Con la entrada en vigencia de la Constitución española de 1812, la antigua capitanía general de Guatemala fue dividida en dos provincias, la provincia de Guatemala (que incluía las intendencias de San Salvador, Ciudad Real de Chiapas, y Comayagua) y la provincia de Nicaragua-Costa Rica. En cada provincia habría un jefe político superior designado por el rey o el consejo de regencia, ayudado por una diputación provincial, cuyos vocales eran electos en votaciones indirectas y que se encargaba de impulsar el progreso y economía de la provincia.^[8]​

En la provincia de Guatemala el presidente de la Real Audiencia y capitán general, que en ese entonces era José de Bustamante, pasó a ser el jefe político superior de la provincia. El 2 de septiembre de 1813, se instaló la primera diputación provincial pero entraría en funciones hasta el 3 de octubre de ese año, debido a las dificultades puestas por Bustamante. Esa diputación, ejerció sus labores hasta septiembre de 1814, cuando se disolvió debido a que el rey Fernando VII volvió al absolutismo. Más adelante, se reinstaló, el 13 de julio de 1820, al volver la Constitución con la revolución del Riego; siendo en ese momento jefe político superior Carlos de Urrutia y Montoya.^[8]​^[9]​

Entre agosto y septiembre de 1820 se realizaron, con ciertas demoras, las elecciones para vocales de la segunda diputación provincial y para diputados a las Cortes Generales españolas; los resultados de esos comicios fueron publicados en el periódico El Editor Constitucional, que surgió a partir de una tertulia patriótica en 1820 (asistida por personas que apoyaban el régimen constitucional y que más adelante apoyarían la independencia) y que era editado por el doctor Pedro Molina Mazariegos; específicamente, a partir del número 10 correspondiente al 11 de septiembre de 1820.^[10]​^[11]​

Fueron electos como vocales de la diputación: el presbítero José Matías Delgado, por el partido electoral de San Salvador (en la intendencia homónima); presbítero Manuel Antonio de Molina, por el partido electoral de San Miguel (en la intendencia de San Salvador); el licenciado Mariano Beltranena y el abogado Alejandro Díaz Cabeza de Vaca (como suplente), por la ciudad de Guatemala; presbítero José Mariano Calderón, por el corregimiento de Chiquimula; el abogado Antonio Rivera Cabezas, por la alcaldía mayor de Verapaz; el presbítero Mariano Robles y el abogado Marcial Zebadúa (como suplente), por la intendencia de Ciudad Real de Chiapas. Teniendo por secretario a José Domingo Diéguez.^[2]​^[12]​^[13]​^[7]​^[14]​

El 7 de noviembre de 1820, se instaló, en el Real Palacio de la Nueva Guatemala de la Asunción, la diputación provincial; contando con la presencia de 3 vocales propietarios (Delgado, Beltranena y Rivera) y 1 suplente (Cabeza de Vaca) que fueron juramentados por el jefe político superior. Lo que fue informado a través del periódico El Editor Constitucional en su publicación del 13 de noviembre de 1820. En su primera sesión, celebrada el 8 de noviembre, entre otras cosas, la diputación estableció que las sesiones se celebrarían a puertas cerradas.^[12]​^[13]​^[5]​^[15]​

De la voluntad general es de donde nace toda autoridad y la plenitud absoluta de derechos para disponer y reclamar todo lo que sea más conforme al bien y prosperidad del Estado. La Excma. Diputación Provincial de Guatemala reconoce este principio. Formada por la elección libre de los pueblos; encargada del régimen económico de las provincias y de promover su prosperidad bajo un sistema libre, en que queda combinado este interés con la acción del gobierno; cree muy debido hacer el uso más conveniente de la libertad de imprenta, comunicando por su conducto todas sus operaciones...

Pedro Molina en El Editor Constitucional número 36 del 26 de febrero de 1821.^[13]​

El periódico El Editor Constitucional, a partir del número 36 del 26 de febrero de 1821, y después de un prólogo titulado Diputación provincial, fue publicando las actas de la diputación; pero, la escasez de páginas del periódico le impedía a Molina publicar las actas conforme le iban llegando. Publicando hasta las de la sesión del 11 de diciembre de 1820 que estaban insertas en la publicación del 21 de mayo de 1821; fuera de lo cuál solo publicaría noticias relevantes o actas destacadas de lo actuado por la diputación. En esas actas se observa que cuatro vocales (Delgado, Beltranena, Cabeza de Vaca y Rivera) estaban presentes en Guatemala sesionando con diligencia, bajo la presidencia de Gainza, discutiendo asuntos sobre Guatemala, la intendencia de San Salvador o la de Comayagua, sin mención alguna de asuntos de la intendencia de Ciudad Real de Chiapas o de la provincia de Nicaragua-Costa Rica.^[13]​

El 10 de noviembre de 1820, el jefe político presentó a la junta la necesidad que tenía la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción de poseer alumbrado en las calles, por lo que la diputación mandó a traer los antecedentes que habían sobre ese tema.^[16]​

El 13 de noviembre, se acordó pasar oficio a la Audiencia territorial (la Real Audiencia) y a los jefes políticos subalternos (los intendentes) avisado que había cesa la diputación provisional (la electa en 1813) y se había instalado la constitucional. También se acordó conceder 1000 pesos de comunidades a los indígenas de San Pedro Sacatepéquez para la construcción de su parroquia; y que se le pague a los doctores Mariano de Larrave y Ciriaco Sepúlveda lo adeudo en salario como conservadores de vacuna desde el fallecimiento del doctor Narciso Esparragosa en 1819.^[17]​

El 15 de noviembre, se nombró como clavero (encargado de las llaves) al vocal Beltranena y se comisionó a Beltranena y Rivera para que se encargasen de la división de partidos electorales, para lo cual se pasó oficio a la audiencia territorial. También se acordó la asignación de fondos que interinamente el ayuntamiento de la Nueva Guatemala había dado al conservado de fluido vacuno (que se usaba para vacunas y de ahí el nombre), y que el salario de 400 pesos del conservador se pague en adelante con 50 pesos dados por el ayuntamiento de esas ciudad y 350 que se pague prorrata por todos los ayuntamientos constitucionales y comunidades indígenas; asimismo, se resolvieron consulta sobre el uso de los fondos propios de los ayuntamientos constitucionales de Choluteca (alcaldía mayor de Tegucigalpa; también hubo una consulta del alcalde mayor de esa jurisdicción sobre el pago de un indígena alguacil del juzgado de letras) y San Alejo (intendencia de San Salvador), y una demostración de los tejedores de la Antigua Guatemala sobre la decadencia de esa industria por la introducción de efectos extranjeros.^[18]​

El 17 de noviembre, se aprobaron los viáticos para el diputado a Cortes de la alcaldía mayor de Verapaz Francisco García. Por otro lado, el día 20, a moción de Beltranena, y para uniformar la administración de justicia, se acordó cesar en sus atribuciones al tribunal del consulado de comercio, que se encargaba de los juicios comerciales; y el 23, a petición del presbítero Delgado sobre que la elección de de diputados a Cortes debía ser en esa ciudad por ser la capital de la provincia, al haber una empate, el jefe político consideró que por el decreto de las Cortes extraordinarias del 23 de mayo de 1812 pueden haber elecciones en capitales que no tengan diputación provincial hasta que no se haga un nuevo arreglo de las provincias.^[19]​

El 24 de noviembre, se acordó fijar cárteles en lugares públicos para que cualquiera que lo quisiese estableciese una escuela de primeras letras; se aprobó el plano de Juan Bautista Jáuregui para lo construcción de la parroquia de Ojojona (intendencia de Comayagua); se aprobó y se pasó oficio al intendente jefe político subalterno de San Salvador Pedro Barriere acerca del informe de la contaduría de propios y de comunidades sobre la habilitación de utensilios sagrados en Cojutepeque; se acordó que el jefe político tomase las providencias necesarias para precaver la pérdida y deterioro de la librería donada por el doctor Narciso Esparragosa al colegio de cirujía, que según su recién llegado vicedirector Mariano de Larrave todavía no se había entegrado; y se aprobaron los viáticos al diputado a las Cortes Generales por la intendencia de Ciudad Real de Chiapas Fernando Antonio Dávila y que se le diesen también los 1500 pesos que se le adeuban de cuando fue electo en 1814.^[20]​

El 29 de noviembre, se aprobó dar 2600 pesos de comunidad para la reedificación de la parroquia de Pinula. El 4 de diciembre, se aprobó que se diese necesario para la terminación de la cañería para introducción de agua en Escuintla; se pasó un oficio al cabildo eclesiástico del arzobispado guatemalteco para que informe acerca de como se encontraba el expediente sobre la creación del obispado de San Salvador (algo que le era de interés al vocal y presbítero Delgado, que había sido vicario en la parroquia central de esa ciudad); se acordó que se paguen 400 pesos del fondo de comunidades, que le debían los indígenas, de Ilopango al cura de esas población; y se pasó oficio al arzobispo sobre pedido del subdelegado de San Alejo para que se remueva al párroco de esa población.^[21]​

