Nemesia Achacollo Tola (Villa Yapacaní, Santa Cruz, Bolivia; 18 de julio de 1967) es una dirigente sindical y política boliviana que ocupó el alto cargo de ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia desde el 23 de enero de 2010 hasta el 31 de agosto de 2015 durante el segundo y tercer gobierno del presidente Evo Morales Ayma[2] A su vez, Achacollo fue también la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas originarias de Bolivia Bartolina Sisa.[3]
Nemesia Achacollo Tola | ||
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Achacollo en diciembre de 2017 en un juzgado de la ciudad de La Paz a sus 50 años de edad | ||
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Ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia | ||
22 de enero de 2010-31 de agosto de 2015 (5 años, 7 meses y 9 días) | ||
Presidente | Evo Morales Ayma | |
Predecesor | Julia Ramos Sánchez | |
Sucesor | César Cocarico Yana | |
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Información personal | ||
Nacimiento |
18 de julio de 1967 (57 años) Yapacaní, Bolivia | |
Nacionalidad | Boliviana | |
Familia | ||
Padres |
Manuel Achacollo (aimará, de Oruro; 1939-), Paulina Tola Martínez (aimará, de Oruro; 1945-)[1] | |
Cónyuge | Adalberto Barboza Céspedes[1] | |
Hijos | 4 | |
Información profesional | ||
Ocupación | Dirigente sindical y política | |
Tratamiento | Ministra | |
Partido político | Movimiento al Socialismo | |
En enero de 2010, el presidente Evo Morales la nombró ministra de Desarrollo Rural y Tierra tras una larga carrera de dirección sindical en su natal Santa Cruz.[2]
Antes de su nacimiento, sus padres emigraron desde el departamento de Oruro a Villa Yapacaní, donde nació su hija.[4] Se convirtió en líder departamental de la Federación Bartolina Sisa de Santa Cruz en 2001, luego dirigente departamental del Movimiento al Socialismo, desde el 1 de mayo de 2003, y secretaria ejecutiva de la Federación Nacional Bartolina Sisa en 2004.[4] Achacollo fue acusada de haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el presunto desfalco de 170 millones de dólares en la construcción de obras “fantasmas” e inconclusas que fueron financiadas por el Fondioc. Por ese caso se abrieron más de 80 juicios penales para hallar a los responsables de ese desfalco al fondo de desarrollo indígena. [4]