Ana Mª Fuentes nació en la localidad malagueña de Ronda en 1972. Tras licenciarse en Derecho, ocupó diversos cargos políticos: Directora Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud ( Málaga, 1998 – 2000), diputada y miembro de la Mesa del Parlamento de Andalucía (2000 – 2004), concejala del Ayuntamiento de Ronda ( 2007 – 2009) y Diputada en el Congreso de los Diputados (2004 – 2011).^[2]​

Posteriormente, trabajó en el ámbito de la gestión, en Atento como experta de Intervención en el Área de Cumplimiento Legal y Normativa (2012 – 2013); técnica de Cumplimiento Legal y Normativo en SegurCaixa Adeslas (2014 – 2018) y Directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo del Partido Socialista Obrero Español (2018 – 2021).^[2]​

En el ámbito docente, fue profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, y profesora asociada de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid.^[3]​

En el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sido Directora Gerente (desde 19 de octubre de 2021), a propuesta de Santos Cerdán.^[4]​^[5]​

Tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, días después de conocerse un informe de la UCO sobre el Caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez la nombró miembro de la Secretaría de Organización del PSOE. Junto a Fuentes Pacheco, han sido nombrados Cristina Narbona, presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF), Montse Mínguez García Secretaria de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo de la CEF, y Borja Cabezón, secretario de Acción Democrática y Transparencia.^[6]​ Dicho nombramiento será efectivo hasta el Comité Federal del 5 de julio, donde se decidirá la nueva dirección.^[7]​

Ana Mª Fuentes aparece en los informes remitidos por la UCO sobre el caso Koldo. En un mensaje Koldo García, una semana después de reunirse con Santos Cerdán para tratar de obras, escribe a Javier Herrero —por aquel entones, director general de Carreteras bajo las ordenes del ministro de Transportes, José Luis Ábalos— para avisarle que va a recibir una llamada de Ferraz para pedirle «el impuesto». La UCO apunta a una posible «financiación irregular» del PSOE.^[8]​^[9]​

Diversos ministros socialistas y dirigentes del PSOE señalaron, tras conocerse el informe de la UCO, que ese 'impuesto' es una cuota voluntaria de cargos públicos a la que se denomina así internamente.^[4]​

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