• Simplificación de los procedimientos administrativos y las restricciones burocráticas a las actividades privadas;
• federalismo administrativo, es decir, la búsqueda de la máxima descentralización que podía lograr el derecho común, sin enmiendas constitucionales;
• la introducción del principio de subsidiariedad para la consecución de intereses colectivos;
• la creación de un procedimiento anual de simplificación de leyes.^[1]​

La ley delegó al gobierno italiano la emisión de decretos delegados con el fin de desarrollar una reforma de todo el sistema administrativo italiano.

Las características fundamentales de la actividad de reforma esbozadas fueron:

1. Redefinir las relaciones y la distribución de competencias entre el Estado, las Regiones y el sistema de autonomías locales, logrando una mayor descentralización administrativa en Italia (punto aplicado por el Decreto Legislativo nº 112 del 31 de marzo de 1998));
2. reforma, en consonancia con el federalismo administrativo que se debe lograr, la reforma de la Presidencia del Consejo, los ministerios y, en general, de los organismos públicos nacionales, completando el proceso de reforma ya iniciado con la Ley Nº 400 de 23 de agosto de 1988 y retomado durante el primer gobierno de Giuliano Amato y el gobierno de Carlo Azeglio Ciampi;
3. completar las reformas de las estructuras administrativas primarias iniciadas durante la década anterior y, en particular, las relativas a la relación con el empleo público, la estructura y el papel de la gestión pública, la formación de los funcionarios y directivos de la administración pública italiana y los procedimientos de selección y carrera correspondientes;
4. examinar los métodos de organización y funcionamiento de algunas esferas específicas de los servicios públicos y la disciplina pública de algunos sectores económicos, con el objetivo de iniciar fenómenos masivos de reubicación de funciones entre el Estado y las regiones, así como la privatización y delegación de algunos sectores que anteriormente tenían un fuerte carácter público;
5. lograr la simplificación de los procedimientos y normas que rigen la actividad administrativa en general y la organización y el funcionamiento de la administración pública italiana;
6. reformar el sistema escolar italiano, introduciendo formas de autonomía escolar y extendiendo a la organización escolar la descentralización de la autonomía funcional ya introducida para las universidades en Italia y para las cámaras de comercio. La regulación de la autonomía escolar se rigió entonces por el Decreto Presidencial Nº 275, de 8 de marzo de 1999.

La Ley Nº 127/1997 acompaña la reforma de la descentralización con la de la simplificación administrativa con el fin de rediseñar la organización y el funcionamiento de la administración pública, con especial referencia a la local.

La ley contiene enmiendas y adiciones a las Leyes Nº 59 de 15 de marzo de 1997 y Nº 127 de 15 de mayo de 1997, así como normas sobre la formación de los empleados y el trabajo a distancia en las administraciones públicas. El texto también contiene disposiciones sobre la construcción de escuelas.

Esta ley representó el primer intento de reforma orgánica de la Presidencia del Consejo, la estructura del Consejo de Ministros y la organización de los ministerios. Esta medida esbozó una nueva estructura de la organización ministerial, moviéndose en tres direcciones diferentes:

1. se realizó una reducción del aparato ministerial: los ministerios se redujeron a doce;
2. las oficinas periféricas de la administración estatal se concentraron con la creación de las Oficinas de Gobierno Territorial (UTG) que absorbieron las Prefecturas.

Los 12 ministerios previstos fueron:

1. Ministerio de Asuntos Exteriores, que es responsable de las relaciones internacionales
2. Ministerio del Interior, que tiene atribuciones diferenciadas: protección de la seguridad pública, protección civil, ciudadanía e inmigración, funcionamiento de las autoridades locales
3. Ministerio de Justicia, que se ocupa principalmente de la administración de los órganos judiciales, también desempeña las funciones de la oficina de Guardián de los Sellos
4. Ministerio de Defensa, que es responsable de la gestión de las fuerzas armadas
5. Ministerio de Economía y Finanzas, que se encarga esencialmente de la política de gestión de gastos, presupuesto e impuestos, así como de los ingresos financieros del Estado
6. Ministerio de Actividades Productivas, que ejerce competencias en el campo de la industria, el comercio y la artesanía, las relaciones comerciales con países extranjeros, las comunicaciones, el turismo
7. Ministerio de Políticas Agrarias y Forestales, que ejerce competencias en el ámbito de la agricultura, la transformación agroalimentaria, la gestión forestal y pesquera, tanto a nivel nacional como europeo
8. Ministerio de Medio Ambiente y Protección del Territorio, que supervisa la promoción, conservación y recuperación de las condiciones ambientales y el patrimonio natural nacional
9. Ministerio de Infraestructura y Transporte, que se ocupa de la política de infraestructura, administra y organiza el sistema de transporte
10. Ministerio de Trabajo, Salud y Políticas Sociales, que es responsable del trabajo, la seguridad social, la protección de la salud y la coordinación de los servicios regionales de salud
11. Ministerio de Educación, Universidad e Investigación, que administra el sistema educativo escolar público, el sistema educativo universitario público y la investigación científica y tecnológica
12. Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales, que vela por la protección, promoción y valorización del patrimonio cultural y las actividades culturales

Los 12 organismos previstos eran:

1. Agencia de Protección Civil (Interior)
2. Agencia Tributaria (Economía y Finanzas)
3. Agencia de Aduanas (Economía y Finanzas)
4. Agencia Territorial (Economía y Finanzas)
5. Agencia Estatal de la Propiedad (Economía y Finanzas)
6. Agencia de Industrias de Defensa (Defensa)
7. Agencia de Regulación y Control Técnico (Actividades Productivas)
8. Agencia de la Propiedad Industrial (Actividades Productivas)
9. Agencia de Protección Ambiental y Servicios Técnicos (Medio Ambiente y Protección de la Tierra)
10. Agencia de Infraestructuras y Transportes Terrestres (Infraestructuras y Transportes)
11. Agencia de Formación Profesional y Educación (Trabajo, Salud y Políticas Sociales - Educación, Universidad e Investigación)
12. Agencia de la Función Pública (Presidencia del Consejo de Ministros)

Estaba previsto que la reforma entrara en vigor con la XIV Legislatura, pero nunca entró en vigor en su totalidad, ya que el segundo gobierno de Silvio Berlusconi la modificó cuando asumió el cargo. Los ministerios aumentaron y sólo se crearon algunos de los organismos: el Organismo de Protección Civil, que posteriormente fue abolido y fusionado con el antiguo Departamento de Protección Civil, los Organismos del Ministerio de Economía (Agencia Tributaria, Agencia de Aduanas, Agencia del Territorio, Agencia de la Propiedad del Estado), establecidos en 1999, como excepción a la entrada en vigor general de la Reforma Bassanini en 2001, la Agencia de Protección Ambiental y Servicios Técnicos (APAT) y la Agencia de Industrias de Defensa, establecida en 2001.