El 6 de diciembre, se comisionó al vocal suplente Díaz Cabeza de Vaca a que supervisase la reimpresión de 2000 ejemplares de los decretos de las Cortes y se haga una colección de los más necesarios; y habiendo recibido el informe del deán y el cabildo eclesiástico sobre la creación del obispado de San Salvador, se acordó pasarlo con oficio al arzobispo para que informe lo que estime conveniente ya que así lo exigía una Real cédula sobre el tema. El 9, se acordó que se forme un libro que lleve un índice de todas las leyes y decretos emanados del gobierno español, según lo prevenido en el artículo 17 capítulo 3º del reglamento sobre ese tema.^[22]​

El 11 de diciembre, se aplazó el acuerdo para que se paguen 70 pesos de gastos de escritorio al licenciado Felipe Neri del Barrio por el tiempo que sirvió la secretaría de la junta de vacunas; se acordó que se suspediense el restablecimiento del fiel del almacenes de tabaco hasta que se tenga a la vista el estado pedido a la renta del ramo; se aprobó la asignación de 200 pesos al secretario del ayuntamiento de San Miguel en la intendencia de San Salvador; se acordó por providencia general que se pases oficio a todas las intendencias y ayuntamientos a que remitan los respectivos estados de sus propios municipales; y se pidió a la Audiencia territorial testimonio sobre algunos casos judiciales llevados a cabo por ese alto tribunal.^[23]​

Las acciones de la diputación provincial prontamente ocasionaron tensión entre el ayuntamiento constitucional de la Nueva Guatemala (que había servido como consejero del capitán general mientras se elegía a los vocales de la diputación provincial) y la audiencia territorial, debido a que la diputación buscó impulsar las reformas judiciales y el nombramiento de jueces de letras en coordinación con los jefes políticos (tanto el jefe político superior como los jefes políticos subalternos); con lo que se restaban funciones que tradicionalmente tenían los alcaldes de primer voto de los ayuntamientos, mientras que la Audiencia consideraba que ello interfería con sus funciones. A pesar de las críticas, la diputación mantuvo su posición y el 23 de noviembre envío a las Cortes Generales un escrito para obtener su aclaración.^[24]​^[25]​

Uno de los temas principales de discusión en las reuniones de la diputación, en los años de 1820 y 1821, provino de las quejas de los cabildos indígenas por los obstáculos e intromisiones de los alcaldes mayores y corregidores en el desarrollo de las elecciones. Asimismo, el 27 de noviembre de 1820, la diputación ordenó a los alcaldes mayores y demás jueces territoriales para que organizaran los cabildos y enviasen un informe, y solicitó ayuda al arzobispo Ramón Casaus y Torres para que los religiosos apoyasen la organización de los ayuntamientos constitucionales; los cuáles según lo establecido en la Constitución tenían que tener la participación de todas la etnias que había la población (ladinos e indígenas en caso de los pueblos de la provincia) en igualdad de condición, pero realizar esa medida resultaba muy díficil.^[24]​^[26]​

Entre los miembros de la diputación había intención de extinguir el tributo de los indígenas, que fue una de las primeras demandas a la que tuvo que enfrentarse, pero al no saber como sustituirlo se decidió continuar con su cobro, a pesar de que ello fuese razón de alzamiento en las poblaciones como el levantamiento indígena de Totonicapán, que ocurrió entre julio y agosto de 1820.^[27]​

A partir de noviembre de 1820, y sin autorización de las Cortes Generales, se instaló una diputación provincial en la intendencia de Comayagua, debido a que al igual que las otras intendencias buscaba tener una mayor autonomía de Guatemala; lo que sería criticado por la diputación guatemalteca, que el 1 de diciembre redactaron 12 puntos que ilustraban la ilegalidad de ese acto y las acciones que se emprenderían para suprimirla. Aunque con la llegada, en febrero de 1821, de José Gerónimo Zelaya (que fue enviado desde Guatemala para resolver esa situación) esa diputación no volvió a sesionar; el intendente José Gregorio Tinoco de Contreras, en marzo de ese año, no logró llevar a cabo la elección para vocal a la diputación guatemalteca sino que permitió elecciones para una nueva diputación.^[28]​^[29]​

En los primeros meses de 1821, la diputación buscó fijar las funciones de los subdelegados de la real hacienda (de los partidos de las intendencias) y los alcaldes mayores y corregidores (que provenían del sistema anterior a la reformas borbónicas que implementaron las intendencias, y eran vistos como semejantes a los subdelegados) que según las ordenanzas de intendentes observaban las cuatro causas de justicia, hacienda, guerra y policía; y para ello formó una comisión compuesta por los vocales Rivera, el presbítero Molina, el presbítero Calderón, Zebadúa, y Díaz Cabeza de Vaca. La cual consideró que, debido a que esos cargos, en el nuevo sistema constitucional, eran desconocidos o no habían sido tomados en cuenta tanto en la Constitución como en los decretos de las Cortes, y que por ende no podía haber un tercer tipo de jefe político fuera del jefe político superior y los jefes subalternos, había que dejarlos únicamente como jueces de primera instancia con la única facultad de observar asuntos judiciales hasta el establecimiento de los jueces de letras; mientras que a los alcaldes primeros de los ayuntamiento constitucionales se los otorgó funciones de orden económico, político y gubernativo. Sin embargo, los subdelegados, alcaldes mayores y corregidores pidieron una reforma ya que dicha medida les dificultaba el cobro de tributos por carecer del gobierno político; por lo que lo que dicha, en el acta del 12 de abril, les otorgó las atribuciones políticas a esos funcionarios pero en calidad de comisiones interinas.^[30]​^[31]​^[32]​

El 9 de marzo de 1821, aconsejado por el presbítero José Simeón Cañas, el jefe político superior Carlos de Urrutia y Montoya decidió retirarse debido a estar muy enfermo, dejando su lugar al subinspector general del ejército el brigadier Gabino Gaínza. El cual, a finales de marzo, tuvo noticias de la declaración del Plan de Iguala por el general Agustín de Iturbide en México; mostrándose en ese momento en contra tanto de la independencia como de dicho plan, como se observa en el manifiesto que escribió el 10 de abril, en el que acusa a Iturbide de ser un traidor al rey, tener intenciones perversas y haberse robado más de un millón de pesos.^[33]​^[7]​

El 8 de mayo de 1821, a petición de los diputados americanos, las Cortes Generales decretarían que todas las intendencias pasarían a ser provincias con su propia diputación provincial; y a partir de ahí, en agosto de ese año se llevaron a cabo las elecciones para la diputación de Ciudad Real (con lo que los representantes chiapanecos retornarían a esa jurisdicción) que se instaló el 18 de octubre, y más adelante en noviembre ocurriría igual en la de San Salvador. Con ello, se cambiaría el sentido de la gestión administrativa y política de la antigua capitanía general, ya que las diputaciones provinciales podían ejercer un control administrativo más cercano al territorio en materia fiscal, económica y social, a la vez que estos organismos y luego las juntas gubernativas se convirtieron en organismos políticos representantes de las élites locales.^[28]​^[2]​^[34]​

En Guatemala, debido a la libertad de imprenta, se habían formado dos bandos, por un lado los cacos que estaban a favor del sistema constitucional, que eran partidarios de la independencia y tenían por periódico El Editor Constitucional de Molina, y por el otro los bacos o realistas que estaban en contra de la independencia y cuya publicación periódica era El Amigo de la Patria de José Cecilio del Valle. Entre los cacos, se formarían paulatinamente dos facciones, por un lado la facción republicana, con Pedro Molina, José Francisco Barrundia, el presbítero José Matías Delgado, etc, que buscaban que la capitanía general se convirtiese en república independiente; y por el otro la facción imperial, con aristócratas guatemaltecos como Mariano de Aycinena, que buscaban la anexión al imperio mexicano.^[1]​^[7]​

En agosto, Mariano de Aycinena junto con el marqués Juan José de Aycinena, propusieron un plan pacífico de independencia, sin cambios de autoridades, que convenció a todos lo miembros de la facción de los cacos; incluyendo a los republicanos, ya que Molina, Barrundia y Mariano Beltranena también ayudaron en la redacción del documento del plan pacífico. La intención última de ese documento era la de mantener el sistema político para después anexar la antigua capitanía general a México; pero debido a la presión de los republicanos se incluiría en el documento la convocatoria a un congreso de las provincias, con la esperanza de los de la facción imperial de que antes de su instalación sucediese algún suceso que les permitiese mantener su estatus.^[7]​^[35]​

A inicios de septiembre, cuando México estaba a punto de alcanzar su independencia como un imperio, luego de la firma de los tratados de Córdoba (firmados el 25 de agosto de 1821), el jefe Gaínza se puso a favor del plan pacífico de independencia, al ser convencido principalmente por el síndico primero del ayuntamiento de la Nueva Guatemala Mariano de Aycinena de que ello no traería cambios al sistema político económico.^[7]​

