La Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), también conocida oficialmente como Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta o simplemente como Zona 7, Zona 7 de Petare o la PNB de Boleíta, es una estación policial ubicada en el municipio Sucre del Distrito Metropolitano de Caracas. En 2025, el Observatorio Venezolano de Prisiones le pidió al Estado venezolano el cierre definitivo del centro policial debido a sus condiciones de reclusión, describiéndolas como inhumanas.
Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta | ||
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Localización | ||
País | Venezuela | |
Localidad | Caracas | |
Ubicación | Parroquia Leoncio Martínez, municipio Sucre (Miranda), estado Miranda | |
Dirección | Tamare Final Calle, Calle Mara | |
Información general | ||
Inicio | Estación de la Policía Metropolitana de Caracas | |
Ocupante | Policía Nacional Bolivariana | |
La estación originalmente le perteneció a la extinta Policía Metropolitana de Caracas y fue diseñado como un espacio administrativo, no ideado para la permanencia de detenidos por más de 48 horas.[1][2] Zona 7 tiene una capacidad de hasta 250 personas.[3] El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que la prisión preventiva en Venezuela no debe exceder las 48 horas, pero que ha habido personas con hasta cinco años de reclusión.[2]
Para 2019, Zona 7 tenía una población carcelaria hasta superior de los mil reclusos y era el centro de detención que mayor hacinamiento había registrado en el Distrito Metropolitano de Caracas.[3][4] El hacinamiento y la falta de atención médica habían causado que condiciones como la sarna o se esparciera entre los presos.[3] El 4 de septiembre del mismo año ocurrió un motín carcelario que resultó en la muerte de dos detenidos, y para el 11 de septiembre se conoció sobre la fuga de 30 reclusos que se refugiaron en edificios cercanos, entre los que se encuentra el Colegio San Agustín.[5] A raíz de la fuga, concejales, representantes del colegio, y vecinos exigieron el cierre del calabozo, demanda a la que se unió el OVP por encontrarse ubicado en un sector residencial y representar un “potencial riesgo” para la sociedad civil. Dichas exigencias fueron ignoradas.[2] El 25 de diciembre los reclusos volvieron a protagonizar un motín por la prohibición de visitas en Nochebuena. Los funcionarios policiales usaron gas lacrimógeno y perdigones como respuesta a la situación.[6]
Entre 2015 y 2024 se registraron al menos 12 muertes violentas, cinco motines donde se tomaron a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana como rehenes, y tres fugas que involucraron a 38 reclusos.[1] En 2022 había 400 reos esperaban cupos de traslados a cárceles.[4] En noviembre de 2023, funcionarios policiales ingresaron 100 reclusos al campo de fútbol del colegio durante horario escolar sin el conocimiento o la autorización de las autoridades de la escuela.[2] Durante las protestas en Venezuela de 2024, 21 adolescentes arrestados a finales de julio y a comienzos de agosto fueron trasladados a la Zona 7 y recluidos junto con adultos. Los reclusos adultos defendieron a los adolescentes cuando funcionarios policiales presuntamente querían golpearlos.[1][7]
En enero de 2025, el Observatorio Venezolano de Prisiones publicó un reporte sobre las condiciones del centro policial, "Inframundo: La Amenaza Oculta en los Calabozos de Zona 7", donde le pide al Estado venezolano el cierre definitivo de Zona 7 y trasladar a todos los detenidos a diferentes centros de reclusión considerando la jurisdicción de los tribunales de sus procesos y la cercanía a sus familiares. Para entonces, Zona 7 tenía aproximadamente a 421 detenidos distribuidos entre 14 y 16 celdas, 250 de los cuales eran presos comunes y 171 de los cuales eran presos políticos.[1][8][2][9][10]
El informe describía la corrupción y los sobornos cobrados por beneficios en las celdas. Los funcionarios policiales rentan un ventilador en la celda conocida como el Inframundo por $2 durante una hora como respuesta al calor, y los presos comunes les han pedido pagos a los familiares para permitirles hablar con los adolescentes durante el día. Los familiares pagan $5 para poder visitar a los detenidos a diario.[1][7]
La distribución de los reclusos en las celdas ha dependido de la cantidad de dinero pagada a los efectivos. Durante el día los reclusos pueden estar en un espacio abierto conocido como "El Pantry" si pagan el precio correspondiente en dólares, tienen que pagar entre $20 y $40 para ser trasladados a una celda con condiciones más favorables, y una de las celdas, conocida como King Kong o la “celda de los millos”, está limitada para detenidos que pagan hasta $100 por el beneficio. Se ha reportado que los policías han recibido dinero para permitir permitir pernoctas, visitas conyugales, comida, bebidas, visitas y el traslado a tribunales.[1]
El reporte también describía las condiciones del sótano de la estación que sirve como celda y es conocida como "Inframundo", también conocido por funcionarios y reclusos como "Ultratumba", "la Llorona" y la "Celda del Payaso" debido a sus precarias condiciones. El sótano no tiene iluminación, ventilación, y para entonces se encontraba hacinado, albergando a 90 reclusos y teniendo un calor sofocante. El espacio no tiene baños, los detenidos deben hacer sus necesidades en bolsas, y se turnan para dormir en el piso o en sábanas que les envían familiares después de pagarle a los custodios. La celda y los reclusos tienen un penetrante olor a heces y orina por el mismo motivo.[1]
Además del Inframundo y King Kong, otra celda conocida como "El Tigrito" está dedicada a detenidos que han sido castigados, y otro espacio está limitado para “las brujas” o “los manchados”, reclusos que han cometido crímenes como abuso sexual.[1][10]