Tras la caída de Robespierre el 28 de julio de 1794 (10 de termidor del año II, en el calendario republicano) los termidorianos (surgidos en su mayoría del grupo de la Llanura) procedieron rápidamente a deshacer la obra del periodo anterior de «El Terror».^{[nota 1]}​ Solo cuatro días después del 10 de termidor la Convención derogó la ley del 22 de pradial y a continuación ordenó la liberación de todos los «sospechosos» presos.^[4]​ También de «los 73» diputados encarcelados en el otoño de 1793 por haber firmado una petición a favor de los girondinos. El 24 de agosto (7 de fructidor del año II) fueron reducidos los poderes del Comité de Salud Pública y el 12 de noviembre (22 de brumario del año III) fue clausurado el Club de los Jacobinos. El 24 de diciembre (4 de nivoso del año III) fue abolido el maximum de los precios y de los salarios, lo que provocó el agravamiento de la inflación del asignado, lo que unido al crudo invierno que heló el Sena e hizo impracticables los caminos provocará la vuelta del pan caro y del hambre (y del frío, al cortarse los suministros de leña y carbón).^[5]​^[6]​

La respuesta del movimiento sans-culotte se produjo meses después, el 12 de germinal del año III (1 de abril de 1795), con una insurrección popular en París que fracasó —los manifestantes que habían invadido la Convención se retiraron pacíficamente sin que hubiera ningún muerto—^[7]​, lo que fue aprovechado por los termidorianos para agravar el Terror Blanco, cuyos hechos más dramáticos fueron las masacres de jacobinos en Lyon y en Marsella, y en otras ciudades cercanas, mientras que en París bandas de muscadins de la jeunesse dorée ('juventud dorada'), dirigidas por el diputado Stanislas Fréron, los perseguían a diario, así como a los sans-culottes (una de sus «hazañas» fue sacar los restos de Marat del Panteón y, según se creyó entonces, tirarlos por una alcantarilla).^[8]​^[9]​

La última tentativa de insurrección sans-culotte se produjo entre el 1 y el 4 de pradial del año III (20-25 de mayo de 1795) en la que los amotinados invadieron esta vez con armas y de forma violenta la Convención al grito de «Pan y la Constitución de 1793». Tropas leales a los termidorianos consiguieron aplastarla y en la Convención se eliminó el último foco de montañeses y se desarmó a los sans-culottes, poniendo fin así a su alternativa del «pueblo en armas» («no se produciría otra revuelta de las clases bajas en las calles de París hasta la Revolujción de julio de 1830, una generación más tarde», ha señalado Jeremy D. Popkin). Por esas mismas fechas los termidorianos firmaban la paz con los reinos de Prusia y de España, miembros de la Primera Coalición, y solo Gran Bretaña, Austria y los Estados italianos mantuvieron su enfrentamiento con la República francesa, por lo que la guerra dejó de ser el problema más grave de Francia. Asimismo el 21 de febrero de 1795 (3 de ventoso del año III) proclamaron la «libertad de cultos», aunque organizados de forma privada, poniendo fin al así al movimiento descristianizador y a su alternativa del «Culto al Ser Supremo».^[8]​^[10]​

Sin embargo, el peligro de la contrarrevolución no desapareció. Entre el 23 y el 27 de junio de 1795 (5/9 Mesidor del año III), se produce el desembarco de emigrés en Quiberon, derrotados por el general Hoche, aunque rebrota la guerra de la Vendée, región que parecía pacificada tras haber alcanzado en febrero un acuerdo con su principal dirigente François Charette (que incluía que el clero refractario pudiera celebrar el culto católico y la exención de la levas y de impuestos para sus habitantes por diez años). Por su parte el hermano de Luis XVI, autoproclamado como Luis XVIII tras la muerte en prisión del delfín Luis XVII, reclama desde Verona el trono de Francia. El 5 de octubre (13 de vendimiario del año IV) una nueva insurrección realista, esta vez en París, intenta restablecer la monarquía. El ejército, al mando del joven general Bonaparte, es el encargado de reprimirla. Veinte días después la Convención se disuelve al grito de «¡Viva la República!», una vez que había aprobado en agosto, tras dos meses de debates, una nueva Constitución (la Constitución del Año III), que, según Albert Soboul, se propuso «obstaculizar el camino, tanto a la democracia como a la dictadura, y volver a los principios de 1789, pero interpretados y dirigidos en el sentido de los intereses burgueses».^[11]​^[12]​^[13]​^[14]​

La Constitución del año III, refrendada por un plebiscito celebrado el 24 de septiembre de 1795, restauró el sufragio censitario —solo unas 30 000 personas eran las que elegían a los diputados— y recuperó la distinción entre «ciudadanos activos» y «ciudadanos pasivos» —François-Antoine de Boissy d'Anglas, uno de los redactores de la nueva Constitución y que fue quien presentó el proyecto ante la Convención, declaró: «Un país gobernado por los propietarios está dentro del orden social»; también proclamó que «la igualdad absoluta es una quimera»—.^[15]​^[16]​ El poder legislativo quedó formado por dos cámaras —el Consejo de los Ancianos, compuesto por 250 diputados con edades superiores a los 40 años; y el Consejo de los Quinientos, 500 diputados mayores de 30 años— renovadas en un tercio anualmente, y el ejecutivo por un Directorio de cinco miembros, nombrados por los Ancianos a propuesta de los Quinientos, siendo renovado cada año uno de sus miembros. El Directorio nombra a su vez a los seis ministros responsables ante él y no ante los Consejos, pero carece de la iniciativa legislativa al aplicarse una estricta división de poderes. En conclusión, según Soboul, «la primacía de los notables fue restaurada; los derechos del hombre no fueron ya más que los del hombre propietario».^[17]​

Además los termidorianos intentaron asegurarse la continuidad en el poder en el nuevo régimen del Directorio aprobando el llamado «decreto de los dos tercios», según el cual dos tercios de los diputados elegidos para los dos nuevos Consejos tenían que ser diputados de la Convención. «¿En qué manos se dejará el depósito sagrado de la Constitución?» se había preguntado uno de los miembros de la Comisión constitucional para justificar el «decreto de los dos tercios». Sin embargo, la mayor parte de los convencionales que resultaron elegidos eran moderados o «realistas enmascarados» y el tercio restante «se componía esencialmente de realistas y católicos», según Soboul. «Bajo esos estos auspicios se abría la nueva experiencia constitucional que comienza con el Directorio», añade este historiador.^[18]​^[19]​

Según Jeremy D. Popkin, el nuevo régimen del Directorio se enfrentaba a un gran desafío ya que «tenía pocos partidarios verdaderos, el argumento más sólido a su favor era que las alternativas —el regreso del intransigente Luis XVIII o un resurgimiento del jacobinismo militante— eran demasiado aterradoras para contemplarlas siquiera». «La gente corriente podía renegar del carácter elitista del nuevo gobierno, pero la existencia del Terror la había dejado demasiado desilusionada para levantarse contra él», añade Popkin.^[20]​

Según Albert Soboul, «los termidorianos creyeron asegurarla [la preeminencia social, la autoridad política] para la burguesía, pero en el marco del régimen liberal y en un país en donde se recrudecía todavía la guerra civil y la guerra extranjera. La Vendée no se había extinguido, ni tampoco se había reducido la coalición. [...] Para dirigir la guerra, el nuevo régimen heredaba un asignado desvalorizado y un ejército desorganizado. La aplicación de la Constitución del año III... tenía que resentirse de esas dificultades».^[21]​

La primera tarea de los nuevos consejos, el Consejo de los Ancianos y el Consejo de los Quinientos, fue nombrar a los primeros miembros del Directorio. Emmanuel Joseph Sieyès rechazó el puesto, y resultaron elegidos cinco republicanos que habían sobrevivido al Terror y que habían votado a favor de la ejecución del rey Luis XVI: Jean-François Reubell, que había sido diputado en la Asamblea Nacional Constituyente (se ocuparía fundamentalmente de la política exterior); Lazare Carnot, antiguo miembro del Comité de Salvación Pública que había sobrevivido a la reacción de Termidor (se ocuparía del ejército y de los asuntos militares, su especialidad); Étienne-François Le Tourneur, con escaso peso político (se ocuparía de la marina); Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux, que permaneció escondido durante el Terror por sus vínculos con los girondinos (se ocuparía de los asuntos religiosos, llegando a impulsar un culto deísta, la teofilantropía); y Paul Barras, el director con mejor imagen pública —de hecho será el único que se mantendrá en el cargo durante los cuatro años de existencia del Directorio— y que se ocuparía de los asuntos internos y de la policía. Para subrayar su independencia del poder legislativo, los cinco directores y sus familias se instalaron en el Palacio de Luxemburgo, a más de un kilómetro del Palacio de las Tullerías donde se reunían los Consejos. Otra forma de diferenciarse fue la abigarrada vestimenta oficial que escogieron, que contrastaba con la simplicidad de la que llevaban los dirigentes de la época del «El Terror».^[22]​

Los directores heredaron una difícil situación social y económica. La agitación de las clases populares urbanas, especialmente en la capital, no había desaparecido ya que la cosecha de 1795 no había sido muy abundante (la policía informaba de que en las calles del faubourg Saint-Antoine de París las mujeres «utilizan los más escandalosos epítetos para describir al gobierno») y las acciones de bandas de delincuentes, algunas de ellas de tendencia monárquica, continuaban sembrando la inseguridad y el miedo en algunas regiones. Pero el problema más grave era la inflación del asignado que a finales de 1795 había alcanzado tal nivel que los de denominaciones más pequeñas no valían el papel en el que estaban impresos. La solución que se adoptó en marzo de 1796, sustituir el asignado por un nuevo papel moneda, el mandat (respaldado por los bienes inmuebles que el gobierno poseía y que iba a sacar al mercado), no resolvió el problema ya que en un mes este perdió el 80 por cien de su valor (un informe de la policía ya predijo el fracaso porque las tierras confiscadas, «que son los únicos recursos del gobierno para cubrir los gastos indispensables de la guerra, no producirán las sumas que se esperan; caerán en manos de especuladores con los bolsillos llenos de mandats, adquiridos a precios de ganga, los entregarán al gobierno a su valor nominal y revenderán [las tierras nacionales compradas] por dinero en metálico ante los ojos de las autoridades a quienes culpan de la situación»). Finalmente se acordaría abandonar el papel moneda y volver a la moneda metálica, lo que provocaría el efecto contrario: un proceso deflacionista que contrajo la actividad económica.^[23]​

En este clima de crisis social y económica los jacobinos intentaron revivir su movimiento integrándose en el nuevo Club du Panthéon ya que el Club des jacobins continuaba prohibido. El Directorio reaccionó ordenando al general Bonaparte, comandante del Ejército del interior, que cerrara el club, lo que llevó a cabo a finales de febrero de 1796.^[23]​ Dos meses y medio después, el 10 de mayo, la policía detenía a los principales implicados en la «Conspiración de los Iguales» y algo más tarde a su líder François Babeuf, más conocido como Gracchus Babeuf, quien desde el invierno venía desplegando una campaña de agitación radical desde su periódico Le Tribun du peuple defendiendo la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad «comunista» en la que todos los bienes serían comunes y compartidos por igual por la población. «La tierra no pertenece a nadie, pertenece a todos... Si alguien se lleva algo más de lo que necesita para alimentarse es un robo a la sociedad», escribió. Para alcanzar ese objetivo Babeuf reclutó un grupo clandestino para la toma del poder dirigido por el Directorio Insurgente de Seguridad Pública, presidido por él mismo junto con tres de sus partidarios. En la Declaración de Insurrección que habían preparado denunciaron que el Directorio «opresor» había «ultrajado, degradado y abolido las cualidades y las instituciones de la libertad y de la democracia» y «había asesinado a los mejores amigos de la República». La conspiración fue descubierta en mayo gracias a un agente doble, aunque el juicio no se celebró hasta febrero del año siguiente. Babeuf fue condenado a muerte y ejecutado el 27 de mayo, junto con su compañero de conspiración Augustin Darthé. Fueron absueltos por falta de pruebas la mayoría del resto de los 60 acusados.^[24]​

Durante estos primeros meses de 1796 también se abortó un intento de resurgimiento de la chouannerie en Bretaña. El general Lazare Hoche derrotó a las bandas chuanes y dos de sus principales líderes, Jean-Nicolas Stofflet y François de Charette, fueron capturados y ejecutados. Un nuevo golpe para los que aspiraban a la restauración de la monarquía lo constituyó la destitución al frente del ejército del Rin del general Jean-Charles Pichegru, en contacto con los realistas de los que había recibido dinero y a los que no había impedido que distribuyeran propaganda entre sus tropas. Le sustituyó Jean Victor Marie Moreau, a pesar de sus dudosas convicciones republicanas.^[25]​

El mismo mes de marzo de 1796 en que se produjo el relevo al frente del ejército del Rin, el general Bonaparte, respaldado por el director Barras, inició la que sería una exitosa campaña militar en el norte de Italia, a pesar de las precarias condiciones que padecían los ejércitos de la República —por falta de fondos las tropas no recibían su paga y no estaban ni adecuadamente alimentadas, ni vestidas, ni equipadas—. En sus memorias Bonaparte relató que para ganar su confianza les prometió a sus hombres que iba a llevarlos «a las llanuras más fértiles de la tierra» donde «encontrarían honor, gloria y riquezas». Primero aplastó al ejército del Piamonte y a continuación se dirigió a Milán, capital de la Lombardía austríaca. Cerca de allí derrotó en la batalla del puente de Lodi (16 de mayo) al ejército austríaco, que se retiró a la fortaleza de Mantua. Tras la victoria en las batalla del puente de Arcole y de Rivoli Mantua no pudo resistir por más tiempo el asedio del ejército francés y el 2 de febrero de 1797 se rindió, con lo que el camino hacia Viena desde el sur a través de los Alpes quedaba expedito. Un éxito espectacular que contrastaba con las derrotas sufridas por los ejércitos de Jean-Baptiste Jourdan y de Moreau en el Rin a finales de agosto.^[26]​

