​^[156]​^[157]​

Tres años después, en la mañana del 20 de diciembre de 1973, ETA detonó una bomba colocada bajó el asfalto en una céntrica calle de Madrid cuando pasaba el coche oficial del almirante Carrero Blanco causándole la muerte. Se abrió así la crisis política más grave de todo el franquismo ya que había sido asesinada la persona que había designado Franco para asegurar la supervivencia de su régimen después de su muerte.^[158]​^[159]​ En febrero de 1974 el nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro pretendió expulsar de España al obispo de Bilbao Antonio Añoveros Ataún por haber pedido en un homilía leída en todas las parroquias de la diócesis que se reconociera «la singularidad del pueblo vasco dentro de todos los pueblos del Estado español».^[152]​ Seis meses después, el 13 de septiembre, un brutal atentado de ETA causaba la muerte a 12 personas —y hería a más de 80— en virtud de una bomba colocada en la cafetería Rolando de la calle del Correo de Madrid, al lado de la Puerta del Sol, y que solían frecuentar policías de la cercana Dirección General de Seguridad.^[160]​ Fue el primer atentado de ETA contra la población civil y el detonante de la principal escisión de ETA entre ETA militar y ETA político-militar, partidaria esta última de compaginar la «lucha armada» con la «acción de masas», posición contraria a la defendida por los milis.^[152]​

Al año siguiente ETA siguió con los atentados terroristas, causando 14 víctimas mortales, que se sumaban a los tres atentados con resultado de muerte del FRAP, lo que a su vez recrudeció la represión, llegándose a aprobar en agosto de 1975 un decreto-ley «de prevención y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y subversión contra la paz social y la seguridad personal» que revalidaba la jurisdicción militar como en el primer franquismo. Esta espiral represiva se cebó especialmente en el País Vasco y Navarra.^[161]​

En aplicación del decreto antiterrorista, entre el 29 de agosto y el 17 de septiembre de 1975 fueron sometidos a distintos consejos de guerra y sentenciados a muerte tres militantes de ETA y ocho del FRAP, lo que provocó una importante respuesta popular y de rechazo en el exterior, así como peticiones de clemencia por parte de los principales dirigentes políticos europeos —incluido el Papa Pablo VI—. A pesar de ello, Franco no conmutó las penas de muerte a dos de los tres militantes de ETA (Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot) y a tres de los ocho del FRAP (José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena), y los cinco fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975.

Las ejecuciones, calificadas como un hecho «brutal» por la mayor parte de la prensa europea, no hizo sino acentuar el rechazo internacional al franquismo y dio lugar a que se produjeran numerosas manifestaciones antifranquistas en las principales ciudades europeas. Asimismo, los embajadores de los principales países europeos abandonaron Madrid, con lo que el régimen franquista volvía a experimentar un aislamiento y reprobación muy similares a los que había sufrido en la inmediata posguerra mundial.^[162]​ El papa Pablo VI manifestó «su vibrante condena de una represión tan dura que ha ignorado los llamamientos que de todas partes se han elevado contra aquellas ejecuciones».^[163]​ Como respuesta, el 1 de octubre de 1975 el partido único de la Dictadura, el Movimiento Nacional, organizó una concentración de apoyo a Franco en la plaza de Oriente de Madrid. Doce días después el general Franco caía enfermo y moría en la madrugada del 20 de noviembre de 1975.^[164]​ En aquel momento había más de quinientos presos de ETA en las cárceles.^[152]​

Como ha señalado José Luis de la Granja, «a diferencia de la II República, cuando el problema más grave [planteado por los nacionalismos periféricos] fue el catalán, en la Transición se trataba del vasco, sobre todo por el terrorismo de ETA».^{[nota 18]}​ Este mismo historiador ha destacado que el PNV en esta ocasión sí se sumó a las organismos de la oposición antifranquista y en junio de 1975 se integró en la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el PSOE, que pocos meses después de la muerte del dictador se fusionó con la Junta Democrática, liderada por el PCE, para forma Coordinación Democrática. De hecho el peneuvista Julio Jáuregui formará parte de la Comisión de los Nueve que hablará con el presidente del gobierno Adolfo Suárez sobre su proyecto de reforma política que daría paso al restablecimiento de la democracia. Y como ya había sucedido en 1931 a partir de entonces «el PNV resurgió como partido-comunidad con gran fuerza en Euskadi».^[165]​

En la Asamblea Nacional celebrada en Pamplona a finales de marzo de 1977, poco después de su legalización, el PNV reafirmó su evolución política e ideológica iniciada en la Segunda República y que en el exilio le llevó a integrarse en la democracia cristiana europea, siendo uno de los fundadores de los Nuevos Equipos Internacionales, origen de la Unión Europea de los Demócrata Cristianos (1965), y a asumir el europeísmo e impulsar el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (1949) y del Consejo Vasco por la la Federación Europea que propugnaba la construcción de una Europa federal, basada más por los pueblos que en los Estados. En la declaración de principios aprobada en la Asamblea de Pamplona se mantuvo el lema aranista Jaungoikoa eta lege zaharra (JEL, 'Dios y Ley Vieja') y la aspiración a la reintegración foral, pero se fijó como objetivo político la consecución de «un Estado vasco autonómico» y solidario «con la libertad y los derechos de los demás pueblos del Estado», colaborando en la construcción de una Europa federal de «pueblos libres». En la declaración el PNV se definió como un «partido vasco, democrático, popular, de masas, aconfesional y abierto a todos los vascos». En esa Asamblea también se eligió una nueva dirección encabezada por el navarro Carlos Garaikoetxea.^[166]​

En mayo tuvieron lugar en Bayona las conversaciones de Chiberta entre el PNV y ETA y los grupos políticos de su entorno (la izquierda abertzale). Allí el PNV rechazó la propuesta de ETA de formar un Frente Nacional Vasco que tuviera como objetivo la independencia de Euskadi y que no participaría en las elecciones democráticas convocadas para el 15 de junio, una opción defendida por Telesforo Monzón, quien consideraba a los miembros de ETA «hijos del JEL» alejados de la «casa del padre» (en referencia Sabino Arana) y que acabaría abandonando el partido para integrarse en la izquierda abertzale, y que fue rechazada por el sector encabezado por Manuel de Irujo y por otros dirigentes históricos como Juan Ajuriaguerra, Julio Jáuregui o el lehendakari en el exilio Jesús María Leizaola. Irujo ya en 1962 había afirmado que «ETA es un cáncer que, si no lo extirpamos, alcanzará nuestro cuerpo político». Por el contrario el PNV retomó su alianza histórica con el PSOE y formó con este partido una candidatura conjunta para el Senado denominada Frente Autonómico, de la que también formó parte Euskal Sozialistak Elkartzeko Indarra (ESEI). Por otro lado, hubo un sector de la izquierda abertzale, próximo a ETA político-militar, sí se presentó a las elecciones formando la coalición Euskadiko Ezquerra.^[167]​ En Navarra el PNV se presentó dentro de la coalición Unión Autonomista Navarra junto con Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) y Partido Socialista Vasco (ESB-PSV). Su punto programático principal era la incorporación de Navarra a la futura autonomía vasca

En las elecciones del 15 de junio en el País Vasco se produjo un empate entre el PNV y el PSE-PSOE, con ocho diputados cada uno, quedando el partido gubernamental Unión de Centro Democrático (UCD) con cuatro diputados. Euskadiko Ezquerra obtuvo un diputado por Guipúzcoa y la neofranquista Alianza Popular uno por Vizcaya. En Navarra la Unión Autonomista encabezada por el PNV no consiguió ningún diputado y los cinco escaños de la circunscripción se los repartieron UCD (tres) y el PSE-PSOE (dos). En cuanto al Senado el Frente Autonómico obtuvo los nueve escaños a los que podía optar y Euskadiko Ezquerra consiguió uno (UCD los dos restantes). En Navarra, por el contrario, UCD consiguió tres senadores y el cuarto fue para el histórico peneuvista navarro Manuel de Irujo, dentro de la candidatura del Frente Autonómico.^[168]​

