Los sucesos del Hospital Filtro fueron disturbios y enfrentamientos con la policía ocurridos en la noche del 24 de agosto de 1994 en las inmediaciones del barrio Jacinto Vera de Montevideo (Uruguay), provocados por la inminente extradición de tres ciudadanos vascos, acusados de pertenecer a la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA).[3]
Sucesos del Hospital Filtro | ||
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![]() Manifestación nacionalista vasca en Montevideo | ||
Localización | ||
País | Uruguay | |
Localidad | Hospital Filtro de Montevideo | |
Coordenadas | 34°52′10″S 56°10′15″O / -34.86944357, -56.17088529 | |
Datos generales | ||
Tipo | Manifestación | |
Histórico | ||
Fecha | 24 de agosto de 1994 | |
Desenlace | ||
Muertos | 1[1][2] | |
Heridos | 100[1][2] | |
La manifestación, convocada por dirigentes del Frente Amplio, otros grupos de izquierda y de la central sindical PIT-CNT, exigía el otorgamiento de asilo político en Uruguay a Jesús María Goitia, Mikel Ibáñez Oteiza y Luis Lizarride, tres vascos cuya extradición a España, como supuestos integrantes de ETA, había sido autorizada por la Suprema Corte de Justicia.[4][5] La concentración, realizada frente al Hospital Filtro, ubicado a poca distancia del Edificio Libertad —por entonces, sede del Gobierno—, se tornó en disturbios cuando los manifestantes intentaron evitar que las fuerzas de seguridad trasladaran los tres acusados desde el centro hospitalario donde recibían atención médica, hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco para ser enviados a Madrid.[6]
Como consecuencia de las refriegas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes —entre los cuales se incluían individuos armados por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, de acuerdo a numerosas fuentes— se produjo un fallecimiento y centenar de heridos.[7][8] Se le ha considerado como el incidente de violencia callejera y enfrentamiento con la policía más grave desde la transición democrática en 1985.[9][10] Sectores de la izquierda política le han denominado «masacre del hospital Filtro».[11]
En 1992, por disposición del entonces ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez se comenzó la investigación sobre un grupo de ciudadanos españoles de origen vasco radicados en Uruguay desde la década de 1980, sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna, operando desde los restaurantes de comida vasca "Boga Boga" y "La Trainera", ubicados en el barrio montevideano de Pocitos.[12][13] En mayo de ese año, la Policía Nacional llevó a cabo la «Operación Dulce», liderada por el inspector Saúl Clavería, en la que fueron arrestradas 30 personas —incluyendo trece vascos con documentación falsa—, en lo que consistió en el mayor golpe asestado a la organización fuera de España o Francia.[14][15]
De los trece ciudadanos vascos detenidos, España solicitó la extradición de diez, sin embargo, la Justicia uruguaya autorizó únicamente la de tres de ellos: Mikel Ibáñez, Luis María Lizarralde y Jesús Manuel Goitia, acusados de homicidio y colocación de explosivos.[16][17] Permanecieron detenidos en la Cárcel Central de Montevideo a la espera del final de la extradición.[18][19] En octubre de 1993 realizaron una huelga de hambre, ante la expectativa de que fueran puestos en libertad mediante la concesión de asilo político.
Al producirse las detenciones, diferentes sindicatos y grupos de izquierdas mostraron su apoyo los ciudadanos vascos, incluyendo al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).[20] La Junta Departamental de Montevideo, órgano en el que la coalición izquierdista Frente Amplio poseía mayoría absoluta, aprobó una declaración favorable a "adoptar una decisión humanitaria (...) que haga honor a la tradición de Uruguay, tierra de asilo".[18] En el mismo sentido, una delegación integrada por los diputados frenteamplistas Sergio Previtali, Helios Sarthou y Guillermo Chifflet entregó al presidente Luis Alberto Lacalle 25 000 firmas solicitando que el Poder Ejecutivo suspendiera el proceso.[21]
Ante los reclamos, el presidente Luis Alberto Lacalle manifestó que:
"Si la justicia dispone la extradición, tienen que irse. Este es un tema del Poder Judicial y nosotros simplemente los tenemos a su orden".
