El Decreto 256/10 es un decreto del gobierno argentino promulgado el 16 de febrero de 2010 que establece la obligación de todas las naves que atraviesan aguas juridiccionales argentinas con dirección a o desde las islas Malvinas a solicitar una autorización previa de las autoridades argentinas.[2]
En el tratado de Límites de 1881 entre Argentina y Chile, el estrecho de Magallanes fue reconocido como exclusivamente chileno, con la obligación de permitir el libre paso a todas las naciones y la prohibición de militarizar sus costas.
La cuestión de las islas Malvinas tuvo su clímax militar en la guerra de las Malvinas en 1982, tras la cual Argentina cortó relaciones diplomáticas con el Reino Unido de Gran Bretana, incluyó la reconquista de las islas en la constitución argentina, la continuación por parte de la Fuerza Aérea Argentina del programa Cóndor II y algunas otras medidas de carácter diplomático y económico.[3]
El primer artículo del mandato dice:[4]
Este decreto contradice el artículo 10° del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984:
El decreto ha sido causa de diversas controversias internacionales como la multa sobre el transporte panameño Frío Marathon o la persecución del buque de investigación científica [5][2]
Sin embargo, científicos argentinos afirman que es solo una exigencia y no una prohibición.[6]