Dioxitek S.A. es una empresa estatal argentina especializada en la producción de dióxido de uranio y Cobalto-60.
Dioxitek | ||
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Dioxitek S.A. | ||
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Tipo | Empresa estatal | |
Industria | Energía nuclear | |
Sede central |
Córdoba, ![]() | |
Área de operación | Mundial | |
Productos | dióxido de uranio | |
Propietario |
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Sitio web | www.dioxitek.com.ar | |
Fue creada por el Poder Ejecutivo Nacional para garantizar el suministro de dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares de Embalse y Atucha I. La planta industrial está ubicada en el Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba y entró en funcionamiento en el año 1982 haciéndose cargo Dioxitek de su operación en mayo de 1997.
Es propiedad del Ministerio de Economía (51%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (48%) y el Gobierno de la Provincia de Mendoza (1%).[1]
El dióxido de uranio es el único combustible nuclear actualmente utilizado para generar energía y reviste un alto valor estratégico al abastecer a las centrales Embalse y Atucha I. La planta industrial de Dioxitek S.A. forma parte del ciclo del combustible nuclear que comprende las siguientes etapas:
Dioxitek incorporó en el año 2002 una nueva actividad como es el diseño, producción y comercialización de fuentes selladas de Cobalto-60, convirtiéndose en el tercer productor mundial de Fuentes Selladas, y el primero a nivel Latinoamericano y del hemisferio sur. El 90 % del valor incorporado a estos productos corresponde a tecnología y Know-how. El Cobalto-60 es un metal que se caracteriza por emitir energía en forma de rayos llamados Gamma, conocida también como energía ionizante y se produce en la Central Nuclear Embalse.
El Departamento Control de Calidad y Ensayos de Dioxitek S.A. a través de sus laboratorios químico y físico, ofrece una serie de servicios analíticos:
Desde el 2007 está dirigida por el cordobés Lic. Gustavo Navarro, Dioxitek S.A. suscribió en 2007 un convenio de cooperación con la Facultad Regional Córdoba de la UTN para estudiar la localización de una nueva planta de producción de dióxido de uranio (UO2), cuya construcción insumirá unos 32 millones de dólares y que deberá entrar en funcionamiento a mediados de 2011. La nueva instalación tendrá una capacidad de producción de polvo de dióxido de uranio de 300 toneladas/año, duplicando de esta manera la capacidad de la planta actual.[2]
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se pone en marcha la Central Nuclear Atucha II, junto a la actualización de la Central Nuclear Embalse, lo que obliga al país a contar con una nueva Planta de Purificación de Uranio de gran capacidad para seguir autoabasteciendo la actividad. El Proyecto NPUO2 implica el diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de una planta industrial que contará con la tecnología más avanzada que existe actualmente para este tipo de instalaciones a nivel mundial. Para ello se está construyó la nueva planta de Dioxitek con capacidad para producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año, triplicandoel nivel de producción nacional, con dos módulos de producción con una capacidad de procesamiento de 230 t/año cada uno.[3]
En 2015 inició la construcción del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación y del Proyecto de la Nueva Planta de procesamiento de Uranio (NPU) presentado por la Empresa DIOXITEK S.A., presentadas en el marco de la Ley 1060 de la provincia de Formosa.[4] Esta planta contendrá más de 17 mil metros cuadrados de superficie, implicando una inversión superior a los $800 millones.[5]
En 2017 el Gobierno nacional buscó privatizar el 51 por ciento de las acciones mediante un decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren. Entre 2015 y 2019 la empresa paso de un superávit de 129 millones de pesos a un déficit consolidado de 65 millones para 2019 al mismo tiempo que se denunciaron negociados con terrenos de la empresa por parte de políticos de la UCR y Cambiemos de Córdoba y directivos de la empresa en 2018 que respondian al nuevo gobierno.[6] se recortó el presupuesto en un 57%, pasando de destinar 363 millones de dólares en 2015 a 161 millones, cuatro años después.[7]