El mandatario hizo precisión en que "el asilo político no cabe cuando se cumple la extradición" que habilitan los tribunales uruguayos como resultado de delitos cometidos en España por presuntos integrantes de ETA.[18]
El 11 de agosto de 1994, los tres detenidos iniciaron una segunda huelga de hambre en modo de protesta. Puesto que el proceso de extradición no podía concretarse mientras existiera un juicio pendiente en Uruguay, el 19 de agosto fueron absueltos de la causa de falsificación de documentos; ante esto iniciaron una huelga seca, razón por la cual fueron trasladados al Hospital Filtro, ubicado en el barrio Jacinto Vera, donde fueron internados para recibir seguimiento médico.[11]
El sábado 20 de agosto, comenzaron a reunirse manifestantes en las afueras del centro hospitalario para reclamar el otorgamiento de asilo político. Al día siguiente, la Mesa Política del Frente Amplio decidió expresar su apoyo a los presuntos integrantes de ETA, convocando a sindicatos, gremios y organizaciones sociales a participar en una marcha bajo la consigna “En defensa de la vida y el derecho de asilo”.[4] Sus principales líderes, Líber Seregni y Tabaré Vázquez, se hicieron presentes en el lugar.[22] Esta movilización, realizada el lunes 22, tuvo como recorrido el trayecto por Bulevar Artigas, desde el Obelisco a los Constituyentes de 1830, hasta las inmediaciones del hospital.[23]
El Ministerio del Interior, a cargo de Ángel María Gianola, comenzó a preparar la extradición ya dispuesta por la Justicia. Gianola declaró:[18]
"En función del sobreseimiento resuelto en los últimos días, los ciudadanos vascos están en condición de ser extraditados (...) Naturalmente, las circunstancias actuales y las condiciones de salud de los detenidos pueden posponer por unos días el tema, pero hemos cumplido con todas las normas de derecho vigentes, por lo tanto no tienen viabilidad las peticiones realizadas. La Justicia se ha pronunciado y al Poder Ejecutivo le corresponde ejecutar la resolución. No corresponde el asilo político, corresponde que se cumpla la legislación vigente hay una sentencia de extradición y el Poder Ejecutivo lo único que puede hacer es cumplir con dicha sentencia".
Para el 24 de agosto de 1994, fecha prevista para la extradición, grupos de izquierda radical convocaron a una manifestación en las inmediaciones del Hospital Filtro.[24] El llamado a los manifestantes fue realizado a través de las estaciones de radio CX 44 Radio Panamericana —dirigida por el grupo guerrillero MLN-Tupamaros—, y CX 36 Radio Centenario —dirigida por el Movimiento 26 de Marzo—.[22][25] Dirigentes tupamaros como José Mujica y Jorge Zabalza participaron de las transmisiones radiales.[26][27]
Los funcionarios de la custodia presidencial instalados en el Edificio Libertad, entonces sede del Poder Ejecutivo, ubicado a unos trescientos metros del centro hospitalario, constataron que terceras personas habían interferido la frecuencia policial, puesto que varios manifestantes se coordinaban mediante walkie-talkies, dirigiendo sus avances y retrocesos.[18] A las 20:00, los disturbios comenzaron en la intersección de la Avenida Luis Alberto de Herrera y el Bulevar Artigas, la cual vio desbordada por manifestantes que corrían en diversas direcciones. A su vez, cámaras y reporteros de las principales cadenas de televisión, que estaban presente en el lugar para cubrir el traslado de los vascos hacia el aeropuerto, registraron la acción de la Guardia de Coraceros buscando dispersar a los manifestantes, así como las refriegas de todo tipo.[18][28]
Esteban Massa, un enfermero que intentó socorrer a una de las víctimas, recibió cuatro disparos por la espalda. A las 20 horas Fernando Morroni, un joven de 24 años, murió al ser alcanzado por tres disparos. Carlos Alejandro Font, de 18 años, fue ingresado con pérdida de masa encefálica por herida de bala. A las 21 horas se apagaron las luces del alumbrado público de la zona y se cortó la telefonía durante 6 horas.
A las 22.20 horas en tres ambulancias con una fuerte custodia de patrulleros y motos y un médico forense en cada una de ellas, los ciudadanos vascos fueron retirados del Hospital Filtro por la calle Gualeguay, con destino a la base militar aérea de Carrasco.[29] Dentro del Filtro, algunos funcionarios despidieron a los etarras entonando estrofas del himno nacional uruguayo. A las 23.45 horas, el Boeing 707 de la Fuerza Aérea de España despegó con destino a Madrid.
