El Ministerio de Consumo (MIC) fue un departamento del Gobierno de España que entre 2020 y 2023 gestionó las competencias de este en materia de consumo, protección de los consumidores y actividades de juego de ámbito estatal.[3]
Ministerio de Consumo | |||||
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![]() Logotipo del Ministerio | |||||
![]() Casa Sindical, sede del Ministerio | |||||
Localización | |||||
País | España | ||||
Coordenadas | 40°25′N 3°41′O / 40.41, -3.69 | ||||
Información general | |||||
Sigla | MIC | ||||
Jurisdicción |
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Tipo | Ministerio | ||||
Sede | Casa Sindical, Madrid | ||||
Organización | |||||
Ministros | Alberto Garzón | ||||
Empleados | 434 (31 de diciembre de 2022)[1] | ||||
Presupuesto | 70,8 millones de € (2023)[2] | ||||
Historia | |||||
Fundación | 12 de enero de 2020 | ||||
Disolución | 20 de noviembre de 2023 | ||||
Sucesión | |||||
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Sitio web oficial | |||||
El departamento tuvo su sede en la Casa Sindical de Madrid, sede tradicional de las competencias relativas a los derechos del consumidor que siempre han estado ligadas al Ministerio de Sanidad.
Su único titular fue Alberto Garzón, diputado nacional entre 2016 y 2023 y líder de Izquierda Unida en el mismo periodo.[4]
El Ministerio de Consumo fue uno de los tres departamentos ministeriales de nueva creación previstos en la reforma gubernamental llevada a cabo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en enero de 2020, tras alcanzar un acuerdo de coalición para gobernar junto a Unidas Podemos y sus confluencias.
Con esta reforma, el presidente separó las competencias relativas a los derechos de los consumidores del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y las competencias sobre regulación del juego del Ministerio de Hacienda. Para llevar a cabo sus funciones, el jefe del Ejecutivo dotó al departamento de una Secretaría General de Consumo y Juego con dos direcciones generales para cada ámbito de actuación y le adscribió la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.[5]
En 2022 las Cortes Generales aprobaron la ley impulsada por este ministerio que tenía como objetivo garantizar mayor protección a aquellos consumidores que, por diversas circunstancias, se encuentren en una mayor situación de vulnerabilidad —el llamado, consumidor vulnerable—, así como obligar a un etiquetado de fácil comprensión y que no lleve a confusiones, así como en lenguaje braille para las personas ciegas.[6]
En noviembre de 2023, Pedro Sánchez suprimió el departamento, integrando sus competencias en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que pasó a denominarse Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.[7][8]
El Ministerio se compuso de los siguientes órganos:[3]
Mientras existió, únicamente hubo un titular, Alberto Garzón, diputado nacional por Málaga y líder de Izquierda Unida.[4]
Imagen | Nombre | Mandato | Partido | Presidente del Gobierno | Monarca | Ref. | ||||
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Nombramiento | Cese | Duración | ||||||||
Alberto Garzón (n. 1985) |
13 de enero de 2020 | 21 de noviembre de 2023 | 3 años y 312 días | Izquierda Unida | Pedro Sánchez (2018-presente) |
Felipe VI (2014-presente) |
[9][10] |
Para su último ejercicio fiscal, 2023, el Departamento de Consumo tuvo un presupuesto consolidado de 70,8 millones de euros,[2] siendo el Ministerio con menor presupuesto del Gobierno.
De los ocho programas que tenía la Sección 31 (Ministerio de Consumo) del presupuesto, destacan los programas 313C «Seguridad alimentaria y nutrición», dotado con casi 20 millones de euros y destinado a sufragar los gastos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y 492O «Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios », con 17,6 millones, para las competencias sobre consumidores. Asimismo, otros dos programas superaron los 10 millones, el 496M (12,4 millones) y el 498M (15,6 millones), destinados a los gatos de regulación del juego y a los servicios generales del Departamento, respectivamente.[2]
Gasto consolidado del Ministerio de Consumo entre 2020 y 2023 (en millones de euros) |
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Las cuentas del Ministerio, así como de sus organismos adscritos, eran auditadas de forma interna por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a través de una Intervención Delegada en el propio Departamento. De forma externa, era el Tribunal de Cuentas el responsable de auditar el gasto.