El presidente del Gobierno y líder de UCD Adolfo Suárez intentó llegar al mismo acuerdo que había alcanzado con Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio (por el cual Tarradellas pudo regresar a Barcelona el domingo 23 de octubre de 1977 después de que el gobierno aprobara un decreto-ley de 29 de septiembre que restableció «provisionalmente» la Generalitat, aunque sin hacer referencia al Estatuto de 1932 y sin competencias específicas que fueran más allá de las propias de las diputaciones provinciales) con el lehendakari del Gobierno Vasco en el exilio Jesús María Leizaola, pero este no aceptó, por lo que Suárez tuvo que negociar con la Asamblea de Parlamentarios Vascos. Un primer obstáculo surgió cuando los electos de UCD por Navarra, que ostentaban la mayoría en ese territorio (tres diputados y tres senadores), se negaron a integrarse en la Asamblea de Parlamentarios Vascos, al contrario de lo que hicieron los dos diputados por Navarra del PSE-PSOE y el senador del PNV. Finalmente, en diciembre de 1977 se constituyó el Consejo General Vasco, excluida Navarra, bajo la presidencia del socialista Ramón Rubial, aunque como en el caso de Cataluña tampoco fue restablecido el Estatuto de Autonomía aprobado por la República.^[169]​^[170]​

Todo ello en un contexto en el que los atentados terroristas de ETA no solo no habían desaparecido, como se esperaba tras aprobarse el 15 de octubre de 1977 la Ley de Amnistía por la que no quedó ningún «preso vasco» en las cárceles, sino que se habían incrementado —de hecho ese mismo día 15 de octubre ETA asesinaba a tres personas—.^[170]​ «Pronto volvieron a llenarse las cárceles con cientos de detenidos debido a la mayor escalada violenta de ETA, acaecida en el trienio 1978-1980, cuando asesinó a 239 personas (en su mayoría, policías, militares y políticos), casi seis veces más que sus 43 asesinatos cometidos durante el franquismo. Quedaba así patente que ETA había nacido no sólo contra la Dictadura, sino sobre todo contra España», ha señalado el historiador José Luis de la Granja.^[171]​ Otros historiadores, como Santos Juliá, han señalado que las «acciones armadas» de ETA encontraron cierta comprensión en el PNV y entre sectores de la Iglesia vasca que acogió «como héroes y mártires de una causa sagrada a los militantes de ETA muertos en enfrentamientos con la policía o de resultas de la explosión de sus propios artefactos». Además, según Juliá, «la acción represiva de las fuerzas de policía y guardia civil contribuyó a crear en torno a ETA un amplio apoyo social entre la población joven».^[172]​ Así, según Javier Tusell, buena parte de la sociedad vasca consideraba a los militantes de ETA «como heroicos luchadores antifranquistas». Según una encuesta realizada a finales de los setenta, entre un 13 % y un 16 % de los vascos consideraba a los miembros de ETA como patriotas y entre un 29 % y un 35 % como idealistas.^[173]​

El PNV no participó en la ponencia que redactó el anteproyecto de Constitución^[174]​ y cuando el 31 de octubre de 1978 se votó en el pleno el proyecto acabado sus ocho diputados se abstuvieron, con su portavoz Xabier Arzallus al frente (y en contra de la opinión favorable de Irujo y de Leizaola), porque no consideraron suficientes como reconocimiento de los «derechos del pueblo vasco» la introducción del término «nacionalidades», diferenciándolas de las «regiones», y lo que decía la disposición adicional primera que por primera vez en la historia del constitucionalismo español amparaba «los derechos históricos de los territorios forales» («La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía», decía la disposición). El rechazo del diputado de Euskadiko Ezquerra Francisco Letamendia fue más radical y votó en contra.^[175]​^[171]​ Tampoco les sirvió para que dieran su apoyo a la Constitución lo que decía la Disposición transitoria cuarta que abría la posibilidad a la incorporación de Navarra al Consejo Genral Vasco o al «régimen autonómico vasco que le sustituya» si así lo decidía su «Órgano Foral competente» «por mayoría de los miembros que lo componen» y lo ratificaban los ciudadanos navarros «por referéndum expresamente convocado al efecto».

Cuando el 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue sometida a referéndum, siendo aprobada por el 88 % de los votantes, con una participación del 67,11 % del censo, la campaña abstencionista promovida por el PNV tuvo éxito, por lo que en el País Vasco la Constitución fue aprobada solo por el 43,6 % del censo electoral.^[176]​ También fue en el País Vasco donde se registró un mayor porcentaje de votos negativos (el 23,5 %). Una situación diferente a la de Cataluña, donde el nivel de participación fue similar al del resto de España, y los votos afirmativos superaron el 90 %.^[177]​

El nuevo estatuto de autonomía fue aprobado por el 90% de los votantes, que equivale a un 53% del censo. Los votos en contra fueron el 5% de los votantes (el 3% del censo). La abstención fue del 41%.^[178]​^[171]​

El nivel de autonomía del País Vasco es el más alto de toda la Unión Europea junto con Bélgica en cuanto a regiones nacionales dentro de un Estado se refiere. No obstante, para los nacionalistas vascos, el actual estatuto no colma sus aspiraciones dado que no consideran que el País Vasco o Euskadi sea una región, sino una nación, y reclaman el derecho de autodeterminación sobre la continuidad o independencia de España. Además, la mayor autonomía de que disfruta, muchas veces es más teórica que real puesto que, tras más de veinte años de desarrollo estatutario y de gobierno nacionalista, todavía faltan más de 40 transferencias para completar el referido Estatuto y, pese a tener transferidas numerosas competencias del Gobierno Central, la normativa que las regula es estatal y el Gobierno Vasco se limita solo a ejecutar lo dispuesto por la Administración del Estado.

En Navarra la vía de acceso a la autonomía siguió un camino distinto y en este caso el nacionalismo vasco no protagonizó las negociaciones como en el caso de Euskadi.

Así, la primera Diputación Foral de Navarra democrática quedó constituida tras unas elecciones celebradas el 3 de abril de 1979 cuyos resultados (4 diputados de UCD -Pamplona ciudad, Estella, Tudela y Olite-, 1 del PSOE -Tudela-, 1 de HB -Pamplona merindad- y 1 de las Agrupaciones Electorales de Merindad-Amaiur -Sangüesa-) determinaron que solo 2 de los 7 diputados de los que se componía la corporación foral fueran nacionalistas, mientras que la mayoría de la corporación quedaba en manos de los sectores navarristas opuestos a la integración de Navarra en Euskadi, en tanto que la posición del Partido Socialista de Navarra (que en 1979 era una rama de la federación vasca del PSOE y no una federación independiente) fue cambiando en el tiempo modificándose desde el apoyo inicial a la incorporación de Navarra a la CAV y, más concretamente, el derecho de los navarros a decidir su incorporación, lo que consideraba salvaguardado con la mencionada disposición transitoria cuarta de la Constitución española de 1978.

Al mismo tiempo que la elección para la diputación, se celebró la elección para elegir al Parlamento Foral en la que el censo de electores fue de 365.080 navarros, la participación el 70,76% y las abstenciones el 29,24%. La distribución de escaños y votos fue la siguiente: UCD 20 escaños (68.040 votos), PSOE 15 (48.289), Unión del Pueblo Navarro 13 (40.764), HB 9 (28.244), Agrupaciones Electorales de Merindad (Amaiur) 7 (17.282), Nacionalistas Vascos 3 (12.845), Partido Carlista 1 (12.165), Unión Navarra de Izquierdas-UNAI 1 (7.419) y Agrupación Electoral Independientes Forales Navarros-IFN 1 (3.729). Otros partidos y agrupaciones electorales que no lograron representación parlamentaria recogieron en su conjunto otros 15.100 votos.

Ya en diciembre de 1979, la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra rechazó una moción presentada por Euskadiko Ezkerra (EE) que proponía la incorporación de Navarra a la CAV.

Esta primera diputación democrática sería la encargada de negociar bilateralmente con el Estado el acceso navarro a las competencias autonómicas, para lo que se escogió la vía de la actualización del régimen foral propio contemplado en la disposición adicional primera de la Constitución, siendo resultado de estas negociaciones el llamado Amejoramiento del Fuero que aprobado finalmente por el Parlamento Foral salido de las elecciones y por las Cortes Generales pasaría a constituir la norma fundamental básica del derecho público navarro al modo que lo son los estatutos de autonomía en las otras comunidades autónomas españolas.

Al igual que todos los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas españolas que no accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, el Amejoramiento del Fuero no precisó de celebración de referéndum para su entrada en vigencia, aunque el nacionalismo vasco reclamó infructuosamente el sometimiento del texto a plebiscito.

En 1978, ANV se fusiona con ESB-PSV formando Euskal Sozialista Ekintza, pero esta formación tendrá una vida fugaz y ambas organizaciones volverán a separarse tras la crisis interna de ESB y la adopción por parte de ésta de un ideario marxista.

Los malos resultados obtenidos por ANV y ESB en las circunscripciones vascas de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava forzaron a estos partidos a buscar alianzas con otros dos pequeños partidos nacionalistas de izquierdas (HASI y LAIA), que condujeron a la formación de Herri Batasuna en 1978, de tal forma que la coalición UAN no volvió a reunirse. En las elecciones legislativas de 1979, ANV y ESB se presentaron como parte de la coalición Herri Batasuna, mientras que el PNV se presentó en solitario.

A principios de 1980, LAIA y ESB abandonan HB aduciendo el carácter preponderante que KAS había tomado en ésta marginando a los sectores partidarios de la participación de Herri Batasuna en las instituciones políticas. Según mantienen algunos historiadores ETA militar había tomado el control de la coalición, marginando a los partidos políticos que la habían creado.^[179]​

Ya en la asamblea de la organización ETA de agosto de 1973, el entorno de ETA se había dividido en dos bloques diferenciados: los militaristas y los obreristas. Estos últimos fundarían el "Partido Revolucionario de los Trabajadores Vascos" (PRTV).

En posteriores asambleas de la organización y a la muerte del dictador Franco, ETA se vuelve a dividir en:

• ETA político-militar, optan por el desarrollo de opciones políticas en detrimento de las militares y fundan un partido izquierdista independentista llamado Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca, EIA) para presentarse a las elecciones de 1977 en la candidatura Euskadiko Ezkerra (EE), que se convirtió en partido político en 1982, tras la convergencia entre EIA y el sector mayoritario del Partido Comunista de Euskadi, de Roberto Lertxundi. EE se fusionará posteriormente en el Partido Socialista de Euskadi (PSE), dando lugar al actual PSE-EE. Dentro de este sector se encontrarían políticos como Mario Onaindia (EE). Por otra parte, la dirección de EIA promovió la disolución de ETA político-militar en 1982, cuyos activistas pudieron reinsertarse en la sociedad, gracias al acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior.^[180]​

• ETA militar, partidarios de la lucha armada, proveniente del frente militar, a los que se unió el sector mayoritario de los llamados comandos "bereziak" de ETA-pm. Este bloque contará con el apoyo de la coalición Herri Batasuna (Unidad Popular) que llegará a ser incluso la tercera fuerza del País Vasco y Navarra. Según mantienen algunos historiadores, ETA militar tomó el control de Herri Batasuna en 1979-1980 y la utilizó como su brazo político.^[179]​

El PNV lidera el Gobierno Vasco desde 1980, unas veces en solitario, otras en coalición con el PSE, Eusko Alkartasuna (EA), partido surgido de una escisión del propio PNV o Izquierda Unida (IU). Apoyando también mediante pactos presupuestarios y de investidura los gobiernos centrales populares y socialistas.

En las elecciones generales el PNV es la fuerza mayoritaria y obtiene el 26.9% de los votos. En las elecciones vascas de abril se constata el fuerte crecimiento del PNV, la irrupción del "nacionalismo radical" representado por Herri Batasuna, la pérdida de una importante cuota electoral del PSOE y los escasos resultados de la UCD. Carlos Garaikoetxea (PNV) ocupa el cargo de la presidencia del Consejo General Vasco.

Celebradas las primeras elecciones autonómicas en 1980, dieron lugar a la elección de lehendakari en la persona de Carlos Garaikoetxea (1980–1985). El PNV consigue el 38,8% de los votos válidos emitidos, seguido de Herri Batasuna, con el 16,5%, y del PSOE, 14,2%. Desde entonces el PNV gobierna la comunidad autónoma del País Vasco; en solitario en el periodo (1980–1986) y a través de diversos pactos desde entonces.

El 29 de diciembre de 1980 se reinstaura el modelo tributario del Concierto económico y empiezan la transferencia de competencias del Gobierno Central al Gobierno Vasco.

En 1981 una serie de sucesos amenazan seriamente la autonomía vasca el fallido golpe de Estado del 23 de febrero y la consiguiente promulgación de la LOAPA (Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico) que reconduce el desarrollo de las autonomías.

En 1982 el PSOE de Felipe González alcanza la presidencia del Gobierno español permaneciendo hasta 1996, aunque en el País Vasco continúa la hegemonía nacionalista moderada y radical, arrebatando el PSOE el voto a UCD, Alianza Popular (AP) y el Partido Comunista de Euskadi (PCE).

Pese a la resistencia socialista a la realización de transferencias el PNV, impulsa el desarrollo del autogobierno vasco y crea su propio servicio de Salud (Osakidetza) aprueba el Estatuto de las ikastolas, comienza a emitir su propia radio y televisión (EITB), que inició sus emisiones el 27 de diciembre de 1982, y desarrolla su propia policía autonómica (Ertzaintza).

En las elecciones autonómicas celebradas en febrero de 1984 resultó vencedor el PNV que obtuvo sus mejores resultados electorales hasta la fecha, 42 % de los votos emitidos, seguido del PSOE con el 23 %, Herri Batasuna con el 14,6 % y EE el 8 %. La progresión socialista fue notable así como paupérrimo el empuje electoral mostrado por la derecha españolista, 9,3 %. Resultados que tendencialmente reproducen los obtenidos en las elecciones forales y locales de mayo de 1983.^[181]​

En torno a 1985, en plena crisis política del PNV, la economía vasca se situaba en unas coordenadas entre las que sobresalían la altísima tasa de paro, un crecimiento económico ralentizado, el impacto de la introducción de las nuevas tecnologías, el fin de la anterior ola de crecimiento expansivo, y la apertura a la competencia internacional.^[181]​

Los años ochenta fueron una época muy delicada en el País Vasco y por diversas circunstancias se creó un caldo de cultivo propicio para la continuación de la violencia terrorista.

• La crisis económica desestructuró la sociedad vasca y generó altos niveles de desempleo y pérdida de poder adquisitivo de la población agravada por el incremento de natalidad. Se calcula que en toda España se perdieron más de doce millones de empleos.
• La marginalidad aumentó especialmente en los suburbios de las zonas industriales y con ella el consumo de drogas de gran mortalidad como la heroína.
• La transición política, debido en parte a la dispersión política de la izquierda nacionalista vasca, se ralentizó en comparación con otras zonas.
• Las campañas de mayor virulencia terrorista de ETA fueron contestadas mediante la creación de un plan de incremento de la presión policial, denominado Zona Especial Norte (ZEN), y por medio del impulso de actividades de terrorismo gubernamental, que se vieron incrementadas tras el inicio de los GAL al acceder el PSOE al gobierno en 1982.

En 2000, el exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado por el Tribunal Supremo a 75 años de cárcel. También se condenó por este caso al ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Julián Elgorriaga, y a los ex mandos de la Guardia Civil, Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo, como autores, cada uno de ellos, de dos delitos de detención ilegal y dos delitos de asesinato. Rodríguez Galindo estuvo solo tres años en prisión y cumplió el resto de la condena en su casa debido a una supuesta enfermedad cardiaca.

Ricardo García Damborenea, entonces Secretario general del PSOE en Vizcaya que había mantenido duras polémicas con Xabier Arzalluz. terminó admitiendo los hechos, afirmando que no se arrepiente de lo que hizo, declarando que dentro del contexto en que se inició la misma, la suya era la única forma de respuesta posible. Fueron muy polémicas sus afirmaciones de que Felipe González, entonces presidente de gobierno, había estado en todo momento al corriente de los hechos. Su colaboración con la justicia, hizo que saliera de la cárcel, incluso antes que el citado Rodríguez Galindo o el propio exministro José Barrionuevo. Posteriormente, apareció en un mitin electoral en la plaza de toros de Zaragoza junto a José María Aznar, entonces candidato a la presidencia de España por el Partido Popular, lo que le hizo acreedor de serias críticas en sectores de la izquierda.

El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad respecto a los GAL, ha condenado verbalmente sus crímenes y su entonces presidente, Felipe González, nunca ha sido judicialmente acusado por estos hechos. González refirió: «Yo creo que no se puede decir que fuera terrorismo de Estado. Lo veo ahora con la perspectiva histórica. Si el aparato del Estado hubiera decidido eliminarlos, puede provocar otros problemas, pero termina por eliminarlos» (Documental La pelota vasca). «Dejémonos de historias, porque incidentes como los que ha habido en España los ha habido en todos los países en los que una actividad terrorista ha golpeado a la democracia» (El País, 27/09/96).

En esta época surge un movimiento musical etiquetado como Rock Radical Vasco (RRV) y el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) acoge sin reparos a los grupos del RRV más afines con sus posturas (Kortatu, Hertzainak, Barricada...), organizando festivales (Egin rock, Martxa ta borroka); de este modo la izquierda radical disfruta de una forma de relación y de comunicación con la desencantada juventud vasca.^[182]​ Si bien no todos los grupos musicales del RRV aceptaron ese "tutelaje", rebelándose abiertamente algunos de ellos, como Eskorbuto, que continuaron con su particular ideología "anti-sistema" bajo la influencia del punk que había inspirado a gran parte del RRV.^[183]​ Aunque algunos autores minimizan la relación del MLNV con el RRV, aludiendo a que estos grupos eran mucho más "hedonistas" que políticos y que el movimiento era mucho más heterogéneo, las bases de la izquierda abertzale se sumaron al movimiento "anti" y a partir de entonces reivindicaron con mayor fuerza valores como el feminismo, la ecología, el pacifismo antimilitarista y la objeción de conciencia.

En 1986 tiene lugar la mayor escisión en la historia del PNV y el lehendakari de origen navarro, Carlos Garaikoetxea, funda en septiembre un nuevo partido, Eusko Alkartasuna.

Las razones de la separación en bloque de los jeltzales, según algunos, además del enfrentamiento personal entre Xabier Arzalluz y Garaikoetxea y otras cuestiones de lucha de poder interno, fue la polémica surgida por una diferente concepción del reparto de poder entre las instituciones comunes de la autonomía vasca (Gobierno y Parlamento) y las forales (Juntas Generales y Diputaciones) que configuró la nueva "Ley de Territorios Históricos" y, más concretamente, según otros autores, las razones hay que buscarlas en la negativa de los peneuvistas navarros y en menor medida guipuzcoanos, a apoyar un gobierno de la derecha en Navarra, recibiendo a cambio ciertas contraprestaciones políticas en otros territorios. El PNV se derrumbó en Navarra y sus electos pasaron a formar parte del nuevo partido, obteniendo el PNV en las siguientes elecciones de 1987 solo el 0,98% de los votos en Navarra, frente al 7,1% de los votos de EA en ese territorio.

En las autonómicas anteriores a la escisión de EA, el PNV logró la adhesión del 28,47% del censo electoral en Euskadi, pero en las siguientes autonómicas de 1986, el PNV obtuvo el 16,34% del censo y EA, el 10,91%; en 1998 el PNV alcanzaría el 19,23% y EA descendería al 5,96%.^[184]​

En las elecciones forales vascas de 1987, EA obtuvo 35 junteros en las tres provincias del País Vasco, frente a los 32 de PSE-EE (PSOE), HB o PNV. Recibió el voto de 190.136 electores (un 17'79%) y fue la primera fuerza en Guipúzcoa, con 16 junteros, y Álava, con 12. En Vizcaya, cuna del partido matriz, no tuvo tanta fuerza y fue la cuarta fuerza política con 7 junteros. Obtuvo asimismo 442 concejales en las elecciones municipales del mismo año, con un voto de 193.197 electores (18'05%) y gobernó tanto las alcaldías de Vitoria y San Sebastián, como la Diputación Foral de Guipúzcoa.

En 1988 el PNV alcanzaría el 19,23% y EA descendería al 5,96% por lo que el PNV pudo coaligarse con su propia escisión para las elecciones de 1989.

El PNV sería uno de los impulsores del Pacto de Madrid del 5 de noviembre de 1987 suscrito por el PSOE, AP, CDS, CIU, PNV, PDP, PL, PCE y EE por el que se solicitaba al Gobierno Vasco que asumiera «el liderazgo en la desaparición de la violencia y el terrorismo, y en la consecución definitiva de la paz»; dichos partidos se pronunciaban a favor de la derogación de la ley antiterrorista.

Asumiendo ese liderazgo el PNV promovió otro pacto de gran importancia que sería el llamado Pacto de Ajuria Enea^[185]​ firmado el 12 de enero de 1988 por AP, CDS, EE, PNV, PSOE y por José Antonio Ardanza como lehendakari del Gobierno vasco; el acuerdo se decidía a impulsar en su integridad el Estatuto de Gernika, intensificar las relaciones del País Vasco con Navarra, instaba a ETA a renunciar a la vía armada y a HB a reanudar su actividad parlamentaria legitimándola como opción política, respaldaba las políticas de reinserción de los "arrepentidos", los procesos de diálogo si existiera una intención seria por parte de ETA de abandonar las armas, apoyaba también la derogación de la Ley Antiterrorista y reiteraba el apoyo a las víctimas del terrorismo.

Desde la escisión, de 1986 a 1998, José Antonio Ardanza fue elegido lehendakari, con un perfil claramente autonomista, en un gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi.

En ninguno de los anteriores pactos que propugnaban el diálogo se había contado con ETA o su entorno, el MNLV, por lo que las opciones reales de pacificación se encontraban muy reducidas; así por lo menos lo consideraba el entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, que en marzo de 1988, interpretando los acuerdos anteriormente mencionados, presentó a la Mesa de Ajuria Enea el llamado "Plan Ardanza", un documento que proponía un diálogo "sin condiciones previas y sin límites de resultados" y exclusivamente entre partidos previa ausencia de violencia de ETA y teniendo constancia inequívoca de que ETA quisiera abandonar la violencia. El documento fue apoyado por todos los partidos miembros de la Mesa, excepto PP y PSOE que no aceptaban modificaciones constitucionales. El plan, considerado el testamento político de Ardanza que se retiraba de la política, fue muy criticado en su día siendo alabado posteriormente por su moderación y consistía en una reflexión sobre la situación de ETA y HB en ese momento, consideraba que las vía policial no había conseguido ningún resultado y la vía política no funcionaba si se aislaba a HB, por ello, proponía una forma de solucionar el "conflicto":

• Dejar la resolución dialogada del conflicto en manos de los partidos representativos de la sociedad vasca.
• Hacer propios los acuerdos que aquellos puedan alcanzar en las instituciones vascas.
• Incorporar los acuerdos al ordenamiento jurídico con el fin de que puedan resultar operativos.

El plan fue presentado ante los miembros de la Mesa de Ajuria pero no obtuvo el respaldo del resto de partidos.

Muy pronto surgieron las divergencias entre los firmantes de Ajuria Enea y se redactó otro documento el 7 de octubre de 1988, que no fue firmado ni por el PNV, ni por EA, conocido como "Pacto de Navarra", en el que se contenían las ideas del de Ajuria Enea, pero se enfatizaba especialmente en la condena de las actividades terroristas y el desprecio que generaban en la sociedad.

Un objetivo del nacionalismo vasco ha sido siempre la reunificación de los territorios que hoy día se encuentran divididos entre España y Francia, siendo Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa y Álava esos "territorios históricos".

La propia constitución española, pese a que prohíbe la unión o federación de comunidades autónomas, hace una excepción en su disposición transitoria cuarta, y regula un procedimiento para el caso de que Navarra decida unirse al País Vasco, aunque nunca se ha propuesto formalmente ejercer dicho derecho. Los dirigentes políticos PP y UPN han solicitado repetidamente la derogación de dicha disposición.

Durante el tripartito PSN-CDN-EA de 1995 se puso en marcha el Órgano Común Permanente entre ambas regiones, pero no llegó a formalizarse tras la dimisión del presidente navarro por escándalo de corrupción.

El gobierno del PSOE no pudo resistir los numerosos escándalos de corrupción (Caso Roldán, Caso Filesa...), así como que se destapara guerra sucia de los GAL; y las elecciones generales de 1996 dieron como resultado la victoria por mayoría simple del PP, que le obligaba a llegar a acuerdos con los partidos nacionalistas de PNV y CIU.

