La lista mostrada recoge del texto original los motivos por el que las personas fueron incluidas, además de los cargos que ostentaban al momento de su publicación, por lo cual algunas personas podrían ya no ostentar dichos cargos.

1. Walter René Araujo Morales, exmiembro y presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pidió la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazó repetidamente a los candidatos políticos.
2. Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de agricultura. Se apropió indebidamente de fondos públicos para su beneficio personal.
3. Conan Tonathiu Castro Ramírez, asesor legal del Presidente. Ayudó a la eliminación inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General.
4. Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo. Obstruyó investigaciones sobre corrupción y socavó los procesos o instituciones democráticas en esfuerzos por dañar a sus oponentes políticos.
5. Osiris Luna Meza, viceministro de Seguridad y director de Prisiones. Se ha involucrado en corrupción significativa relacionada con contratos del gobierno y sobornos durante su mandato.
6. José Luis Merino, exviceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo. Durante su mandato se involucró en sobornos y también participó en lavado de dinero.
7. Ezequiel Milla Guerra, exalcalde de La Unión. Abusó de su autoridad como alcalde en la venta de la isla Perico a agentes de la República Popular China, a cambio de beneficios personales.
8. José Aquiles Enrique Rais López. Sobornó a funcionarios públicos.
9. Martha Carolina Recinos de Bernal, jefa de Gabinete. Involucrada en corrupción significativa al hacer mal uso de los fondos públicos para beneficio personal. También participó en lavado de dinero.
10. Carlos Armando Reyes Ramos, miembro de la Asamblea Legislativa. Obstruyó investigaciones sobre corrupción al influir inapropiadamente en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema.
11. Sigfrido Reyes, exlegislador del Partido FMLN de El Salvador. Durante su mandato en el cargo hizo fraude y mal uso de fondos públicos.
12. Rogelio Eduardo Rivas Polanco, exministro de Seguridad y Justicia. Se apropió indebidamente de fondos públicos para beneficio personal.
13. Adolfo Salume Artinano. Participó en corrupción significativa y sobornó a un magistrado de la Corte Suprema para evitar pagar una multa.
14. Luis Guillermo Wellman Carpio, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Causó demoras graves e innecesarias en los preparativos de las elecciones y la tabulación de los resultados para su beneficio personal y permitió la influencia maligna china durante las elecciones salvadoreñas.
15. Elsy Dueñas De Avilés,
16. Óscar Alberto López Jerez,
17. Héctor Nahún Martínez García,
18. José Ángel Peréz Chacón, y
19. Luis Javier Suárez Magaña; magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Aceptaron nombramientos directos de la Asamblea Legislativa, en un proceso inusual, contraviniendo el art. 186 de la Constitución salvadoreña. Los cinco Magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima, tras la toma de posesión de una nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo. Después de ser instalados, los nuevos magistrados declararon que su instalación por la Asamblea Legislativa había sido constitucional. Los Magistrados también socavaron los procesos democráticos al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizó la reelección del presidente, a pesar de que la Constitución prohíbe expresamente los mandatos consecutivos en la Presidencia.^[2]​

1. Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa, esposa del exministro de Seguridad Pública, René Figueroa. Facilitó la transferencia de ganancias procedentes por corrupción cuando ayudó a su esposo a lavar más de $ 3 millones en fondos públicos mientras él era ministro de Seguridad Pública durante la administración de Elías Antonio Saca (2004-2009).
2. René Figueroa, exministro de Seguridad Pública bajo la administración de Elías Antonio Saca. Durante su tiempo como ministro, convirtió $ 3 millones de fondos públicos para su uso personal y de su esposa, y junto a ella lavó esos fondos.
3. Will Salgado, alcalde de San Miguel, la segunda ciudad más grande de El Salvador. Utilizó su posición oficial para participar en tráfico de drogas y lavado de dinero. Utilizó sus conexiones con la policía de la ciudad para intimidar a la familia de su oponente electoral.
4. Francisco Javier Argueta Gómez, asesor legal presidencial. Planificó la eliminación de cinco magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General en un proceso inusual en evidente contravención de los procesos establecidos en el Artículo 186 de la Constitución, que requiere la selección de dichos magistrados de una lista de candidatos hecha por el Consejo Nacional de la Judicatura.
5. Christian Reynaldo Guevara Guadron, diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de bancada del partido de gobierno Nuevas Ideas. Introdujo una Ley de Prohibición de Pandillas que castigará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en los medios, considerada por muchos observadores como un clara intento de censurar a los medios.
6. José Ernesto Sanabria, secretario presidencial de Prensa. Utilizó su posición y la influencia de la Presidencia para presionar de manera inapropiada a funcionarios de partidos políticos opositores a renunciar bajo la amenaza de que serían acusados de delitos penales.

