El Impuesto Inmobiliario es un tributo que aplican todas las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires sobre la propiedad inmobiliaria, ya sea urbana o rural.[1]
El Congreso Constituyente de 1853 creó la “contribución territorial” que imponía un pago anual a las propiedades urbanas y rurales dentro del territorio de la Confederación. En 1905 aparece otro antecedente del tributo con la creación del "impuesto a las sucesiones" y en 1911 el “impuesto al mayor valor de las propiedades inmuebles”.[2]
Las provincias poseen poderes tributarios originarios, potestad sobre las contribuciones directas (entre ellas el impuesto inmobiliario) y facultad concurrente con la Nación sobre los impuestos indirectos, no pudiendo ejercer el poder delegado a la Nación (Artículo 75° y 126°).
Los municipios no poseen potestades impositivas originarias, pero desde 1994 la Constitución Nacional incorporó la autonomía municipal, debiendo las provincias fijar su alcance en materia económica – financiera (Artículo 123°).[2]
Se calcula sobre el valor fiscal de las propiedades, que es determinado por el estado y en general es mucho menor que el valor de mercado.[1] Las alícuotas varían dependiendo de la provincia:
Provincia | Rural | Urbano |
---|---|---|
Provincia de Buenos Aires[3] | Cuota fija + 1,059-7,058% sobre el excedente | Cuota fija + 0,028-1,725% sobre el excedente |
Córdoba[4] | 12 por mil (12%o) + impuesto adicional (2-9%) | Cuota fija + 0,33-0,79% sobre el excedente + impuesto adicional (2-9%) |
Entre Ríos[4] | Cuota fija + 9-23% sobre el excedente | Cuota fija + 6-28% sobre el excedente |
Santa Fe[4] | Cuota fija + 6,49-23,51% sobre el excedente | 0,88-14,04% |