El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) es un tributo que aplican todas las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires sobre los ingresos obtenidos por las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales. Su alícuota depende del distrito y de la industria, yendo desde el 1,5 al 5%.[1]
Fue impulsado en las provincias a partir de 1977, en el marco de una reforma tributaria por la que se creó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que reemplazó al anterior impuesto provincial a las actividades comerciales.[2]
En 1993 se firmó el segundo Pacto Federal, por el cual las provincias se comprometían frente al gobierno nacional a eliminar el impuesto a los ingresos brutos. Sin embargo nunca llegó a aplicarse.[2]
En 2017, mediante el Pacto Fiscal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri se consensuó con las provincias una rebaja del impuesto a la largo de cinco años.[3] Tras la asunción de Alberto Fernández el pacto fue suspendido por un año.[4]
Se trata de un impuesto provincial, que se rige por el Código Fiscal y las leyes impositivas de cada distrito. Si la persona física o jurídica desarrolla su actividad solo en una jurisdicción, debe inscribirse como contribuyente local. En los casos en que las actividades abarcan a diferentes distritos, existen convenios multilaterales entre las provincias para evitar la discusión sobre un mismo hecho imponible.[5]
Ingresos Brutos es considerado un "impuesto distorsivo" dado que no permite descontar los gastos en servicios o insumos utilizados para producir el bien, como sucede en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).[6] De esta manera se produce una "cascada" de impuestos que perjudica especialmente a los productos complejos.[6]