El voto obligatorio es un sistema de votación que establece que el sufragio es una obligación ciudadana y un derecho, siendo un deber de los ciudadanos acudir a los centros de votaciones correspondientes para cumplir con dicha obligación y derecho. En Chile, este sistema ha regido en diversos periodos de la historia, incluyendo la elección presidencial realizada entre los años 2009 y 2010. En 2012, este sistema dejó de regir para dar paso al voto voluntario, sin embargo, se implementó nuevamente para el plebiscito de salida de la Nueva Constitución realizado el 4 de septiembre de 2022.
Actualmente, existen opiniones divididas acerca de si el voto obligatorio debería ser implementado nuevamente para futuras elecciones, sobre todo tomando en cuenta que en el reciente plebiscito constitucional de Chile de 2022 hubo 4,7 millones de votantes más que en la segunda vuelta presidencial de 2021. Esta última elección fue la que contó con la mayor participación ciudadana electoral desde el año 2012, siendo este, el mismo año donde comenzó a regir la vigencia del voto voluntario e inscripción automática en Chile.[1]
En el transcurso del siglo XIX y siglo XX distintos sectores de la sociedad fueron participando gradualmente en el sistema político.[2] Ls primeras elecciones que se llevaron a cabo en el país ocurrieron en diciembre de 1810, unos tres meses después de la elección en un cabildo abierto de la Primera Junta de Gobierno. No obstante, todo este proceso fue interrumpido con el golpe de Estado de 1973,[3] y se retomó en el año 1989, con el retorno a la democracia.[2]
Desde un inicio, la inscripción al servicio electoral fue voluntaria y contaba con voto obligatorio.[cita requerida] Pero, luego de las elecciones presidenciales que se realizaron entre el 2009 y 2010, donde salió electo Sebastián Piñera, se impulsó la idea de cambiar lo anterior por una inscripción automática y voto voluntario. La motivación para esto fue la baja participación de los chilenos en la vida política, sobre todo en las zonas de la población más jóvenes.
Con este nuevo sistema de voto voluntario, no había problemas para aquellas personas que no asistieran a votar en las distintas elecciones, ya que, no existían las multas ni la necesidad de excusarse.
En las elecciones municipales realizadas el 28 de octubre de 2012, se implementó este nuevo método de voto voluntario e inscripción automática. Pero, aun así, la participación en esa primera ocasión con el nuevo método, fue bastante baja, incluso menos que el porcentaje de ciudadanos que acudieron a votar cuando se llevó a cabo el último sufragio con inscripción automática y voto obligatorio “(apenas bordearon el 40% del universo electoral; es decir, tan solo 5 495 929 personas sufragaron. Casi un millón y medio menos que en las municipales de 2008)”.
Algo similar a la situación anterior ocurrió en las elecciones presidenciales que se realizaron en el 2013, donde hubo una gran abstención de los ciudadanos, ya que, la cantidad de chilenos que sufragaron fue de 5.672.356, siendo 13.573.000 aquellos que estaban inscritos en el registro electoral. Esto representa que el porcentaje de electores que no votaron alcanzó un 58,21%.
Luego de estos dos procesos señalados, varios sectores políticos del país han criticado la inscripción automática, pero sobre todo, el voto voluntario. Es por la misma razón, que hoy en día toma lugar en la palestra la posibilidad de volver al voto obligatorio, pero manteniendo la inscripción automática.
El voto obligatorio en Chile cuenta con variadas discusiones, ya sea a favor o en contra de él. Debido a que hay muchas personas que están de acuerdo con dicho sistema, mientras que otras prefieren que al momento de votar en diversas elecciones, éste sea un proceso voluntario.
En cuanto a las posturas, ya sean, a favor o en contra del voto obligatorio, existen muchas y cada una con una opinión detrás.
Debe señalarse que el crecimiento que existe en la participación electoral vinculado al voto obligatorio no se relaciona con la obligación de esta, sino, más bien, a una característica de la cultura política. Sobre todo porque cuando hay incumplimiento de este ejercicio, las sanciones no se aplican correctamente[5]. Pero también, hay muchas personas que no quieren sentirse obligados a tener que sufragar.
