Aguas Argentinas (AASA) fue un consorcio que tuvo la concesión de los servicios de públicos de aguas y desagüe de Argentina entre 1993 y 2006.[1]
Aguas Argentinas | |||||
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Tipo | Consorcio | ||||
Fundación | 1993 | ||||
Disolución | 2006 | ||||
Cronología | |||||
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En 1990 se privatizó Obras Sanitarias de la Nación (OSN); otorgando los servicios de agua y desagüe al consorcio Aguas Argentinas (AASA)[1] por 30 años a partir del 1 de mayo de 1993.[2] AASA recibió la tenencia (no dominio) de los bienes de OSN.[2] AASA fue conformada por diferentes empresas y la operadora fue la francesa Suez Lyonnaise Des Eaux-Dumez (25 % de las acciones).[2]El contrato de concesión era por 35 años, estipulaba que para el final del contrato el 100 % de los hogares en el área de concesión debían tener acceso a agua potable y el 95 % de los hogares acceso a cloacas. Este contrato fue extendido por otros 10 años más durante el gobierno de Fernando de la Rúa.[3]En 1999 se abriría una investigación judicial por la privatización de AySA, determinando se según la fiscalía que está había sido vendida a menos de una quinta parte de su valor real.[4]La empresa, al año 2002, ha demostrado un incumplimiento del 24 % en cuanto al servicio de agua potable y del 31 % en el de saneamiento.
El área de operación transferida a OSN a AASA fue la Capital Federal y trece partidos de la Provincia de Buenos Aires.[5][n. 1]
El presidente Kirchner rescindió el contrato dando fin a la concesión en marzo de 2006[1] y creó la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).[6]Durante la etapa privada la empresa pidio créditos que nunca utilizaron para inversión, no se amplió la red de saneamiento ni se mejoró el mantenimiento de la red de agua potable.[7]La empresa francesa Suez entre mayo de 1993 y enero de 2002 las tarifas residenciales llegaron a incrementarse un 88,2 por ciento, mientras que los precios minoristas lo hicieron un 7,3 por ciento.[8]al cuarto año de privatizado el servicio la inversión en mantenimiento representaba apenas el 43 por ciento de la inversión anual promedio bajo gestión estatal, mientras que las inversiones en ampliación de la red eran de 37 por ciento de lo invertido anualmente en la gestión estatal y en el tratamiento de aguas residuales apenas llegaba al 3.7 por ciento, mientras se observaba un fuerte deterioro del servicio durante su etapa privada.[9]