Martha Alicia Camacho Loaiza es una sobreviviente de desaparición forzada, activista mexicana y exmilitantes de la liga comunista guerrillera Liga Comunista 23 de Septiembre.[1][2]
Martha Camacho | ||
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Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Martha Alicia Camacho Loaiza | |
Información profesional | ||
Ocupación | Activista | |
El 19 de agosto de 1977 fue detenida cuando tenía ocho meses de embarazo, junto con su vecina Josefina Machado y con su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga (miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre) por la Policía Judicial del estado de Sinaloa y agentes de la Dirección Federal de Seguridad. José Manuel fue asesinado y su cuerpo fue desaparecido.[3]
Martha estuvo privada de la libertad arbitrariamente durante 49 días en la Novena Zona Militar, en Culiacán, y posteriormente en una casa de seguridad. Fue víctima de tortura y dio a luz a su hijo en cautiverio incluso después del parto de su hijo, pues a sólo unos segundos de que nació fue amenazado con un arma de fuego, como una forma de tortura psicológica contra Martha.[4]
Desde 2014 es presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS).
En mayo de 2002 interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) por la ejecución extrajudicial de José Manuel, la desaparición forzada y la tortura de la que fue objeto. En 2013 la PGR determinó que los delitos habían prescrito. En 2014 ella y su hijo promovieron un juicio de amparo en el que el Juez de Amparo señaló que existían suficientes elementos, entre ellos el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana de la FEMOSPP el cual considera que durante la Guerra Sucia se cometieron violaciones a derechos humanos que pueden ser constitutivos de delitos de lesa humanidad, que por su gravedad son delitos imprescriptibles.[5][3]
En julio de 2015 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estableció que la PGR debía investigar la desaparición forzada y asesinato de José Manuel Alapizco, así como los hechos de tortura en el caso de Martha Camacho, los hechos denunciados constituyen el delito de tortura.[6]
El 23 de septiembre de 2019 el gobierno mexicano, a través de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le ofreció disculpas por los hechos cometidos durante la Guerra Sucia:[7]
Les ofrezco una disculpa pública a nombre del Estado mexicano por la transgresión a sus derechos por las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado en el periódico histórico conocido como ‘guerra sucia’.[8]