El Syndicat du travail sexuel (STRASS), traducido como Sindicato de Trabajadores Sexuales, es una asociación francesa que defiende los derechos de los trabajadores sexuales, principalmente prostitutas, pero también actores pornográficos y operadores de sexo telefónico.[1] La asociación se constituyó el 20 de marzo de 2009[2] durante unas jornadas de divulgación e investigación en el Teatro del Odéon de París.[3] Funciona como un sindicato autogestionado.[2]
STRASS | ||
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Tipo | organización | |
Campo | trabajador sexual y prostitución | |
Industria | otras organizaciones funcionando por adhesión voluntaria | |
Forma legal | Asociación Declarada | |
Fundación | 20 de marzo de 2009 | |
Fundador | Maîtresse Gilda | |
Miembro de | Inter-LGBT | |
Sitio web | www.strass-syndicat.org | |
Según Malika Amaouche, miembro del colectivo Droits et prostitution, la principal prioridad inicial del sindicato era la derogación de la Ley de seguridad interna (2003), que prohibía el proxenetismo pasivo.[4]
También tienen como objetivo luchar contra la discriminación y la marginación a la que se enfrentan los trabajadores sexuales, reivindicando su estatus profesional para garantizar su protección social y sus prestaciones.[1] El sindicato también pretende que las trabajadoras sexuales puedan expresarse en el debate público sobre su actividad profesional, según su tesorera, Mistress Nikita.[2]
STRASS se posicionó en contra del proyecto de ley que criminaliza a los clientes de las prostitutas[5] y organizó una manifestación el 4 de diciembre de 2013, a la que asistieron unas 200 prostitutas.[6] La secretaria general desde junio de 2011, Morgane Merteuil, había escrito de antemano: «Estamos a favor del sexo, a favor del porno, a favor de las putas y a favor de la libertad de llevar el velo»,[7] al tiempo que consideraba el proyecto de ley abyecto, antifeminista y el «Manifiesto de las 343 bastardas».[8]
El 5 de junio de 2017, STRASS y otras ocho asociaciones (entre ellas Médicos del Mundo) y cinco trabajadoras sexuales presentaron una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC) contra la ley destinada a penalizar a los clientes de la prostitución. Según su abogado, Patrice Spinosi: «Nuestro objetivo es demostrar que la ley que se suponía que debía proteger más eficazmente a las prostitutas no cumplió sus objetivos, sino que, por el contrario, es contraproducente».[9] El caso fue inicialmente visto por el Consejo Constitucional, que trasladó el procedimiento al Consejo de Estado en noviembre de 2018.[10] Sin embargo, el Consejo de Estado validó la constitucionalidad de la ley el 1 de febrero de 2019.[11]
En 2017, STRASS anuncia la creación de una mutua para prostitutas en colaboración con la Mutuelle de Prévoyance interprofessionnelle. Esta última declaró: «Nosotros, que defendemos los valores de la lucha contra la exclusión y el rechazo de la discriminación, estamos encantados».[12]