Bonaparte impuso fuertes tributos en dinero y en obras de arte a los territorios conquistados (los objetos de arte fueron enviados a París con el «argumento» de que, como publicó Le Moniteur, «en virtud de su poder y la superioridad de su cultura y sus artistas, la República francesa es el único gobierno del mundo que puede proporcionar un refugio para estas obras maestras»). En cuanto al dinero una parte la envió a Francia, proporcionando al Directorio los fondos que necesitaba, y otra la utilizó para pagar a sus soldados, acrecentando así su lealtad. Pero también adoptó su propia política haciendo caso omiso de las instrucciones del Directorio. Como ha señalado Jeremy D. Popkin, «los acontecimientos de Lodi dispararon las ambiciones de Bonaparte», quien escribiría en sus memorias: «Ya no me consideraba un simple general, sino un hombre llamado a decidir el destino de los pueblos». Así en otoño de 1796 permitió la fundación de la «República Cispadana», con capital en Bolonia, que incluía los pequeños principados y las partes de los Estados Pontificios ocupados por las tropas francesas al sur del río Po, y que fue ampliada con los territorios cedidos por el por el Papa Pío VI en el draconiano Tratado de Tolentino de febrero de 1797 a cambio de que Bonaparte no ocupara Roma —el Directorio, por el contrario, apostaba por el mantenimiento de los pequeños estados italianos para evitar la formación de «un gigante cuyo gran tamaño sería motivo de vergüenza para nosotros algún día», como había dicho Barras—. También en contra de la opinión del Directorio no se opuso a que la República cispadana proclamara el catolicismo como su religión oficial. «Mientras los ministros de la religión mantengan principios verdaderos... los respetaré, respetaré su propiedad y sus costumbres, ya que contribuyen al orden público y al bien común», declaró.^[26]​

En la primavera de 1797 Bonaparte se dirigió hacia Viena, la capital del Imperio Habsburgo que llevaba en guerra contra Francia desde hacía cinco años. El 7 de abril había llegado a Leoben, muy cerca de Viena, y allí se concertó la Paz de Leoben firmada por Bonaparte sin el conocimiento del Directorio. Según lo acordado en el tratado los Países Bajos Austríacos (la actual Bélgica) pasaban a Francia, aunque no los territorios alemanes al oeste del río Rin (un objetivo que formaba parte del viejo proyecto revolucionario de alcanzar las «fronteras naturales de Francia»), y a cambio Bonaparte se comprometía a invadir la neutral República de Venecia, cediéndola a continuación a los austríacos.^[27]​

En el mismo mes de abril de 1797 en el que Bonaparte concertó con los austríacos la Paz de Leoben, se celebraron en Francia las primeras elecciones para la renovación de un tercio de los miembros de los Consejos. En las asambleas electorales los candidatos gubernamentales y los antiguos miembros de la Convención fueron derrotados y en su lugar resultaron elegidos los candidatos conservadores, buena parte de ellos monárquicos encuadrados en el Instituto Filantrópico organizado por el exdiputado de la Asamblea Nacional Constituyente Antoine Balthazar Joseph d'André. Desde diversos sectores ya se venía advirtiendo que entre los propietarios —los únicos que tenían derecho al voto, según lo establecido en la Constitución francesa de 1795 que había restaurado el sufragio censitario— había crecido la oposición al Directorio y el apoyo a la alternativa monárquica (o a una revisión de la Constitución republicana de 1795 en un sentido conservador). Desde finales de 1794 estos políticos conservadores se venían reuniendo en casa de uno de ellos en la Rue de Clichy, de ahí que fueran conocidos como el «Club de Clichy».^[28]​^[29]​

Cuando se reunieron los Consejos los diputados conservadores del «nuevo tercio» consiguieron que resultara elegido como nuevo director en sustitución de Letourneur François Barthélemy, un exaristócrata y diplomático —«monárquico notorio», según Albert Soboul—, y que el nuevo presidente del Consejo de los Quinientos fuera el general Pichegru, uno de los líderes del Club de Clichy (y cuyas conexiones con los monárquicos se conocieron poco después gracias a la documentación que Bonaparte envió desde Italia). Sin embargo, las críticas a la fase republicana de la Revolución y a los políticos que la habían apoyado —«Ya saben los males que han causado en Francia los atroces decretos que estos mismos hombres han dejado durante los últimos cinco años», declaró un diputado conservador— imposibilitó su alianza con los republicanos moderados que podrían haber estado dispuestos a formar una coalición con ellos. También propusieron suavizar las restricciones a las celebraciones religiosas públicas y permitir el toque de campanas, lo que fue duramente criticado desde la prensa republicana,^[30]​^[31]​ así como la legislación contra los familiares de los emigrés y del clero refractario. «En los departamentos, la reacción fue con frecuencia excesiva», ha señalado Soboul. «Las filiales del Instituto filantrópico se multiplicaban, los emigrados volvían, los sacerdotes proscritos circulaban libremente, mientras que los adquirientes de los bienes nacionales [propiedades expropiadas de la Iglesia y de la nobleza emigrada] eran atacados. Desencadenóse la violencia en Provenza, una vez más y el Directorio tuvo que enviar tropas». También se suprimieron los poderes financieros del Directorio.^[31]​

Los miembros del Directorio estaban divididos sobre la política a seguir respecto de la nueva mayoría en los Consejos. Carnot defendió el compromiso con los conservadores más moderados y propuso la destitución de los ministros más claramente republicanos. Defendiendo la política opuesta se encontraban Reubell, quien en cuanto se conocieron los resultados de las elecciones había propuesto anularlas e impedir que los nuevos diputados tomaran posesión de sus escaños, y Larevellière-Lépeaux, a los que se unió finalmente Barras, quien ya había ordenado al general Lazare Hoche, recién nombrado ministro de la Guerra, que llevara sus tropas a París (lo que violaba la Constitución que establecía que las unidades militares no podían acercarse a menos de 30 kilómetros de la capital). Ante las dudas de Hoche, Bonaparte envió al general Pierre François Charles Augereau que fue el que finalmente encabezó el Golpe de Estado del 18 de fructidor del año V (4 de septiembre de 1797). Sus soldados rodearon el palacio de las Tullerías donde se reunían los Consejos y detuvieron a Barthélemy, el director recientemente elegido, mientras que el director Carnot lograba escapar.^[32]​^[33]​ El general Pichegru y una docena de diputados también fueron detenidos y encarcelados en la prisión del Temple, como Barthélemy.^[33]​