1. Mauricio Funes, expresidente de El Salvador. Involucrado en una importante corrupción al orquestar y participar en varios fraudes que involucraban sobornos, malversación de fondos y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del Estado.
2. Salvador Sánchez Cerén, expresidente y vicepresidente de El Salvador. Participó en corrupción significativa lavando dinero durante su vicepresidencia, recibiendo a cambio más de $ 1.3 millones de fondos públicos personalmente, y como presidente participó en un plan para desviar $ 183 millones en fondos públicos de cuentas públicas hacia cuentas personales.
3. José Miguel “Mecafé” Antonio Menéndez Avelar, expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). Se involucró en corrupción significativa al entregar a un empresario guatemalteco un contrato del Ministerio de Obras Públicas para la construcción de un puente en Chalatenango. En retorno Menéndez recibió un avión pequeño, un Beechcraft King Air 90, como regalo.
4. Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, propiedad del Estado. Lavó $97 millones a cambio de sobornos por $ 72,000.
5. Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario. Lavó $ 94.5 millones a cambio de $ 64,500 en sobornos.
6. Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento del Banco Hipotecario. Lavó $177 millones a cambio de sobornos por $ 78,000.
7. Ricardo José Gómez Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),
8. Gerardo José Guerrero Larín, comisionado del IAIP, y
9. Andrés Gregori Rodríguez, comisionado del IAIP. Bloquearon a propósito e injustamente el acceso a la información pública a través de sus cargos.

1. José Edgardo Bruno Ventura alias Brother. Sobornó a numerosos miembros de la Policía Nacional Civil y a otros oficiales para que ayudaran y fueran cómplices de su red de narcotráfico y apoyaran a una de las mayores maras en prisión.

1. Nercy Patricia Montano de Martínez. Negoció ilícitamente contratos como alcaldesa de Soyapango, malversando fondos públicos y entregando contratos municipales a un individuo sin la aprobación del Consejo de la Ciudad.

1. Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exsecretario Privado de la Presidencia. Facilitó pagos a representantes del Congreso y a jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para influir inapropiadamente en el proceso de selección judicial de los magistrados a la CSJ y del Tribunal de Apelaciones y asegurar su futura liberación de prisión y la desestimación de cargos de corrupción en su contra. Está designado bajo el programa global de sanciones Magnitsky y la Sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
2. Felipe Alejos Lorenzana, ex primer secretario del Congreso. Se ha involucrado en corrupción significativa. Mientras actuaba en su capacidad oficial, estuvo involucrado en actos corruptos para enriquecerse, al tiempo que dañaba seriamente las actividades económicas internacionales de las empresas estadounidenses. Está designado bajo el programa global de sanciones Magnitsky y la Sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
3. Delia Bac Alvarado, exdiputada del Congreso. Hizo un mal uso de fondos públicos para beneficio personal. Está designada bajo la sección 7031 (c) por su participación en corrupción significativa.
4. Florencio Carrascoza Gamez, alcalde de Joyabaj. Intimidó y encarceló injustamente a oponentes políticos.
5. Álvaro Colom, expresidente del país. Realizó fraude y malversación de fondos que involucraba un nuevo sistema de autobuses en la ciudad de Guatemala, conocido como Transurbano.
6. Manuel Duarte Barrera, magistrado en la Corte Suprema. Ha abusado de su autoridad para influir y manipular indebidamente la designación de jueces para altos cargos de la corte.
7. Boris España, diputado en el Congreso de Guatemala. Incurrió en importante corrupción al participar en tráfico de influencias y sobornos.
8. Mario Estrada, exdiputado del Congreso. Participó en una importante corrupción y fue sentenciado por tribunales estadounidenses por buscar millones del Cartel de Sinaloa mexicano para financiar campañas políticas.
9. Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo. Intentó retrasar u obstruir procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
10. Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo. Intentó dilatar u obstruir el proceso penal contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales, así como el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
11. Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y exmiembro de una comisión del Congreso encargada de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema. Abusó de su autoridad para influir y manipular indebidamente la designación de jueces para altos cargos de la corte.
12. Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operador político y empresario. Abusó de su autoridad para influir y manipular indebidamente la designación de jueces para altos cargos de la corte.
13. Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la ONG Fundación Contra el Terrorismo. Intentó retrasar u obstruir procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
14. Mynor Mauricio Moto Morataya, seleccionado en enero de 2021 para ocupar un puesto vacante en la Corte Constitucional del país. Obstruyó la justicia y recibió sobornos a cambio de una decisión judicial favorable.
15. Alejandro Sinbaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Participó en sobornos y financiamiento electoral ilegal, así como lavado de ganancias procedentes de la corrupción para beneficio personal. Está designado en la Sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
16. Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones. Participó en estructuras de soborno, incluida su participación en una estructura criminal que presionaba, cobraba y depositaba sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales.
17. Blanca Aída Stalling Davila, magistrada de la Corte Suprema. Participó en estructuras de soborno e influyó inapropiadamente en el poder judicial. Está designada bajo la Sección 7031(c) por participar en corrupción significativa.
18. Elder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura. Se involucró en una importante corrupción relacionada con contratos gubernamentales y tráfico de influencias para beneficio personal.
19. Jorge Estuardo Vargas Morales, diputado al Congreso. Se involucró en sobornos, coacciones y tráfico de influencias.
20. Nester Mauricio Vásquez Pimentel, en la Corte Suprema. Ha abusado de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada la designación de jueces para altos cargos en la corte.
21. Ángel Arnoldo Pineda Ávila,^[2]​ secretario general del Ministerio Público (MP). Obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción, por lo cual el Ministerio Público ha abierto una indagación sobre esas acusaciones contra Pineda. Se alega que Pineda informó a sujetos investigados sobre los casos que se estaban construyendo contra ellos. En uno de los casos, se reporta que Pineda filtró información confidencial al director del Instituto de Víctimas de Guatemala sobre una investigación en curso a más de 100 contratos de personal falsificados en la institución.^{[n 1]}​
22. María Consuelo Porras,^[2]​ Fiscal General de Guatemala. Obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción para favorecer a aliados políticos y ganar favores. El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran casos basándose en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, incluyendo el despido injustificado de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y transfiriendo y despidiendo a fiscales que investigan la administración actual o al mismo MP.

1. Dennis Billy Herrera Arita, abogado. Participó en el plan de «Comisiones Paralelas 2020» para llenar la Corte Suprema y de Apelaciones con jueces corruptos.
2. Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos. Usó su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la comisión de nominación judicial para facilitar el plan «Comisiones Paralelas 2020».
3. José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Oficina de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público. Desbarató importantes casos de corrupción contra funcionarios del gobierno y vertió comentarios aparentemente espurios contra fiscales de la FECI, abogados privados y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
4. Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de camiones y navieras que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico). Se confabuló indebidamente con funcionarios públicos y pagó sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos de puertos.
5. Ramiro Mauricio López Camey, copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro). Pagó sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
6. Ramón «Moncho» Campollo Codina, propietario de Corporación Energías de Guatemala. Sobornó a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
7. Geisler Smaille Pérez Domínguez, juez del Tercer Juzgado Penal. Obstruyó los enjuiciamientos de los proponentes del plan de «Comisiones Paralelas 2020».
8. Sofía Janeth Hernández Herrera, representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN). Abusó de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con usar los propósitos legítimos del Congreso de Guatemala para tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.
9. Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, propietario de Corporación Energías de Guatemala. Sobornó a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. de mejorar la eficiencia energética.
10. Mayra Alejandra Carrillo de León, directora del Instituto de Víctimas. Usó su posición oficial para facilitar el plan de “Comisiones Paralelas 2020”.
11. Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil. Obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en casos llevados por él.
12. Nery Oswaldo Medina Méndez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Participó en el plan de «Comisiones Paralelas 2020».
13. Vitalina Orellana y Orellana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Participó en el plan de «Comisiones Paralelas 2020».
14. Mauricio López Oliva, copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro). Pagó sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.
15. Víctor Manuel Cruz Rivera, juez de lo Penal. Entorpeció investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.
16. José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020. Solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias por corrupción.

1. Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, fiscal. Presentó cargos penales sin fundamento y motivados políticamente contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
2. Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala. Proporcionó beneficios a oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilícitas, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.
3. Fredy Raúl Orellana Letona y
4. Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, jueces. Autorizaron cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
5. Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro del interior. Participó en corrupción significativa.
6. Joviel Acevedo Ayala, jefe del Sindicato Guatemalteco de Trabajadores de la Educación (STEG). Proporcionó el apoyo político de STEG a cambio de sobornos de funcionarios.
7. Lesther Castellanos Rodas, exjuez y actual relator guatemalteco contra la Tortura. Tomó represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
8. Melvin Quijivix Vega, presidente del Instituto Nacional de Electrificación. Usó su posición y conexiones para dirigir indebida e ilegalmente contratos de compra gubernamental a compañías específicas, en varios casos a una compañía de su propiedad.
9. Omar Ricardo Barrios Osorio, presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria. Conspiró para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
10. Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad de San Carlos. Aceptó el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 luego de un proceso de selección fraudulento.
11. Leonor Eugenia Morales Lazo y
12. Pedro Otto Hernández González, fiscales. Lideraron una investigación con motivaciones políticas para poner en duda los resultados electorales certificados con el fin de perturbar la transición presidencial.
13. Noe Nehemías Rivera Vásquez, fiscal. Presentó cargos con motivaciones políticas contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad.
14. Silvia Patricia Valdés Quezada, exmagistrada de la Corte Suprema. Participó en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelación con jueces corruptos.

1. Jorge Adolfo Mondal Chew, presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (BANTRAB). Sobornó a magistrados de la Corte Constitucional para conservar su puesto al frente del BANTRAB.
2. Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, magistrada de la Corte Constitucional. Aceptó sobornos a cambio de fallos favorables de la Corte Constitucional.

