La Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, o Ley 27.401,[1] es una legislación argentina que impone penas a personas jurídicas que participan en la comisión de ciertos delitos contra la administración pública o en hechos de corrupción.[2]
![]() Ley de Responsabilidad Penal Empresaria Ley 27401 | ||
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Tipo | Ley | |
Fue aprobada en julio de 2017 en la Cámara de Diputados.[3] El proyecto fue girado al Senado donde se aprobó con cambios el 27 de septiembre y finalmente Diputados aprobó la versión final el 8 de noviembre.[4] Fue reglamentada en 2018 mediante el decreto 277/18.[5]
La ley hace responsables a las personas jurídicas en casos de:[4]
Las penalidades establecidas por la ley son:[4]
La ley fue girada en agosto de ese año agregando un artículo no tratado en comisión el artículo 37 que finalmente sería rechazado por 131 votos a 87 en el que propiciaba que el procurador General del Tesoro pudiera hacer “acuerdos administrativos” secretos con las compañías imputadas por fuera del ámbito judicial y con retroactividad a los delitos cometidos. Este artículo fue rechazado de forma unánime por la oposición que lo tildó de inconstitucional.