El golpe se justificó alegando que existía un «vasto proyecto de restauración de la monarquía» y de «resurrección» del «fanatismo» (en referencia al catolicismo) que estaba apoyado por «numerosos miembros de los Consejos», según el informe que presentó el ministro de Policía, Pierre Jean-Marie Sotin de La Coindière. Se pidió a los Consejos que apoyaran la detención y deportación a la Guayana («La guillotina seca») de 65 supuestos contrarrevolucionarios, incluidos 53 diputados con Pichegru entre ellos, además de los dos directores Barthélemy y Carnot (sustituidos por Nicolas François de Neufchâteau y Philippe-Antoine Merlin de Douai), y se declararon nulos los resultados electorales en más de la mitad del país, lo que supuso la destitución de más de cien diputados —177, según Albert Soboul—.^[34]​^[35]​

El Directorio suprimió más de treinta periódicos de derechas —42 según Soboul— y ordenó la detención de sus directores y editores, aunque la mayoría de ellos lograron escapar (y algunos periódicos reaparecerían con otros nombres), al igual que la mayoría de los políticos conservadores, entre ellos el líder termidoriano François-Antoine de Boissy d'Anglas. Además las administraciones fueron purgadas de los funcionarios que no estuvieran «comprometidos con la libertad republicana», como exigió el idéologue Benjamin Constant, y los Consejos endurecieron las leyes sobre los emigrés y el clero refractario y sus familias —más de diez mil sacerdotes emigrés que habían vuelto a Francia fueron detenidos y los que se negaron a prestar el juramento de odio a la realeza, unos mil quinientos, fueron deportados a la Guayana o a las islas de la costa oeste—. Llegaron a aprobar una ley que privaba de sus derechos de ciudadanía, pasando a ser considerados extranjeros, a los ci-devant nobles que habían permanecido en Francia (se exceptuaron a los exnobles que habían sido miembros de las asambleas revolucionarias o eran miembros del ejército, lo que permitió al director Paul Barras seguir en su cargo). La política represiva también incluyó registros domiciliarios, confinamientos y violación del secreto de la correspondencia.^[36]​^[35]​

Asimismo tras el golpe también se endureció la política anticlerical. Se hizo más estricta la prohibición de las ceremonias religiosas públicas y de los signos externos del culto y fue declarada obligatoria la observancia del decadi, así como el uso del calendario republicano, «grande y bella concepción del espíritu humano». Las escuelas privadas, en su inmensa mayoría católicas, fueron sometidas a una rigurosa inspección «con objeto de comprobar si se observan las decadi, si celebran las fiestas republicanas y si se honra el nombre de ciudadano», teniendo presente que los derechos del hombre y la Constitución debían ser «la base de la primera instrucción». Aunque algunos sectores proponían dotar a la República de una religión cívica frente al catolicismo, el Directorio rehusó recuperar el «Culto al Ser Supremo», aunque el director La Revellière protegió la teofilantropía que profesaba «los dogmas y la moral de todas las naciones de la tierra», pero que nunca llegó a arraigar, excepto entre algunos burgueses republicanos.^[37]​

Finalmente el Directorio aprovechó el fortalecimiento de su posición tras el golpe para liquidar el problema de la enorme deuda pública acumulada. Los Consejos aprobaron el 30 de septiembre una ley, que sería conocida como «la bancarrota de los dos tercios» o «liquidación Ramel» (por el nombre del ministro de Finanzas que la propuso: Dominique-Vincent Ramel-Nogaret), según la cual el Estado solo reconocía una tercera parte de la deuda, el tercio consolidado, mientras que los dos tercios restantes, los tercios movilizados, se reembolsarían mediante bonos al portador expedidos por el Tesoro nacional.^[38]​

Como ha señalado Jeremy D. Popkin, los «triunviros» Reubell, Larevellière-Lépeaux y Barras «dieron una lección magistral sobre cómo un régimen con pocos apoyos podía acabar con sus oponentes» y «lograron hacerlo dentro de los márgenes de la ley, aunque por poco, y controlar la situación tras la victoria». Pero el golpe «no se llevó a cabo para democratizar el sistema», sino que «se arriesgaron a invitar a los militares a entrar en política», sentando «un precedente que se volvería contra ellos», añade Popkin (en referencia al golpe de Estado del 18 de brumario de dos años más tarde).^[34]​ Por su parte Albert Soboul también ha destacado que «el golpe de Estado del 18 de fructidor... solo se había logrado con el apoyo de los generales y de sus tropas». «El hecho de recurrir al ejército el 18 de fructidor, había hecho aumentar su papel en la República. Cada vez más la política directorial estaba a merced de las empresas de los generales», añade Soboul.^[39]​

El golpe de Estado del 18 de fructidor (4 de septiembre de 1797) inició la etapa del «Segundo Directorio», en la que el régimen se vio fortalecido, al menos inicialmente, tras haber neutralizado la «amenaza monárquica».^[40]​

La afirmación de la República tras el «golpe de fructidor» realizada por los que lo habían apoyado tuvo una consecuencia no deseada para ellos: el resurgimiento del republicanismo jacobino. Así nacieron los «círculos constitucionales» integrados por «hombres sin mucha educación que no tienen otros bienes que su virtud moral y política», como dijo un comisario de policía de Burdeos —los clubes jacobinos continuaban prohibidos—, que demandaron su participación en la vida pública, que tenían vedada porque la Constitución francesa de 1795 había restablecido el sufragio censitario. También resurgió el movimiento de las mujeres de la clase trabajadora de París, lo que fue muy criticado desde los sectores conservadores («mujeres desvergonzadas, que podían convertirse en cualquier momento, como hicieron más de una vez, en el núcleo de una formidable revuelta», como escribió un periodista de esa tendencia).^[41]​^[42]​

Para intentar contrarrestar la difusión de los «círculos constitucionales», el Directorio los acusó de propagar la «anarquía» (la palabra que utilizaban los vencedores de fructidor para referirse al espíritu jacobino) y estableció un impuesto de timbre sobre la prensa, lo que obligó a los editores a subir el precio de los ejemplares y de las suscripciones —el Journal des hommes libres se quejó de que la medida iba contra los periódicos cuyos lectores «no son ricos, pero que sin embargo necesitan un antídoto contra las malas opiniones»—. También prohibió la práctica de la ambulation, por la que los miembros de un círculo sorteaban las prohibiciones reuniéndose con los miembros del círculo de una localidad vecina. Asimismo se reforzó la Gendarmerie.^[43]​^[42]​