1. Gustavo Alberto Pérez, diputado del Congreso. Se ha involucrado en importante corrupción. Fue acusado en el caso de corrupción Arca Abierta de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
2. Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de INVEST-H. Se apropió indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
3. Rosa Elena Bonilla, ex primera dama (2010-2014). Realizó fraude y la malversación de fondos públicos.
4. Augusto Domingo Cruz Asensio, excongresista. Desvió fondos del programa público de empleo Generación hacia cuentas personales.
5. José Celín Discua Elvir, diputado del Congreso. Malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
6. Rodolfo Irías Navas, diputado del Congreso. Malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
7. Eleazar Alexánder Juárez Sarabia, exmiembro del Congreso. Se apropió indebidamente de fondos de un programa público de control de plagas en su departamento natal de Valle.
8. Porfirio Lobo, expresidente de Honduras. Aceptó sobornos del cártel de Los Cachiros a cambio de favores políticos.
9. Gladis Aurora López Calderón, miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional hondureño. Se dedicó a una corrupción significativa. Fue acusada en el caso de corrupción investigado por la MACCIH Arca Abierta por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
10. Miguel Edgardo Martínez Pineda, representante del Congreso. Se dedicó a una corrupción significativa. En junio de 2018 fue acusado en el caso de corrupción Pandora investigado por la MACCIH por apropiarse indebidamente de $ 12.5 millones en fondos públicos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas de ganancia personal.
11. Sara Ismela Medina Galo, miembro del Congreso. Obstruyó investigaciones de corrupción en su papel de secretaria del Congreso.
12. Oscar Nájera, representante del Congreso. Realizó corrupción significativa relacionada con el cártel de Los Cachiros. Fue designado bajo la sección 7031(c) por su participación en corrupción significativa.
13. Héctor Enrique Padilla Hernández, exmiembro del Congreso. Se apropió indebidamente para su ganancia personal de fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles en su departamento natal de Choluteca.
14. Milton Jesús Puertooseguera, representante del Congreso. Involucrado en corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por la MACCIH, Arca Abierta, por malversar $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
15. Audelia Rodríguez Rodrigo, miembro del Congreso. Se apropió indebidamente para su ganancia personal de fondos públicos del proyecto de desarrollo Limpieza de Calles y Solares.
16. Dennys Antonio Sánchez Fernández, miembro del Congreso. Se apropió indebidamente para su ganancia personal de fondos de un programa público de control de plagas en su departamento natal de Santa Bárbara.
17. Elvin Ernesto Santos Ordóñez, representante del Congreso. Se apropió indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas.
18. Juan Carlos Valenzuela Molina, representante del Congreso. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por la MACCIH, Arca Abierta, por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.
19. Elden Vásquez, representante del Congreso. Se apropió indebidamente de $ 12.5 millones de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para su beneficio personal. En junio de 2018 fue acusado en el caso de corrupción investigado por la MACCIH, Pandora.
20. Welsy Milena Vásquez López, representante del Congreso. Se dedicó a una corrupción significativa que incluye malversación de fondos y apropiación indebida de fondos públicos su ganancia personal. investigado por la MACCIH, Arca Abierta, por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales. Antes de trabajar en canal 6, vendía tortillas en una comunidad muy pobre en el sector de Chamelecon en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes. Aunque una labor digna y noble. Su llegada al canal que en aquel entonces era el más sanguinario y popular fue inexplicable. Carente de talento e impresentable ante las cámaras fue objeto de críticas y vista como una manera repulsiva de llenar el foco de atención del programa que presentaba los hechos más violentos de Honduras. Poco después llegó a colarse al congreso nacional, se rumora que posee múltiples negocios aunque ninguno ha podido ser verificado.
21. Roman Villeda Aguilar, miembro del Congreso. Obstruyó investigaciones de corrupción, lo que resultó en la desestimación de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban bajo investigación por redirigir dinero a una ONG falsa.
22. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.^{[n 2]}​ Ha incurrido en corrupción de alto calibre al comprometerse o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y usar las ganancias de esas actividades ilícitas para promover campañas políticas.^[3]​

1. Harvis Edulfo Herrera Carballo, gerente general del Palacio Presidencial de 2010 a 2014. Transfirió ganancias por corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del "Bono 10 mil", un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
2. Elmer Jeovanny Ordonez Espinal, supervisor de controles internos del Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola, de 2010 a 2014. Transfirió ganancias por corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 Mil.
3. Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso. Utilizó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para apropiarse indebidamente de aproximadamente $ 327,000 en fondos públicos.
4. Claudia Yamilia Noriega González, coordinadora del proyecto para el programa «Tarjeta Catracha» de 2010 a 2014. Transfirió ganancias por corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del programa Bono 10 mil.
5. Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, gerente de Finanzas del Palacio Presidencial en 2014. Ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
6. Enrique Alberto Flores Lanza, ministro de Presidencia de 2008 a 2009. Recibió $ 2 millones en dinero público del Banco Central hondureño y lo redistribuyó indebidamente a aliados políticos.
7. Juan Ramón Maradiaga, gerente general del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) de 2010 a 2014. Ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 mil.
8. Edgardo Antonio Casaña Mejía, miembro del Congreso. Reestructuró incorrectamente el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA) para drenar más de $ 5 millones para el beneficio de aliados políticos y votantes, para asegurar votos y mantener el poder político.
9. Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de 2006 a 2009. Utilizó su posición para interferir en un proceso de contratación pública y dirigió contratos a una empresa en la que tenía un interés financiero.
10. Carlos Josué Romero Puerto, coordinador del proyecto Bono 10 Mil. Ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.
11. Carlos Josué Montes Rodríguez, viceministro de Trabajo en 2011. Aceptó sobornos para otorgar contratos indebidamente a aliados políticos y para acelerar pagos.
12. Gonzalo Molina Solórzano, jefe de suministro del Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola de 2010 a 2014. Ayudó a la apropiación indebida de más de $ 500,000 del Bono 10 mil.
13. Juan Carlos Bonilla Valladares, director de la Policía Nacional de 2012 a 2013. Utilizó su cargo para facilitar el movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.
14. Javier Rodolfo Pastor Vásquez, viceministro de Salud en 2011. Aceptó $ 235,000 en sobornos para interferir en procedimientos de contratación pública para otorgar indebidamente contratos a aliados políticos y expedir pagos.

