Diego Orlando Spagnuolo, abogado de profesión, fue designado por el presidente Javier Milei como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante el Decreto 96/2023, publicado el 28 de diciembre de 2023.^[7]​ El organismo, que depende del Ministerio de Salud según lo establecido en el Decreto 8/2023,^[8]​ tiene a su cargo la implementación de políticas públicas vinculadas a las personas con discapacidad.^[5]​

Spagnuolo se sumó a La Libertad Avanza desde sus inicios: en 2021 fue 13.º candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista encabezada por Milei, y más tarde se desempeñó como su abogado en distintas causas.^[9]​^[10]​ Mantuvo vínculos estrechos con la Presidencia, llegando a registrar 38 ingresos a la Quinta de Olivos entre 2024 y 2025.^[9]​

El 20 de agosto de 2025, el canal de streaming Carnaval difundió grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las que se describía un presunto esquema de retornos y sobornos en torno a la compra de medicamentos.^[9]​^[4]​^[11]​^[12]​ La organización Chequeado encargó un análisis técnico a la consultora especializada BlackVOX, que mediante el software Forensia comparó las grabaciones con registros públicos en YouTube de Spagnuolo y concluyó que existía una «fuerte evidencia» de correspondencia entre ambas voces.^[9]​^[13]​

El 21 de agosto de 2025, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal tras la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.^[14]​ La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, a cargo del juez federal Sebastián Casanello,^[15]​ con intervención del fiscal Franco Picardi.^[16]​ En ese marco se dispusieron allanamientos y el secuestro de teléfonos y otros dispositivos electrónicos.^[17]​^[18]​^[19]​^[20]​^[21]​ La investigación se mantiene en curso bajo secreto de sumario.^[3]​

El 1 de septiembre, el juez en lo Civil y Comercial Federal Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que ordenó «el cese inmediato de la difusión» de los audios en los que se mencionaba a Karina Milei, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.^[22]​^[23]​^[24]​ La resolución consideró que la divulgación implicaba «una violación grave a la privacidad institucional».^[25]​

El presidente Javier Milei calificó las acusaciones como «burdas difamaciones» y señaló que se trataba de un intento de frenar el proceso de reformas de su gobierno.^[15]​ Durante una caravana realizada el 27 de agosto de 2025 en la ciudad de Lomas de Zamora, afirmó: «Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió».^[27]​ En una conferencia de prensa brindada el 28 de agosto, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Gobierno había iniciado una auditoría interna en la ANDIS, designado un interventor y desplazado al exfuncionario investigado,^[28]​ además de advertir que la difusión de los audios se producía «en un contexto electoral».^[26]​^[29]​

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó la difusión de los audios con «una operación de inteligencia extranjera», en la que mencionó a Rusia y Venezuela como posibles actores.^[30]​ Eduardo «Lule» Menem rechazó las versiones y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, las calificó como «una operación política».^[31]​

El 16 de septiembre, en una nueva conferencia en Casa Rosada, el vocero Adorni volvió a referirse al caso luego de la conferencia del 28 de agosto. Ratificó la confianza del presidente en Karina Milei, Eduardo «Lule» Menem y Martín Menem, y afirmó que «los funcionarios […] están confirmados y ratificados por el Presidente».^[32]​ Además, sostuvo que «el contenido de los audios es falso» y que corresponde a la Justicia determinar su origen y validez, reiterando que el gobierno «no tolera ningún acto de corrupción».^[32]​

En paralelo al desarrollo judicial, distintos bloques en la Cámara de Diputados de la Nación impulsaron la creación de una comisión investigadora sobre la Agencia Nacional de Discapacidad. El 21 de agosto de 2025, Juan Marino (Unión por la Patria) presentó la primera iniciativa en ese sentido.^[33]​ Ese mismo día, Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal) promovió otra propuesta, acompañada por legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Republicano Federal y la Coalición Cívica.^[34]​^[35]​ El 9 de septiembre, Christian Castillo (Frente de Izquierda Unidad) registró el expediente 4963-D-2025 con el mismo objetivo.^[36]​ En la Cámara de Senadores, Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular)^[37]​ impulsó un pedido a la Comisión Revisora de Cuentas para que la Auditoría General de la Nación investigara los contratos de la ANDIS, acompañado por Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pablo Blanco.^[38]​

La medida cautelar dictada por el juez Patricio Maraniello para ordenar «el cese de la difusión» de los audios en los que se mencionaba a Karina Milei fue cuestionada por organizaciones periodísticas y sindicales —entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)—, que la calificaron como un caso de «censura previa».^[39]​^[40]​^[41]​^[42]​ Diversos dirigentes de la oposición y constitucionalistas también rechazaron la resolución en el mismo sentido, señalando que implicaba «una restricción a la libertad de expresión».^[43]​^[44]​^[45]​ El juez Maraniello, en cambio, indicó en su resolución: «Lo expuesto no importa convalidar la figura de la censura previa, en tanto la medida bajo análisis se circunscribe únicamente a una restricción de carácter provisorio y excepcional al ejercicio de la libertad de prensa».^[46]​

1. ↑ No existe un nombre oficial único de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario; la denominación Causa por presuntas coimas en la ANDIS se utiliza aquí de forma descriptiva, siguiendo expresiones empleadas en distintos medios nacionales e internacionales (por ejemplo, Ámbito habla de «causa por coimas en ANDIS»,^[1]​ Chequeado de «presuntas coimas en Discapacidad»,^[2]​ CNN en Español de «escándalo por presunta corrupción»,^[3]​ mientras que medios internacionales como Associated Press, Reuters y The Guardian como «investigación por acusaciones de soborno»).^[4]​^[5]​^[6]​

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