El PNV apoyó la investidura como presidente del PP José María Aznar consiguiendo una mejora el concierto económico y la matización de la política antiterrorista de los populares. Como resultado, las Haciendas de los territorios históricos de la CAV consiguieron una capacidad normativa y recaudatoria prácticamente plena sobre todos los impuestos, salvo el IVA. Además fruto de este acuerdo de investidura se aprobó, en la sesión del día 26 de noviembre de 1998, del Pleno del Congreso de Diputados por 184 votos a favor, 133 en contra y 4 abstenciones,^[186]​ el articulado definitivo de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la "normativa sobre responsabilidades políticas" del periodo 1936-1939.^[187]​

La V Legislatura fue la última presidida por José Antonio Ardanza, ya que decidió dejar la primera línea política y no presentarse a la reelección. Gracias a su éxito con negociador en la renovación del Concierto Económico vasco y al apoyo de Xabier Arzalluz, máximo dirigente del PNV como presidente del Euzkadi Buru Batzar, la Asamblea Nacional del PNV designó a Juan José Ibarretxe como candidato a Lehendakari en las elecciones autonómicas del 25 de octubre de 1998, siguiendo la tradición del PNV en el que la presidencia del partido y la máxima representación institucional están separadas.

En 1998 tuvo lugar el Pacto de Estella (Lizarrako Akordioa), en el que el frente nacionalista se consagró con la firma del acuerdo firmado el 12 de septiembre de 1998 por PNV, EA, HB, IU, EKA, Batzarre, siete sindicatos y nueve organizaciones sociales y promulgaba el diálogo y la negociación política como única solución al "conflicto", invocando como referente el Acuerdo de Viernes Santo ("Acuerdo de Stormont") en Irlanda del Norte en abril de 1998.

Según Manuel Vázquez Montalbán los firmantes de Estella estaban "Convencidos de la parálisis política que afectaba al PP y al PSOE en el tratamiento del problema vasco y de que el PP dependía de las ayudas del PNV en el Parlamento español, los firmantes de Lizarra forzaron la tuerca del soberanismo y plantearon con toda claridad el objetivo de la autodeterminación y de una negociación política con ETA”.

La firma de este pacto impulsó la tregua de ETA de 1998 y los posteriores fallidos contactos del Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar con la organización terrorista. Sin embargo, el 21 de enero de 2000 ETA volvió a asesinar. No hubo condena por parte de Herri Batasuna, lo cual produjo la extinción de la colaboración propiciada por el Pacto de Estella.

Las elecciones autonómicas de 1998 se celebraron poco después de que ETA declarase una tregua «total e indefinida» (18 de septiembre de 1998),^[188]​ paralelamente a la firma, seis días antes, del Pacto de Estella, acordado por diversas organizaciones políticas y sociales del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, entre los que se encontraban todos los partidos y sindicatos nacionalistas vascos y también Ezker Batua-Berdeak, referente de Izquierda Unida (IU) en el País Vasco.

La participación en las elecciones fue muy alta y se acercó hasta el 70% y el PNV ganó con el 27,28% de los votos emitidos, perdiendo uno de los 22 escaños que tenía. Aumentó sus votos pero al aumentar también la participación descendió un porcentaje de dos puntos. Pero esas elecciones constituyeron un éxito electoral para los dos polos opuestos PP y Euskal Herritarrok (EH), que era la plataforma electoral constituida el 25 de octubre de 1998 por Herri Batasuna y otras organizaciones de la izquierda vasca. EH obtuvo 14 escaños.

Poco después el presidente Aznar anunciaba los citados contactos con ETA.

Tras la reanudación de los actos terroristas, la izquierda nacionalista que apoya a ETA retrocede nuevamente a su franja de votos habitual, mientras un nuevo partido se escinde de Batasuna surgiendo Aralar, que condena la violencia etarra y el Tribunal Supremo comienza una serie de procesos contra varias organizaciones relacionadas con el entramado terrorista, por pertenencia o colaboración con ETA. Se cierran dos periódicos (Egin y Egunkaria que era el único periódico editado en euskera), - en el caso de este último la fiscalía misma ha pedido el archivo del caso y, en cuanto a "Egin", sigue sin haber sentencia judicial nueve años después,- y un buen número de otras empresas procesadas todas ellas, supuestamente por apoyar económicamente a la banda terrorista y cuyos juicios continúan. Se ilegaliza Batasuna, probado según el Tribunal Supremo que la creación de este partido político fue "un hecho instrumental por parte de la organización terrorista ETA", sin haberse condenado a sus dirigentes por dicho motivo por lo que hoy día pueden realizar, y realizan, actos políticos y dar ruedas de prensa a título individual.

En cumplimiento de su programa electoral, el Gobierno Vasco propuso una reforma del estatuto de autonomía del País Vasco, con el nombre de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, más conocido por el nombre de su promotor.

El Plan Ibarretxe, con una propuesta soberanista basada en la «libre asociación» entre el País Vasco y España, la soberanía compartida y el derecho de autodeterminación, se presentaba como una tercera vía entre las posturas denominadas constitucionalistas del PP y el PSE-EE (PSOE) y el independentismo de EH y ETA. La propuesta se definía como una «propuesta de pacto político que se materializa en un nuevo modelo de relación con el Estado español, basado en la libre asociación y compatible con las posibilidades de desarrollo de un estado compuesto, plurinacional y asimétrico», la cual desbordaba el marco constitucional tal como existía en ese momento, al plantear la creación de un nuevo marco jurídico en él la práctica totalidad de las competencias estarían en manos de las instituciones del País Vasco, dejando al Estado español unas funciones meramente residuales.^[189]​ Las principales fuerzas políticas españolas consideraron que el plan violaba tanto en los procedimientos, como en los contenidos, el marco de la Constitución Española. Para poder entrar en vigor, la propuesta, al ser una reforma de un estatuto de autonomía, debía ser aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco y posteriormente ser admitida a trámite en el Congreso de los Diputados español, para luego ser tramitado en el propio Congreso y en el Senado mediante ley orgánica.

Ibarretxe también declaró que, en caso de que la propuesta fuese paralizada en las Cortes españolas, convocaría un referéndum en el País Vasco para que los vascos pudieran decidir su futuro.

Como respuesta, el 28 de noviembre de 2004, el gobierno de José María Aznar aprobó añadir al Código Penal un artículo por el que se consideraba un delito castigado con penas de entre tres a cinco años de prisión y entre seis a diez años de inhabilitación absoluta el que un cargo público convocase elecciones o referendos sin la autorización de las Cortes. La reforma fue tramitada rápidamente y aprobada como una enmienda del Partido Popular a la Ley Orgánica de Arbitraje, con los únicos votos a favor del PP. El resto del grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados hizo un plante y se abstuvo de votar. La reforma entró en vigor el 23 de diciembre.^[190]​

Tanto PSOE como PP criticaron duramente la propuesta del lehendakari por considerarla excesivamente nacionalista. El Plan Ibarretxe pasó el primer trámite, siendo aprobado por mayoría absoluta (39 votos de 75) en el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004. (gobierno tripartito PNV-EA-IU (36 escaños) y 3 de los 6 parlamentarios de Sozialista Abertzaleak (SA), los herederos de la ilegalizada Batasuna (los otros tres parlamentarios abertzales votaron en contra, el séptimo, Josu Urrutikoetxea, se hallaba huido de la justicia)

Pero el plan fue rechazado en el Congreso de los Diputados por la mayoría PP-PSOE-IU y devuelto a Vitoria. A día de hoy no hay indicios de movimiento para la redacción de un nuevo estatuto.

El rechazo del Congreso de Diputados llevó al Lehendakari Ibarretxe a convocar elecciones para el 17 de abril de 2005, con la intención de que se tratase de un voto plebiscitario en relación con la propuesta.

El PSOE se impuso en las elecciones celebradas el 14 de marzo de 2004, pocos días después de los atentados de Al Qaida en Madrid y el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, asumió la presidencia del Gobierno, manifestando tener un nuevo "talante". Mariano Rajoy, sustituto de José María Aznar en la dirección del PP encabezó una dura oposición, que resultó inicialmente poco fructífera, habida cuenta de que el resto de partidos se posicionó contra sus iniciativas políticas, especialmente en materia antiterrorista.