El acto de votar no debe considerarse una obligación, sino un derecho civil. Los académicos de Estados Unidos mencionan que el voto obligatorio sería una oposición a la libertad de expresión, ya que dentro de esta misma se encuentra la libertad de no querer expresarse. Obligar a una persona a votar, significa pasar a llevar las libertades que ésta tiene respecto a las elecciones democráticas, ya que sufragar no es una obligación que no dependa de las distintas circunstancias que se puedan presentar[6].
Por un lado, en cuanto a los argumentos a favor del voto voluntario, se expresa que, al sostenerse que éste es un derecho, va de la mano que la voluntariedad en las votaciones, aumenta la libertad que tendrían en éstas, dándoles la posibilidad de elegir en cuáles elecciones quieren ser partícipes y en cuáles no.[7] “Este planteamiento es compartido por sectores de la Concertación que tienen un discurso a favor de dar «más» libertad a los individuos y, al mismo tiempo, eluden el tema de los deberes y los compromisos”.[7]
Es importante también, entender que para revertir los altos niveles de abstención se requiere mucho más que la reposición del voto obligatorio. Para lograr una participación más eficaz, y a la vez, aumentar la percepción y confianza que tiene la ciudadanía respecto a la política, es fundamental tratar asuntos como una transparencia superior dentro de los partidos y lo que expresan, o la justificación de cuentas que deben entregar.[4]
Es más, si bien puede suceder que mientras una sociedad se encuentra con el sistema de voto obligatorio, son más las personas que acuden a sufragar, y por tanto, sale una persona electa por una mayor cantidad de votos, también se ha demostrado que son muchos los que suelen ser blancos o nulos, que al final termina representando un importante porcentaje de la población.
Junto a lo anterior, se suma que tras la misma razón, varios de los votos suelen ser al azar, por lo que se vuelve complicado el hecho de confirmar que el voto obligatorio tiene total legitimidad y que la gente realmente eligió a un candidato del que estaban completamente seguros que los representaría.
Por otro lado, quienes apoyan el voto obligatorio, se basan en que las votaciones con una parte fundamental de la ciudadanía política, la cual se ve reflejada en las funciones que tienen todas las elecciones y lo importantes que son.[7]
Dichas labores, aparte de implantar una oposición al gobierno que tenga poder sobre él, de contribuir al reemplazo de la élite política y escoger a quienes los representen, también cooperarían con el desarrollo de los partidos políticos y reforzarían las leyes del sistema político[7].
Las elecciones son fundamentales para que las instituciones pluralistas se fortalezcan, y es por esto que el sufragio se considera un deber cívico del cual no se puede abdicar. Sumándole a esto que son muchos los efectos negativos que muestra el voto voluntario[7].
Aquellos efectos negativos se ven evidenciados en tres puntos distintos, según la columnista Carolina Carreño:
Lo anterior ayuda a aquellos candidatos que poseen mejores recursos e incluso fortunas, siendo ellos los que tienen una mayor posibilidad de comenzar una carrera política, favoreciendo al avance de la desigualdad con la que se debe terminar[7].
Otro punto importante es que el voto voluntario no solamente ha hecho que disminuyera la participación ciudadana en las diversas elecciones, sino que también, profundizó el rumbo de las clases sociales. Ya que, las personas que viven en comunas más pobres, votan mucho menos que aquellas que viven en sectores más adinerados.
En las elecciones presidenciales de 2017, en Las Condes votó un 62,15%, en Vitacura un 69,09%, mientras que en La Pintana sólo votó un 36,9%. Aunque se creía que este sesgo había desaparecido en el 2020 con el plebiscito luego de que las comunas populares tuvieran un crecimiento importante en la participación de sus habitantes, el pasado 15 y 16 de mayo, en las elecciones, se volvieron a demostrar las brechas existentes, porque en Las Condes sufragó un 55,8% y en Vitacura un 63,4%, pero en La Pintana sólo un 36,3% acudió a sufragar[7].
En este lado, también se encuentra el autor Harald Beyer, mencionando que “el voto voluntario produce una desigual participación”[8]. Argumentando la existencia de pruebas, donde se demuestra que el nivel socioeconómico está completamente relacionado con la participación que existe en los sistemas de carácter voluntario[8].
