La Lucha, cuyo nombre oficial es La Lucha Sanguchería Criolla, es una cadena de restaurantes de sangucherías y cafeterías originaria del Perú,[1] y con presencia en Colombia[2][3] y Chile.[4]
La Lucha | ||
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Sede principal en Miraflores, 2016. | ||
Tipo | cadena de restaurantes de comida rápida | |
Industria | Sangucherías | |
Fundación | 2009 (15 años) por César Taboada | |
Sede central | Miraflores - Lima, Perú. | |
Área de operación | Perú | |
Productos | Comida rápida | |
Propietario | Lucha Partners S.A.C. | |
Sitio web | La Lucha | |
Fue fundado el 15 de agosto de 2009, por César Taboada, natural de Catacaos en el departamento de Piura, junto a un socio anónimo estadounidense, el primer local fue inaugurado en el distrito de Miraflores, Lima.[5] Para 2015, el restaurante ya había abierto seis sucursales.[6]
La cadena de restaurantes se dedica principalmente a todo lo relacionado con las sangucherías con temática criolla y afroperuana.[7] En 2016, se inauguraron locales en Arequipa y Trujillo.[8]
En 2017,[9] Lucha Partners de Perú y GGCorp de Chile llegaron a un acuerdo para la formación de franquicias La Lucha en territorio de los dos países sudamericanos.[10] La primera La Lucha en Chile fue abierto en la Costanera Center y posteriormente el segundo en Alto Las Condes, ambos en 2018.[11] En 2018, Lucha Partners informó que abrieron dos locales en Bogotá, Colombia.[12][13]
En 2020, el diario peruano Ojo Público sacó una noticia que describía que Lucha Partners y su fundador César Taboada, había despedido a varios de sus trabajadores en el marco del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en el Perú, aun así, Taboada había recibido créditos económicos del programa estatal Reactiva Perú del gobierno de Martín Vizcarra, cuando estos programas solo estaban destinados a las empresas que no separaban a su personal.[14] Al siguiente año el director de Lucha Partners Juan Miguel Carhuamaca Soto, envió una carta notarial a la agencia de noticias, pidiendo que retiren las acusaciones hacia Taboada por «tráfico ilegal de datos personales», el diario se negó y justificó su postura mediante «su derecho constitucional a informar sobre hechos de notorio interés público y ciudadano».[15]