En cuanto a la política exterior, el Directorio transigió con lo acordado por el general Bonaparte con los austríacos en la Paz de Leoben, cuyos términos fueron ratificados en el Tratado de Campo Formio, firmado por Bonaparte y los delegados del emperador Francisco II el 17 de octubre de 1797. El Imperio Habsburgo cedía a Francia los Países Bajos austríacos (la actual Bélgica), reconocía la República Cisalpina, «como una potencia independiente», y renunciaba a sus reivindicaciones sobre su antigua provincia de Lombardía, y a cambio Bonaparte le entregaba la República de Venecia —donde las tropas francesas habían entrado el 12 de mayo—. Sin embargo, algunos miembros del Directorio no estuvieron de acuerdo con lo pactado —dos de ellos se negaron a firmar el Tratado— porque Bonaparte no había conseguido que los austríacos reconocieran los «derechos» franceses al oeste del Rin, lo que formaba parte de la tradicional reivindicación revolucionaria de las «fronteras naturales» —el Imperio solo comprometía «a usar sus buenos oficios para que la República francesa obtenga esa frontera»—. Tampoco estaban de acuerdo con la cesión de Venecia porque les aseguraba a los austríacos un posición estratégica en el norte de Italia.^[44]​^[45]​ Pero el Directorio «¿cómo hubiera podido resistir?», se pregunta Soboul. «En un país fatigado, el gozo estalló con el anuncio de la paz. El Directorio hubo de inclinarse», se responde Soboul.^[46]​

Sin embargo, los miembros del Directorio no tuvieron más remedio que recibir a Bonaparte con gran pompa y solemnidad cuando este regresó a París a finales de noviembre. En su breve discurso Bonaparte mostró veladamente su desacuerdo con la Constitución de 1795 cuando dijo: «cuando la felicidad del pueblo francés esté asegurada por mejores leyes orgánicas, Europa será libre» (lo que Bonaparte entendía por «leyes orgánicas» lo había dejado claro en una carta que había enviado a los dirigentes de la nueva «república hermana» que había fundado en Génova, la República Ligur. En ella había culpado a las políticas revolucionarias de haber alienado a la Iglesia y a la nobleza en Francia, lo que había dado lugar a innumerables conflictos, y había pedido «frialdad, moderación, sabiduría, razón en la concepción de los decretos»). En aquel momento, aunque en público se mostraba cauto a pesar de las muestras de entusiasmo que recibía, Bonaparte en privado no escondía sus aspiraciones a desempeñar un papel destacado en el gobierno de Francia —de hecho algunos periódicos habían aclamado al «semidiós Bonaparte» que «ha aparecido para lograr la victoria... y para mostrarnos el valor de la sabiduría unida al coraje»—.^[47]​

El Directorio decidió nombrar a Bonaparte comandante del ejército que había formado en octubre para invadir Irlanda y auxiliar así a los rebeldes irlandeses en su lucha por la independencia de la Corona británica, en un momento en que Gran Bretaña —«que acumula en sus tesoros las lágrimas y la sangre de los pueblos, engordando con sus despojos», como se decía en el manifiesto que justificaba la formación de ese ejército— era ya el único Estado europeo que se mantenía en guerra con la República francesa. Unos 50 000 hombres fueron concentrados en Brest, pero el dominio de la marina británica del Atlántico y del Mediterráneo, lo que impidió que la flota francesa pudiera llegar a Brest, obligó al Directorio a abandonar el proyecto de expedición a Irlanda en febrero de 1798. Bonaparte quedó libre entonces para encabezar la empresa militar que realmente ambicionaba: la expedición a Egipto que iniciaría en mayo.^[48]​

Por otro lado, en esos primeros meses de 1798 el Directorio aseguró el control francés sobre de las «repúblicas hermanas» y creó otra nueva. El 22 de enero los «centralistas» de la República Bátava (los antiguos Países Bajos) se impusieron a los «federalistas» gracias al apoyo de las tropas francesas y se aprobó una nueva constitución que reflejaba sus ideas —se impuso un juramento a los funcionarios de «odio al estatuderato, al federalismo y a la anarquía»—. Este golpe de Estado sirvió de modelo para llevar a cabo un cambio de gobierno similar en la República Cisalpina —los jacobinos italianos se impusieron a los sectores que querían conseguir una mayor independencia de Francia—. En esas mismas fechas un ejército francés invadía la Confederación Helvética y el 22 de marzo se proclamaba la República Helvética. Su constitución, elaborada por los directores franceses Reubell y Marlin de Douai, entró en vigor al mes siguiente. Jeremy D. Popkin ha señalado la paradoja de que con la proclamación de la República Helvética, «en lugar de destruir la monarquía en toda Europa, como habían prometido en 1792, los franceses habían derrocado todos los regímenes republicanos históricos del continente [Países Bajos, Venecia y Suiza]».^[49]​^[50]​

En abril de 1798 se celebraron las elecciones para renovar un tercio de los miembros de los Consejos que en esta ocasión se superaría la mitad —473 según Albert Soboul— al tener que sustituir también a los diputados destituidos en el golpe de Estado del 18 de fructidor del año anterior. Los «círculos constitucionales» se movilizaron y consiguieron un gran resultado. El Directorio y sus partidarios, que durante el periodo electoral habían lanzado la consigna «¡Ni realeza, ni dictadura», reaccionaron afirmando que los «neojacobinos» junto con los monárquicos estaban conspirando para «asesinar a la República» y «reinstaurar la monarquía, mediante un terror espantoso o una reacción atroz» y el 11 de mayo dieron un nuevo golpe de Estado, conocido por su fecha en el calendario republicano: el golpe de Estado del 22 de floreal del año VII. Ese día los Consejos, sin esperar a que se incorporaron los nuevos diputados, aprobaron una ley por la que se anulaban todos o parte de los resultados en casi la mitad de los departamentos y 127 de los nuevos legisladores fueron destituidos —106 según Albert Soboul—. Un diputado progubernamental había dicho ante el Consejo de los Ancianos: «Es preciso, para tranquilizar a Francia contra el miedo que la domina, de que vuelvan todos los horrores revolucionarios, que declaréis que los realistas con gorro rojo [los «neojacobinos»] no son menos peligrosos que los realistas con escarapela blanca [los monárquicos], y que no entrarán aquí más que después de haber pasado por encima de vuestros cadáveres». El periódico Décade philosophique reconoció que se habían violado los principios legales pero el golpe lo justificó argumentando que era necesario enseñar a los votantes «a ser sensatos a la hora de elegir».^[51]​^[52]​ Según Albert Soboul, «el Régimen [del Directorio] se había desacreditado un poco más por sus procedimientos de violencia hipócrita».^[53]​

Tras el golpe de floreal el Directorio declaró que iba a seguir un camino intermedio entre «los dos abismos que estas facciones [monárquicos y «neojacobinos»] mantienen abiertos a ambos lados de la República» y puso en marcha varias reformas económicas y sociales. Desde el Ministerio del Interior Nicolas François de Neufchâteau, que había dejado el Directorio siendo sustituido por Jean-Baptiste Treilhard, dio instrucciones a los comisarios del gobierno de los departamentos para que mejoraran el «sentir de comunidad» de su demarcación promoviendo la apertura de escuelas, bibliotecas públicas, hospitales e instituciones de beneficencia, aunque advirtiéndoles de que no fueran «indulgentes con la pobreza» como sucedía en el ancien régime, y mejorando su administración, así como fomentando el comercio, la manufactura y los nuevos métodos de cultivo —iniciativas que fueron apoyadas con exposiciones nacionales de la producción agrícola y manufacturera; la primera se celebró en el Champ-de-Mars en el otoño de 1798—.^[54]​^[55]​

