En los primeros meses de 2025, Colombia experimentó una preocupante escalada de violencia que derivó en el atentado del 21 de agosto en Cali.^[6]​

El 10 de junio se registraron tres explosiones en barrios como Meléndez, Manuela Beltrán y El Mango, atribuidas a disidencias de las FARC–EP vinculadas a la muerte del cabecilla Leider Johani Noscue alias Mayimbú, lo que dejó varios heridos y al menos dos muertos, y generó ley seca, cierres comerciales y refuerzo de seguridad, justo antes de la llegada del presidente Gustavo Petro; en esa misma fecha una ola de 24 atentados simultáneos en Valle del Cauca y Cauca provocó siete fallecidos y decenas de heridos, atribuidos a la disidencia del Estado Mayor Central, evidenciando problemas en el control territorial postacuerdo.^[7]​^[8]​^[9]​

Además, los secuestros se dispararon en zonas como Valle del Cauca y Cauca por disputas de grupos armados, alcanzando niveles no vistos en 15 años;^[10]​ al mismo tiempo, en Norte de Santander se desencadenó un conflicto entre el ELN y disidencias de las FARC-EP en la región del Catatumbo que resultó en más de 100 muertos, miles de desplazados, secuestros y una fuerte crisis humanitaria en el área.^[11]​^[12]​ El mismo día del atentado en Cali, un helicóptero de la policía colombiana fue derribado en el noroeste de Antioquia, dejando 12 fallecidos y dos heridos.^[13]​

Aproximadamente a las 14:50 horas (GMT-5), un camión cargado de explosivos estalló cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la Comuna 7 de Cali, dañando gran parte de la infraestructura del local y locales cercanos, incluyendo una tienda Dollarcity, aparte de varios heridos y alrededor de 7 fallecidos.^[14]​^[15]​^[16]​ Unas horas más tarde se confirmó la existencia de un segundo camión con cilindros que no detonó y fue desactivado.^[17]​^[18]​ La comunidad los capturó a los presuntos autores de los camiones bomba, cuando huía después de la detonación, corrieron pocos metros donde fueron alcanzados por la multitud, los nombres de los capturados son: Walter Yonda y Carlos Obando pertenecientes a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC-EP, donde fueron imputados sus cargos por el atentado terrorista.^[19]​

Las autoridades desplegaron de inmediato equipos de salud, rescate, antiexplosivos y activaron un Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia.^[20]​^[5]​ A las 16:24, el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como una «reacción terrorista» atribuida a disidencias de las FARC-EP bajo la influencia de la «junta del narcotráfico».^[21]​ Luego, hacia las 17:07, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció una recompensa de «hasta 400 millones de pesos colombianos por información que permitiera capturar a los responsables, además de restringir el tránsito de camiones pesados y reforzar la seguridad en las entradas de la ciudad».^[20]​^[22]​

El 23 de agosto fue capturado otro miembro de las Disidencias de las FARC-EP quien habría participado en el atentado.^[23]​

• Derribo del Black Hawk de la Policía Nacional de Colombia de 2025