1. Álex Alberto Moraes Girón, exgerente administrativo de la empresa estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H). Se apropió indebidamente de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluyendo un desfalco al gobierno hondureño de aproximadamente $ 1.6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico.
2. Alexander López Orellana, alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal. Otorgó indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
3. Edna Yolany Batres Cruz, exministra de salud. Defraudó al gobierno hondureño por más de $ 300,000 al coludir con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales indebidamente.
4. Jesús Arturo Mejía Arita, ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Otorgó contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y facilitó esquemas corruptos relacionados con la contratación y el despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.
5. Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). Cometió fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos intimidando a periodistas.
6. Miguel Pastor, exdirector de la ahora extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Lavó dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, al otorgar $ 2,76 millones en contratos del gobierno hondureño a una empresa constructora controlada por Los Cachiros.
7. Roberto Ordóñez, exministro de infraestructura y servicios públicos, exministro de energía y exasesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández. Malversó fondos estatales a través de la sobrevaloración de proyectos de obras públicas.
8. Samuel García Salgado, diputado del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal, y
9. Yani Rosenthal, presidente del Partido Liberal de Honduras. Manipularon el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con funcionarios del gobierno para escapar de la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de la compañía de cable de su familia.
10. Víctor Elías Bendeck Ramírez, empresario privado y exdiputado del Parlamento Centroamericano. Hizo una serie de actividades comerciales fraudulentas en la banca, bienes raíces y otros sectores, y usó su influencia con funcionarios del gobierno para su beneficio personal.
11. Ricardo Arturo Salgado Bonilla, ministro de Planificación Estratégica. Dirigió los esfuerzos coordinados del partido LIBRE a través de grupos leales al partido (“colectivos”) para reprimir a la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023.
12. Mohammad Yusuf Amdani Bai, empresario privado. Sobornó a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras para que fallaran a favor de su empresa en una demanda privada.
13. Cristian Adolfo Sánchez. Participó en un plan que defraudó al gobierno hondureño por más de $300,000 y se coludió con funcionarios del Ministerio de Salud para otorgar contratos gubernamentales indebidamente.

1. Sonia Marlina Dubón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia adscrita a la Sala de lo Constitucional. Utilizó sus poderes oficiales para socavar el estado de derecho.
2. Ebal Jair Díaz Lupián, secretario de la Presidencia de 2018 a 2022. Durante su cargo se apropió indebidamente de fondos públicos asignados para proporcionar viviendas a los hondureños afectados por los huracanes Eta e Iota.
3. Lourdes Pamela Blanco Luque, abogada privada. Presionó a funcionarios para que ejercieran sus funciones gubernamentales con el fin de obtener determinados resultados y usó sus conexiones con estos para traficar con influencias.

