El concepto de vigilancia masiva se aplica a la red completa de vigilancia que se ejerce sobre una importante parte de la población.[1] La vigilancia puede ser ejercida por los gobiernos o por empresas privadas, ya sea en nombre del gobierno o por iniciativa propia. La legalidad y el alcance de la vigilancia masiva varía dependiendo de las leyes de cada nación y sus sistemas judiciales. La vigilancia masiva se opone a la vigilancia selectiva.
La vigilancia masiva es a menudo justificada como una forma de combatir el terrorismo, evitar el «malestar social» y proteger la seguridad nacional de los Estados a nivel internacional, mientras que a menor escala se justifica por su supuesta eficacia en la lucha contra la delincuencia común.[2] Por el contrario, los sistemas de vigilancia masiva son duramente criticados por su creciente –a medida que se desarrollan nuevas tecnologías– intromisión en la privacidad de los individuos y comunidades. Sus críticos también argumentan el deterioro que supone en los derechos civiles, individuales y políticos, al punto de que es ilegal en algunos sistemas jurídicos o constitucionales. Existe el temor de que el aumento de la vigilancia masiva dé lugar en un futuro a la creación de Estados totalitarios, donde se persiga la disidencia política. Estos estados pueden denominarse como estados de vigilancia o policiales electrónicos. A comienzos del siglo XXI, la llamada industria de vigilancia masiva experimentó un desarrollo vertiginoso; según The Wall Street Journal el mercado minorista de esta industria, que en 2001 era «casi cero», se elevó a más de 5000 millones de dólares en 2011[3] y se esperaba que en 2020 se hubiese multiplicado hasta los 39 000 millones.[4]
George Orwell, desde una visión muy crítica, fue uno de los pioneros en escribir sobre la futura vigilancia en su obra 1984, publicada en 1949.[5] En su libro advirtió sobre la vigilancia masiva por uso del estado, pero con la evolución de la tecnología y la publicidad digital los métodos de vigilancia solo han crecido.[6] En el siglo XX se dieron los primeros casos de programas de vigilancia masivos por parte del Estado, como COINTELPRO en Estados Unidos, a cargo del FBI y destinado a la persecución y descrédito de organizaciones disidentes.[7] En el siglo XXI, la divulgación, en 2013, por parte de Edward Snowden,[8] de documentos secretos que probaban las prácticas generalizadas de vigilancia mundial por parte de algunos países provocaron un debate sin precedentes sobre el derecho a la privacidad y las libertades civiles en la era digital.[9] A nivel menor, destacan ejemplos como la ciudad de Londres, que contaba con unas 500 000 de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en 2009.[10][2] Sin embargo varios informes, incluido uno realizado por la policía londinense, señalaban que las cámaras no han ayudado a hacer de Londres una ciudad más segura, ni intervienen decisivamente en la detención de delincuentes.[2][10] Los escándalos de vigilancia electrónica de 2013, provocaron que países como Estados Unidos o Reino Unido, considerados tradicionalmente «libres» pasasen a la lista de «Enemigos de Internet»[11] producida por Reporteros sin Fronteras, entre los que ya se encontraban países como China, Arabia Saudita, Cuba o Irán.[11]
La vigilancia masiva de los consumidores se ha vuelto muy popular porque puede ser muy poderosa para predecir el comportamiento de los consumidores. Esto ha permitido a las empresas dirigirse mejor a los consumidores en su publicidad. Sin embargo, ha habido preocupación por esta táctica utilizada por las empresas, ya que limita las opciones que los clientes pueden ver.[12]