Los consejos comunitarios pueden ser considerados sujetos de derecho privado que ejercen algunas funciones públicas a favor de sus comunidades. La Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995 asignan varias funciones a estos consejos, a través de sus órganos de dirección. Entre otras: ^[3]​

• Ser titulares de la propiedad colectiva sobre las áreas que le sean adjudicadas.
• Delimitar y asignar áreas al interior de la tierra adjudicada, en los términos del artículo 7 de la Ley 70 de 1993. Conservar y proteger los derechos de propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales. Hacer de amigables componedores en los conflictos que se puedan conciliar.
• Representar a la comunidad para solicitar la adjudicación de terrenos.
• Conservar, mantener y propiciar la regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un uso adecuado. La persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción.
• Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad. Así como, crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen. Presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos y programas con entidades públicas y privadas para el desarrollo económico, social y cultural de su comunidad.
• Por otro lado, formular ante las secretarias de planeación de las entidades territoriales, proyectos de inversión pública para que sean financiados a través del Sistema General de Regalías (artículo 2.2.4.1.1.4.2., Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y Acuerdo 045 del 2017 emitido por la Comisión Rectora del Sistema de Regalías).

De esta forma se puede interpretar que los consejos comunitarios son personas jurídicas, diferentes a las entidades estatales, pero pueden ejercer funciones públicas, según la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995. Además, con la nueva Ley 2056 de 2020, pueden ejecutar recursos públicos sí se apruebas sus proyectos de inversión y que sean ejecutoras de esos recursos.

El registro de los consejos comunitarios aprobados están a cargo del Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

El Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN), es una organización de nivel nacional de la comunidad negra de Colombia. Esta organización articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas que trabajan en la transformación social, económica, política y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos.^[4]​^[5]​

En 1991 se concretó un proceso para unir esfuerzos e influir en el reconocimiento de los derechos de las comunidades negra en la Constituyente de 1991 y además de la definición de Colombia como nación "pluriétnica y multicultural", conquistó el artículo transitorio 55, que ordenó reglamentar los territorios colectivos y los derechos de los afrocolombianos. El Proceso se consolidó tras la aprobación de la ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras,^[6]​ uno de los mayores avances del pueblo negro en materia legislativa en el país.^[4]​

El PCN ha participado en diferentes organismos de concertación,^[4]​ así como en los organismos de unidad con otros organizaciones y movimientos sociales y en los paro nacionales de 2019 y 2021.^[7]​

• Junta Administradora Local (Colombia)
• Resguardos indígenas