1. Cairo Melvin Amador, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE),
2. Lumberto Campbell, actual miembro del CSE y presidente interino del CSE desde 2018 hasta mayo de 2021, y
3. Brenda Isabel Rocha Chacón, presidenta en funciones del CSE. Conspiraron con el régimen de Ortega-Murillo descalificando a partidos y candidatos legítimos de oposición por motivos espurios para subvertir las elecciones de noviembre de 2021.
4. Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde 1997 y jefe de la bancada parlamentaria del FSLN desde 2007. Aseguró que actores leales al régimen de Ortega-Murillo obtuvieran todas las magistraturas en el Consejo Supremo Electoral y que se aprobaran varias leyes que el régimen utilizó para excluir a candidatos y partidos opositores, y para hostigar y encarcelar a oponentes políticos.
5. Karen Vanessa Chavarría Morales, jueza del distrito noveno de Managua. Abusó de su autoridad y actuó ilegalmente contra oponentes políticos del régimen Ortega-Murillo e inhabilitó a candidatos opositores con el fin de impedirles participar en la elección de noviembre de 2021.
6. Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua,
7. Carlos Wilfredo Navarro Moreira, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua, y
8. Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Proporcionaron al régimen Ortega-Murillo las herramientas para llevar a cabo su descarado ataque a la democracia al colmar el CSE con miembros del FSLN leales a Ortega y ayudaron a que se aprobaran varias leyes que el régimen utilizó para excluir a candidatos y partidos opositores, y para hostigar y encarcelar a oponentes políticos.
9. María Haydée Osuna Ruiz, diputada de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Conspiró con el régimen Ortega-Murillo para subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 firmando una queja infundada que sirvió como pretexto para que el gobierno inhabilitara al último partido opositor legítimo restante y forzara a su líder a exiliarse.
10. Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua,
11. Perla de los Ángeles Baca, fiscal en jefe del departamento de Chinandega,
12. Carlos Rafael Espinoza Castilla, fiscal,
13. Jorge Luis Arias Jarquin, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua,
14. Martha Ileana Morales Mendoza, fiscal y directora de Planificación de la sede del Ministerio Público en Managua,
15. Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, y
16. Andrea del Carmen Salas, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua. Presentaron cargos falsos para encarcelar a opositores al régimen en víspera de las elecciones nacionales.
17. Erick Ramón Laguna Averruz,
18. Rosa Velia Baca Cardoza,
19. Irma Oralya Laguna Cruz,
20. Ludén Martín Quiroz García,
21. Melvin Leopoldo Vargas García,
22. Ángel Jancarlos Fernández González,
23. Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel,
24. William Irving Howard López,
25. Verónica Fiallos Moncada,
26. Félix Ernesto Salmerón Moreno,
27. Rolando Salvador Sanarrusia Munguía,
28. Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, y
29. Ulisa Yahoska Tapia Silva; todos jueces. Condenaron y sentenciaron a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los remedos de juicios contra los activistas opositores Ana Margarita Vijil, Alexis Peralta, Donald Alvarenga, Evelyn Pinto, Samantha Jiron, Irving Larios, Nidia Barbosa, Yoel Sandino, Yaser Vado, Yader Parajón, José Antonio Peraza, Víctor Hugo Tinoco y Suyen Barahona; los excandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz Sequeira, Medardo Mairena, Miguel Mora Barberena y Noel Vidaurre; los excancilleres Mauricio Díaz y Francisco Aguirre Sacasa; la exasambleísta María Fernanda Flores, la exlíder sandinista Dora María Téllez, el presos político Douglas Cerros, los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila Rivas, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes y Freddy Navas; los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez; los líderes del sector privado José Adán Aguerri, Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes; la abogada de derechos humanos María Oviedo, los analistas políticos Edgard Parrales y Jaime Arellano Quintana; el director del periódico La Prensa Juan Lorenzo Holmann, el experto electoral Harry Chávez, el periodista Miguel Mendoza, el opositor Pedro Joaquín Chamorro y el agricultor sin afiliación política Santos Camilo Bellorin.
30. Luis Alberto Mena Gámez, fiscal de Nueva Segovia. Presentó el caso del régimen contra el preso político Douglas Cerros y cargos falsos, condenas y duras sentencias contra ciudadanos particulares que criticaron al gobierno.
31. María Francisco Pérez Mojica, fiscal en Nueva Segovia. Dirigió el caso del régimen contra el activista pro-democracia y preso político Donald Alvarenga y adjudicó cargos falsos, condenas y duras sentencias contra los opositores pro-democracia del régimen.
32. Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, fiscal de Estelí. Presentó el caso del régimen contra el activista pro-democracia y preso político Alexis Peralta y al presentó cargos falsos, condenas y duras sentencias contra opositores al régimen.