El 13 de septiembre de 1821, el ayuntamiento de la Nueva Guatemala recibió la noticias que las autoridades edilicias de Tuxtla, Ciudad Real y Comitán en la provincia de Ciudad Real de Chiapas (liderada por el intendente jefe político Juan Nepomuceno Batres), habían declarado la independencia y se habían adherido al Plan de Iguala, el 28 de agosto y 5 de septiembre respectivamente. Ante esto, al siguiente día 14, Gaínza convocó a la diputación para solicitar su parecer, y está le recomendó con urgencia el dictamen de las principales instituciones civiles, políticas y religiosas para poder tomar una decisiónes; lo que fue aceptado por Gaínza en el cabildo extraordinario celebrado en la noche de ese día.^[7]​^[34]​

El sábado 15 de septiembre de 1821, a partir de las 8 de la mañana, comenzarían a llegar los miembros de la diputación provincial y de otras personalidades de la provincia para la junta de notables en el Real Palacio, que tuvo un total de 53 asistentes. La junta inició por las 9:35 de la mañana y paulatinamente 28 de los asistentes, incluyendo el arzobispo, irían dejando el palacio al ser opuestos a la independencia, quedando únicamente el jefe político, la diputación y el ayuntamientos; quienes, siguiendo el clamor popular en la plaza y corredores del palacio (que se habían reunido ahí a invitación de la familia Aycinena y demás principales miembros de los cacos), en la noche de ese día declararon la independencia de España de la antigua capitanía general e invitaron a las demás provincias a sumarse. Siendo el acta, escrita por José Cecilio del Valle con ayuda de Miguel Larreynaga, firmada por 13 de los asistentes, entre los que estaban el jefe político superior Gaínza y su secretario Lorenzo de Romaña, 5 vocales de la diputación (Delgado, Molina, Beltranena, Calderón, Rivera) y el secretario de la diputación.^[36]​^[7]​

En el acta de independencia se estipuló que la diputación provincial guatemalteca se elevaría a Junta Provisional Consultiva, para que sus miembros gobernasen en conjunto con el jefe político superior, y que además de los miembros de la diputación se agregarían como miembros vocales a: el ministro de la audiencia Miguel Larreynaga, por la provincia de Nicaragua; el auditor de guerra José Cecilio del Valle, por la provincia de Comayagua; el marqués Juan José de Aycinena, por la alcaldía mayor de Quetzaltenango; el tesorero de la Cátedral José Váldes, por las alcaldías mayores de Sololá y Chimaltenango; el presbítero Ángel María Candina, por la alcaldía mayor de Sonsonate; y el alcalde tercero de la Nueva Guatemala Antonio Robles por la provincia de Ciudad Real de Chiapas. Poco tiempo después se agregó también al presbítero José Antonio Alvarado en representación del entonces partido de Costa Rica (que formaba una sola provincia con Nicaragua).^[37]​^[1]​^[38]​

La Junta Provisional Consultiva se desempeñó desde ese momento como el gobierno interino de las provincias de la antigua capitanía general de Guatemala (también mencionado como provincias de Guatemala, provincias unidas de Guatemala o Estado de Guatemala; el término Centroamérica surgiría hasta 1823) mientras se definía el nuevo pacto, y se encargo tanto de gobernar como de realizar funciones legislativas. El jefe político superior emitiría bandos u oficios de gobierno, pero sus funciones estaban subordinadas a las decisiones que se tomaban en consenson en la junta.^[39]​^[7]​^[40]​

El mismo día 15, los miembros de la junta juraron la independencia. Instalándose oficialmente el 17 de septiembre, empezando desde ese momento a reflejar en su organización y funcionamiento los intereses del nuegro grupo que asumió el gobierno. Asimismo, ese mismo día 17, el jefe político público un bando en el que mencionaba que seguían en pie todas las leyes españolas (incluyendo la Constitución).^[41]​^[42]​^[5]​

El 19 de septiembre, sus miembros acordaron sesionar todos los días por la mañana (de nueve a doce): el lunes, miércoles y viernes habrían sesiones públicas (en las que se presentaban como representantes del pueblo José Francisco Barrundia, José Francisco Córdova o Pedro Molina), y los martes y jueves sesiones privadas. Posteriormente, el 29 de septiembre se suspendieron las sesiones públicas; luego, debido a las peticiones de los representantes del pueblo, el 3 de noviembre, se acordó que las sesiones de carácter gobernativo fuesen privadas y aquellas donde se legislara fuesen públicas (realizadas los mismos días antes mencionados), anunciandolas con anticipación a la población, y se decretó un reglamento (hecho por Larreynaga) para normar el comportamiento del público ven esas sesiones.^[41]​^[43]​^[44]​

El primer paso de la junta fue elaborar su reglamento, que fue presentado el 18 de septiembre por José Francisco Barrundia (siendo elaborado por él junto a José Francisco Córdova y Pedro Molina), y dado a José Cecilio del Valle, que era el encargado de la organización de la junta; este reglamento fue publicado en El Genio de la Libertad, editado por Pedro Molina en sustitución de El Editor Constitucional, específicamente en su publicación del 1 de octubre.^[41]​^[45]​^[46]​

El 19 de septiembre, por moción de Valle se acordó crear comisiones, con miembros del gobierno y de otras corporaciones, para ayudar a la junta en su tarea y con las que se comenzaría a resolver las consultas de las provincias con una mayor agilidad. Creándose un total de 9 comisiones, que eran de: instrucción, seguridad y defensa pública, estadística, agricultura, comercio, industria, hacienda, de asuntos indígenas, y de diputaciones y elecciones. Las cuales comenzaron a integrarse a partir de la sesión del 25 de septiembre y continuaron haciéndolo hasta la del 3 de octubre.^[41]​^[45]​

En su primera sesión, el día 17, a solicitud de Mariano Gálvez como representante del pueblo, el jefe político accedió a que había que reorganizar el batallón de milicias de infantería; también, debido a oficio del superintendente de la casa de moneda, se acordó que no se hiciese novedad por el momento en la acuñación de moneda.^[5]​^[47]​

El 21 de septiembre, se acordó comunicar al gobierno de la Provincia Libre de Guayaquil la independencia de la capitanía guatemalteca, para que también lo comunique a los demás gobiernos independientes de Sudamérica; se facultó al vocal Larreynaga para que se hiciese cargo de la Gaceta del gobierno (dejando a su elección a la persona que deba auxiliarle y designando los martes y viernes para la publicación del periódico; y se eligió como segundo secretario de la junta a José Francisco Barrundia, el cual no aceptó el cargo y en su lugar, el 25 de ese mes, se escogió a Mariano Gálvez, que empezó a oficiar el 27.^[48]​

Mucho de lo acordado por la junta en sus primeras sesiones estuvo encaminado a preparar y organizar las elecciones para el congreso de las provincias, estipulado en el acta de independencia, en la que se estableció que el procedimiento electoral sería el fijado por la Constitución española de 1812 (es decir utilizando electores por grados en una votación indirecta) y que los diputados estuviesen reunidos para el 1 de marzo. Más adelante, el 22 de septiembre, Pedro Molina presentó un escrito en el que solicitaba que se reformase el numeral 3 del acta de independencia para que se nulificasen los electores de provincia y los diputados fuesen electos por los electores de partido, para evitar enviar a electores a enormes distancias, lo que fue aceptado en la sesión del 25 de diciembre; a ello, también se le sumó, el 3 de octubre y con el mismo fin, una solicitud del intendente-jefe político de San Salvador Pedro Barriere, de otros ayuntamientos de esa provincia y de vecinos particulares. Por lo que el 7 de octubre la junta acordó que se elegieran diputados en aquellos partidos, alcaldías mayores o corregimientos en que la población llegase a la base de 15 mil almas; asimismo, ese día, de manera provisional, se compuso una tabla en que se especificó el número de compromisarios, electores de parroquia y electores de partido que habrían de corresponder a las circunscripciones ciudadanas. Posteriormente, el 6 de noviembre, la junta acordó que el congreso se reuniese el 1 de febrero para evitar que la opinión se siguiera dividiendo y se aquietase el público, lo que fue comunicado a las distintas poblaciones por el jefe Gaínza en una circular del 7 de noviembre.^[49]​^[50]​^[51]​

En lo que respecta al resto de la antigua capitanía general, el 29 de septiembre, por moción del presbítero Delgado, la junta aprobó que las diputaciones consulares de comerciantes, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos funcionasen como apoyo del gobierno, divulguen las medidas emanadas de la junta y que propongan proyectos de agricultura, comercio y educación que convengan a la utilidad pública. Asimismo, ese día y por solicitud del ayuntamiento de la Nueva Guatemala se le confirieron al jefe Gaínza los títulos de teniente general del ejército de Guatemala y de capitán general del reino (con el sueldo de diez mil pesos que implicaba ese puesto), además se le dispuso como anexo la inspectoría general de armas y se le confirió una banda terciada de tres colores alusiva a las tres garantías (religión, independencia y unión, que se encuentran en el plan de iguala).^[52]​^[53]​^[54]​

