La gobernanza del agua en un territorio es el conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos que influyen sobre la gestión del agua en ese territorio.[1] Normalmente ese territorio será un país, pero puede perfectamente hablarse de gobernanza del agua en una región perteneciente a un país determinado. La gobernanza del agua forma parte de la gobernanza ambiental.
La gobernanza del agua determina quién obtiene qué agua, cómo, cuándo, y quién tiene derecho al agua, a servicios relacionados y a los beneficios derivados.[2]
Por ejemplo, un país normalmente tendrá una Ley de aguas, o Ley del agua. Hay países, como la India, con un Ministerio del Agua.[3] En otros, muchas competencias sobre el agua las tiene el Ministerio de Medio Ambiente, o el de Agricultura. Hay países donde todas las compañías de agua son públicas porque están prohibidas las privadas.[4] El conjunto de normativa e instituciones (ya sean organismos públicos o asociaciones privadas) conforma la gobernanza del agua.
En el caso de ríos compartidos por varios países (por ejemplo el Nilo) existen tratados que forman parte de la gobernanza del agua en esa zona. Cuando se habla de "gobernanza del agua" se entiende que se refiere a las aguas superficiales y subterráneas, pero no a las marinas, que son objeto de otra gobernanza, más bien pesquera o medioambiental. Dependiendo de los países, la gestión de los embalses para la producción de hidroelectricidad puede estar o no dentro de la gobernanza del agua.
Es importante distinguir estos 3 conceptos. La política del agua pretende conseguir unos objetivos políticos, que pueden tener cierta permanencia o variar según el signo de la formación política que gobierna. Por ejemploː aumentar la superficie de regadío, interconectar cuencas, mejorar la seguridad hídrica, etc. Esta política se plasmará en una normativa y unos organismos (nuevos o una modificación de los existentes) que la lleven a cabo. Es decir, para ejecutar una política hidráulica se actúa sobre la gobernanza del agua.[5] Mientras que, para modificar la gobernanza del agua, se realizan estudios, se examinan datos, se llevan a cabo consultas, se elaboran previsiones, se efectúa un procedimiento legislativo o normativo y se ponen en marcha los nuevos organismos, o se modifican los existentes. En este sentido tiene importancia la planificación hidráulica. Así como la planificación energética es la previsión de las necesidades energéticas futuras y de las actuaciones para atenderlas (centrales eléctricas, líneas de transmisión, etc.), la planificación hidráulica, planificación hídrica o planificación hidrológica es la previsión de las necesidades hídricas futuras y de las actuaciones para atenderlas (embalses, canalizaciones, depuradoras, desaladoras, etc.).[6] Una política hídrica eficaz solo es posible si se basa en una planificación hidrológica sólida. Eso sí, basándose en una misma planificación hidrológica son posibles varias políticas hidráulicas. La política hidráulica y la gobernanza del agua tienen ambas un carácter bastante permanente (varían poco una vez bien establecidas) y general.
En cambio, la gestión del agua es mucho más variable y específica, mucho más del día a día. Tiene que ver con asegurar el buen funcionamiento de todos los elementos de la red hídrica (para lo cual hay que gestionar el mantenimiento y las reparaciones), el cobro de los consumos, la financiación, la supervisión de proveedores, la vigilancia del cumplimiento de la normativa, etc. Se realiza a menor escala, casi nunca nacional, sino municipal, de cuenca, de compañía de aguas, etc. Necesariamente la gestión del agua se realiza dentro de una gobernanza del agua (cumpliendo la normativa, actuando los organismos que forman parte de esta gobernanza, etc.). La gestión del agua depende además de cómo están siendo las precipitacionesː en un año seco la gestión del agua puede ser muy diferente a la de un año húmedo, mientras que la gobernanza del agua y la política hidráulica no tienen por qué cambiar.
La gobernanza del agua se confunde a veces con la gestión del agua. Es importante resaltar que son conceptos distintos, aunque interdependientes, porque una buena gobernanza del agua es la que permite una gestión eficaz del agua.[2] El término "gobernanza del agua" también se utiliza a veces indistintamente con el de "gestión integrada de recursos hídricos" (GIRH), un enfoque que promueve el desarrollo y la gestión coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados para maximizar el bienestar económico y social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. Aunque pueden encontrarse importantes vínculos entre ellos, no son sinónimos. Según la Asociación Mundial para el Agua, la gobernanza del agua debe considerarse como el contexto en el que puede aplicarse la GIRH.[2]
Una buena gobernanza del agua es necesaria para alcanzar la seguridad hídrica, asignar justamente los recursos hídricos y evitar disputas.[1] Un correcto aprovechamiento de los recursos hídricos es necesario, primero, para que la población de un territorio no se muera de sed. Segundo, para que riegue sus cultivos de subsistencia.[7] Tercero, para una adecuada higiene, que le proporciona salud. Cuarto, para un mayor rendimiento agrícola, que no solo le permita subsistir, sino también exportar, y acceder a más productos.[7] Y quinto, para la instalación de industrias, que promuevan el desarrollo y la riqueza.
Proporcionar a un país una buena gobernanza del agua puede resultar muy barato y tener gran impacto en su desarrollo. Mucho más, por ejemplo, que costosas obras hidráulicas que podrían no aprovecharse si se llevaran a cabo dentro de una gobernanza del agua deficiente.[8] La gobernanza del agua que se elabore debe adaptarse a las características e instituciones propias del país.[9][7]
Que en un territorio haya gobernanza del agua no implica necesariamente que sea buena. Atendiendo a sus características se podría calificar deː
Para valorar la gobernanza del agua en un territorio resulta útil elaborar un mapa de los actores relevantes, sus competencias, sus actuaciones y sus limitaciones.[11]
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha formulado los siguientes 12 principios:[12]
La OCDE lanzó en 2014 la Iniciativa para la Gobernanza del Agua, una red de más de 100 expertos de los sectores público y privado que se reúnen 2 veces al año para compartir experiencias y hacer recomendaciones.[13]
La organización Transparencia Internacional ha constituido la Red de Integridad Hídrica (Water Integrity Network), porque el sector del agua es vulnerable a la corrupción.[2]