Antes del establecimiento del derecho privado a poseer material pornográfico en el caso Stanley v. Georgia en 1969, los productores de películas para adultos y los fabricantes de juguetes sexuales tenían una capacidad limitada para organizarse. El primer grupo verdaderamente nacional que surgió fue la Asociación de Películas para Adultos de América (AFAA), una asociación de aproximadamente un centenar de productores, exhibidores y distribuidores de películas. La AFAA contrató a abogados y creó un kit legal que podían utilizar quienes se enfrentaban a la censura.^[1]​ Con la llegada de los vídeos domésticos baratos, la AFAA se convirtió en la Asociación Americana de Películas y Vídeos para Adultos (AFVAA).^[2]​

En 1987, el productor de películas para adultos Hal Freeman fue acusado de proxenetismo. En el caso People v. Freeman, los fiscales argumentaron que pagar a los actores para que mantuvieran relaciones sexuales en una película para adultos era un acto de prostitución. El caso llegó a la Corte Suprema de California, donde la decisión de Freeman de 1989 legalizó efectivamente la producción de películas para adultos en California. A pesar de la sentencia, las fuerzas del orden comenzaron a perseguir agresivamente a los cines y videoclubes para adultos por vender material para adultos. En 1990, la ciudad de Los Ángeles utilizó ordenanzas de zonificación para intentar cerrar casi un centenar de cines y tiendas de vídeos para adultos en la zona de Hollywood.^[3]​

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Meese, la administración Bush comenzó a atacar tanto a los pequeños distribuidores como a los principales fabricantes de vídeos para adultos con operaciones encubiertas.^[4]​^[5]​ Entre marzo de 1990 y junio de 1991, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Departamento de Policía de Los Ángeles realizaron redadas en 40 empresas de películas para adultos en Los Ángeles. Aunque la producción de pornografía ya no era ilegal en California, los productores aún podían ser acusados del delito federal de venta interestatal de material obsceno y juzgados en estados más conservadores.^[6]​^[7]​

En respuesta a los ataques, los productores de contenido para adultos crearon el Fondo de Defensa Legal de la Libertad de Expresión (FSLDF) para poner en común sus recursos.^[7]​ En 1991, cuando el ataque del Gobierno perdió fuerza, el FSLDF decidió elegir un nombre que reflejara mejor su papel ampliado en la comunidad para adultos, y así nació la Free Speech Coalition (traducida al español como «Coalición por la Libertad de Expresión»). La asociación se alineó estrechamente con otras organizaciones que defienden los derechos de la libertad de expresión y las libertades civiles.^[2]​

La Coalición por la Libertad de Expresión (FSC) es la asociación comercial de la industria del entretenimiento para adultos en Estados Unidos. Fundada en 1991, se opone a la aprobación y aplicación de algunas leyes de censura (con la excepción de las leyes «antipiratería») y de obscenidad.

En su sitio web afirma que ha «luchado por los derechos de los productores, distribuidores, intérpretes y consumidores de entretenimiento para adultos y productos de placer a través de batallas en la legislatura, los tribunales, las agencias reguladoras, las urnas y la prensa».^[2]​

La FSC está comprometida con la interseccionalidad y apoya a aquellos dentro de la industria para adultos que se preocupan por cuestiones como: «la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, los derechos LGBT, la inmigración, la salud y el bienestar sexual, la educación sexual, la despenalización de las víctimas y los trabajadores, la trata de personas, la discriminación, el racismo y el consentimiento».^[8]​

En 1999, el FSC contrató a su primer director ejecutivo a tiempo completo, William R. «Bill» Lyon,^[9]​ y comenzó a ganarse una reputación nacional como defensor de los derechos de la Primera y la Cuarta Enmienda. Durante la administración Clinton, hubo pocos procesos judiciales por obscenidad. La entonces fiscal general Janet Reno parecía considerar la «obscenidad» como un delito sin víctimas. También se dio cuenta de que en muchas áreas las normas comunitarias habían cambiado y las condenas por «obscenidad» eran cada vez más difíciles de mantener.

En 1995 entró en vigor un amplio plan federal que regulaba la creación y distribución al por mayor de imágenes grabadas de conducta sexual. Con el objetivo de detectar y disuadir la pornografía infantil, la Ley Federal de Etiquetado (también conocida como Ley de Protección Infantil y Lucha contra la Obscenidad) eliminó la privacidad en la creación de imágenes sexuales. Se ordenó a todos los productores y actores de este tipo de materiales que cumplieran con requisitos de divulgación detallados. La FSC desempeñó un papel fundamental en el cumplimiento de la industria, ya que organizó seminarios de formación, preparó documentos de cumplimiento y etiquetas de exención uniformes y negoció con el Departamento de Justicia la exención de algunos componentes de la ley.

En 1996 se promulgó la Ley de Decencia en las Comunicaciones (CDA) para proteger a los niños del acceso a material para adultos en Internet.

