La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador tiene su origen en un proceso de reformas económicas impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa para reducir el déficit fiscal y cumplir con compromisos de sostenibilidad presupuestaria. El subsidio representaba un gasto anual cercano a 1.100 millones de dólares, equivalente al 1% del PIB nacional.

Las subvenciones a los combustibles han sido un elemento sensible en la política ecuatoriana desde su instauración en la década de 1970. Intentos previos de retiro parcial, como los realizados en 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno, desencadenaron fuertes protestas que obligaron a suspender la medida tras un acuerdo con la CONAIE y otros movimientos sociales.

De forma paralela, el proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals, fue aprobado en 2025 con licencia ambiental para explotación de oro y cobre en el páramo de Quimsacocha, una zona que abastece de agua a la ciudad de Cuenca y a varios cantones aledaños. Organizaciones ambientalistas y comunidades campesinas han advertido que las operaciones extractivas podrían comprometer la calidad y cantidad de agua destinada al consumo humano y la agricultura.^[10]​

Los frentes que se han visto afectados por la forma en que el gobierno administra la presidencia actual, suman también a 5000 familias que mantenían a uno de sus miembros en la función pública, y que fueron desvinculados para oxigenar los déficit fiscales, y efectivizar la productividad del gobierno.^[11]​

Líderes de movimientos indígenas recordaron que la eliminación de subsidios sin diálogo previo profundiza la exclusión histórica de sus comunidades, que ya enfrentan altos índices de pobreza y falta de acceso a servicios básicos. La memoria de las protestas de 2019, en las que se lograron acuerdos con el gobierno de turno, reforzó la disposición de las organizaciones sociales a movilizarse nuevamente.^[12]​

La combinación de estos factores, generó un clima de malestar social que desembocó en la ola de protestas para septiembre de 2025.

Eliminación del subsidio al diésel: El gobierno de Daniel Noboa anunció el 13 de septiembre de 2025 la eliminación del subsidio, lo que incrementó el precio del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares. La medida formó parte de un plan de ajuste fiscal orientado a reducir el déficit y liberar recursos para inversión social. Sin embargo, el aumento impactó directamente a transportistas, agricultores, pescadores y comunidades rurales, para quienes el diésel es un insumo clave en la producción y el transporte de bienes.

Aprobación del proyecto minero Loma Larga: La autorización para iniciar la fase de explotación en el páramo de Quimsacocha fue percibida como una amenaza a las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de Cuenca y alrededores. Organizaciones ambientales advirtieron que la minería a gran escala en ecosistemas frágiles podría afectar el caudal y la pureza del agua, así como la biodiversidad de la zona.

Estas causas confluyeron en una protesta nacional y un Paro Nacional Indefinido con demandas centradas en la reversión del alza del diésel, la suspensión de la actividad minera en Quimsacocha y la instalación de mesas de diálogo para definir políticas públicas que protejan el agua y mitiguen el impacto económico en los sectores vulnerables.

• Decreto Ejecutivo 126: fecha de vigencia (13 de septiembre de 2025), cambio en el precio del diésel de ~ USD 1,80 a ~ USD 2,80/galón.
• Justificación del gobierno: ahorro fiscal, redistribución de fondos, combatir contrabando, etc.

• Consulta ambiental realizada por el ministerio de gobierno para ejecutar proyectos y reactivar la economía.^[13]​

• Comunicado presidencial que exhorta a no continuar con el proyecto minero y trasladar el análisis técnico a las autoridades locales.^[14]​
• Estado de excepción en regiones tras retiro del subsidio al diésel.^[6]​

• Organizaciones indígenas como CONAIE y sus asambleas extraordinarias, realizaron una declaración conjunta de comenzar una paralización de actividades a nivel nacional.
• Protestas en provincias fronterizas/sierra, cierres de vías, malestar en el transporte, campesinos, etc.
• El oficializmo abre frentes de apoyo en vista a la medida de llamar a constituyente.

• Se ha dado cobertura de los acontecimientos por parte de medios internacionales como Reuters y France24.^[15]​
• Organismos de derechos humanos han pronunciado preocupación sobre la medida de decretar constituyente inobservando reglamentos democráticos.^[16]​^[17]​

• Bonos sociales entre 1100 millones de dólares a compensaciones al transporte urbano y comercial, promesas de no subir tarifas de pasaje, estabilización de precios futuros.^[18]​

Las comunidades indígenas sienten el golpe histórico: el transporte, los acceso a servicios, los precios, y los costos de vida, son temas de histórica preocupación. Por otro lado, los riesgos ambientales relacionados con agua, biodiversidad, ecosistemas de páramo, preocupan a la ciudadanía en general. La dimensión política como la erosión de confianza, la polarización, y las demandas por consultas previas de participación ciudadana, son ejes centrales en la coyuntura nacional.

• ~13 de septiembre: Decreto Ejecutivo elimina subsidio al diésel; aumento de precio; anuncio de bonos; traslado de la sede de gobierno desde Quito a Latacunga.^[19]​^[20]​
• ~15 de septiembre: Las arterias viales más importantes del país, repotaron cierres y bloqueos parciales.^[15]​^[21]​
• ~16 de septiembre: Manifestación en Cuenca contra proyecto minero y drecreto del Estado de Excepción.^[22]​^[23]​
• ~17 de septiembre: Una declaración conjunta de la Asamblea Nacional, frena con 78 votos la moción para debatir sobre el incremento de los combustibles, el argumento central se basó en que el subsidio beneficia principalmente al narcotráfico.^[8]​^[24]​
• ~18 de septiembre: Organizaciones sociales se reúnen para anunciar movilizaciones.^[9]​
• ~19 de septiembre: Gobierno decreta consulta popular para instituir una Asamblea Constituyente y derogar la Constitución.^[25]​ Mientras en el otro frente, las cuentas bancarias de lo líderes indígenas que preparan marchas, fueron congeladas.^[26]​
• ~20 de septiembre: Corte Constitucional acepta revisión de demandas en decreto para constituyente, promoviendo que el gobierno deroge el decreto inconstitucional y se envíe uno nuevo.^[27]​^[28]​ Simpatizantes oficialistas se convocan en las afueras de la Corte Constitucional en apoyo al gobierno.^[29]​ La sesión se llevó a cabo pese a desalojos por amenazas de bomba.^[30]​
• ~21 de septiembre: Medio de comunicación reporta que comunidades y sectores de la ciudadanía, comenzarán un paro nacional a partir de las 22:00 horas, y que es el reulstado de 7 demandas, pero cuya atención, aliviará las tensiones.^[31]​ La Corte Constitucional recepta el nuevo decreto que convoca a Asamblea Constituyente, y remite la causa para la revisión e inclusión de la ya confirmada Consulta Popular de 2025.^[32]​
• ~22 de septiembre: Las clases escolares fueron enviadas a la virtualidad en algunas zonas del centro norte del país, y universidades de Quito se unen a las protestas.^[33]​^[34]​

• Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador