Leyla Augusta Huerta Castillo (Lima, 1978) es una ingeniera agrónoma, investigadora y activista de los derechos y la representatividad de las personas trans en el Perú. Coordinadora de Proyectos Epicentro[1]y fundadora de la organización Féminas Perú.[2]
Leyla Huerta | ||
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Información personal | ||
Nombre en español | Leyla Huerta Castillo | |
Nacimiento |
30 de abril de 1978 Lima (Perú) | (47 años)|
Nacionalidad | Peruana | |
Educación | ||
Educada en | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
Información profesional | ||
Ocupación | Investigadora, activista LGBTI e ingeniera agrícola | |
Miembro de | Féminas Perú | |
Leyla Huerta es activista por los derechos humanos. En 2015 fundó Féminas Perú,[3] institución que tiene como fin empoderar a las mujeres trans.[4] Es una activista enfocada en la comunidad LGTBIQ+, que defiende las varias formas de violencia, en especial, a esta población vulnerable. Ella señala los retos cotidianos que enfrentan las mujeres trans en el Perú:[5]
Participa en el programa Radio Trans,[6] espacio dirigida por artistas, activistas e intelectuales que se enfocan en la comunidad LGTBIQ+ en el Perú. En 2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio un reconocimiento a Huertas por su labor en la representatividad de las mujeres trans.[7] Dos años después, en el 2022, fue candidata al Gobierno Regional de Lima para el cargo de regidora provincial por el Partido Morado.[8]
En 2024, Huertas tuvo una postura activa de rechazo frente al DS 009-2024, el cual que incluyó las identidades trans en la lista de trastornos mentales. Junto a más de 200 organizaciones LGBTIQ+ a nivel nacional, exigieron la derogación total de este decreto, así como la demanda de políticas de disculpas públicas por el maltrato y la humillación pública hacia la comunidad trans.[9] Asimismo, ha considerado que esta clasificación podría dificultar los procesos judiciales de cambio de sexo y nombres para las personas.[10]
Huerta ha reflexionado sobre la participación y la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+ en los procesos electorales, y ha señalado las dificultades que presenta la Oficina Nacional de Procesos Electorales como ente regulador en el ámbito jurídico. Este contexto se relaciona con la baja participación de las personas trans en las urnas.[11]