La Ley de Protección contra la Pornografía Infantil (CPPA) le siguió en 1997. El texto pretendía tipificar como delito la representación de menores en vídeos o contenidos en línea sexualmente explícitos, incluso si los representados eran mayores de 18 años. Esta redefinición de la pornografía infantil para incluir a adultos que parecían menores y participaban en actividades sexuales reales o simuladas fue controvertida. Aunque el Comité Judicial del Senado (el comité de origen) nunca sometió a votación el proyecto de ley, este se convirtió en ley después de que el senador Orrin Hatch (republicano por Utah) lo adjuntara durante el Comité de Conferencia al proyecto de ley de gastos de octubre de 1997.

Por primera vez desde su propia redefinición como asociación comercial, la FSC emprendió un litigio en el que impugnaba la constitucionalidad de una ley federal, presentando una demanda contra el entonces fiscal general John Ashcroft y alegando que la CPPA restringía los derechos de la primera enmienda al definir el discurso protegido como obsceno o como pornografía infantil. En 2002, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó la postura de la FSC en el caso Ashcroft contra Free Speech Coalition, el caso de la «pornografía infantil virtual».

En 2005, la FSC presentó una denuncia contra el Departamento de Justicia y el entonces fiscal general Alberto Gonzales, alegando que las normas 18 U.S.C. § 2257 ponían en peligro la privacidad y la seguridad de los actores al permitir el acceso a información privada a través del proceso de registro; además, que las normas 2257 eran tan complicadas que los productores de contenido para adultos no podían cumplir plenamente con el sistema de registro.

Las controvertidas normas han sido un tema recurrente para los productores de la industria para adultos y el FSC. En febrero de 2009, el Tribunal de Apelación del Sexto Circuito de los Estados Unidos dictaminó en el caso Connection Distributing Co. v. Holder que las disposiciones sobre el mantenimiento de registros de la ley 18 U.S.C. § 2257 no violaban la Primera Enmienda. En diciembre de 2009 se publicó una serie de normas revisadas del § 2257, lo que provocó otra denuncia contra el Departamento de Justicia y el fiscal general Eric Holder en 2010.

En 1994, la FSC contrató a un grupo de presión en Sacramento, la capital del estado de California. Al año siguiente, se propuso un impuesto especial para todos los productos y servicios para adultos, cuyos ingresos se destinarían a la recaudación del impuesto, la aplicación de la ley y, si sobraba algo, a centros de asesoramiento para víctimas de violaciones y refugios para víctimas maltratadas.^[2]​ El proyecto de ley fue rechazado en su primera audiencia en comisión.

PASS (Performer Availability Screening Services) es una organización estadounidense que mantiene una base de datos con los resultados de las pruebas de ITS de los actores pornográficos.^[10]​ La base de datos tiene por objeto ayudar a reducir o prevenir la propagación de las ITS en la industria del porno. La organización, anteriormente conocida como Adult Production Health and Safety Services (APHSS),^[11]​ fue creada por la Free Speech Coalition en 2013, tras el cierre de la Adult Industry Medical Health Care Foundation.^[12]​ Los actores se someten a pruebas cada catorce días para detectar el VIH/sida, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, la hepatitis B y C y la tricomoniasis.^[13]​ Según PASS, no se ha producido ningún caso de transmisión del VIH en un plató regulado desde 2004.^[14]​

Durante la pandemia de COVID-19, un grupo de trabajo especial se reunió para determinar cómo incorporar una prueba de coronavirus. Ahora todos los actores y el equipo se someten a pruebas de COVID-19 y la fecha de la prueba se publica en la base de datos de PASS.^[15]​ Los investigadores han sugerido que el sistema de pruebas de PASS podría ser un modelo para otras industrias.^[16]​

En febrero de 2015, la FSC anunció su afiliación a la First Entertainment Credit Union. El acuerdo permitió que los empleados de los estudios de producción autorizados y sus familias, principalmente en la industria del cine para adultos, tuvieran acceso a servicios financieros. Diane Duke, directora general de la FSC, señaló las «...dificultades a las que se enfrentan los miembros de la industria a los que otras instituciones han rechazado sus negocios».^[17]​

Otras iniciativas y cuestiones incluyen:

• Impugnar las regulaciones 2257 ante los tribunales (Free Speech Coalition v. Gonzales);
• Oponerse al dominio de nivel superior .xxx propuesto;
• Refutar las afirmaciones sobre la adicción a la pornografía y los «efectos secundarios» nocivos de la pornografía;
• Mejorar la seguridad en el lugar de trabajo;
• Luchar contra la piratería, incluyendo el Programa de Acción Antipiratería de la FSC^[18]​ y dos anuncios de servicio público;^[19]​
• Apoyar la despenalización del trabajo sexual y los derechos de los trabajadores.^[20]​

• Sitio web oficial
• Free Speech Coalition en Facebook
• Free Speech Coalition en Instagram
• Free Speech Coalition en X (antes Twitter)