De acuerdo a cifras oficiales hubo un fallecido, más de 100 civiles heridos graves (15 de ellos de bala) e incontables heridos leves, entre ellos 44 policías.[30]
El 25 de agosto, el gobierno ordenó la expulsión del territorio uruguayo, en un plazo de seis horas, del diputado vasco de Herri Batasuna Jon Idigoras y de la vocera de los reclusos, Agurtzane Delgado Iriondo, también integrante de ETA.[21] Se sancionó a las emisoras de radio CX 36 y CX 44, acusadas de “propalar información falsa e incitar a la violencia”. Finalmente, a CX 44 Radio Panamericana le fue revocada la licencia de funcionamiento por incumplimientos a las normas sobre medios de comunicación.[31]
El 26 de agosto se llevó a cabo el entierro de Moroni en el Cementerio del Norte en una concurrida ceremonia, y al día siguiente se realizaron actos de solidaridad frente a los consulados de Uruguay en Bilbao e Pamplona.[21] El 29 de agosto, la Federación Uruguaya de la Salud —organización que nuclea sindicatos de trabajadores no médicos del sistema mutual— realizó un acto y concentración frente a la Asociación Española, donde se encontraba internado el enfermero Esteban Massa.[32]
El 7 de septiembre, se llevó a cabo una interpelación parlamentaria al ministro del Interior, Ángel María Gianola en la Cámara de Representantes, durante la cual declaró que en las refriegas había civiles armados.[33] El ministro de Estado recibió el respaldo político del gobierno.[34] Asimismo, el 15 de ese mes, estudiantes universitarios llevaron a cabo una movilización por la Avenida 18 de Julio hasta la explanada de la casa mayor de la Universidad de la República.[11]
El 2 de octubre, en la ciudad de Pando (Canelones), se organizó un recital clandestino en el que participaron los grupos musicales La Celda de Uruguay, Todos Tus Muertos de Argentina y Negu Gorriak del País Vasco Español.[35] A este último grupo se le había prohibido su presentación en Montevideo en el marco de la gira Hegoamerikan Tour 94 debido a la agitación social.[36]
El periódico español Diario 16 calificó de «extravagante» la reacción de algunos líderes de la izquierda uruguaya en apoyo a los refugiados vascos. Por su parte, El Mundo editorializó que «lamentablemente muchos uruguayos han identificado a estos miembros de ETA con una idea romántica, viéndolos como jóvenes idealistas que luchan por la libertad de un pueblo oprimido y asociándolos al mito de la guerrilla urbana de los años setenta, que aún ejerce cierta fascinación en Uruguay».[18] A su vez, ABC de Madrid habló de un «esperpento uruguayo» para referirse a las manifestaciones de solidaridad con los vascos, y señaló a los «sangrientos tupamaros» como los principales impulsores de esas movilizaciones.[37]
Algunos actores de izquierda de la escena política uruguaya, como el exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza, manifestaron su apoyo a las protestas y reivindicaron los hechos.[38][39] Por su parte, Eleuterio Fernández Huidobro insinuó que ETA podía adoptar represalias contra el país.[40]
«Era la oportunidad de poner a prueba la fuerza militante que desde años atrás venían acumulando, de bautizarla con fuego en una instancia confrontativa [...] Se había dispuesto un ómnibus repleto de cócteles molotov y 5 mil miguelitos, además de una banda de jóvenes radicales deseosos de entrar en acción».
Ibáñez fue acusado de colaborar en el asesinato del empresario Francisco Javier Zabaleta Azpitarte en 1985. Tras ser extraditado a España, fue juzgado por la Audiencia Nacional, que lo absolvió y dispuso su liberación el 9 de febrero de 1995.[42] Regresó a Uruguay y más tarde se trasladó a Francia, donde en 2008 fue detenido y extraditado nuevamente a España.[43] En mayo de 2009, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo condenó a 27 años de prisión por haber facilitado a ETA la información que permitió el asesinato de Zabaleta Azpitarte el 6 de junio de 1988 en Éibar (Guipúzcoa), a quien la organización acusaba de narcotráfico.[44] En agosto de 2010, los magistrados ordenaron su ingreso en la prisión de Martutene, pero en septiembre de ese mismo año fue excarcelado por motivos de salud.[45][46] Falleció en abril de 2011.[44]
Lizarralde, que formó parte de los comandos "Izarra" y "Donosti", fue condenado en 1995 a 32 años de prisión por el asesinato del teniente coronel José Luis de la Parra y recluido inicialmente en Burgos, trasladándose posteriormente a la cárcel de Nanclares de la Oca.[47] En abril de 1996, la Audiencia Nacional lo condenó a otros 42 años de prisión por los delitos de asesinato con agravante de alevosía y tentativa de asesinato en el atentado en Lezo (Guipúzcoa), en el murió el guardia civil Luis Miranda.[48][49]
En 2010 anunció que abandonaba la organización “por voluntad propia” y, un año después, se le concedió el régimen de semilibertad.[50][51] En 2012, el Tribunal Constitucional le denegó un recurso contra la aplicación de la doctrina Parot.[52]