Para financiar estas medidas se mejoró la eficacia recaudatoria estableciendo en cada departamento una agencia de contribuciones directas, se reorganizaron los impuestos existentes, se aumentó la tasa de algunos impuestos indirectos como el del tabaco y el de timbre y se crearon nuevos impuestos: sobre el lujo; otro basado en el recuento de las puertas y ventanas de los edificios para establecer el valor de la propiedad («una especie de impuesto general sobre la renta valorada según la importancia aparente de los locales habitados», según Albert Soboul); un tercero llamado derecho de paso sobre las carreteras. Según Soboul, «esta obra resultó eficaz, y lo esencial de las leyes fiscales permanecería en vigor hasta nuestros días», pero no se acabó con el déficit y «fue necesario recurrir a los expedientes habituales: venta de bienes nacionales, préstamos, expoliación de los países ocupados» y además «la corrupción aumentó, especialmente en los asuntos de guerra».^[54]​^[56]​ También advierte Soboul que «las dificultades económicas anulaban en parte los esfuerzos meritorios del gobierno. La deflación [provocada por la vuelta a la moneda metálica] llevaba consigo la carestía del crédito y la baja de precios [agravada por las cosechas abundantes, de 1796 a 1798] que frenaba a su vez el auge económico».^[57]​

En el terreno militar se aprobó una ley el 5 de septiembre de 1798 (19 de fructidor del año VI), promovida por el general Jean-Baptiste Jourdan, que establecía el servicio militar universal y en la que las familias más ricas ya no podrían pagar a un sustituto para ocupar el lugar de su hijo. Hubo resistencias, especialmente en los departamentos belgas anexionados en 1795, pero, como ha señalado Jeremy D. Popkin, la ley Jourdan «creó el mecanismo básico por el cual Napoleón llenaría más tarde las filas de sus ejércitos».^[54]​^[58]​ La ley Jourdan también reguló democráticamente los ascensos al establecer que «ningún ciudadano francés podrá ser propuesto para el grado de oficial si no ha servido tres años en calidad de soldado o de suboficial», aunque también podía ser ascendido «por acciones brillantes en el campo de batalla».^[58]​

Descartada la invasión de Irlanda en febrero de 1798, el esfuerzo militar del «Segundo Directorio» se centró en la expedición a Egipto, que comandó el general Bonaparte. El 18 de mayo de 1798 partió para el Eyalato de Egipto, entonces una provincia del Imperio otomano, una flota de 365 barcos (56 de guerra y 309 mercantes) que transportaban a más 35 000 hombres y sus suministros. El objetivo era amenazar la conexión de Gran Bretaña, el último gran enemigo que le quedaba a la República, con la India, una de sus principales posesiones. La idea había partido del propio Bonaparte, quien después de su triunfal campaña de Italia había escrito al Directorio: «No está lejos el momento en que nos daremos cuenta de que, para destruir realmente a Inglaterra, necesitamos tomar Egipto». El ministro de Asuntos Exteriores Talleyrand en su Ensayo sobre las ventajas que se obtendrían de las nuevas colonias ya había propuesto Egipto para extender los dominios coloniales franceses y compensar así las pérdidas de las islas del mar Caribe a manos de británicos. Los idéologues del Institut National también apoyaron el proyecto de Bonaparte, al que habían aceptado como miembro de la institución —en un largo artículo del periódico de los idéologues Décade philosophique se decía que Oriente Medio era la región del mundo en el que «el destino de las personas es el más deplorable y donde sería más útil cambiarlo». De hecho la expedición incluyó a 170 científicos, artistas y expertos en antigüedades.^[59]​^[60]​ En la decisión final del Directorio también influyó que aprobando el proyecto se «desembarazaba de un general que comenzaba a inquietarlo».^[61]​

Cuando Bonaparte desembarcó en Alejandría, tomada al asalto el 2 de julio, emitió una proclama en la que afirmaba que estaba allí para liberar a Egipto de los mamelucos, la casta militar que utilizaban los otomanos para controlar la provincia. «Egipcios, oirán que he vendido destruir su religión; es mentira, ¡no lo crean!... Yo, más que a los mamelucos, respeto a Dios, a su profeta Mahoma y a su glorioso Corán». Desde Alejandría se dirigió a El Cairo y el 21 de julio derrotaba al ejército mameluco en la «batalla de las pirámides», victoria que resultó decisiva para apoderarse de todo el Etalayato. El 23 Bonaparte entraba en El Cairo y establecía allí su cuartel general, prometiendo a la asamblea de notables locales que formó que «traería la justicia, el respeto a las propiedades, la Ilustración y reabriría, para un pueblo digno de mejorar, las fuentes de la felicidad». Sin embargo, pocos días después le llegaba la noticia de que el 3 de agosto la flota británica al mando del almirante Nelson había destruido la flota francesa anclada en la bahía de Abukir (en la que sería conocida como la «Batalla del Nilo»), lo que dejó atrapado en Egipto al ejército de Bonaparte sin posibilidades de volver a casa.^[62]​^[63]​ «De un solo golpe Inglaterra era dueña del Mediterráneo, y Bonaparte prisionero de su conquista», ha comentado Albert Soboul.^[63]​

La noticia de la victoria británica en la bahía de Abukir animó a otros Estados europeos a formar la Segunda Coalición contra la República francesa, entre ellos Nápoles, el Austria, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso —el zar Pablo I, protector de la Orden de Malta, estaba furioso por la ocupación de Malta por Bonaparte camino de Egipto—. En abril de 1799 un ejército austro-ruso al mando del general Aleksandr Suvórov invadió el norte de Italia obligando a los ejércitos franceses a evacuar la península, excepto la República Ligur. Poco después entraba en Suiza donde se había fundado la «república hermana» Helvética.^[64]​^[65]​ En el interior de Francia los realistas volvieron a las armas.^[66]​ El Directorio hizo un llamamiento en defensa no solo de «la causa de la libertad, sino de la causa de la Humanidad misma».^[67]​

