Daniel Ortega llegó al poder por primera vez en 1979, tras realizar con éxito una revuelta armada contra el dictador Anastasio Somoza Debayle. En 1984 fue elegido democráticamente para ejercer la presidencia. En 1990, fue derrotado por Violeta Chamorro, de la Unión Nacional Opositora, que abrió las puertas a tres gobiernos de carácter conservador, durante los cuales gran parte de la población se vio empobrecida y la criminalidad aumentó drásticamente. En las elecciones de 2006, en el marco de la marea rosa, Ortega obtuvo un inesperado triunfo electoral, accediendo a la presidencia. Durante su mandato, Ortega introdujo diversas reformas destinadas a mejorar la educación,^[7]​ el crédito,^[8]​ y la seguridad social.^[9]​

Sin embargo, las irregularidades electorales también fueron una característica del gobierno sandinista. En 2008, el Tribunal Supremo impidió que el Partido Conservador y el Movimiento de Renovación Sandinista participaran en las elecciones municipales. En noviembre de ese mismo año, el Consejo Supremo Electoral recibió críticas nacionales e internacionales por irregularidades en las elecciones municipales, pero acordó revisar los resultados sólo en Managua, mientras que la oposición exigió una revisión nacional.^[10]​ En 2011, Ortega logró la reelección con una victoria aplastante. En 2014, la Asamblea Nacional dominada por el sandinismo abolió el límite de mandatos, permitiéndole al Presidente la reelección indefinida.^[11]​

Cuatro meses antes de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua retiró de su cargo al disputado líder del Partido Liberal Independiente (PLI) Eduardo Montealegre, decretando que Pedro Reyes era el verdadero líder del PLI. Dieciséis diputados del PLI y el Movimiento de Renovación Sandinista rechazaron esta medida como antidemocrática, y la Corte Suprema ordenó la destitución de todos ellos, facultando a Reyes para escoger a sus sucesores.^[12]​^[13]​^[14]​^[15]​

En junio de 2016, Ortega anunció que no se permitiría la observación internacional para supervisar las elecciones, declarando que "se acabó la observación". El Centro Carter calificó esta medida como "un ataque hacia la comunidad internacional, y una violación a la propia ley electoral de Nicaragua", pues dicha ley exige la presencia de observadores internacionales en los comicios.^[16]​ Sin embargo, menos de dos semanas antes de las elecciones, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aceptó una invitación para enviar una delegación "a reunirse con expertos y organismos estatales involucrados en el proceso electoral" del 5 al 7 de noviembre.^[17]​^[18]​