Se desempeña como coordinador de asuntos internacionales del partido opositor Vente Venezuela y de relaciones internacionales de la campaña de la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Además, es miembro de la Mesa Directiva de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) para el período 2022-2024, donde coordina el grupo de partidos políticos. Entre 2020 y 2022 fue Vicepresidente de esa organización. También es miembro del Comité de Derechos Humanos de la Internacional Liberal. En 2019 fue electo Vicepresidente de la Federación Internacional de Juventudes Liberales (IFLRY) por un año. Previamente, entre 2016 y 2021, fue coordinador nacional de formación de cuadros de Vente Venezuela.

Es egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde recibió su título de Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, mención Relaciones Internacionales, con honores magna cum laude. Ha sido también profesor en esa universidad. Además, es egresado de la clase del año 2016 del Programa para el Liderazgo Competitivo Global de la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos.

El 6 de diciembre de 2023, junto a otros miembros de la dirección ejecutiva nacional de Vente Venezuela y otros 10 dirigentes opositores, fue acusado por Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente,^[1]​^[2]​ de haber sido financiado por la compañía petrolera estadounidense ExxonMobil y ser agente de otro país, en lo que respecta al recrudecimiento de la disputa territorial sobre el Esequibo entre Venezuela y Guyana, y se le imputaron los cargos de "traición a la patria", "asociación para delinquir", "conspiración" y "legitimación de capitales". Desde entonces, como nuevo perseguido político del gobierno venezolano, tuvo que resguardarse junto a sus compañeros en una sede diplomática,^[3]​ mientras que Roberto Abdul,^[4]​ presidente de la ONG Súmate, quien también estaba en Venezuela y fue acusado en la misma trama, estuvo desaparecido y luego en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), donde le fue imputado, además, el delito de terrorismo. Los acusados por Saab se encontraban con régimen de presentación ante tribunales,^[5]​ luego de recibir medidas cautelares que suspendieron sus primeras órdenes de detención. Sin embargo, el 20 de marzo de 2024, nuevamente Saab ordenó el arresto de Urruchurtu y otros ocho dirigentes de la campaña de Machado,^[6]​ en una nueva trama de desestabilización, en medio de tensiones y presiones alrededor de la inscripción de María Corina Machado como candidata presidencial de la oposición democrática venezolana.^[7]​

El 26 de marzo de 2024, el Presidente Javier Milei confirmó en un comunicado^[8]​ que Urruchurtu, junto a Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Fernando Martínez Mottola, acusados por Saab, habían sido recibidos en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas,^[9]​^[10]​ donde permanecen protegidos en calidad de huéspedes y donde han sufrido asedio que incluyó el corte de la energía eléctrica.^[11]​ El 29 de marzo del mismo año, el gobierno argentino otorgó el asilo diplomático de manera oficial, conforme a la Convención sobre Asilo de 1954,^[12]​ elevando la protección de los ciudadanos refugiados en la embajada, luego de que estos formalmente lo solicitaron, cuestión confirmada^[13]​^[14]​ por la canciller Diana Mondino.

A lo largo de los meses de la campaña previa a la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela, el grupo asilado fue acusado de operar desde la embajada argentina contra Venezuela y promover el terrorismo.^[15]​ A raíz del cuestionado resultado de la elección presidencial del 28 de julio, un grupo de nueve países conformado por Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se pronunció en un comunicado conjunto exigiendo transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).^[16]​

Esto trajo como consecuencia que el gobierno venezolano ordenara la salida del país del personal diplomático de esos países y del regreso a Venezuela de sus diplomáticos destinados en esas naciones.^[17]​ Por ello, el gobierno de Argentina comenzó a hacer gestiones y a negociar la representación de sus intereses en el país, así como la custodia y protección de sus instalaciones, por parte de un tercer país.^[18]​ Finalmente, el jueves 1 de agosto de 2024 se confirmó que sería Brasil quien, apegándose a las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares, se encargaría de tal responsabilidad,^[19]​ lo que se tradujo en que se izara la bandera brasileña en la residencia oficial,^[20]​ quedando a cargo de la nación suramericana la protección de los seis asilados. En los días previos a esa confirmación, Urruchurtu denunció el permanente asedio contra la sede, que incluía el corte del suministro eléctrico y la presencia de patrullas policiales con la intención de ingresar al recinto diplomático,^[21]​en flagrante violación del derecho internacional y de asilo, para detener a los asilados perseguidos por el gobierno de Venezuela. Actualmente, Urruchurtu y el grupo de asilados aguarda por los salvoconductos que les permita la salida segura del país.

• Anexo:Personas refugiadas en una misión diplomática
• Asedio de la residencia del embajador de Argentina en Venezuela
• Crisis de la Guayana Esequiba de 2023
• Referéndum consultivo de Venezuela de 2023