FOSPUCA es una empresa venezolana que trabaja en la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos. Fundada el 8 de julio de 1980,[1] su nombre proviene de las siglas de Fomento de Servicios Públicos Compañía Anónima.
Tipo | Privada | |
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Fundación | 1981 | |
Personas clave | José Simón Elarba (Presidente) | |
Sitio web | https://fospuca.com/ | |
Inició operaciones en Caracas, enfocándose en la gestión de desechos para comunidades locales. A lo largo de los años, expandió su alcance a múltiples ciudades en Venezuela, incluyendo municipios en los estados Miranda, Lara, Bolívar, Carabobo y Zulia.
Durante siete semanas prestó funciones en la Ciudad de Barinas, capital del estado Barinas, y cesó sus operaciones tras no en llegar a un acuerdo con la alcaldía respectiva en la aplicación de tarifas.[2]
En 2014, José Simón Elarba, actual presidente de la junta directiva de Bancamiga Banco Universal, adquirió FOSPUCA y asumió su presidencia.
En 2016, la empresa creó la Fundación FOSPUCA, con la finalidad de apoyar programas educativos, culturales y ambientales.
Desde su fundación, ha mantenido un enfoque proactivo hacia la gestión de derechos, mientras busca promover una cultura de conciencia ambiental.[3]
A lo largo de su historia, ciudadanos y comerciantes de localidades diversas de Venezuela han protestado porque consideran como “excesivas” las tarifas de FOSPUCA por la recolección de desechos sólidos y desperdicios.[4][5]
En 2022, comerciantes de la ciudad El Tigre anunciaron un paro en respuesta “a las altas tarifas inpuestas” por FOSPUCA.[6]
Por otro lado, en marzo de 2023, en Caroní[7] más de 10 mil personas firmaron un documento en el que exigían la “derogación inmediata del decreto 008-2022 sobre las altas tarifas del servicio de aseo urbano prestado por FOSPUCA Caroní”.[8]
“El medio El Estímulo reseña que la mesa técnica de Fedecámaras Bolívar reportó un saldo de 410 empresas cerradas entre noviembre 2022 a abril 2023 por incapacidad para pagar las tarifas del servicio. Destacan que los comerciantes del municipio llevan al menos 10 meses solicitando a la Alcaldía una reducción de las mismas”, de acuerdo con un artículo del medio digital El Pitazo.[9]