El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) es una obra social que presta servicio a las Fuerzas Armadas, la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Funciona bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Defensa.^[1]​

Su misión es la de proporcionar servicios de cobertura médica y asistencial a los afiliados.^[2]​ El número de beneficiarios es de aproximadamente 638 000, entre los miembros de las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, la Prefectura, además de sus familias.^[3]​

Surgió el 31 de mayo de 2013 por orden del Decreto 637 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera, se unificó al Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE), el Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA) y la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA).^[a]​^[5]​

en agosto de 2025, audios atribuidos a Diego Spagnuolo -entonces titular de la ANDIS y abogado personal de Javier Milei-^[6]​ aludían a presuntas coimas en concepto de retornos del 8% sobre lo facturado por la Suizo Argentina al Estado y otros entes y mencionaban a Karina Milei y a Lule Menem como destinatarios de las mismas a través de los empresarios libertarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, hijos del propietario de la Droguería Suizo Argentina: Eduardo Kovalivker.^[7]​ A raíz del caso se encontraron contratos

Lo que llevó a pedidos de investigación a Luis Petri por el contrato de 50.000 millones de pesos que firmó en IOSFA con la droguería Suizo Argentina como Ministro de Defensa, por el uso de recursos públicos para gastos personales de su pareja la conductora oficialista Cristina Pérez y desmanejos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que en menos de un año y medio llevaron al servicio de salud de una posición superavitaria a una deuda de más de 200 mil millones de pesos.^[8]​ , Karina Milei,^[9]​ hermana del presidente Javier Milei. Ambas iniciativas estuvieron vinculadas a un caso de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), relacionado con un incremento significativo en los montos de licitaciones y contrataciones directas con organismos oficiales por más de 200.000 millones de pesos sin mediar procesos de licitación pública tras la difusión de audios donde el secretario de Javier Milei admitía sobreprecios y coimas del 3 por ciento para Karina Milei.^[10]​