1. Wendy Carolina Morales Urbina, fiscal general de Nicaragua. Utilizó la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para reprimir a la disidencia, confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha confiscado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para reprimir la libertad de asociación.
2. Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional,
3. Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional,
4. Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional, y
5. Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario de la Asamblea Nacional. Participaron en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
6. Rosa Argentina Solís Dávila, jueza de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Managua, y
7. Ángela Dávila Navarrete, jueza de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Managua. Utilizaron la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña coordinada del régimen Ortega-Murillo para tomar represalias contra su críticos y reprimir la disidencia despojándolos de su ciudadanía nicaragüense.
8. Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno nicaragüense, y
9. Aldo Martín Sáenz Ulloa, subdirector de la UAF. Participaron en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, usando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 expresos políticos, sin ninguna base legal.
10. Valeria Maritza Halleslevens Centeno, directora de la Dirección Nacional de Oficinas del Registro de la Propiedad (DNR),
11. Eduardo Celestino Ortega Roa, subdirector de la DNR. Usaron su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.
12. Marta Mayela Díaz Ortiz, vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF). Utilizó el SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y expresos políticos a funcionarios del poder judicial nicaragüense como parte de un esfuerzo coordinado del gobierno para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de adversarios políticos sin una base legal.
13. Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Usó su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de adversarios políticos sin una base legal.
14. Gloria María Saavedra Corrales, jueza del décimo distrito penal de Managua. Utilizó su posición y autoridad dentro del sistema judicial nicaragüense para facilitar deliberadamente una campaña coordinada para reprimir la disidencia confiscando propiedades de la Universidad Centroamericana Jesuita sin una base legal, con el fin de instalar una administración afín al régimen.
15. Maribel del Socorro Duriez González, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, y
16. Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua. Participaron en una campaña coordinada para reprimir la disidencia confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluyendo la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, sin una base legal, con el fin de instalar administraciones afines al régimen.
17. Alejandro Enrique Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo (anteriormente Universidad Centroamericana). Participó en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para reprimir la disidencia usando su cargo para crear políticas que castigan a los profesores y estudiantes de esa universidad que no participan en actividades políticas para el partido político oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional.

1. Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua,
2. Roberto Enrique Flores Díaz, secretario del CNU,
3. Jaime López Lowery, secretario técnico del CNU,
4. Isaías Hernández Sánchez, director de Planificación y Desarrollo del CNU,
5. Mario José Caldera Alfaro, vicepresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) de Nicaragua,
6. Nivea del Socorro González Rojas, exmiembro de la Junta Directiva del CNEA, y
7. Francisco Martín Jácamo Ramírez, exmiembro de la junta directiva de la CNEA. Participaron en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en sus administraciones.
8. Luz Marina Ortis Narváez, vicerrectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro (UNCSM),
9. Moisés Ignacio Palacios, secretario general de la UNCSM,
10. Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, rectora de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UNP),
11. Henry Antonio Balmaceda Zamora, vicerrector de la UNP,
12. María Alejandra Martínez Guadamuz, secretaria general de la UNP,
13. Johana Elena Torrez Mendoza, rectora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNM),
14. José Ramón Velásquez Hernández, vicerrector de la UNM,
15. Juan Carlos Benavides Fuentes, rector de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (UNFLEP),
16. Noemí del Carmen Obregón, vicerrectora de la UNFLEP,
17. José Elías Álvarez, secretario general de la UNFLEP,
18. Flor de María Pérez Vélez, rectora de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana (UNCPGGL),
19. Javier Guillermo Hernández Munguía, vicerrector de la UNCPGGL, y
20. Claudia Patricia Jovel Castillo, secretaria General de la UNCPGGL. Participaron en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando sus cargos para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de sus respectivas universidades que no participan en actividades políticas para el partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega.

La lista se pública cada año por en el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el documento que lleva por título Section 353 Corrupt and Undemocratic Actors Report (Sección 353 Reporte de Actores Corruptos y Antidemocráticos). Asimismo se pública una actualización en la página del Registro Federal bajo el título Update on Report to Congress Pursuant to Section 353(d)(1)(A) of the United States-Northern Triangle Enhanced Engagement Act (Actualización del Reporte al Congreso de Conformidad con la Sección 353(d)(1)(A) de la Ley Mejorada de Participación entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte). Las siguientes fuentes están en inglés:

• «Lista de 2021». Julio de 2021. Consultado el 8 de septiembre de 2024. 
• «Actualización de 2021». 27 de septiembre de 2021. Consultado el 8 de septiembre de 2024. 
• «Lista de 2022». Julio de 2022. Consultado el 8 de septiembre de 2024. 
• «Actualización de 2022». 8 de marzo de 2022. Consultado el 8 de septiembre de 2024. 
• «Lista y actualización de 2023». Julio de 2023. Consultado el 8 de septiembre de 2024. 
• «Lista de 2024». Diciembre de 2024. Consultado el 31 de diciembre de 2024.