En este contexto de derrotas militares y de rebeliones realistas se celebraron las elecciones para renovar algo más de la mitad de los miembros del Consejo de los Ancianos y del Consejo de los Quinientos. Para intentar evitar que se reprodujera el avance de los «neojacobinos» del año anterior, que el Directorio había «neutralizado» mediante el golpe de Estado de la Ley del 22 de floreal del año VI (11 de mayo de 1798), el ministro del Interior Nicolas François de Neufchâteau desplegó una campaña para influir en la votación advirtiendo contra «los sucesores de Robespierre y Marat» y contra la vuelta de la «anarquía en Francia». «¿Queréis que surja la ley del máximo?», les dijo a los propietarios. Pero la campaña no dio resultado porque la mayoría de los candidatos gubernamentales salieron derrotados en unas asambleas electorales tumultuosas (solo 56 de los 141 candidatos respaldados oficialmente resultaron elegidos). Así varios «neojacobinos» «florealizados» recuperaron sus escaños.^[68]​^[66]​

La oposición de las dos Cámaras al Directorio quedó de manifiesto cuando eligieron a Sieyès, que llevaba tiempo pidiendo la revisión de la Constitución de 1795,^[69]​ como miembro del Directorio en sustitución de Jean-François Reubell (al que le había tocado por sorteo dejar su puesto, siguiendo la norma constitucional de que los miembros del Directorio se renovaban uno por año). Y sobre todo cuando el 28 de pradial del año VII (16 de junio de 1799) se declararon en sesión permanente tras haber responsabilizado a los otros cuatro miembros del Directorio de que entonces Italia estuviera «invadida por un feroz vencedor» y de que en muchas provincias «los amigos de la libertad», estuvieran siendo «proscritos y perseguidos por los monárquicos». En lo que se ha denominado el golpe de Estado de pradial del año VII (18 de junio), los Consejos, contando con el apoyo de los directores Sieyès y Paul Barras, obligaron a dimitir a los otros tres miembros del Directorio: Jean-Baptiste Treilhard fue sustituido por Louis-Jérôme Gohier, próximo a los «neojacobinos»; Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux, por Roger Ducos, aliado de Sieyès; y Philippe-Antoine Merlin de Douai, por el general Jean-François-Auguste Moulin que se había quejado de que el Ejército no estaba recibiendo suficientes recursos. Un diputado justificó el golpe dirigiéndose a los directores depuestos: «Habéis acabado con el espíritu público, habéis amordazado la libertad... Habéis mutilado la representación nacional». Como ha señalado Jeremy D. Popkin, «el "golpe" del 30 de pradial (18 de junio) fue la tercera vez en menos de dos años que las presiones políticas habían dado lugar a la anulación de los procedimientos constitucionales».^[70]​^[71]​ «Jornada parlamentaria más que golpe de Estado, el 30 de pradial, año VII, constituye el desquite de los Consejos florealizados el año anterior por el ejecutivo», ha indicado Albert Soboul.^[71]​

El «golpe de pradial» había sido el resultado de la alianza circunstancial entre los «neojacobinos» y los republicanos «moderados» y durante las primeras semanas los Consejos se dedicaron a desmantelar varias de las políticas del «Segundo Directorio», surgido del Golpe de Estado del 18 de fructidor del año V (4 de septiembre de 1797). Se eliminaron las restricciones a la libertad de prensa, se permitió que un nuevo club jacobino, denominado Sociedad de Amigos de la Igualdad y de la Libertad, celebrara sesiones públicas en la sala de Manège de las Tullerías, y se revisó el sistema de reclutamiento para reorganizar los ejércitos que se batían en retirada. Además se aprobó la llamada «ley de rehenes» que permitía detener a los familiares de los emigrés, de los ci-devant nobles y de los individuos «notoriamente conocidos por tomar parte en reuniones o bandas de asesinos» y confiscar sus bienes, aunque no hubiera pruebas de que ellos hubieran cometido ningún delito. Se justificó diciendo que se pretendía disuadir a los que querrían llevar a cabo «ataques y actos de bandolerismo por odio a la República». Alguna voz se alzó en contra como la del antiguo philosophe André Morellet, que dijo: «¿Esta es la libertad que la misma República que ha dado a los negros de nuestras colonias los derechos del hombre... otorga a los franceses?». También suscitó críticas una ley que obligaba a los contribuyentes más ricos a que suscribieran un préstamo forzoso.^[72]​^[73]​ Se escribió que «la ley expoliadora del empréstito forzoso ha arruinado nuestras finanzas».^[74]​

Entre los sectores moderados se comenzó a cuestionar el apoyo a los «neojacobinos», teniendo en cuenta además que sus periódicos no sólo justificaban «El Terror» del año II sino que también insinuaban que sería necesario recuperar algunas de sus medidas. Los temores de muchos moderados se vieron confirmados cuando el 16 de agosto (29 de termidor) los «neojacobinos» presentaron una propuesta en el Consejo de los Quinientos por la que se pretendía procesar a los tres directores depuestos, lo que supondría volver a los juicios públicos del «execrable régimen de 1793», como lo calificó el diputado Lucien Bonaparte, hermano del general Napoleón Bonaparte. Juró que Francia «no vería más patíbulos, ni más terror». Un proposición del general «neojacobino» Jean-Baptiste Jourdan de que se declarara, como en julio de 1792, «la patria en peligro» fue rechazada —Lucien Bonaparte argumentó que valía «más extender los poderes constitucionales del Directorio que exponerse a dejarse arrastrar por una fuerza revolucionaria». Quien tomó la iniciativa entonces fue Sieyès que convenció a los otros cuatro miembros del Directorio para que nombraran ministro de Policía a Joseph Fouché, uno de los conspiradores que promovieron la caída de Robespierre. A mediados de agosto Fouché ordenaba el cierre de los 250 clubs jacobinos que se habían formado en toda Francia.^[75]​^[76]​ Como ha señalado Albert Soboul, la clausura de los clubs «señaló la ruptura de los jacobinos con el Directorio».^[77]​

Por su parte Sieyès continuaba a la búsqueda de un general que encabezara el golpe de Estado que acabara con el «régimen del Directorio». Las victorias de los ejércitos franceses durante la segunda mitad de septiembre de 1799 en los Países Bajos (el general Guillaume Brune derrotó a un ejército anglo-ruso en la batalla de Bergen, 19 de septiembre) y en Suiza (el general André Masséna derrotó a un ejército austro-ruso en la segunda batalla de Zúrich, 25-26 de septiembre), precedidas por la derrota de la insurrección realista en la región de Toulouse (batalla de Montréjeau, 20 de agosto), no disuadieron a Sieyès de su propósito. Tampoco al general Napoleón Bonaparte que en aquel momento cruzaba el Mediterráneo en dirección a Francia.^[75]​^[78]​^[79]​

Bonaparte llegó a Fréjus, en el sur de Francia, el 9 de octubre, siendo aclamado como un salvador en todos los lugares por los que pasó camino de París.^[80]​^[81]​^[82]​ En cuanto llegó a la capital el 16 de octubre contactó con Sieyès quien ya tenía bastante avanzado su plan para el golpe de Estado para lo que contaba con el apoyo de un grupo de diputados del Consejo de los Ancianos, incluido su presidente.^[83]​^[84]​^[74]​ En síntesis, el plan consistía en utilizar a «las autoridades constituidas para desbancarlas después», ha señalado Irene Castells.^[85]​

