El Referéndum constitucional de Venezuela de 2009, también llamado Referéndum Aprobatorio de la Enmienda Constitucional, fue un evento comicial que se llevó a cabo el domingo 15 de febrero de 2009 para aprobar o rechazar la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República Bolívariana de Venezuela con el fin de permitir la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua.^[3]​^[4]​ Es el sexto referéndum convocado en Venezuela desde 1999, y el cuarto relacionado con un tema constitucional. El Sí alcanzó 6.319.636 votos (54,86%) y el No 5.198.006 votos (45,13%), con el 99,75% de actas transmitidas y una abstención de 30,08%.^[5]​

La crisis institucional de Venezuela, iniciada el 2017 y zanjada en 2023,^[6]​^[7]​^[8]​ son los hechos que la Asamblea Nacional venezolana^[9]​ y la Fiscalía General para entonces^[10]​ consideran una "ruptura del hilo constitucional"^[11]​ en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la sentencia 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro,^{[cita requerida]} según la Sala Constitucional «hasta que persista la situación de desacato» del parlamento.^[12]​^[13]​

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP), manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal tachándolas de "ruptura del orden constitucional",^[14]​ lo que fue entendido como un "breve conflicto" entre los poderes públicos tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional.^[15]​^[16]​^[17]​

El presidente Maduro (que calificó el roce entre el MP y el TSJ como un impase) convocó a un Consejo de Seguridad de la Nación, para discutir la situación con los entes públicos (a excepción de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General), cumpliendo con el artículo 323 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, que fue invitado a participar, no asistió^[18]​ La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien horas antes había catalogado el hecho como una "ruptura del orden constitucional”, tampoco asistió.^[19]​ Después de esta convocatoria el Tribunal Supremo de Justicia publicó una aclaración sobre las sentencias 155 y 156.^[20]​^[21]​

La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 fue la asamblea constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución para Venezuela que finalmente no presentó, ni discutió,^[22]​ asumiendo facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado.^[23]​^[24]​^[25]​ Su vigencia abarcó más de 3 años, desde el 4 de agosto de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2020. Fue promovida por el mandatario Nicolás Maduro el 1 de mayo de 2017 mediante decreto presidencial N° 2830, el cual contemplaba la convocatoria y las bases comiciales.^[26]​

Después de su establecimiento, muchos países, incluyendo los miembros del Grupo de Lima y de la Unión Europea, desconocieron a la asamblea.^[27]​^[28]​ Sin embargo, países aliados del gobierno venezolano reconocieron los resultados, incluyendo a Bolivia, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.^[29]​^[30]​^[31]​

El 30 de julio fueron realizadas elecciones para escoger a los 545 constituyentes que la conformarían^[32]​ y el 4 de agosto se instaló formalmente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo (también sede de la Asamblea Nacional).^[33]​

En sus inicios fueron juramentados Delcy Rodríguez como presidenta de la ANC, Aristóbulo Istúriz como primer vicepresidente, Isaías Rodríguez como segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vásquez Iriarte como Secretario de la ANC y Carolys Pérez como subsecretaria.^[34]​ Su duración quedó fijada por un lapso de dos años, decisión tomada por los propios constituyentes.^[35]​ Y se estableció su hemiciclo de sesiones en el Salón Protocolar del Capitolio Federal, donde funcionaba el antiguo Senado del extinto Congreso de la República.^[36]​