Así, frente al diálogo con ETA promulgado por todo el arco parlamentario, los populares y sus asociaciones afines (Foro de Ermua, AVT,...) organizaron numerosas manifestaciones contra el Gobierno, especialmente ante la proximidad de las elecciones de mayo de 2007, aludiendo a que ETA estaba detrás de los atentados del 11-M y, posteriormente, contra las conversaciones del Gobierno con ETA, consiguiendo con este mensaje recortar distancias con el PSOE.

El texto de la Constitución Europea (CE) fue ratificado en referéndum pero País Vasco y Navarra fueron las regiones donde el 'No' tuvo un mayor respaldo, al conseguir un 33,66% y un 29,22% respectivamente.^[191]​

El País Vasco fue la comunidad autónoma que registró un mayor porcentaje de rechazos a la Constitución Europea (33,66%), a pesar de que PNV, PSOE y PP pedían el 'Sí'. Guipúzcoa fue la provincia que encabezó el 'No' con un 40,77%, seguida de Vizcaya, con el 30,79 % y Álava, con el 29,56%. Además, el 62,61% de apoyos al texto europeo fue inferior al 69,12% que registró en 1978 la Constitución Española. En la localidad guipuzcoana de Oreja, el 91,84% de los votantes se opuso al tratado.

La segunda comunidad con mayor rechazo a la Constitución Europea fue Navarra con un 29,22% de papeletas por el 'No', casi 12 puntos más que la media nacional. La aprobación del tratado en Navarra en este referéndum era apoyada por UPN, PSN, CDN y PNV, mientras que IUN-NEB, Aralar y EA defendían el rechazo al texto.

La VII Legislatura vasca ha estado marcada, sin embargo, por el proceso de negociación entre el Gobierno español y ETA para conseguir el fin de la violencia y la disolución de la organización terrorista. El PNV ha adoptado un perfil discreto de apoyo al Gobierno español, en el que el protagonismo ha recaído fundamentalmente en el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Josu Jon Imaz y no en el Lehendakari Ibarretxe.

Tras la declaración de tregua por parte de ETA, Juan José Ibarretxe pidió la derogación de la Ley de Partidos,^[192]​ al tiempo que llevó a cabo una rueda de contactos con todos los partidos vascos (incluyendo a la ilegalizada Batasuna, con cuyos representantes Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena y Pernando Barrena se reunió el 19 de abril en el Palacio de Ajuria Enea, sede del Gobierno Vasco). Por ello, el Foro de Ermua presentó una querella y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le imputó un presunto delito de desobediencia al reunirse con la ilegalizada Batasuna.^[193]​

En el País Vasco se rompió la alianza electoral entre PNV y EA, ya que EA, tras un complicado proceso interno decidió concurrir en solitario a los comicios.

Por el contrario, la mayoría de los partidos nacionalistas presentes en Navarra (PNV, EA y Aralar) se unieron con sectores independientes y con el partido Batzarre (de izquierda federalista) en una coalición denominada Nafarroa Bai, que defendía el derecho de los navarros a decidir su futuro. Dicho partido se presentó por primera vez en el mapa político navarro en las elecciones generales de 2004 y se configuró como la tercera fuerza política navarra consiguiendo 60.645 votos y una diputada en el Congreso, Uxue Barkos.

La llamada izquierda abertzale, con la excepción de EHAK-PCTV en el País Vasco, se encontraba ilegalizada judicialmente e intentó concurrir a los comicios bajo las siglas ASB, pero tras ser ilegalizada esta formación, se presentaron bajo las siglas del histórico partido Acción Nacionalista Vasca (ANV), cuyas listas fueron parcialmente ilegalizadas, pudiendo presentarse en muchos ayuntamientos, pero impidiendo su participación en las elecciones al parlamento foral navarro.

En Navarra el gobierno de UPN, representantes tradicionales del navarrismo españolista, había llevado a cabo una política de tendencia anti-vasquista durante toda la legislatura, oponiéndose frontalmente al truncado proceso de paz iniciado por los socialistas. Por ese motivo, las elecciones navarras municipales y forales del 27 de mayo de 2007 fueron objeto de atento seguimiento por parte de los medios de comunicación españoles, dado que desde el PP se señalaba que Navarra había sido parte de las cesiones del gobierno socialista a ETA.

En este ambiente de crispación y expectación, dado que las encuestas preelectorales arrojaban resultados diversos, UPN consiguió su récord de votos, rozando la mayoría absoluta, copando el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona gracias al apoyo del PSN, que adoptó esta decisión obligado por la dirección central del PSOE. Nafarroa Bai ascendió a la segunda posición obteniendo ayuntamientos importantes y basando su voto en Pamplona y comarca, gracias entre otros motivos, a la popularidad de Uxue Barkos y CDN e IU ven muy reducido su espacio electoral en favor del voto útil.

ANV obtuvo casi 95.000 votos en las candidaturas que no fueron impugnadas (73.000 en el País Vasco y 22.000 en Navarra) consiguiendo 337 concejales en el País Vasco y 100 en Navarra. ANV pudo presentar listas a las Juntas Generales de Álava y Vizcaya, no así en Guipúzcoa, consiguiendo en total 28.128 votos. De ellos, 13.113 en Álava, lo que se tradujo en 4 junteros, y 15.015 en Vizcaya, con un juntero, ya que solo pudo presentarse en las Encartaciones. En Guipúzcoa el voto nulo fue del 21,6%, y ANV reivindicó 12 junteros. En el Parlamento de Navarra, los votos nulos fueron 18.285, por lo que la formación reivindicó 2 diputados.

• Euskal Herria
• Vascos
• Vasquismo
• Navarrismo
• Nacionalismo
• Euskal Herriko Alderdi Sozialista (EHAS)
• Historia de los fueros vascongados y navarros en el siglo XIX

1. ↑ Joseph-Augustin Chaho, escritor suletino nacido en Tardets-Sorholus en 1810 y fallecido en Bayona en 1858, es considerado como predecesor del nacionalismo moderno, ya que en Viaje por Navarra durante la insurrección de los vascos en 1836, es decir, durante la Primera Guerra Carlista, realiza una formulación explícita del nacionalismo vasco. Sin embargo, el libro no fue redescubierto y traducido al español hasta 1933, por parte de un miembro del ala laicista del nacionalismo vasco (ANV), que buscaban en la historia algún referente nacionalista exento del integrismo católico de Sabino Arana. El pensamiento de Chaho lo resume así la historiadora Eukeni Goyhentxe:

   La independencia vasca se justifica por: la geografía; una frontera artificial divide la unidad natural del pueblo vasco; la lengua, que tendrá que enseñarse, la historia, en la cual los vascos han desempeñado un papel glorioso hasta la llegada de los Bárbaros; el derecho, los fueros, que garantizan la verdadera libertad y la verdadera igualdad, contra el falso liberalismo que lleva al despotismo, y contra el capitalismo [...]. Contra la conspiración franco-española predica la violencia hasta la insurrección armada, a no ser que una federación vasca restaure los fueros y agrupe a los vascos entre Francia y España.^[30]​

   Chaho fue periodista fundador y director del periódico Ariel, escritor romántico, investigador del euskera e hinduista. También inventó la leyenda de Aitor. Su ideario además de expresarlo en los artículos de su periódico, aparece en la obra Palabras de un vasco a los liberales de la reina Cristina. «Es un socialista revolucionario, es pro-carlista porque se da cuenta de que los carlistas defienden los fueros y por tanto la independencia vasca» según resume Goyhenetxe. En una frase de Chaho: «La restauración de la nacionalidad vascona está todavía bien lejos, sin duda, pero su día llegará».^[31]​

