La Ley de Colonias de 1868 fue una importante ley agrícola promulgada el 3 de junio de 1868, durante el reinado de Isabel II de España. Su objetivo era abordar diversas cuestiones agrícolas y mejorar la economía rural.[1]
Si bien se denominó "Ley de Colonias Agrícolas", su alcance fue más amplio y sirvió como una ley protectora para la agricultura en general. Buscó rectificar varios problemas que estaban afectando al sector agrícola.
La ley introdujo modificaciones y ventajas fiscales para aliviar la carga fiscal a la agricultura. Proporcionó exenciones fiscales y redujo la multiplicidad de impuestos que obstaculizaban la productividad agrícola.
La legislación fue fundamental para transformar las tierras secas (secano) y mejorar el suelo agrícola. Fomentó la expansión de la población rural mediante la creación de pequeñas colonias agrícolas (casas de trabajo), incluso bajo acuerdos como arrendamientos y aparcería.
La ley se aplicó notablemente en la zona del Bajo Segura, contribuyendo significativamente a la creación de cultivos y la transformación de las tierras de secano.
La ley también ofrecía otras ventajas, como madera de propiedad estatal con descuento para la construcción, derechos para explotar canteras y uso de terrenos públicos para talleres, que eran importantes para la inversión en desarrollo agrícola.
La ley tuvo un profundo impacto social y económico en las zonas rurales. Facilitó cambios en la propiedad, las prácticas agrícolas y mejoró las condiciones de vida de la población rural.
El proceso para acogerse a los beneficios de la ley se detalló en su Artículo 26, donde los propietarios podían solicitar estos beneficios.
Se otorgaron exenciones específicas para la transformación de ciertos terrenos, con duraciones variables según el tipo de terreno. La ley también incluía incentivos para el establecimiento de asentamientos rurales y mejoras en los cultivos.
Para las colonias con más de 100 casas o edificios ubicados a más de 7 km de una ciudad, la ley disponía que los servicios religiosos, médicos, veterinarios y de educación primaria serían financiados por el estado durante diez años.