El 4 de octubre, por moción de Valle, se aprobó que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se encargasen de organizar las milicias, velar por el desarrollo de las elecciones, propongan informes o memorias a las comisiones de gobierno (sobre agricultura, industria, comercio o hacienda), y que informasen sobre las actividades realizadas.^[52]​^[55]​

El 5 de octubre, a propuesta del presbítero Delgado, y debido a la necesidad de aumentar la población de los puertos de Omoa y Trujillo en la provincia de Comayagua, la junta acordó que se compren las herramientas necesarias para que se distribuya a las familias pobres que quieran ir a poblar, a las que también se les den tierras de cultivo y se les conceda excepción absoluta de sus derechos.^[56]​^[5]​

El 8 de octubre, se presentó el licenciado pidiendo que se le diese una pensión a Ana Cañas, viuda del doctor Santiago José Celis (quién falleció en prisión, a la que había sido confinado por su participación en el segundo movimiento independentista en San Salvador de 1814); igualmente, el 15 de octubre, se presentó Margarita Villavicencia, viuda del licenciado Mateo Antonio Marure (quién falleció en prisión en La Habana, donde fue confinado por su participación en la conjuración de Belén en la provincia de Guatemala en 1813) pidiendo una corta pensión y que se le devuelvan unas armas y muebles que se le embargaron. En ambos casos, se acordó que la resolución de esa solicitud debía quedar para el congreso de las provincias, y que en el caso de la devolución de las pertenencias de Marure se le solicite por la escribanía el paradero de esos objetos.^[57]​

En lo que se refiere a justicia, la junta determinó que el nombramiento de jueces de letras recaía en los jefes políticos y que los ayuntamientos se encargarían de la toma de posesión; a ello, los ayuntamientos, principalmente indígenas, propusieron que los jueces fueran electos en una votación que los alcaldes resolvieran sobre asuntos criminales, pero la junta dictaminó que sería el jefe político quién verificaría el nombramiento y que los jueces se encargarían de todas las causas de justicia en el territorio; con lo que la audiencia territorial desempeñaría desde entonces únicamente el papel de tribunal superior de justicia, eliminando aparentemente sus antiguas funciones sobre otras áreas del gobierno. En cambio, sobre los tributos, no hubo un cambio significativo, pero se aceptaron solicitudes de rebajas o eliminación apoyadas por los párrocos y alcaldes mayores, corregidores o subdelegados; a la vez que se declaró que su eliminación o sustitución correspondía al congreso de las provincias.^[58]​

Entre las comisiones destacarían la de comercio y la de dioutaciones elecciones. La comisión de comercio, trabajó muy de cerca con la comisión de hacienda y mantuvo los rubros fiscales de las reformas borbónicas, con pocas excepciones como la eliminación del estanco de aguardiente en Quetzaltenango; asimismo, apoyó la libertad mercantil y mantuvo el cobro de las aduanas interiores, promovió el desarrollo de la agricultura e industria para lo cual decidió imponer impuestos moderados a los derechos de la exportación de los productos, y prohibió el traslado de la plata y oro en pasta fuera de la capitanía pero permitió el de la plata acuñada o labrada siempre que se pagaran los derechos. En cambio, la de diputación y elecciones, resolvió problemas relacionados con las diputaciones provinciales, los jefes políticos y las elecciones, dando resoluciones de acuerdo a las circunstancias y a los sitios donde surgieron, en especial en aquellos entre los jefes políticos y los ayuntamientos, pero buscando siempre la estabilidad política, lo que permitió un período de amplia y constante negociación entre los territorios y entre estos y las autoridades intermedias y superiores.^[59]​^[60]​

El 22 de noviembre, por petición de Valle, se acordó que se celebrase cada año el 15 de septiembre como aniversario de la proclamación de independencia, se cante solemnemente un Te Deum, se haga una misa de acción de gracias a la que asistan todas las autoridades, se iluminen las calles y se hagan salvas de artillería, que la Universidad Francisco Marroquín ponga a un doctor o bachiller a leer un discurso con asistencia del ayuntamiento y colegio, y que en los almanaques se ponga la expresión: Aniversario de nuestra independencia.^[61]​

Los promotores del plan pacífico de independencia, buscaron pedir ayuda al general Agustín de Iturbide, entonces comandante del ejército trigarante, por si Gaínza no se sumaba al plan; por ello, a inicios de septiembre, enviaron a Cayetano Bedoya (cuñado de Pedro Molina) a Oaxaca. Más adelante, 17 de septiembre, por orden de la junta, se envío una copia certificada del acta de independencia a Iturbide para informarle de la independencia de la capitanía general guatemalteca y el 18, Gaínza le escribió a Iturbide y se retractó de lo que había dicho en el manifiesto del 10 de abril; a la vez que los hermanos Mariano y Juan José de Aycinena comenzaron a promover la anexión a México.^[5]​^[62]​

El 1 de octubre, cuando todavía no había llegado a México la noticia de la independencia de la capitanía general de México, Iturbide le escribió a Gaínza una carta donde le comunicaba que el 27 de septiembre se había declarado la independencia del imperio mexicano y el 28 se había instalado un gobierno provisional compuesto por la Junta Provisional Gubernativa y un Consejo de Regencia (con el poder legislativo y ejecutivo respectivamente; estando ambos presididos en ese momento por Iturbide), y se invitaba cordialmente a la capitanía general a unirse al imperio y enviar representantes a las Cortes Constituyentes que se convocarían en la ciudad de México. Esta carta llegó a Guatemala el día 5 y fue conocida en la junta en su sesión 18 del 6 de octubre; en la que hubo una amplia discusión que continuó hasta en la tarde, cuando se resolvió comisionar a Valle para que escribiese la respuesta, en la que se diría que la junta carecía de facultades para resolver la anexión a México ya que se requería el voto general de las provincias (de las que faltaba conocer si aceptaban la independencia de España las provincias de Comayagua y Nicaragua-Costa Rica) y que esa decisión solamente podría provenir del congreso de las provincias que se había establecido en el acta de independencia. Esa misma decisión tomó el ayuntamiento de la Nueva Guatemala, que también recibió invitaciones para unirse al imperio, en los cabildos del 4 y 23 de noviembre.^[5]​^[63]​

El 31 de octubre, el jefe político comunicó a la junta que se habían recibido cartas privadas y papeles públicos informando de la instalación de la Regencia y la Junta Provisional en México, y proponiendo que se celebrase ese suceso; ante eso, se recibió una comisión del ayuntamiento de la Nueva Guatemala que solicitó que por esas noticias se diese un repique general de las campanas, se celebrase una misa de acción de gracias con asistencia de las corporaciones, se hiciesen salvas de artillería y que hubiesen tres días de iluminación y colgaduras.^[64]​

El 16 de noviembre, la junta leyó una carta recibida por el marqués de Aycinena y escrita en Ciudad Real en la que José Manuel Mier y Terán, comisionado Iturbide para investigar la situación de Chiapas y Guatemala, pide permiso para pasar a la provincia de Guatemala por lo que suplicaba se le diese el pasaporte correspondiente, lo que se acordó dárselo.^[60]​

Algunos miembros de la junta vieron limitada su participación debido a que la entidad que representaban total o parcialmente decidió separarse de la capitanía general Guatemala y anexarse al imperio mexicano. Primeramente, el 26 de septiembre, en la provincia de Chiapas, el intendente jefe político Juan Nepomuceno Batres junto con representantes de todas las corporaciones, y luego de conocerse el contenido del acta del 15 de septiembre y al no estar de acuerdo con la convocatoria a un congreso de las provincias y que se designara a Antonio Robles como representante en la junta, decidió separarse de Guatemala y unirse al imperio Mexicano; más adelante, la regencia del imperio lo uniría en lo militar a la capitanía general de Puebla.^[65]​^[34]​

El 28 de septiembre, la provincia de Comayagua, en una junta de notables, decidió separse de Guatemala y unirse al imperio, pero el partido de Tegucigalpa y otras poblaciones decidieron permanecer unidas a Guatemala, por lo que en la junta José Cecilio del Valle tuvo que limitar su representación a esos territorios. El jefe político de Comayagua José Gregorio Tinoco de Contreras buscó apoderarse de Tegucigalpa, a la vez que ocupó los puertos de Omoa y Trujillo; pero la noticia de la llegada de fuerzas enviadas por la provincia de San Salvador y el corregimiento de Chiquimula (éstas últimas dirigidas por el coronel Simón Gutiérrez) lo hicieron desistir de atacar Tegucigalpa. El 11 de noviembre, el jefe Gaínza le escribió a la diputación provincial de Comayagua exhortandole que se retractase de su decisión de separarse de Guatemala y unirse a México. Los puertos de Omoa y Trujillo volvieron a unirse a la antigua capitanía general el 1 de diciembre y a mediados de enero respectivamente. El 11 de diciembre, la junta le otorgó a Tegucigalpa el título de ciudad y a su ayuntamiento el de patriótico.^[66]​^[67]​^[68]​