   Según Jon Juaristi, firme defensor de posturas contrarias al nacionalismo vasco, que ha escrito sobre las que denomina fantasías mitológicas en las que se asienta el nacionalismo vasco original,^[32]​ Chaho fue un "mixtificador" pero con buenas dotes de escritor y "de notable imaginación para recrear los mitos", tan en boga durante el romanticismo. Sin embargo, en opinión de Juaristi, la historia y la cosmovisión que Chaho atribuía a los vascos son una mera adaptación de los mitos arios, que los románticos alemanes acababan de reelaborar a partir de las traducciones de textos brahmánicos y avésticos. Estos textos alemanes llegaron a Francia a través de Charles Nodier, de quien Chaho fue entusiasta seguidor antes de convertirse en solitario promotor del protonacionalismo vasco. A Chaho no se le conoció ningún seguidor durante su vida, salvo su editor, el impresor de Bayona Lesseps, y solo un siglo después sus textos políticos comenzaron a ser leídos con entusiasmo al sur del Pirineo por parte del sector anticlerical del nacionalismo vasco.^[33]​

2. ↑ Serafín Olave fue uno de los primeros en reclamar la unión política de parte de Euskal Herria, formada por las Provincias vascas, Rioja, Navarra y Ultrapuertos. Olave elaboró un proyecto de constitución que integraba el fuerismo y el federalismo, por la "patriótica tendencia a tan fraternal y conveniente unión" entre estos territorios.
3. ↑ A Luis le habían espetado que los "vascos eran malos españoles porque no servían en el ejército". Se defendió aduciendo que no había mejores españoles que los vascos; lema compartido por el carlismo que defendía que para ser buen español había que ser buen católico y no había mejores católicos que los carlistas. Sin embargo, aquella acusación despertó cierto conflicto de identidad en Luis, que resolvió declarándose vizcaíno, algo diferente -y superior- a lo español, que veía como liberal, anticlerical y pervertido. Esta crisis identitaria cuajaría también en Sabino.
4. ↑ Sabino Arana reclamaba el reconocimiento del pueblo vasco como nación soberana, sosteniendo que la pervivencia de su lengua (euskera) implicaba forzosamente que el siempre católico pueblo vasco jamás había sido sometido y nunca había renunciado a su soberanía, que manifestada en los fueros, suponían un pacto entre naciones soberanas que no estaba siendo respetado por España. Abogaba por que cada territorio histórico siguiera su propio camino nacionalista y democrático hasta la conformación de una "Euskeria" católica y federal.
   El pilar fundamental del nacionalismo de Arana es la existencia de una "raza vasca", pura y ajena a mezclas con otras razas, especialmente la "española" a la que Arana consideraba como invasora, desleal, anticatólica y, por ello, especialmente impura; algo que adaptó del nacionalismo romántico europeo que usó como base ideológica y que estaba muy extendido en la sociedad europea del momento. Debe destacarse que en esa época el concepto de "raza" estaba muy en boga y era continuamente citado por los intelectuales europeos, incluyendo españolistas de la época como Ángel Ganivet, Joaquín Costa, Ramón Menéndez Pidal o Miguel de Unamuno. «Hablamos de raza en sentido de conjunto de familias que proceden directamente de un mismo origen más o menos remoto. En este sentido concreto, raza es lo mismo que nación, gente o pueblo; designa a una gran familia, y expresa un objeto natural, que existe independientemente de la voluntad de los hombres», decía el artículo 71 del Reglamento de "Euskeldun-Batzokija".
   Arana alegaba que, debido a la revolución industrial, en pocos años la población vasca tradicional había sido desplazada por la llegada de inmigrantes procedentes de otras provincias a los que aborrecía por implantar sus costumbres laicistas,^{[cita requerida]} su ideología liberal aconfesional^{[cita requerida]} y su lengua castellana, que temía traerían la destrucción del pueblo vasco tradicional. Despreciaba a estos inmigrantes, a los que llamaba "maketos", por considerarlos inferiores racial y culturalmente.
   Según cita el propio Arana, los cuatro partidos católicos de la época eran de tendencia vasquista: carlistas, euskalerriakos, integristas y nacionalistas, estaban totalmente de acuerdo en la defensa de los fueros.^{[cita requerida]}
   Según Antonio Guerrero Torres, en sus primeros años de existencia, Arana y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) mantuvieron un rechazo visceral hacia el liberalismo, fuese este de signo conservador o progresista y, por eso, Arana también se enfrentó al recién creado Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que representaba los intereses de los obreros foráneos que trabajaban en la minería y siderurgia vizcaína. Para evitar que los obreros vascos tuvieran que afiliarse a sindicatos "españolistas" para defender sus intereses laborales, el nacionalismo vasco organizó su propio sindicato, Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV), en la órbita del sindicalismo cristiano, —lo que le valió el apelativo de sindicato "amarillo" al regirse por la doctrina oficial de la Iglesia—, y se enfrentó a los sindicatos socialistas y en menor medida^{[cita requerida]} a los anarcosindicalistas representados respectivamente por UGT y CNT. Según el historiador John Sullivan, autor de El nacionalismo vasco radical: 1959–1986, «tanto la UGT como el PSOE eran activamente anticlericales, por lo que sus doctrinas se consideraron peligrosas e inmorales por gran parte de la población católica vasca».
   Arana, pese a oponerse a los socialistas, era también anticapitalista, no por conciencia de clase proletaria sino por considerar también el capitalismo como expresión de la destrucción de las formas de vida tradicionales de la nación vasca. Criticó a los capitalistas que «exprimen al obrero», pero en su pensamiento no dejaba de tener peso que esos capitalistas eran los liberales a los que había combatido siempre, y que tenían en sus manos todos los resortes del Estado del que tanto abominaba. Es por eso que inicialmente Arana denominó "fenicios" a los "euskalherrikos" de Ramón de la Sota, por anteponer sus ingresos económicos al espíritu vasco.
   Otra idea clave en la ideología aranista es el exacerbado catolicismo, presente en sus raíces carlistas, y que contribuye, justifica y también suaviza^{[cita requerida]} sus fines independentistas. Para Arana el problema residía en la concepción comunitaria de la fe; la "Bizkaia" por la que lucharon sus padres estaba totalmente perdida para la fe de Cristo, así pues el refugio de la fe debía ser la nación vizcaína. Para que los vizcaínos pudieran salvarse colectivamente como pueblo, debían independizarse de los españoles, un pueblo que había sucumbido al virus del liberalismo. A partir de esta visión integrista católica, los hermanos Arana levantaron una ideología que buscaba la salvación colectiva de los vizcaínos en primer término, para terminar por extenderse a todos los vascos en particular.
   Otro factor de unión del pueblo vasco constituía para Arana su lengua común autóctona (euskera), y, considerando el carácter único del idioma, lo impulsó como barrera lingüística y "sanitaria" frente al españolismo.^{[cita requerida]}
5. ↑ Los cuatro partidos católicos vascos de la época, léase el nacionalista (PNV), el carlista, el integrista y el de los "euskalerriacos" compartían su defensa de los fueros. Pero Arana, que odiaba a los "maketos", acusaba especialmente a carlistas e integristas de ser españolistas, y reprochaba a los "euskalerriacos" su falta de catolicismo verdadero y de ser simples regionalistas.^[61]​^[62]​ Los nacionalistas bizkaitarras de Sabino Arana mantendrían una relación de fuerte enfrentamiento (en ocasiones violento) con los carlistas, acusando estos al nacionalismo vasco de "separatista" y "antipatriota".^[63]​
6. ↑ En Navarra, la incipiente ideología nacionalista vasca se cultivó entre los medios fueristas impulsados por los hechos que ocurrieron a fines del siglo XIX en la Gamazada. La interpretación del nacionalismo vasco estuvo más influida por las ideas de Arturo Campión que por las de Arana, y los nacionalistas navarros formarán en los sectores más moderados, autonomistas más que independentistas.^[65]​En 1903 se erigió en Pamplona el Monumento a los Fueros, que incluye expresamente en sus inscripciones el sentimiento de pertenencia a España de los navarros.
   Según refiere Eustaquio de Echave-Sustaeta en su obra El Partido Carlista y los Fueros, la regente María Cristina consultó al general Martínez Campos sobre la posibilidad de intervenir, y ésta fue la respuesta del general:

   Señora: Si se tratase de otra provincia, podíamos pensar en imponer la ley general, empleando la fuerza si fuere preciso; si se tratase de Navarra aisladamente, aún podíamos ir por ese camino, pero debemos comprender que Navarra tiene a su lado a las tres Vascongadas, y que si se apela a la fuerza contra aquella, harán causa común todos los vascos, y con ellos todos los carlistas de España, que provocarían un levantamiento en aquellas provincias para darle carácter general, y en tal caso se encadenará nuevamente la guerra civil.

