La justicia natural es un término que denota derechos procesales específicos en el sistema jurídico inglés^[1]​ y los sistemas de otras naciones basados en él. Es similar a los conceptos estadounidenses de procedimiento justo y debido proceso procesal, este último tiene raíces que hasta cierto punto son paralelas a los orígenes de la justicia natural.^[2]​

Aunque la justicia natural tiene una ascendencia impresionante^[3]​ y se dice que expresa la estrecha relación entre el common law y los principios morales,^[4]​ el uso del término en la actualidad no debe confundirse con el «derecho natural» de los Canonistas, las visiones de los filósofos medievales de un «modelo ideal de sociedad» o la filosofía de los «derechos naturales» del siglo XVIII.^[5]​ Mientras que el término justicia natural se mantiene a menudo como un concepto general, en jurisdicciones como Australia,^[6]​^[6]​^: 583 y el Reino Unido, ha sido sustituida y ampliada en gran medida por el más general «deber de actuar con equidad». La justicia natural se identifica con los dos componentes de una audiencia justa,^[7]​ que son la regla contra la parcialidad (nemo iudex in causa sua, o «ningún hombre juez en su propia causa»), y el derecho a una audiencia justa (audi alteram partem, o «escuchar a la otra parte»). ^[8]​

Los requisitos de la justicia natural o el deber de actuar con imparcialidad dependen del contexto.^[6]​^{: 584–585} En Baker contra Canadá (Ministro de Ciudadanía e Inmigración) (1999),^[9]​ el Tribunal Supremo de Canadá estableció una lista de factores no exhaustivos que influirían en el contenido del deber de imparcialidad, incluyendo la naturaleza de la decisión que se está tomando y el proceso seguido para tomarla, el régimen legal bajo el cual opera el responsable de la toma de decisiones, la importancia de la decisión para la persona que la impugna, las expectativas legítimas de la persona y la elección del procedimiento realizado por el responsable de la toma de decisiones.^[10]​

Anteriormente, en Knight v Indian Head School Division No 19 (1990),^[11]​ el Tribunal Supremo sostuvo que las autoridades públicas que adoptan decisiones de carácter legislativo y general no tienen el deber de actuar con imparcialidad, mientras que las que llevan a cabo actos de carácter más administrativo y específico sí lo tienen. Por lo general, las decisiones preliminares no desencadenan el deber de actuar con lealtad, pero las decisiones de carácter más definitivo pueden tener tal efecto.^[11]​^{: para 30}

La aplicación del deber de lealtad depende de la relación entre la autoridad pública y el particular. No existe deber cuando la relación es de amo y criado, o cuando el individuo ocupa un cargo a voluntad de la autoridad. Por otra parte, existe el deber de actuar con imparcialidad cuando el individuo no puede ser destituido de su cargo salvo por causa justificada.^[11]​^{: para 32} Por último, el derecho a la equidad procesal sólo existe cuando la decisión de una autoridad es significativa y tiene un impacto importante en el individuo.^[11]​^{: para 39}