El mismo día 28 de septiembre, en la provincia de Nicaragua, la diputación provincial de León, liderada por el jefe político Miguel González Saravia, redactó la que es conocida como el acta de los nublados, en la que se aceptó la independencia y se decidió separarse de la capitanía general guatemalteca; luego, el 11 de octubre, la diputación provincial acordó unirse al imperio, pero los partidos de Granada y Masaya, el 2 y 26 de octubre respectivamente, decidieron permanecer unidos a Guatemala, por lo que en la junta Miguel de Larreynaga tuvo que limitar su representación a esos partidos, a la vez que se escogió como representante de esos partidos al abogado Eusebio Castillo. El 22 de octubre, Gaínza le escribió a la diputación provincial de León para que se retractase de su decisión.^[69]​^[70]​^[71]​^[72]​

El 3 de octubre, la junta aceptó la proposición de Mariano Fagoaga y Manuel José de Arce de conformar una junta subalterna económica y consultiva en la provincia de San Salvador, de la que también serían parte dos de sus miembros (los presbíteros José Matías Delgado y Manuel Antonio de Molina). Sin embargo, debido a la diferencia de opinión entre los imperialistas (el intendente-jefe político Pedro Barriere y la mayoría de las demás autoridades de la ciudad de San Salvador) y los republicanos como Arce, Fagoaga, Juan Manuel Rodríguez, etc), el jefe Barriere mandó a aprehender a los líderes de la facción rival al momento de las elecciones. Ante esto, el 9 de octubre, teniendo en cuenta los oficios enviados por el comandante de las milicias de San Salvador coronel José Rosi y Manuel Delgado (hermano del presbítero Delgado), la junta acordó deponer a Barriere y enviar al presbítero Delgado a asumir como intendente-jefe político de la provincia, con el mando militar, y procediese en los términos que dicte su prudencia; en esa sesión el vocal Rivera sostuvo que prefería que se enviase como intendente jefe político a Pablo Matute y comandante de armas al teniente del batallón fijo de Guatemala Justo Milla (propuesto por Delgado), también se presentaron Pedro Molina y Francisco Javier Barrutia como apoderados de Arce y Rodríguez para que cambiasen a las autoridades de San Salvador y porque no querían que se fuese Delgado por que podría peligrar su vida y porque creían que estaba realizando un buen trabajo en la junta. Al final, Delgado partió hacia San Salvador como nuevo intendente jefe político y el 11 de noviembre se procedió a elegir a los vocales de la diputación provincial de San Salvador (aunque el presbítero Molina decidió quedarse en Guatemala, como miembro de la junta); desde ese momento, dicho organismo se mostraría completamente en contra de la anexión al imperio mexicano y partidario de la celebración del congreso de las provincias.^[73]​^[1]​^[74]​

El partido de Costa Rica, acordó primeramente el 13 de octubre, en cabildo extraordinario en Cartago, presidido por el jefe político subalterno Juan Manuel de Cañas, sujetarse a lo dispuesto por Nicaragua; luego el 17 de octubre el ayuntamiento de Cartago se retractó de sus votos y decidió separarse de Nicaragua, erigirse en provincia y formar una junta gubernativa; y el 29 de octubre se acordó la anexión del imperio. El 12 de noviembre, se instaló la junta de legados de los pueblos, compuesta con representantes de los ayuntamientos y que ese día asumió el gobierno de la provincia luego de la renuncia de Cañas; la cual conformó una comisión redactora que elaboró un plan de gobierno provisional o pacto de concordia, que fue publicado el 1 de diciembre y que declaró la independencia absoluta, convocó a elecciones para una junta gubernativa y no juró lealtad ni a México ni a Guatemala. Finalmente, el 13 de enero de 1822 se instaló la junta gubernativa de la provincia. Por otro lado, el ayuntamiento de San José se opuso completamente a la anexión al desconocer lo contenido en el plan de iguala y tener malas referencias de Iturbide; mientras que en Cartago aún habrían simpatizantes a la anexión al imperio; estas diferencias entre los que estaban a favor o en contra de la anexión llevarián a una corta guerra civil en 1823.^[75]​^[76]​

Ante la disidencia de las provincias, que representó un duro revés al predominio económico y político que había tenido la Nueva Guatemala, las diferentes facciones cerraron filas alrededor de la junta. El 6 de noviembre, a petición de Valle, la junta acordó formar una comisión que buscase los medios para unir nuevamente esas provincias a la antigua capitanía general, y para ello se nombró al presbítero José María Castilla, Pedro Molina, Anselmo Quirós, Juan Bautista Marticorena y los frailes José Taboada, Luis García y Mariano Pérez. Más adelante, el día 10, Castilla y Molina se presentaron ante la junta a dar las gracias por su nombramiento y a decir que se había acordado que fuesen dos miembros de la comisión a las provincias disidentes (Juan de Dios Mayorga, que se le sumó a la comisión, y Fray Luis García írian a Comayagua; y Fray José Taboada a León) y otros a México (Castilla, Molina y José Francisco Barrundia, que se le sumó a la comisión) a desvanecer cualquier cualquier idea adversa; asimismo, el jefe político envío un comunicado para oficializar esa comisión, en la que decía que se la diese a ella los estados de población, hacienda pública y milicias de cada corregimiento, alcaldía mayor e intendencias y que con ello la comisión se encargue de convencer a las provincias que no pueden existir de forma aislada (y por ende deben decidir si unirse a México o a Guatemala, y que el primero a diferencia del segundo está más lejano y por ende llevaría a más gastos cuando se elija un representante), que ninguna autoridad puede decidir la unión a México ya que no tienen otra facultad que la que les da la ley y por ende debe ser la voluntad de los pueblos la que debe decidirla, y que esa voluntad solo puede expresarla el congreso de las provincias que se reuniría brevemente, y que por ello no hay ninguna causa para la división y que eso solo podría llevar a una guerra civil.^[77]​^[78]​^[60]​^[79]​

A pesar de la conformación de la comisión antes mencionada, continuaría la disidencia de las jurisdicciones que componían la capitanía general. Así, el 13 de noviembre, el ayuntamiento de Quetzaltenango decidió separarse de Guatemala y unirse al imperio, invitando a hacer lo mismo a los ayuntamientos de Suchitepéquez, Sololá y la Antigua Guatemala. La junta se enteró de estos acontecimientos en sus sesiones del 21 y 26 de noviembre, y les recordó a los ayuntamientos que cumpliesen su juramento y escogiesem diputados al congreso de las provincias.^[80]​^[81]​

El 27 de noviembre, la junta recibió a José Oñate, comisionado de Iturbide ante el gobierno de Guatemala, el cual entregó dos copias (una para Gaínza y otro para la junta) de un oficio enviado por Iturbide el 19 de octubre de 1821, que fue escrito después de enterarse que la capitanía general de Guatemala se había independizado de España, en donde presionaba sutilmente a la capitanía general para que se uniese al imperio, a la vez que mencionaba el envío de un contingente de 600 soldados a la frontera entre ambas jurisdicciones (cuerpo militar conicido como la división auxiliar mexicana, que había sido enviada a Oaxaca y que era comandada en un principio por el conde de la Cadena coronel Antonio Flon, a quién el día 29 Iturbide ordenó que se movilice a Ciudad Real; más adelante, el 27 de diciembre Iturbide lo reemplazó por el coronel Vicente Filísola). Este oficio, al llegar a Guatemala, sería reproducido en varias copias, impresas en la imprenta de Ignacio Beteta y pagadas por Mariano Robles, para que se repartiese gratis a los suscriptores de la Gaceta del Gobierno y al público en general que quisiese conocer su contenido.^[82]​^[74]​^[5]​^[83]​^[84]​

El 28 de noviembre, la junta conoció el contenido del oficio y, después de una detenida discusión que se alargó casi toda la mañana, se acordó contestar a Iturbide que la junta no tenía facultades para resolver ese tema y que para ello tendría que conocer la voluntad de los pueblos; asimismo, debido a sugerencia del marqués Juan José de Aycinena, se decidió enviar dicho oficio a todos los ayuntamientos constitucionales para que en cabildo abierto votasen sobre sí decidían unirse a México o preferían la independencia absoluta, y que el resultado lo enviasen al alcalde primero de cada partido o distrito y de allí se enviasen a Guatemala, esto debido a que las circunstancias (es decir la amenaza militar mencionada en el oficio) no pemitía esperar a la reunión del congreso de las provincias. Lo que fue comunicado por Gaínza a las jurisdicciones del territorio con un oficio dado el 30 de noviembre; y el 3 de diciembre se lo comunicó a Iturbide ppr medio de una carta, en la que concluía que esparaba detuviese la marcha de la división auxiliar hasta que le de a conocer el resultado el 3 de enero.^[74]​^[85]​^[86]​^[87]​