El golpe de Estado se ejecutó el 18 y el 19 de brumario del año VIII (9 y 10 de noviembre de 1799), teniendo París por escenario el primer día, durante el cual las tropas de Bonaparte se apoderaron de la capital y los directores Barras, Gohier y Moulin, que no estaban comprometidos con el golpe, fueron despuestos mientras que los dos Consejos acordaban trasladarse a Saint-Cloud para escapar de una supuesta conspiración jacobina que los amenazaba,^[86]​^[87]​^[88]​ y el segundo en esta localidad cercana a París, en la que los Consejos fueron obligados, no sin oponer resistencia, a disolverse y a nombrar una «comisión consular ejecutiva» compuesta por Sieyès, Ducos y Bonaparte, además de designar dos comisiones de 25 diputados cada una encargadas de elaborar una nueva Constitución.^[89]​^[90]​^[91]​ Finalmente Bonaparte se acabaría imponiendo a Sieyès y sería nombrado premier consul (primer cónsul) con poder para dirigir el gobierno y que los otros dos cónsules —nombrados como el primer cónsul por diez años— ostentaran poderes meramente simbólicos. Sieyès renunció a ser uno de ellos, también su aliado Roger Ducos, y se nombró a Jean Jacques Régis de Cambacérès y a Charles-François Lebrun. El 15 de diciembre (24 de frimario del año VIII), apenas un mes después del golpe, se promulgó la Constitución del Año VIII —sería ratificada por un plebiscito celebrado en febrero—. Los cónsules anunciaron: «la Revolución está terminada».^[92]​^[93]​ Bonaparte se instaló en el Palacio de las Tullerías, la residencia en París del rey depuesto y guillotinado Luis XVI. Se ponía fin así a la Revolución francesa y comenzaba el nuevo régimen del Consulado, que daría paso en 1804 al Imperio napoleónico.^[94]​

El sistema educativo de Francia se encontraba en un estado caótico al comienzo del Directorio. El Colegio de la Sorbona y la mayoría de los otros colegios de la Universidad de París habían sido cerrados debido a su estrecha asociación con la Iglesia Católica y no reabrieron hasta 1808. Las escuelas administradas por la Iglesia Católica también habían sido cerradas y cualquier tipo de instrucción religiosa prohibida. El gobierno de los jacobinos durante la Convención creó varias instituciones científicas nuevas, pero se había concentrado en la educación primaria, que decretó obligatoria y gratuita para todos los jóvenes, pero había pocos profesores disponibles. Al prohibir la educación religiosa, apoderarse de la propiedad de la Iglesia y expulsar al clero, cerraron efectivamente la mayor parte del sistema educativo del país.

Al comienzo del período, el Directorio revirtió la política de educación obligatoria y gratuita para todos, en gran parte por la falta de dinero para pagar a los maestros. El Directorio comenzó a crear un sistema de escuelas centrales, con la meta de una en cada departamento, a la que pudieran asistir los niños desde los doce años, con un currículo completo de ciencias, historia y letras. El estado pagó una parte del costo, mientras que cada estudiante también pagó una tarifa al profesor. Las nuevas escuelas tenían bibliotecas (en su mayoría confiscadas a la nobleza), pequeños jardines botánicos y museos de historia natural. Por primera vez en las escuelas francesas, el francés en lugar del latín fue la base de la educación. Tres de estas escuelas se organizaron en París; dos de ellos se convirtieron más tarde en los famosos Lycée Henri IV y Lycée Charlemagne. Pero al final del Directorio había solo 992 estudiantes en las tres escuelas de París.^[95]​

Para la educación primaria, cada "arrondissement" de París tenía una escuela para niños y otra para niñas, y se suponía que cada comuna en el país tenía lo mismo. Como el estado carecía de dinero, los maestros eran pagados por la comuna o por los estudiantes. Una vez que un estudiante aprendió a leer, escribir y contar, se graduó. En las aldeas, la escuela a menudo estaba ubicada en la antigua iglesia y se esperaba que los maestros, como parte de sus deberes, acarrearan agua, limpiaran la iglesia, tocaran las campanas y, cuando fuera necesario, cavaran tumbas en el cementerio.^[96]​

Las opciones eran mayores para los niños de clase media y media alta, ya que estas familias tenían tutores o enviaban a sus hijos a escuelas privadas, pero para gran parte de la población la escolaridad era mínima. Había 56 escuelas públicas en el departamento de Seine, que por la población debería haber tenido al menos 20 000 estudiantes; pero solo tenían entre 1100 y 1200.^[96]​

Las continuas guerras durante el Directorio también tuvieron su efecto en la educación. A partir de octubre de 1797, los niños de las escuelas públicas debían participar en ejercicios militares periódicos y el Directorio estableció cinco escuelas militares, llamadas "Écoles de Mars", para un total de 15 000 estudiantes. La asistencia era un requisito para ingresar a las escuelas superiores de ingeniería y obras públicas.

El Directorio concentró su atención en la educación secundaria y especialmente en la creación de escuelas superiores especializadas para formar administradores, jueces, médicos e ingenieros, para lo cual había una necesidad inmediata y apremiante. La École Polytechnique había sido fundada por un miembro del Directorio, Lazare Carnot y el matemático Gaspard Monge, en 1794. La escuela se convirtió en la más prestigiosa de las escuelas de ingeniería y obras públicas en Francia. Sin embargo, al final del Directorio todavía no había facultades de derecho y solo dos facultades de medicina fuera de París.

El Institut de France también fue fundado en 1795 por Lazare Carnot y Monge, para reunir a los científicos e investigadores, que anteriormente habían trabajado en academias separadas, para compartir conocimientos e ideas. Estaba dividido en tres grandes secciones: ciencias físicas y matemáticas; ciencias morales y políticas; y la literatura y las bellas artes. Organizó el gran grupo de científicos y eruditos que acompañaron a Napoleón a Egipto, que descubrió tesoros como la Piedra de Rosetta, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. Uno de los primeros miembros y oradores del Institut de France fue Napoléon Bonaparte, quien tomó el lugar de Carnot después de que éste fuera retirado del Directorio y abandonara Francia.

• Caída de Robespierre
• Reacción thermidoriana
• Anexo:Cronología de Francia
• Guerras Revolucionarias Francesas
• Estilo Directorio
• Sistema directorial

1. ↑ El 17 de septiembre de 1793, la Ley de sospechosos autorizó el arresto de cualquier sospechoso de ser "enemigo de la libertad"; el 10 de octubre, la Convención Nacional reconoció al Comité de Seguridad Pública y suspendió la Constitución hasta que "se alcanzara la paz". Según algunos autores, entre septiembre de 1793 y julio de 1794 fueron ejecutadas unas 16 600 personas acusadas de actividades contrarrevolucionarias; otras 40 000 podrían haber sido ejecutadas sumariamente o haber muerto a la espera de juicio.