La lista está organizada de acuerdo al número asignado por el Secretario de la Corte a cada caso. En los primeros días de la Corte, cualquier aplicación correctamente presentada era aceptada por el Secretario.^[5]​ Si la Corte no tenía jurisdicción en el caso (debido a la falta de consentimiento del Estado demandado), este era cerrado. A partir de 1978, la Corte enmendó sus reglas de procedimiento, y encargó al Secretario el ingresar en la lista general de consideración tan solo aquellos casos en los que el Estado demandado consintiera a ello,^[6]​ reduciendo así el número de solicitudes presentadas sin mérito.^[7]​ En ciertos casos, sin embargo, el consentimiento (y por ello, la jurisdicción de la Corte) es disputado por el Estado demandado; en estas situaciones, el caso puede ser incluido en la lista general de casos para permitir a la Corte determinar si existe o no consentimiento.^[8]​ En este tipo de situaciones, la simple adición del caso a la lista general de casos no presenta significado legal alguno.^[9]​