El Tribunal Contencioso Electoral, TCE, fue creado por la Constitución de la República de 2008, la cual regula la Función Electoral en el capítulo sexto.^[2]​ Forma parte de una de las cinco Funciones del Estado, junto con el Consejo Nacional Electoral

La decisión respecto a la conformación de este órgano fue despolitizar la conformación de los órganos electorales. Y para ello, la nueva Constitución establece la selección por concurso público de oposición y méritos con postulación e impugnación ciudadana de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y de las juezas y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Esto debe garantizar más transparencia, imparcialidad y participación ciudadana. La experiencia con la conformación partidaria de los órganos electorales no fue positiva y contribuyó a la crisis de la llamada democracia representativa.

El TCE conforma por cinco miembros nombrados por seis años. Está estipulado que se renueven dos miembros cada dos años y el presidente y vicepresidente cada tres. Además se nombrarán cinco suplentes también por seis años. Solo pueden ser nombrados ecuatorianos con un título de derecho de tercer nivel reconocido en el país que hayan ejercido la abogacía por un mínimo de diez años.^[3]​

La tercera decisión respecto a la Función Electoral separa las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Las razones de esta decisión fueron potenciar la transparencia y eficacia en el proceso electoral, fortalecer las garantías jurisdiccionales del ciudadano y de las organizaciones políticas, y preservar la imparcialidad en las decisiones judiciales electorales con respecto, tanto del votante, como de los órganos de administración electoral y los demás poderes del Estado. Esta separación tiene vastas consecuencias, si se considera que los ciudadanos y los sujetos políticos pueden recurrir de las decisiones del Consejo Nacional Electoral y sus órganos desconcentrados ante el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, que el Tribunal podrá juzgar y sancionar a estos órganos cuando sus decisiones sean impugnadas judicialmente; proporcionando, de esta manera al ciudadano una instancia jurisdiccional imparcial, independiente y especializada en materia electoral.

El TCE tiene entonces tres funciones principales, siendo la primera solucionar los problemas contra el Consejo Nacional Electoral y demás entidades políticas. El TCE tiene también la facultad de castigar la violación de las leyes sobre el gasto electoral, propaganda y demás leyes electorales. El TCE define su presupuesto y organización. El TCE es además la última instancia de la jurisprudencia electoral y sus fallos deben ser cumplidos inmediatamente.^[4]​

Richard Ortiz Ortiz (ed.), Estudios de Justicia Electoral, TCE, Quito, 2009.

• Sitio Oficial del Tribunal Contencioso Electoral Archivado el 7 de junio de 2017 en Wayback Machine.
• Constitución del Ecuador 2009