El 30 de noviembre, la junta recibió a Pedro Molina y a José Francisco Córdova, quienes denunciaban que la noticia anterior, debido a haberse recibido el oficio de Iturbide, personas partidarias de la facción imperialista los habían insultado y amenazado de muerte, por lo que pedían que el gobierno dictase providencias para que no se repitiesen esos hechos; si embargo, el jefe político consideró que no había constancia de los hechos referidos y que tomaría las providencias correspondientes para lo sucesivo. La noche de ese día, en las inmediaciones del templo de San José de la Nueva Guatemala, un grupo de partidarios de la facción republicana que salía de una tertulia patriótica en la Universidad se encontró con un grupo de la facción imperialista liderado por los alcaldes doctor Mariano Larrave y Antonio Robles (que eran seguido por una escolta militar), debido a lo fuerte de las discusiones el alcalde ordenó que se abriese fuego a los de la otra facción, falleciendo Mariano Bedoya (cuñado de Pedro Molina) y Remigio Maida; debido a ello, el 1 de diciembre y a solicitud del síndico segundo del ayuntamiento Pedro de Arroyave, la junta acordo prohibir las reuniones, disolver las tertulias patrióticas y ordenar a los habitantes de la ciudad que borrasen las pintas de las paredes.^[88]​^[89]​^[83]​

El 3 de diciembre, la junta recibió la petición de Pedro Molina y los alcaldes Larrave y Robles para que pudiesen ausentarse de la ciudad algunos días debido al temor que suscitaba la polarización existente en la ciudad entre los republicanos e imperialistas; asimismo, José Francisco Córdova presentó un escrito firmado por él, Molina y Barrundia en el que expresaba que Trinidad Abelar y el maestro Romulo Quiñonez andaban pidiendo el destierro de los tres, debido a un escrito del síndico segundo del ayuntamiento de la Nueva Guatemala Pedro Arroyave en el que pedía la captura de los que consideraba inmorales y revolucionarios. Más adelante, el día 4, Molina se presentó a la junta pidiendo que se negase el pasaporte al alcalde Larrave debido a que lo acusaba del asesinato de su cuñado Mariano Bedoya; también se consideró en la junta la posibilidad de reformar la prohibición de reuniones ya que el síndico Arroyave realizaba reuniones del pueblo en su casa durante el día en los que se pedía la expulsión de los de la facción republicana; posteriormente, el 11 de diciembre, Molina, Barrundia y Córdova pidieron a la junta una copia del escrito presentado por Pedro Arroyave con el que procedió contra ellos.^[90]​^[83]​

El 10 de diciembre, Gaínza anunció a la junta que se escuchaban noticias que la división auxiliar mexicana, entonces aún comandante por el conde de la Cadena, ya se encontraba en el territorio de la capitanía general por lo que manifestó la necesidad de elegir cuanto antes a los diputados a las Cortes Constituyentes mexicanas, sin embargo la junta acordó que para la elección de los diputados era mejor esperar primero la decisión de los ayuntamientos sobre la anexión y que el jefe político envié un oficio al conde de la Cadena en el que exponga todos los pasos que ha da la capitanía general desde que se declaró la independencia para que suspensa su entrada a esta jurisdicción.^[91]​^[92]​

La comunicación de Gaínza para que los ayuntamientos decidieran si habría que anexionarse al imperio llegaría a todas las poblaciones de su jurisdicción, que comenzarían a emitir su opinión, decantándose mayoritariamente por la anexión y habiendo algunos casos que decidieron separarse de Guatemala y unirse al imperio. Como es el caso de Sololá, cuyo ayuntamiento, el 5 de diciembre, emitió un acta en la que decidió unirse al imperio y en la que también mencionó que la junta había tratado con desprecio a la población; debido a esto último, el 10 de diciembre, la junta mandó a certificar las providencias que se habían dictado a esa población. Más adelante, otras poblaciones como Huehuetenango (el 8 de diciembre), Patzicía (9 de diciembre) y Retalhuleu (18 de diciembre) decidieron también unirse al imperio y separse de Guatemala.^[93]​^[94]​

El 25 de diciembre, la diputación de San Salvador, que estaba en contra de la anexión al igual que su ayuntamiento, le envío a las diputaciones de Comayagua y León una carta con la idea de conformar una unión separada de Guatemala y resistir al imperio; pero dicha iniciativa no prosperaría ya que, como se mencionó anteriormente, ambas provincias se habían separado de Guatemala y se habían unido imperio.^[95]​

El 27 de diciembre, José Oñate presentó al jefe político Gaínza un oficio extraordinario de Iturbide, enviado el 2 de octubre, que fue conocido por la junta al siguiente día, y en el que felicitaba a la junta por la proclamación de la independencia y su conformación, y esperaba que pronto las provincias de la capitanía general se uniesen a México para que pudiesen disfrutar de los beneficios del sistema político de las tres garantías; Gaínza respondería a Iturbide en un oficio del 29 de ese mes, en donde le decía que pronto le hará conocer el resultado de la decisión de los ayuntamientos. Asimismo, ese día 29, el ayuntamiento de la Nueva Guatemala, después de requerir la opinión de los jefes de familia de los principales barrios, acordó pronunciarse a favor de la anexión y envío una copia del acta a Gaínza y a la Regencia mexicana.^[96]​^[92]​

En la sesión 85 del miércoles 2 de enero de 1822, al ver que la mayoría de las actas de los ayuntamientos que llegaban estaban a favor de la unión al imperio, la junta comenzó a discutir los términos de la anexión, lo que se extendió a las sesiones de los días 3, 4 y 5, tanto en la mañana como en la tarde de esos días.^[97]​

El día 2, Valle propuso que no se tomase una decisión hasta que llegasen los votos de los ayuntamientos faltantes, lo que fue rebatido por ;arreynaga debido a que al estar ya conocida la voluntad de los pueblos no había que diferirla ya que eso perjudicaría al territorio de la capitanía debido a que las Cortes Constituyentes mexicanas habían sido convocadas el 24 de febrero y no irían a tiempo los diputados. Debido a una pregunta de Rivera se acordó que la votación por este suceso era por la capitanía guatemalteca en general y no en base a la opinión de una determinada provincia; por pregunta de Valle se acordó que la junta no puede decidir acerca de la anexión, sino que sus funciones se reducen a contar los votos y calcular la mayoría y que (en virtud de lo dicho por Iturbide en el oficio que se recibió el 27 de noviembre) la unión se hacía en base al plan de Iguala y los tratados de Córdoba y que si se rompían Guatemala era libre, pudiendo la unión durar hasta que Guatemala llegue al grado de prosperidad que le permitan constituirse por si misma; también en esta sesión Gaínza leyó un discurso acerca de la necesidad de la anexión.^[98]​^[99]​

El 3, se discutió la propuesta de Valle, dada el día anterior, sobre que las elecciones a diputados a las Cortes Constituyentes mexicanas se hiciesen conforme a la Constitución española de 1812 pero tomándose como base las del decreto de convocatoria a elecciones del imperio, debido a que las instrucciones mexicanas sujetaban las elecciones a los ayuntamientos de las capitales; sin embargo esa propuesta quedó pendiente de aprobación ese día. Ese mismo día, Gainza le escribió a Vicente Filísola que se había acordado la anexión y reconociéndose como dependiente del imperio.^[100]​^[101]​

El 4 se acordó que la junta continuase sus funciones hasta que Iturbide diese sus contestación al informarse sobre la anexión. Finalmente, el 5, el jefe Gaínza leyó un informe en el que manifestaba la fatal división que había entre las provincias y los peligros que eso podría ocasionar a causa de la unión a México; y se acordó que si las poblaciones tenían alguna condición sobre la anexión que la den por instrucciones a los diputados que fuesen electos en su jurisdicción, a lo que salvaron sus votos Valle, Rivera, el presbítero Calderón y Alvarado debido a que consideraban que las consideraciones de los ayuntamientos debían ser leídas y puestas en el acta.^[102]​^[103]​

A las 8 de la noche del sábado 5 de enero de 1822, debido a que entre los votos de los ayuntamientos recibidos habían 104 a favor de la anexión, 11 que la condicionaban, 32 que dejaban la decisión en manos de la junta, 21 que consideraban que el congreso de las provincias era quien tenía que decidir, y 2 que votaron en contra (San Salvador y San Vicente), la junta proclamó la anexión al Imperio Mexicano. Luego de la impresión del acta, Gaínza escribió un manifiesto a las provincias y una comunicación a la Regencia del imperio; también la junta escribió un informe donde explicaba a las poblaciones de la capitanía general el número de los ayuntamientos que se habían decantado por la anexión y las razones de esa decisión.^[74]​^[105]​