   Durante estos años se intensificaría el enfrentamiento (en ocasiones, violento) entre nacionalistas y carlistas, llegando estos últimos a definir el nacionalismo vasco como una «lepra».^[66]​

7. ↑ Los hermanos Arana fueron los creadores de algunas modernas señas de identidad vasca: la ikurriña (hoy también bandera oficial de la comunidad autónoma del País Vasco). También es de su creación el término aberri (patria) y la letra del actual himno del País Vasco. Algunas de estas creaciones fueron criticadas en su tiempo por personajes como Miguel de Unamuno o Arturo Campión.
   El EAJ-PNV, fundado en el contexto de la corriente del romanticismo, organizativamente resultó novedoso para su época en comparación con los partidos tradicionales, que resultaban muy poco participativos y tenían una férrea estructura de "partidos de cuadros", con la excepción del PSOE.
   Los Arana configuraron los batzokis como centros vasquistas que constituirían algo más que sedes de un partido. Estos se dotaron de un funcionamiento interno democrático y participativo, si bien el acceso estaba limitado a los que acreditasen orígenes genuinamente vascos. Eran los propios miembros de estos centros los que designaban a los representantes y cargos del partido. En la actualidad existen casi doscientos batzokis.
   El PNV contaba con más apoyo en el medio rural que en las grandes ciudades; según ciertos autores, los miembros eran en su mayoría de clase media, en su mayor parte autónomos del entorno rural.
8. ↑ Los "euskalerriacos", de ideología burguesa liberal-fuerista, fueron liderados inicialmente por Fidel de Sagarminaga y, a su muerte en 1894, por Ramón De la Sota, un industrial naviero con una de las mayores fortunas de la época, fundador de Astilleros Euskalduna y que llegó a ser nombrado en 1921 "Sir" por el Gobierno Británico.^[67]​^[68]​
9. ↑ El nacionalista Engracio de Arantzadi «Kizkitza», llegaría a reconocer en sus memorias que tras la muerte de Sabino Arana en 1903, creían que el nacionalismo vasco estaba condenado a desaparecer por carecer de medios suficientes y porque era odiado por buena parte de la sociedad vasca. Sin embargo, el hecho de que el liberal alfonsino Rafael Picavea les ofreciera la tribuna de su periódico El Pueblo Vasco —además de una cuantiosa ayuda económica—, supuso la salvación del PNV, pues, en palabras de Arantzadi, necesitaban «del aire de la prensa diaria para vivir». Según «Kizkitza», el propio Picavea le reconocería en una ocasión «Si me arañaran, se vería que soy nacionalista por dentro, pero no me conviene declararlo».^[70]​
10. ↑ En Navarra y en Álava bastantes militantes del PNV apoyaron la sublevación.^[92]​
11. ↑ Además de José Antonio Aguirre tuvo otros tres consejeros. ANV participó en el Gobierno del lehendakari con el consejero de Agricultura Gonzalo Nárdiz y con el ministro sin cartera, Tomás Bilbao, sustituto de Manuel de Irujo en el Gobierno de Juan Negrín. También tuvieron consejeros el PSOE (tres), el Partido Comunista de España, Unión Republicana e Izquierda Republicana (uno cada uno).^[92]​
12. ↑ José Luis de la Granja considera que la actitud del PNV de Guipúzcoa y Vizcaya se caracterizó, en los primeros momentos por «su rechazo del golpe militar del 18 de julio y, en consecuencia, su apoyo al régimen republicano, pero sin demasiado entusiasmo político y con una cierta pasividad militar, patente en la campaña de Guipúzcoa. Más que hacer la guerra, el PNV se preocupa de velar por el orden público (en especial, la integridad de las iglesias y la vida de los presos, lo que consigue en buena medida en Vizcaya, pero no en Guipúzcoa»
13. ↑ El gobierno provisional vasco acuñó pesetas con permiso del gobierno republicano y mantuvo relaciones internacionales propias. El PNV formó el 8 de agosto de 1936 unas milicias propias, las Euzko Gudarostea, que no entraron en combate hasta el 14 de septiembre, tras la caída de San Sebastián. Las milicias nacionalistas, que combatían bajo la ikurriña, por Dios y por la patria vasca, constituyeron 37 de los 90 batallones del bando republicano en el País Vasco, frente a entre 37 y 44 batallones de los partidos de izquierda, que arbolaban la bandera tricolor republicana.^[92]​El lehendakari trató durante toda la guerra de asumir el mando de todas las tropas y milicias de la República en el País Vasco, lo cual llevó a fricciones con el gobierno central y a problemas de coordinación militar con el Ejército del Norte republicano, siendo quizás la causa del fracaso de la contraofensiva sobre Vitoria en noviembre de 1936.^[92]​
14. ↑ En Navarra la represión incluyó a unos pocos electos nacionalistas (el 0,8% de todos los fusilados en la provincia) mientras que varios cuadros del PNV navarro se enrolaron en requetés carlistas para luchar en el frente.^[92]​ En las rotativas pamplonicas donde se editaba el periódico nacionalista La Voz de Navarra pasó a imprimirse el periódico editado por los sublevados, Arriba España. El presidente de la organización navarra del PNV y director de dicho periódico, José Agerre, fue encarcelado. En Estella, tras el golpe fue fusilado su alcalde del PNV, Fortunato Aguirre, que había participado activamente en el proyecto de estatuto vasco-navarro y además poco antes del golpe había alertado de los preparativos que se llevaban a cabo, siendo sus advertencias desoídas.
15. ↑ La dictadura practicó una brutal represión de los perdedores de la guerra. El Informe elaborado en 2006 por el Consejo de Europa en el que se condena el régimen franquista evidencia que en el año 1940 el número de prisioneros por cada 100.000 habitantes fue casi tan alto como su equivalente en la Alemania Nazi (1.158 y 1.614 respectivamente). Esta valoración se realizó solo tomando en cuenta las cifras proporcionadas por el gobierno franquista, consideradas subestimadas por la generalidad de los historiadores. (Véase Condenas internacionales a la dictadura de Franco)
16. ↑ "No hay duda de que es más vasco un individuo con todos sus apellidos castellanos, gascones y franceses que utiliza corrientemente la lengua vasca, que otro individuo con todos sus apellidos euskaldunes, que hable mucho y mal de Estados opresores pero que no aprenda ni utilice la lengua vasca en su vida cotidiana", escribió Federico Krutwig.
17. ↑ El diario El País lo ha atribuido a ETA,^[136]​^[137]​ también 20 minutos.^[138]​ En su momento, fue atribuido al grupo antifascista DRIL, que lo reivindicó. Sin embargo, cuarenta años después, el exministro Ernest Lluch atribuyó el atentado a ETA, en el que habría sido el primer asesinato de la banda terrorista.^[139]​ Esta hipótesis fue criticada como infundada por Francisco Letamendia^[140]​ y otros,^[141]​ que sostienen que según las memorias de Soutomayor, él mismo habría reconocido y lamentado el atentado.^[142]​^[143]​^[144]​
18. ↑ Ocurrieron numerosos episodios de violencia, que condicionaron la transición política en Euskal Herria y especialmente en Navarra. Así podemos señalar varios hechos:
    • los sucesos de Vitoria de marzo de 1976.
    • los sucesos de Montejurra en mayo de 1976, que fueron organizados desde los servicios secretos del Estado con la denominada Operación Reconquista.
    • muertes en las calles, con especial referencia a la semana proamnistía de mayo de 1977.
    • y a los sanfermines de 1978, episodio este último que, como los demás, nunca fueron juzgados.
    • La persistencia en las acciones armadas de ETA también marcaron toda la transición. Finalizada la dictadura, algunos miembros de ETA decidieron abandonar la organización e integrarse en la actividad política. Sin embargo, ETA continuó con su actividad, exigiendo sus objetivos políticos por medios violentos. Dichos objetivos podrían resumirse en: conseguir la independencia de Euskal Herria en un Estado unido, independiente, "euskaldún" (monolingüe en la lengua vasca) y socialista.

• Orígenes e ideología del nacionalismo vasco
• Análisis del conflicto vasco: Una tragedia en tres actos
• Batzoki Virtual. Sede social virtual del PNV
• vascos Eixamplèdia
• Orson Welles in the Basque Country 1955 documental.