El privilegio de pobreza o beneficio de asistencia jurídica (BAJ), es un beneficio establecido por la ley chilena para las personas de escasos recursos que les permite acceder gratuitamente a los servicios judiciales, a la atención letrada realizada por los abogados y a los servicios prestados por los demás órganos judiciales.[1]
El privilegio de pobreza es una manifestación del Derecho a la defensa jurídica y del Principio de subsidiariedad del Estado.
En términos prácticos, el privilegio de pobreza permite acceder a los siguientes servicios:[2]
El privilegio de pobreza legal es el que tienen las personas atendidas por una Corporación de Asistencia Judicial. Se les concede este beneficio por el solo ministerio de la ley.[4] En la práctica, el abogado jefe del consultorio jurídico emite de manera digital e interna el documento que acredita que el patrocinado está favorecido con el Beneficio de Asistencia Jurídica.
El privilegio de pobreza judicial es aquel que tiene su fuente en una resolución judicial, se tramita en cuaderno separado y al momento de solicitarlo se deben expresar los motivos en que se funde.[4]