En el acta de anexión, que fue firmada por todos los miembros de la junta (el jefe Gaínza, el marqués de Aycinena, Valle, Larreynaga, el presbítero Molina, Rivera, Beltranena, el presbítero Calderón, Alvarado, el presbítero Candina, Castillo y Valdéz) y los dos secretarios (Diéguez y Gálvez), se menciona que una de las razones que impulsaron a esta decisión es el convencimiento que solo por este medio se podría rescatar la integridad de la antigua capitanía general y restablecer la unión de las provincias; asimismo, se incluyó lo acordado el 2 de enero sobre que según el oficio de Iturbide, recibido el 27 de noviembre, la capitanía general podría separarse si se dejan de observar el plan de Iguala y los tratados de Cordova o si la capitanía alcanza el grado de prosperidad necesario.^[106]​^[107]​

El 7 de enero, Valle presentó a la junta su voto razonado sobre la anexión, en el que considera que la nación guatemalteca, unida de por sí o a través de sus derechos, tiene por derechos el de tratar asuntos que correspondan al poder legislativo, discutir y decidir sobre esos mismos asuntos, que a tales derechos no puede renunciar porque sería renunciar a su misma existencia, que es necesario que haya un poder soberano (un congreso) que decida si deben pactarse esas condiciones con el imperio ya que los ayuntamientos no son ese poder, y si hay una causa urgente que no permitan esperar la reunión del congreso es la junta la que tiene la autoridad para decidirlo. Posteriormente, Valle presentó a la junta que eran 61 las poblaciones que todavía no habían dado respuesta; a lo Larreynaga contestó que era porque se contaban poblaciones que no estaban cob Guatemala o que no se sabía que lo estuviese, y que el envío del oficio el 30 de noviembre se había hecho con la tabla impresa para las elecciones a diputados al congreso de las provincias que incluían localidades no tenían ayuntamientos y no comprendía otros en los que había, y que hasta después se había advertido; asimismo, ese día se acordó agregar al acta de anexión que los ayuntamientos que faltaban no han dado alguna contestación y si la han dado no se ha recibido.^[108]​

El 9 de enero, por temor que la noticia de la anexión pudiese causar algún disturbio, Gaínza, de acuerdo a la junta, escribió un bando en el que renovaba lo dicho en los del 17 de septiembre y 1 de diciembre del año pasado, prohibiendo además que ninguna persona pudiese censurar ni refutar la opinión de la anexión o que se formen conversaciones sobre ello en las calles o lugares públicos, especialmente de noche; y que para solemnizar y celebrar la unión al imperio habría iluminación general por tres noches desde ese ese día y colgaduras, y se haría triple salva de artillería en la mañana.^[109]​^[110]​

El 11 de enero, la diputación provincial y el ayuntamiento de San Salvador, al estar en contra de la anexión, acordaron que la provincia de San Salvador se separase de la capitanía general y se declarase independiente, y que la diputación provincial se erigiera en junta gubernativa, que sería presidida por el presbítero José Matías Delgado, y que tendría como comandante del ejército de la provincia al coronel Manuel José de Arce; mientras que los partidos de Santa Ana y San Miguel decidieron permanecer unidos a Guatemala. La provincia de San Salvador se mantendría independiente y repeliendo los ataques que provendrían desde Guatemala en los meses siguientes, aunque también le daría instrucciones a Juan de Dios Mayorga para que lo represente en las Cortes Constituyentes y después intentaría unirse a los Estados Unidos, siendo finalmente anexada a la fuerza por Filísola el 9 de febrero de 1823, cuando el imperio ya estaba en sus últimos días.^[82]​^[95]​^[111]​^[112]​

El 14 de enero, debido a que en el imperio mexicano se había convocado a elecciones para diputados a las Cortes Constituyentes que se reunirían el 24 de febrero de 1822, la junta acordó por unanimidad que esas elecciones fuesen según la Constitución española de 1812, con leves modificaciones (como que la base poblacional en lugar de ser de 70.000 pasaba ser de 27.000), en lugar del previsto por México, debido a la diferencia de población de los partidos al no estar atreglados, a la distancia grande que se hallan muchos pueblos de la Nueva Guatemala, que algunos partidos como Tegucigalpa no concurrirán a la cabecera de su provincia por las enemistades existentes, y a que al usarse la proporción que se usa en México en el partido de la Nueva Guatemala se terminarían eligiendo 40 diputados (la cuarta parte de los 162 que México eligiría); asimismo, se comisionó al marqués Juan José de Aycinena para que junto con Miguel Rivera formen la junta preparatoria de esas elecciones y que lo hiciesen en la mayor brevedad posible debido al poco tiempo restante. Estas medidas solo afectarían a los territorios que se anexaron a México y aceptaron a Guatemala como su centro político (la provincia de Guatemala, a excepción del partido de Quetzaltenango, y los partidos de Tegucigalpa, Olancho, Santa Ana, San Miguel, Granada y Masaya), en los otros casos se siguieron las instrucciones de México. Todo lo anterior sería aceptado por la Junta Provisional Gubernativa del imperio; escogiendo en total, en toda la capitanía general, 40 diputados (además de 4 suplentes), de los que 11 fueron por la provincia de Guatemala, aunque no todos llegaron a ciudad de México para ser parte de esas Cortes Generales o Congreso que se instaló el 24 de febrero.^[113]​^[114]​

El jefe Gaínza buscó unir nuevamente a la capitanía general aquellos territorios que se habían separado para unirse al imperio antes que lo hiciese Guatemala, ejemplo de ello es la carta que le escribió a la diputación provincial de Chiapas el 18 de enero. Sin embargo, ese mismo día, Iturbide decidió que esos territorios pasasen a formar parte de la capitanía general de Puebla (liderado por Domingo Luaces); más adelante, el 4 de noviembre, Iturbide dividió la antigua capitanía general en tres comandancias: Chiapas (que además incluía el oriente de la provincia de Guatemala y los partidos de Tabasco y Chontalpa), Suchitepéquez (con el resto de la provincia de Guatemala, la provincia de San Salvador, el puerto de Omoa y con capital en Nueva Guatemala) y León (el resto de la capitanía general); estas divisiones al final no tuvieron efecto debido a la caída del imperio.^[115]​^[116]​^[117]​^[118]​

El 19 de enero, al conocer la decisión de la provincia de San Salvador se separarse de la capitanía general y declararse independiente, y ya que el partido de Santa Ana había decidido permanecer unido a Guatemala, la junta decidió unir ese partido a la alcaldía mayor de Sonsonate (cuyo jefe político era Juan Fermín de Aycinena) y envió tropas que defendiesen ese territorio y estuviesen a las órdenes del sargento mayor y comandante de las fuerzas de esa población Nicolás Abos Padilla; más adelante, el 9 de febrero, Gaínza le avisaba a Aycinena que las tropas de la división auxiliar mexicana, dirigidas por Filísola, se encontraban en la provincia de Ciudad Real de Chiapas y podían ser utilizadas para someter a los rebeldes. Sin embargo, la decisión antes mencionada duró poco, ya que el 27 de febrero la provincia de San Salvador recuperó el partido de Santa Ana; y luego las tropas de la provincia lideradas por Manuel José de Arce derrotaron a las de Padilla, el 3 de marzo, en la batalla de llano el Espino.^[119]​^[111]​

El 4 de febrero, por moción de Valle, y debido a que desde el 15 de septiembre de 1821 se había acordado acuñar una moneda conmemorativa de esa fecha (la cual fue realizada por Casildo España), se acordó que en las que se hiciesen a partir de entonces se agregase, después de mencionar la fecha de la independencia, la frase "siendo capitán General el Exmo. S. D. Gabino Gaínza". Por otro lado, el 13 de febrero, la junta aprobó el arancel provisional que la comisión de hacienda había formulado para las aduanas del territorio.^[120]​

El 16 de febrero, debido a que la anexión a México no fue muy aceptada, y ante el temor que hubiese sublevaciones, la junta autorizó al jefe Gaínza para que autorizara al coronel Filísola quinientos hombres para mantener el orden en las poblaciones.^[121]​

El 21 de febrero de 1822, Gaínza se enteró que el día 23 de enero la Regencia del imperio (luego de conocer la unión de la capitanía general al imperio) dispuso que continuase en el mando de las provincias como capitán general interino y que además tuviese el título de teniente general de los ejércitos imperiales. Asimismo, ese mismo día, debido a que el imperio había aceptado la anexión de la antigua capitanía general, se acordo que la junta cesase sus funciones y se disolviese, y que en su lugar se instalase una nueva diputación provincial, cuyas acciones estarían limitadas únicamente a la provincia de Guatemala y que comenzó a funcionar el 29 de marzo de ese año.^[6]​^[122]​^[123]​

El 23 de febrero, el jefe Gaínza dirigió una comunicación a los alcaldes primeros de Omoa, Trujilllo, Petén, Santa Ana, Antigua Guatemala, y los jefes políticos de Sonsonate, Granada, Costa Rica, Verapaz, Tegucigalpa, San Miguel, Santa Bárbara, Chimaltenango, Totonicapán, Escuintla, el alcalde de Chiquimula y al juez letrado de los Llanos, informándoles de la disolución de la junta; y el 25 de ese mes ordenó a las provincias que procediesen a la proclamación y juramento de la anexión. Luego de ello, Gaínza continuó gobernando la capitanía general hasta el 22 de junio de ese año, cuando fue sustituido por el general Vicente Filísola, quien gobernó hasta la caída del imperio y al final convocó a un congreso de las provincias de la antigua capitanía general, que fue presidido por el presbítero Delgado y que declaró la independencia absoluta de las Provincias Unidas del Centro de América el 1 de julio de 1823.^[124]​^[82]​^[95]​

La Constitución española de 1812, que se mantuvo en vigencia después de la independencia, estableció las diputaciones provinciales con la finalidad de ayudar y asesorar al jefe político superior en el gobierno de su respectiva provincia. Para las Cortes españolas, el término diputación implicaba únicamente la idea de un grupo de representantes cuyas facultades podían enumerarse, que en este caso sería la idea de un organismo administrativo de carácter consultivo y sin facultades legislativas, en cambio una junta tenía una connotación muy similar a la de un congreso con poderes legislativos (que en el sistema constitucional español era ejercido únicamente por las Cortes); sin embargo, en el continente americano las diputaciones serían vistas como una oportunidad para obtener más autonomía política y como que fuese un congreso incipiente, al poder ejercer un control administrativo más inmediato en temas sociales, de hacienda y de economía. ^[125]​^[126]​^[28]​

Según la Constitución, las diputaciones, como la de Guatemala antes de erigirse en junta, era una corporación compuesta de 7 representantes (vocales) electos de los partidos o distritos, que se renovaría por mitad cada 2 años. Sus miembros debían tener más de 25 años, haber nacido o estar avecindado en la provincia al menos por 7 años, estar en el ejercicio de sus derechos, y con lo suficiente para mantenerse con decencia.^[125]​

Se encargaban de: intervenir y aprobar los repartimientos de contribuciones que hiciera el jefe político a los pueblos; cuidar del establecimiento de ayuntamientos donde faltasen; promover la educación, la agricultura, el comercio, y la industria; cuidar de los establecimientos de beneficencia; fomentar los censos; informar al gobierno central sobre abusos a la administración en la administración de las rentas públicas o sobre las infracciones a la constitución; velar por la economía, orden y progreso de las misiones para la conversión de los indígenas no cristianos; y proponer al gobierno central los impuestos que considerasen más convenientes para obras nuevas de utilidad común o la reparación de las antiguas.^[127]​^[128]​

El presidente de la diputación era el jefe político superior, a quien la Constitución española de 1812 y la instrucción de 23 de junio de 1813, dictaminaban que debía de: presidir la diputación provincial y el ayuntamiento de la capital (en este último sin voto excepto en caso de empate en una votación; teniendo la diputación provincial un lugar preferente sobre el ayuntamiento); supervisar el trabajo de la diputación y los ayuntamientos; ser el único conducto entre la diputación y el gobierno central; cuidar la tranquilidad pública, asegurar el buen orden, y la seguridad de las personas y sus bienes; verificar la ejecución de las leyes y órdenes del gobierno; y tener a su cargo el vicepatronato (potestad de autorizar a los líderes eclesiásticos).^[129]​^[128]​^[2]​

Cuando la diputación se erigió en junta, con la proclamación de independencia, se estableció un reglamento para este organismo, que como se mencionó en la sección de historia fue elaborado por José Francisco Córdova, Pedro Molina y José Francisco Barrundia (y presentado por este a la junta el 18 de septiembre). Este reglamento inicia diciendo que el propósito de la independencia es hacer de todo el Estado de Guatemala un estado independiente con un gobierno basado en la libertad, igualdad y justicia, y con ese propósito se estableció la junta. La cual se compondra, además de todos los miembros de la diputación provincial (elegidos para dos años), por vocales representantes de los demás partidos nombrados por la misma junta; siendo su presidente el jefe político superior de Guatemala, y recibiendo todos ellos el tratamiento de su excelencia.^[40]​

Sobre sus funciones, el reglamento menciona que el jefe político superior y capitán general, que seguirá siendo el mismo, continuara además siendo jefe de la hacienda pública, vicepatrono, etc, y se encargara de asegurar y conservar el orden y tranquilidad pública, convocar a la junta cuando fuese necesario y sostener y afianzar la independencia. Mientras que la junta se encargara de remover y reemplazar a los empleados públicos que estén en contra de la independencia, proveer los gastos del Estado, imprimir cada semana un estado exacto del ingreso e inversión de los caudales públicos, convocar al pueblo cuando lo tenga por conveniente (para lo cual se servirá de una bandera tricolor que tremolara en la plaza pública con heraldo que llame a asamblea general), convocar a un congreso constituyente de las provincias del Estado independiente de Guatemala en igualdad de representación, y dar el reglamento para las asambleas primarias que han de eligir a los representantes y para la organización del congreso (que se encargará de elaborar la Constitución más libre, adaptable a las circunstancias y sostenida por la unión federativa de todas las provincias).^[104]​

Finalmente el reglamento concluye diciendo que el gobierno (jefe político y junta) será el encargado de juramentar a los diputados del congreso; la junta se disolvera al instalarse el congreso; las tropas nacionales serán organizadas interinamente por el jefe político superior (que tendrá el título de teniente general) de acuerdo con la junta; y que continuarán las autoridades existentes y seguirán en vigencia el sistema constitucional y las leyes españolas habidas hasta el 14 de septiembre siempre que no se opongan a la independencia.^[130]​

Los miembros vocales y los presidentes de la diputación provincial y luego de la junta provisional eran:^[3]​^[2]​^[38]​^[131]​^[70]​

Además de los antes mencionados, la junta tenía dos secretarios y un portero, que eran:^[7]​^[5]​^[48]​^[132]​

Como se mencionó en la sección de historia, el 19 de septiembre, por moción de Valle se acordó crear comisiones, integradas por un presidente y un número variable de vocales, para ayudar a la junta en su tarea y con las que se comenzaría a resolver las consultas de las provincias con una mayor agilidad; y cuya integración comenzó en la sesión del 25 de septiembre y terminó en la del 3 de octubre.^[41]​^[45]​^[133]​

La comisión de defensa y seguridad pública quedó en la opinión de quien consideraba el jefe político superior, y la de diputación y elecciones quedó primordialmente en manos de los presbíteros Delgado y Molina. En cambio, la comisión de hacienda fue integrada por José Cecilio del Valle, como presidente; el ministro tesorero Mariano Herrarte; el director de la renta del tabaco José Velasco; Benito Muñoz, fiel de la casa de moneda; el contador de alcabalas Ramón Andrade; José Beteta, oficial 4º de la contaduría general; Anselmo Quiroz; un delegado del ayuntamiento; y el cónsul primero Francisco Xavier Barrutia, en representación del consulado de comerciantes.^[52]​^[134]​

La comisión de comercio, la formó Mariano Beltranena, como presidente; Manuel Olaverri, empleado del ramo de alcabalas; Vicente del Aguila, empleado de la renta del tabaco; y José Francisco Valdés, en representación del consulado; y delegados de la sociedad económica. Mientras que la de agricultura estuvo presidida por el presbítero Manuel Antonio Molina y conformada además de: Miguel Batres, en representación del consulado; Anselmo Quiroz, Antonio Arrivillaga y José Azmitia.^[52]​^[135]​

La comisión de asuntos indígenas la presidió el marqués de Aycinena, estando conformada además por los sacerdotes José Simeón Cañas, Domingo Carrascosa, Luis García y Tomás Beltranena. Mientras que la de instrucción pública quedó a cargo de Miguel Larreynaga con José María Castilla, el Deán Antonio García Redondo y los delegados del ayuntamiento, el colegio de abogados y de delegados de la universidad.^[52]​^[136]​

En la de industria se nombró al presbítero José Matías Delgado como presidente con el apoyo del presbítero Bernardo Dighero, Juan José Batres, Andrés Agreda, Antonio Sánchez, Miguel Rivera y los delegados del ayuntamiento, el consulado y la sociedad económica. Finalmente, la de estadísticas, la integraron José Cecilio del Valle y miembros del ayuntamiento, consulado y la sociedad económica.^[52]​^[136]​

• Marure, Alejandro (1837). Bosquejo histórico de las revoluciones de Centro América desde 1811 hasta 1834. Guatemala: Imprenta de la Nueva Academia de Estudios. 
• Marure, Alejandro (1844). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la República de Centro-América Desde el año de 1821 hasta el de 1842. Guatemala: Imprenta de la Paz. 
• Molina, Pedro (1840). Memorias acerca de la revolución de Centro América, desde el año 1820 hasta el de 1840. Guatemala. 
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