Hasta el año pasado, eran sólo 14 los países que contaban con el voto obligatorio y lo hacían cumplir entregando diversas multas, o bien, tomando otras medidas. Significando que solamente un 7% de todos los países del mundo, en 2021, tenían votaciones obligatorias[9].
Durante el 2021, los legisladores se reunieron en un debate en torno al voto obligatorio, con el fin de tener una mejor democracia chilena. En él, los senadores y senadoras manifestaron sus opiniones respecto a lo que creen mejor, las cuales se encuentran en Senado.cl.
Entre las opiniones a favor del proyecto que buscaba restablecer el voto obligatorio publicadas en el sitio, se encuentran:
Mientras que, entre las opiniones en contra del voto obligatorio que fueron publicadas, se encuentra sólo una:
En el Congreso Virtual, presentado en el mismo sitio, también se plasman las cifras totales de aquella votación en torno al debate, donde 1021 personas fueron partícipes. “De ellas, el 71,3% de los y las congresistas virtuales votó a favor de la iniciativa. Además, entregaron un total de 370 comentarios, contenidos tanto en la idea de legislar como en las preguntas asociadas al proyecto”.[10]
Entre los congresistas virtuales, el comentario que se repitió más veces fue: “el voto obligatorio sirve para dar legitimidad a la democracia, aumentar la representatividad y legitimidad de las elecciones”. Por otro lado, dentro de los comentarios negativos se encuentra: "el voto obligatorio atentaría contra los principios democráticos, la libertad de expresión y el derecho a tomar decisiones".[10]
En el Plebiscito Constitucional de salida, realizado el pasado 4 de septiembre, para saber si se aprobaba o rechazaba la nueva Constitución que se había propuesto, el voto fue obligatorio, después de mucho tiempo siendo voluntario. Según el Servel (Servicio Electoral de Chile), esto se produjo debido a que en el capítulo XV correspondiente a la Constitución Política de la República de Chile, decidió modificar la ley N° 21.200, decretando así, que el voto en esta instancia, fuera obligatorio.[11]
Aquellos que no acudieran a sufragar serían denunciados por el Servicio Electoral de Chile, para que luego fueran citados a declarar por parte de los Juzgados de Policía Local, recibiendo también, una multa que fluctuaba aproximadamente entre los $30.000 y $180.000 –0,5 a 3 UTM (unidades tributarias mensuales).[11]
Antes y durante el proceso de elección, no existió la posibilidad de poder excusarse bajo ningún motivo ante el Servel. Esto se aplicaba para las oficinas centrales, las Direcciones Regionales ubicadas a lo largo del país y las redes de Consulados de Chile situadas en el exterior. Pero, después de que algún elector o electora no haya acudido a ejercer su deber cívico, aquellos serían citados por el juez de Policía Local correspondiente a la comuna donde tenían inscrito su domicilio electoral. Para ese momento, la persona debía acreditar con documentación justificada la razón de por qué no asistió a votar.[11]
“La ley señala que no incurrirá en esta sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por:
El juez de Policía Local conocerá las excusas avaladas por la documentación necesaria y decidirá si multar o no al elector”[11].
La participación ciudadana en el Plebiscito Constitucional de salida alcanzó un 99,97% de mesas escrutadas, siendo 38.747 las calculadas, de un total de 38.757. Donde la opción “Apruebo”, con 4.859.039 votos (38,14%), se posicionó por debajo de la opción “Rechazo”, que obtuvo 7.882.238 votos (61,86%), siendo esta última la ganadora.[12]
De acuerdo al Servel, los votos en blanco fueron 77.340, mientras que los nulos llegaron a ser 200.881. El total de los votos, sumando las opciones “Apruebo” y “Rechazo”, más los blancos y nulos, tanto de ciudadanos que se encontraban en Chile, como aquellos en el exterior, fue de 13.028.739.[13]
Finalmente, bajo éstas cifras, la nueva Constitución fue rechazada, con una histórica participación electoral de los chilenos y chilenas.[14]
Un dato importante respecto a dicha participación, es que, al igual que en otras elecciones que se han realizado en el país, el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos o Estadio Nacional de Chile, es el recinto más grande donde acuden los ciudadanos a sufragar.