Hugo Aguilar Ortiz (San Agustín Tlacotepec, Oaxaca; 1 de abril de 1973) es un abogado y activista mexicano de origen ñuu savi (mixteco).[1] Fue elegido integrante y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de junio de 2025, en las primeras elecciones para elegir al Poder judicial en México, derivado de la reforma judicial del 2024.[2][3][4]
Hugo Aguilar Ortiz | ||
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Información personal | ||
Nacimiento |
1 de abril de 1973 (52 años)![]() | |
Nacionalidad | Mexicana | |
Educación | ||
Educado en |
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Información profesional | ||
Ocupación | Abogado | |
Empleador | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas | |
Hugo Aguilar Ortiz nació en 1973, en el pueblo mixteco de San Agustín Tlacotepec. En su comunidad aprendió a cultivar la tierra.[3]
Hugo Aguilar estudió su carrera en derecho, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, titulándose con la tesis Pluralismo Jurídico, el sistema electoral indígena en la legislación oaxaqueña.[4] En esa misma institución realizó sus estudios de posgrado de 2012 a 2014, en la maestría en derecho constitucional.[5][4]
Como abogado, se ha dedicado principalmente en defender legalmente a personas de pueblos originarios o indígenas. Fue abogado auxiliar en la Procuraduría para la Defensa Indígena, y más tarde asesor legal en casos agrarios, sistemas normativos y conflictos territoriales. También ha coadyuvado con instancias de gobierno locales, nacionales e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos en México. Entre 1996 y 2010, fue representante legal de más de 25 comunidades de pueblos originarios de su entidad, encabezando litigios en temas jurisdiccionales, agrarios y políticos ante diversos tribunales, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia.[5]
En 2010, durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, fue director jurídico de la Secretaría de Asuntos Indígenas en Oaxaca.[5]
De 2011 a 2016 fue subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca. De 2016 a 2018 estuvo en la Dirección de Sistemas Normativos del Instituto Electoral de Oaxaca. En 2018 fue el coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI),[5] puesto en el que promovió la reforma al artículo 2 de la Constitución, con respecto a los Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos,[6] así como la restitución de tierras al pueblo yaqui en Sonora.[1]
Asimismo participó en la 51 sesión de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las minorías, Ginebra, Suiza.[5]
Durante las elecciones al poder judicial en México, que fueron las primeras realizadas en la historia del país, Hugo Aguilar fue propuesto como candidato por el Poder Ejecutivo, apoyado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde febrero de 2025, la presidenta señaló que "queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte", y el mismo Aguilar Ortiz indicó "Ya nos toca".[7]
Las propuestas de Aguilar como candidato a la SCJN estaban enlistados en siete ejes: ": justicia pluricultural, humanista, comprometida y cercana al pueblo, justicia real y verdadera, para la igualdad sustantiva y con perspectiva de género, enfoque intercultural y justicia ambiental."[7]
El 1 de junio se realizaron las elecciones al poder judicial, dentro del cual se eligieron a todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las 9 personas seleccionadas fueron Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Herrerías Guerra, Irving Espinosa y Artístides Guerrero.[2]
Hugo Aguilar fue el candidato más votado, con 6,2 millones, con lo cual sería el primer presidente de la SCJN, por los dos primeros años.[2]
A partir del anuncio de su victoria, Hugo Aguilar señaló que como ministro de la Suprema Corte, no usaría al vestimenta habitual del cargo, una toga, pues dice que se lo han pedido así integrantes de comunidades indígenas, y porque esto ayudaría a evitar los errores de otras personas indígenas que asumen cargos judiciales o de poder y olvidan sus orígenes.[8]
Según describe el activista Joaquín Galván, es una persona que no está exenta de ser cuestionada por su ejercicio dentro del INPI “por temas como los megaproyectos, las consultas y el manejo de las denuncias contra miembros del INPI por mujeres”.[9] Por ejemplo: